Argentina. Chubutazo: la Justicia criminaliza a las y los vecinos por luchar. El gobierno y las mineras, impunes

Por Santiago Vasconcelos, Resumen Latinoamericano, 26 de agosto de 2022. 

Por orden del fiscal Rivarola, 24 vecinos de Rawson, Trelew y Puerto Madryn serán indagados, a cargo del Juez Gustavo Castro, el día viernes 26/8 en la Oficina Judicial de Rawson, acusándolos de daños a edificios públicos. Se trata de un claro intento de avanzar en la criminalización de la protesta social, luego de la condena a tres años del ex secretario general de Atech, Santiago Goodman.

El grado de complicidad del Poder Judicial con el gobierno provincial y la legislatura con el lobby minero es evidente. Mientras que avanzan contra los vecinos que salieron a luchar en defensa del agua, la represión, la persecución, las detenciones ilegales, las entraderas a las casas en la madrugada aún se mantienen, hasta ahora, impunes.

Todas las formas en las que la población se manifestó en diciembre en Chubut se enmarcan en un cuadro de rebelión popular, de miles y miles de personas hastiadas de un régimen de saqueo, endeudamiento, ajuste y represión. El Poder Judicial solo debería buscar responsabilidades entre quienes impulsaron y votaron a través de cientos de maniobras ilegítimas el completamente antipopular y antidemocrático proyecto de zonificación, que entregaba la provincia al saqueo megaminero.

La criminalización de la protesta y la represión es la otra cara del ajuste, el saqueo y el endeudamiento. En todo el país, bajo la orientación del gobierno nacional y la oposición derechista, se profundiza el recorte presupuestario (educación, salud, obra pública) y se impulsa el saqueo de los bienes naturales en función de garantizar el pago al FMI, beneficiar a los especuladores y a las grandes patronales.

La reciente asunción de Massa refuerza esta orientación: para prueba, Flavia Royón, ahora exministra de Minería de Salta, es la actual ministra de Energía de Nación. En Chubut, Arcioni, Sastre y el conjunto de las fuerzas políticas de la legislatura suscriben a esta política.

Esta orientación, en el país y en todas las provincias, tiene como garante los poderes judiciales provinciales y nacionales. Es por esto que en el último período se están llevando adelante allanamientos a locales de organizaciones sociales y detenciones, como a los compañeros de Jujuy; procesamientos a docentes de Santa Cruz, a luchadores de Neuquén y la condena a los compañeros Arakaki y Ruiz por luchar contra la reforma previsional del macrismo. Necesitamos poner en pie un plenario nacional antirrepresivo para dar respuesta de conjunto a este ataque a las libertades democráticas y el derecho a protesta.

Este viernes será el primer paso de un plan de lucha. El próximo 4, en el marco de las históricas marchas provinciales, es fundamental poner en pie movilizaciones en todas las localidades contra la criminalización de la protesta y contra el régimen de saqueo. Es necesario que el conjunto de los sindicatos abandonen el inmovilismo para dar paso a una lucha de conjunto, con plenarios provinciales de delegados de todos los sindicatos, movimiento de desocupados, el movimiento ambiental y el conjunto de las luchas.

La batalla contra la criminalización de la protesta es clave en la lucha contra el ajuste. El día de las audiencias debe ser en el marco de un paro provincial, con un plan de lucha hasta lograr la absolución de todos los llamados a indagatoria.

¡Rechacemos en las calles la criminalización de la protesta! ¡El gobierno es responsable!

Fuente: Prensa Obrera