Venezuela. EEUU y Unión Europea aumentan la presión vía ONGs

Resumen Latinoamericano, 30 de septiembre de 2022.

El uso de las ONGs como un recurso encubierto para subvertir, destruir e interrumpir los gobiernos de otros países y el orden social es un método probado y verdadero de Estados Unidos y también de la Unión Europea, así como de Reino Unido.

En Venezuela es conocida (y está documentada) la infiltración de estos poderes extranjeros a través de distintos proyectos que se presentan ante el público como iniciativas “no políticas”, en apariencia dirigidas al fortalecemiento de la sociedad civil o la protección de los derechos humanos, por poner algunos ejemplos relevantes. Esta estrategia, a diferencia del financiamiento directo de movimientos o partidos políticos, tiene mejor resultado en difuminar el intervencionismo para aumentar la influencia en la sociedad del país objetivo y usarla a conveniencia.

Hay que agregar que, en el caso de cómo abordar a la sociedad venezolana, es más lógico para Estados Unidos y la Unión Europea tomar esa dirección, pues del fracaso del falso gobierno de Guaidó (proyecto que Washington y Bruselas no escatimaron en apoyar públicamente) ha quedado un saldo de desprestigio y falta de credibilidad que pesa sobre la dirigencia política del antichavismo, por lo que apostar a ellos directamente no parece la mejor estrategia.

La USAID, que está financiada directamente por el gobierno estadounidense, recientemente presentó una evaluación sobre Venezuela y ahí reveló, en líneas generales, los próximos pasos que dará en su intento por producir un cambio de régimen en el país. Su acción se desarrolla en un momento que Venezuela ha conseguido unas condiciones mínimas de estabilidad económica y en el marco de otro ciclo electoral que comienza con la elección presidencial en 2024 y continúa en 2025 con las elecciones parlamentarias. En un artículo anterior examinamos el testimonio de la agencia y reseñamos los puntos claves de su confesión. 

La nueva etapa en la presión contra el gobierno venezolano está centrada principalmente en reforzar la manipulación perceptiva del país, explotando para ello temas como el de los derechos humanos y la migración, de los cuales ya hay construida una narrativa con datos falsos o sacados de contexto. 

Otros acontecimientos en paralelo a la evaluación de la USAID confirman que esa es la hoja de ruta trazada por Washington, en concreto: el anuncio de un nuevo informe de la llamada Misión Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) y la incorporación de ataques contra el país en los discursos de los presidentes de Brasil, Chile, Paraguay y Ecuador en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente Joe Biden también dirigió unas palabras en ese sentido: “Más de 6 millones de personas han tenido que abandonar el país. Debe haber un diálogo dirigido por los venezolanos y volver a elecciones justas y libres”, dijo el mandatario estadounidense en su discurso.

#ÚLTIMAHORA Joe Biden en la ONU: “En Venezuela, años de opresión política han expulsado a más de 6 millones de personas” https://t.co/NsNSpGZLnq pic.twitter.com/RP6DigeA2K

— Monitoreamos (@monitoreamos) September 21, 2022

Sabiendo que una de las formas de operar de la agencia es a través de ONG, tiene sentido intuir que ya estén desplegando recursos a las organizaciones que puedan fabricar relatos para impulsar una imagen negativa de Venezuela con los tópicos de derechos humanos y migratorios.

Bruselas en la estela de Washington

Otro motivo que habría desde el extranjero para ampliar el uso político de las ONG es el de actores alejados de la política tradicional partidista, con un perfil más de reivindicaciones gremiales, que están tomando fuerza en la actualidad política venezolana, frente al rechazo que se percibe de manera mayoritaria a los partidos políticos y dirigencia tradicional del antichavismo.

Por lo que para impulsar la agenda política de injerencia estarían apoderándose de demandas sectoriales (que tienen el rasgo característico de captar la atención y militancia de la población joven), ya sean de activismo de derechos humanos, sindicalismo, feminismo, derechos LGBTI+, entre otros.

En ese sentido, la Unión Europea, que siempre ha trabajado en consonancia con los intereses de Estados Unidos, está aumentando la promoción a programas afiliados a dichos temas gremiales.

Destaca el sentido de oportunidad de la UE al participar en actividades organizadas por la comunidad LGTBI+. En la marcha del orgullo que se celebró en Caracas el 3 de julio, que logró movilizar a una cantidad importante de personas por las calles de Caracas y tuvo el aditivo de no ser convocada por la dirigencia política clásica, la delegación diplomática de la UE consiguió posicionarse.

Los enviados europeos estuvieron en la manifestación y formularon su propio eslogan para destacar su presencia, y con ello hicieron propaganda a través de sus redes sociales. Antes, el 1° de julio, el jefe de la delegación de la UE, Rafael Dochao Moreno, dirigió en Las Mercedes (localidad comercial y empresarial de la capital venezolana) la inauguración de un paso peatonal que fue pintado con los colores de la bandera que identifica a la comunidad sexodiversa.

La delegación de la UE también recibió a finales de junio un reconocimiento de la ONG País Plural, del gremio LGBTI+, que identifica a la institución diplomática como un lugar libre de discriminación. Esta organización es dirigida por Daniel Picado, un “activista” que fue invitado a participar en una trasmisión en vivo con el funcionario estadounidense James Story en sus redes sociales, el 2 de junio.

Los enlaces se extienden a otros movimientos gremiales, como el del feminismo, sindical y de derechos humanos. En ese último frente, la UE presentó, durante un evento celebrado el 12 de julio, un proyecto de apoyo y protección a los defensores de derechos, lo que podría ser una vía para entregar financiamiento a organizaciones de este tipo. La ONG Cofavic tiene un papel relevante en el proyecto.

En la actividad también se presentó el libro Hablan las personas defensoras de los derechos humanos, que tuvo la colaboración de Ricardo Racini, de la generación de “estudiantes” de 2007 que fueron conducidos por Estados Unidos para ensayar una revolución de color en Venezuela.

Racini ahora integra un proyecto que forma parte de la Asociación Civil Consorcio Desarrollo y Justicia, la cual estuvo en la IX Cumbre de las Américas. Entre las fotos de su participación en la cumbre, publicadas en su sitio web, aparece uno de sus miembros conversando con Yotuel Romero, operador cultural desde el ámbito de la farándula del intento de golpe contra Cuba por parte de Estados Unidos.

• En el sector del feminismo, se le ha dado visibilidad a organizaciones que promueven valores empresariales en las mujeres y su participación política. Destaca la ONG EmpoderaME que, junto a otras organizaciones afiliadas al feminismo, estuvo en mayo en la “Cumbre de Mujeres por Venezuela”, organizada por el tanque de pensamiento Atlantic Council. Miriam Kornblith, directora de la NED para América Latina y el Caribe, y Debbie Wasserman Schultz, congresista por Florida, fueron algunas de las panelistas de la cumbre. 

• En lo que respecta al sector sindicalista apareció recientemente en la escena la Red Sindical Venezolana. Su trabajo ha sido llevar un monitoreo constante de lo que ocurre respecto a conflictos laborales en el país, así como hacer informes y publicaciones al respecto, con especial énfasis en los trabajadores públicos y empresas e instituciones del estado venezolano. Parece intentar monopolizar el relato ante la opinión pública del sector sindicalista.

Las ONGs en Venezuela tienen una impronta política

Las ONG se dedican a difamar al gobierno venezolano, agitar el ritmo de los problemas en el país y comenzar la incitación interna. El hecho de que este tipo de organización trabaje bajo excusas morales como la de la “caridad”, “humanitarismo”, “protección del ambiente”, etcétera, las hace más apetecibles para servir como fuentes que supuestamente documentan la crisis venezolana en distintos frentes. Esa misma característica hace más sencilla la tarea de criminalizar a las instituciones públicas ante la opinión pública cuando éstas buscan mecanismos para que las ONG sean transparentes en sus objetivos y financiamiento.

Un artículo de Tony Frangie-Mawad publicado en Foreign Policy, el 25 de septiembre, se encarga justamente de eso. Por un lado, presenta a las ONG como organizaciones fundamentales para evitar el colapso del país.

Al inicio del texto, cita a la nutricionista Susana Raffalli quien dice que “las ONG ‘mitigan el colapso de los servicios públicos, ofrecen protección social y generan información'”. Raffalli es una entusiasta operadora de las ONG en Venezuela, específicamente en el área de la alimentación y desde ahí han surgido sus aportes para endilgarle al estado la responsabilidad de una situación alimentaria que se desencadenó por el bloqueo y las “sanciones”.

Más adelante, una voluntaria de la ONG Alimenta La Solidaridad en La Vega dice que “las ONG son las que nos ayudan, las que ayudan a las personas vulnerables de cada comunidad (…) Es gracias a esta ONG que hemos logrado seguir adelante”.

Aquello retrata al estado como si no estuviese haciendo nada para garantizar los servicios más básicos de la sociedad. Nada más alejado de la realidad, puesto que aún con las dificultades de las mal llamadas sanciones económicas (en su mensaje ante la Asamblea General de la ONU, el presidente Maduro habló de más de 900 medidas coercitivas en contra del país actualmente vigentes), se ha podido incluso pasar a un nuevo estadio de acoplamiento entre las instituciones, los programas sociales y la organización popular, utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones, lo que ha derivado en respuestas más precisas ante las necesidades y requerimientos de la población, ya sea en el ámbito de salud, alimentación o servicios públicos.

El artículo de Frangie-Mawad también victimiza a las ONG frente al derecho soberano del país de fortalecer sus herramientas legislativas para regular las acciones de las organizaciones, sobre todo en lo relacionado a las interacciones con agentes extranjeros. Aludiendo a un documento no confirmado del proyecto de Ley de Cooperación Internacional que está en discusión en la Asamblea Nacional y a otras leyes, se acusa al estado de desatar una “nueva ola de represión política”.

“Junto con la ley de ONG, ha habido otras dos: una ley de medios sociales para la supuesta difamación y desinformación, y una reforma del Código de Periodismo de 1994 para combatir las supuestas mentiras de los periodistas. Se espera que se aprueben a finales de este año o el próximo”.

A las ONG les preocupa que les corten sus canales de financiamiento y a sus patrocinadores les preocupa perder estas bases de injerencia. De hecho, en el mismo artículo se admite la importancia de las organizaciones en la producción de informes sobre las “violaciones” de los DDHH para atacar a Venezuela.

“Monitor de Víctimas ha sido una de las principales fuentes para la misión de investigación de derechos humanos de las Naciones Unidas en Venezuela y los informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.

Existen alrededor de 600 ONG en el país, según la contabilización del artículo. Grupos que por la etiqueta de “no gubernamental”, “sin fines de lucro”, se encuentran a disposición para operar discretamente en función de los objetivos políticos de Estados Unidos y la Unión Europea, que por lo general desembocan en intentos de revoluciones de colores y golpes de Estado.

Que el estado venezolano tenga toda su atención puesta en ellas es una respuesta lógica de preservación de los intereses nacionales.

Foto: Gustavo Castillo

Fuente: Misión Verdad