Resumen Latinoamericano, 10 de junio de 2022

El lunes, el exdirigente mapuche, José Huenchunao, aseguró que “hay una decisión del pueblo mapuche de luchar, de resistir, incluso de incorporar las armas en la medida que sea necesario”. Sus declaraciones causaron inquietud entre diputados oficialistas, quienes solicitaron al Ministerio del Interior querellarse.

“Hay una decisión del pueblo mapuche de luchar, de resistir, incluso de incorporar las armas en la medida que sea necesario”.

De esa forma el exlíder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), José Huenchunao, abordó este lunes -durante una entrevista con el medio Sala de Prensa- la situación actual en la macrozona sur.

Durante la instancia, el werkén precisó que “no hay ningún pueblo, a mi juicio, que se ha liberado de otra manera”, y remarcó que “no es que uno esté haciendo apología de la violencia, pero es que no existe otra realidad”.

Esta tarde, tras participar de la inauguración de un Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (Eleam) en Puente Alto, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, abordó las declaraciones del exvocero de la CAM.

“Nuestro Presidente Gabriel Boric y nuestro gobierno tomó una posición muy clara en esto, y en esto somos tajantes e irreductibles. Vamos a combatir el uso de las armas, provenga de donde provenga, porque tenemos una crisis en nuestro país que tenemos que atajar de manera anticipada”, expresó la secretaria de Estado al respecto.

Y precisó que “no podemos permitir que se siga legitimando el uso de armas, para nada. Ni para el crimen organizado, ni para reivindicaciones de tipo político”.

“Estamos en momentos donde la democracia y el diálogo tienen que ser la centralidad de nuestra política de Estado”, complementó.

En ese marco, señaló que el diálogo es “fundamental para construir una sociedad más igualitaria, más libre, más prospera y más feliz”, y afirmó que “este gobierno desde el día en que asumió ha dado señales de tener las puertas abiertas a una estrategia basada en el diálogo, en el reencuentro, en la construcción y en una democracia más plena, respetando todas las identidades, culturas, religiones, cosmovisiones y en eso, sin lugar a dudas, están nuestros pueblos originarios”.

Durante la entrevista, el exlíder de la CAM también precisó que uno de los problemas de fondo es que “a nosotros se nos negó en un tiempo ser mapuche, en todos los espacios, incluso en los colegios”.

A su juicio, fue en esos espacios “donde mayor transculturización se ha generado hacia nuestra gente”, y expresó que “seguramente en algún momento, vamos a tener que apoderarnos de los colegios, por ejemplo, de los territorios mapuche, y nosotros decir qué se enseña de acuerdo a los intereses de nuestro pueblo”.

“¿Por qué yo ahora voy a creer que ahora que habrá una nueva Constitución, habrá plurinacionalidad y los colegios serán interculturales, esto va a cambiar?”, señaló, y agregó que “aquí en los colegios eso ya está, pero en el papel no más. Los que ordenan aquí no somos nosotros, siguen mandando aquí la gente a la que acomodan, que tiene otro concepto de desarrollo”.

Sobre dichas declaraciones, la ministra vocera de gobierno recalcó que “estamos en un proceso constituyente que ha contado de forma inédita, histórica, con la representación de los pueblos originarios, porque nuestra sociedad ha entendido la importancia de incorporarlos en el debate democrático, porque tienen su derecho y hay que respetar ese derecho”.

Diputados oficialistas piden a Interior que se querelle

Los diputados del Partido Socialista, Raúl Leiva y Leonardo Soto, condenaron los dichos de Huenchunao y pidieron al gobierno iniciar las acciones legales correspondientes.

“Condenamos estas aseveraciones que están fuera absolutamente todo contexto, y lo que le hemos pedido al Ministerio del Interior es que analice esta situación y adopte las medidas que en derecho correspondan, iniciar acciones judiciales”, sostuvo Leiva.

El parlamentario agregó que “yo entiendo que declaraciones de esta naturaleza deben ser absolutamente condenadas por el gobierno y también iniciar las acciones legales que correspondan”.

En tanto, Soto sostuvo que “veo una cierta pasividad que ha tenido el gobierno en la manera de controlar la violencia en la Macrozona Sur. Lo único que está haciendo es alentar e incentivar a los grupos armados que se permiten proferir amenazas, no tan sólo en contra del gobierno, sino en contra del Estado de Derecho, de la democracia y de todos los chilenos”.

Para el representante del distrito 14 “pareciera que estos grupos armados no entienden el lenguaje del diálogo -que es el que ha propiciado el gobierno- y sólo entienden el lenguaje de las balas, de las amenazas y de la violencia”.

“No es posible avanzar en un proceso de paz ni en la convivencia que necesita la Macrozona Sur, con la existencia y la habilitación y avances que están teniendo estos grupos armados”, agregó. Por ello “el gobierno tiene que aplicar todo el peso de la ley, del Estado de derecho, en contra de estos grupos que actúan en La Araucanía”, concluyó.

Por su parte el parlamentario independiente pro PPD, Jaime Araya, en la misma línea de los socialistas, indicó que “yo espero de esto la mayor firmeza, celeridad y prontitud en la respuesta que de el gobierno encabezado hoy día por la vicepresidenta de la república, la ministra del Interior. Creo que no hay espacio para contemplaciones ni dudas”.

“Aquí lo que está es una amenaza al Estado de Derecho, hay una amenaza a la democracia y es doblemente grave cuando se pone entremedio de estas amenazas a los colegios y los alumnos; estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que podrían verse afectados por este tipo de acciones de un grupo que voluntariamente se a puesto al margen de la ley y que hoy día ha hecho la segunda advertencia, yo creo que sería absolutamente irresponsable esperar una tercera”, señaló.

Por lo anterior, Araya planteó que “creo que esto también busca empañar el proceso constitucional y lo que nos queda únicamente es actuar con las herramientas que nos da la ley, la actual constitución y el estado de derecho”.

FUENTE: La Tercera cl