El Salvador. Denuncian omisión en muerte de personas detenidas en estado de excepción

Por Laura Jordan, Resumen Latinoamericano, 24 de junio de 2022. 

Organizaciones sociales denunciaron ante la CIDH el silencio del Estado ante las muertes en cárceles durante el régimen de excepción, Así como la omisión de investigación del sistema de justicia.

Omisión. Así fue definido por 13 organizaciones de sociedad civil, entre nacionales e internacionales, el papel del Estado salvadoreño ante las muertes de privados de libertad durante el régimen de excepción, en la audiencia sobre el estado de derecho en El Salvador de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las organizaciones argumentaron que lo preocupante de la situación es que no hay conocimiento de que las muertes de reos estén siendo investigadas por ninguna institución gubernamental.

“Hay omisión de las autoridades penitenciarias ante la violencia infringida, por lo que podríamos estar frente a ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales. Lo grave es que no se han abierto las investigaciones respectivas para dilucidar las responsabilidades por estas muertes bajo custodia del Estado”, aseveró ante la CIDH la jefa jurídica en Seguridad de Cristosal, Zaira Navas.

Ella explicó que por permanecer bajo custodia del Estado es responsabilidad de este proteger la vida e integridad de los presos. Además, destacó que la denuncia ante la CIDH era a causa del silencio del ministerio público, ya que no se ha pronunciado sobre si se investigará los casos. Tampoco lo ha hecho la Dirección General de Centros Penales.

Hasta el 22 de junio pasado, los reos fallecidos durante el régimen de excepción que se conocen son 52. La causas de muertes van desde negligencias por medicamentos y enfermedades crónicas, condiciones de insalubridad, maltrato, golpizas, hasta fallecidos por la violencia que recibieron de elementos de seguridad al ser capturados.

Todas constan en testimonios de familiares cuando denuncian que en los cuerpos que reciben hay varios golpes, pese a que la causa de muerte identificada por Medicina Legal es otra.

Cristosal destacó que incluso en una de las víctimas hubo un análisis de autopsia de forenses internacionales que dejó constancia de haber sido vapuleado.

Navas reforzó su argumento al expresar que esto es “preocupante” por que la mayoría de casos que Cristosal ha recibido son de personas que no tenían vínculos con pandillas.

“Muchas de estas se produjeron por vapuleadas, por golpes y por lesiones graves. Entonces, sí hay responsabilidad del Estado en este tema, más allá de la responsabilidad de otras instituciones, hay un incumplimiento a los deberes estatales de investigar y de cumplir con las garantías constitucionales y proteger la vida”, aseveró Navas ante los comisionados.

Actuar de oficio

“La Fiscalía debe actuar de oficio”, sostuvo Sonia Rubio, abogada y defensora de derechos humanos de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF). Explicó en la audiencia que es responsabilidad fiscal indagar si esos decesos están vinculados a que las autoridades no actuaron en función de sus responsabilidades.

“Todo esto para desvirtuar la presunción de responsabilidad estatal de estas muertes. Más cuando en esta coyuntura existen fuertes indicios que podrían estar indicando que algunas de estas muertes se han provocado por el uso excesivo de la fuerza por agentes estatales o violencia de otros internos que debieron ser controladas por los custodios”, agregó.

Héctor Carrillo, director de acceso a la justicia de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), externó que “la situación es aún más grave en virtud del irrelevante papel de instancias contraloras”, entre estas mencionó a la Sala de lo Constitucional, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Procuraduría General de la República (PGR).

“Todas cooptadas o neutralizadas por el poder Ejecutivo y, por ende, incapaces de tomar las más elementales medidas para detener la producción irregular de normas, la aplicación arbitraria de estas y, menos aún, para salvaguardar derechos elementales como la vida”, acusó.

Dijeron que las autoridades guardan silencio y que además no hay un registro oficial de reos que han muerto desde que fue aprobado el Estado de excepción. “Podemos estar ante el delito de omisión de investigación”, concluyó Zaira Navas sobre las muertes de reos durante el régimen de excepción.