Perú. Congreso: derecha busca inhabilitar a vicepresidenta por 10 años

Resumen Latinoamericano, 15 de junio de 2022

Dina Boluarte, vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Foto: Andina

Defensa de Boluarte asegura que no existen razones sólidas para sancionarla y alerta del inicio de una “inhabilitación exprés” promovida por grupos de la derecha.

Con los votos de la derecha, el Congreso admitió la denuncia constitucional contra la vicepresidenta y ministra, Dina Boluarte, iniciando así el camino legal para intentar inhabilitarla por 10 años.

La defensa de Boluarte asegura que no existen razones sólidas para sancionarla y alerta del inicio de una “inhabilitación exprés” promovida por la derecha para golpear la gobernabilidad del país.

Como se sabe, en caso de que el presidente Pedro Castillo sea vacado, quien debería sucederle por mandato constitucional es la vicepresidenta; pero sin Boluarte, el máximo cargo del Estado quedaría en manos de la presidenta del Congreso.

Admiten acusación

La denuncia constitucional contra Boluarte fue declarada procedente con 9 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, el 14 de junio.

A la vicepresidenta y también ministra de Desarrollo e Inclusión Social se le acusa de haber infringido el artículo 126 de la Constitución.

Esto, por haber firmado documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac, pese a su cargo como ministra, como lo advirtió un informe la Contraloría.

Los congresistas de Fuerza Popular (3), Alianza para el Progreso (2), Acción Popular (1), Avanza País (1), Renovación Popular (1) y Somos Perú (1) votaron a favor de admitir la denuncia.

De esta manera, este sector del Congreso inició el proceso legal con el que pretende inhabilitar a Boluarte por 10 años para ejercer cargos públicos.

Cabe señalar que este proceso incluye varias etapas, como la designación de un ponente y una audiencia para escuchar los argumentos de defensa Boluarte y de los denunciantes.

El informe final que se elabore tras ello deberá ser elevado a la Comisión Permanente y luego al pleno del Parlamento, que tendrá la facultad de aprobarlo con un mínimo de 66 votos.

Defensa de Boluarte

Tras conocer la decisión del Congreso, el abogado de Boluarte, Alberto Otárola, brindó una entrevista a Radio Exitosa donde sostuvo que “estamos ante una inhabilitación exprés” del Congreso.

Esto, porque el Parlamento ha decidido priorizar sospechosamente la denuncia contra Boluarte, antes que otras contra Manuel Merino y el contralor Nelson Shack que fueron presentadas mucho antes.

Respecto a los argumentos de la acusación contra su patrocinada, Otárola fue enfático al aseverar que Boluarte no cometió ninguna infracción constitucional al firmar documentos del Club Departamental Apurímac.

Esto, porque hay una norma que obliga a quienes ocuparon un cargo en clubes como estos a subsanar omisiones registrales, como los que subsano Boluarte en el Club Departamental Apurímac.

Además, añadió, “hay otra norma que dice que estos no son actos ni de dirección ni de gestión”, por lo que no se configuraría una causal de infracción del artículo 126 de la Constitución.

Dicho artículo señala que “los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.

Otárola también afirmó “lo que ha ocurrido es que la Contraloría se ha prestado a un juego un poco escabroso de la oposición en el Congreso” para provocar “una inhabilitación exprés”.

“De las más de 500 páginas que tiene el informe de la Contraloría [que sustenta la acusación constitucional contra Boluarte], solo 3 le fueron notificadas a Boluarte”, señaló Otárola.

Por todo esto, el abogado sostuvo que existe “una situación de abuso al derecho, de afectación del debido proceso, y de serísimas consecuencias, dicho sea de paso, para la gobernabilidad del país”.

En esa línea, adelantó que utilizarán todos los elementos legales que les permita la Constitución y la ley para defender el debido proceso legal de la vicepresidenta Boluarte.

“No vamos a dejar que la impunidad prospere en el país y que el abuso y la arbitrariedad se impongan”, finalizó.

FUENTE: Servindi