Guatemala. Territorio Q’eqchi’: autoridades ancestrales denunciaron al Estado

Por Simón Antonio, Resumen Latinoamericano 14 de junio de 2022. 

Las autoridades ancestrales del pueblo Q’eqchi’ de los municipios de El Estor, Izabal y Panzós, Alta Verapaz, denunciaron al Estado de Guatemala ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 8 de junio, por el despojo de tierras y cedidas a la empresa Ferrocarril Centroamérica del Pacífico y la actual situación por las operaciones del proyecto minero Fénix.

Las autoridades informaron que son tres situaciones las que se denunciarion en la CIDH, el despojo de la tierra y el territorio; el derecho a la consulta y la persecución contra autoridades ancestrales y dirigentes comunitarios en defensa del territorio y frente a las operaciones de megaproyectos en las comunidades.

Foto: Simón Antonio Ramón.

Juan Castro, abogado del Bufete para Pueblos Indígenas, se refirió a los planteamientos de las autoridades ante la CIDH. “En nuestras investigaciones determinamos que hace más 100 años adjudicaron ilegalmente más 1 mil 500 caballerías de tierra a una ferrocarrilera, esas adjudicaciones eran totalmente a luz de las leyes vigentes en eso entonces”, explicó el abogado. “Todo eso fue generando una línea de tiempo e impacto sucesivo que ahora implica a la minera”, dijo el abogado.

La violación del derecho a la consulta ocurrió luego de que Corte de Constitucionalidad (CC) ordenara su realización, entre julio y diciembre de 2021, donde las autoridades del Ministerio de Energía y Minas (MEM) dejaron fuera a 94 delegaciones de las autoridades ancestrales de El Estor. La consulta había sido solicitada por la Gremial de Pescadores de El Estor en 2018, por las operaciones ilegales de la minera Fénix propiedad de la Compaía Guatemalteca de Níquel (CGN Pronico) y Solway Investment Group.

Las autoridades ancestrales informaron que la violencia estatal en su contra se ha recrudecido. Por el momento hay 12 personas a quienes se les ordenó su captura, a raíz de las denuncias presentadas por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) por el delito de instigación a delinquir durante la represión policial contra la resistencia antiminera el 22 y 23 de octubre de 2021.

En la conferencia de prensa donde las autoridades de El Estor y de Panzós informaron sobre la denuncia en la CIDH, dos autoridades ancestrales, un hombre y mujer hablaron sobre cómo vivieron el estado de sitio que estuvo vigente entre el 24 de octubre al 23 noviembre y el estado de prevención entre el 24 de noviembre al 12 de diciembre de 2021.

Cortesía: Autoridades ancestrales.
Foto: Autoridades ancestrales del pueblo Q’eqchi’.

A criterio de una autoridad ancestral, que pidió su anonimato por seguridad, la vigencia del estado de sitio en octubre de 2021, trajo a la memoria los tiempos de la guerra. “Ahora nos dicen que hay paz, pero no es correcto, según nosotros y mirando ahí, había muchos policías y muchos militares, igual a lo que pasó en 1982, cuando mataron a nuestros abuelos y nuestras abuelas”.

“Un día llegaron a casa, llenaron la casa, tiraron las cosas, por eso me tuve que ir”, dijo una autoridades quien dio su testimonio y no quizo dar su nombre para evitar represalias. “Tengo una olla de maiz, lo regaron, pero gracias a dios, hay gente que nos fue a ayudar bastante, mi esposo se fue con mis hijos, hasta ahorita no nos dejan, siempre nos han vigilado”, denunció.

En noviembre de 2021 las comunidades solicitaron a la CIDH medidas cautelares durante la vigencia del estado de sitio impuesto por el gobierno de Alejandro Giammattei, por los atropellos que vivían donde fueron allanadas viviendas de autoridades ancestrales, periodistas y una radio comunitaria.

Fuente: Prensa Comunitaria

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