Colombia. Gobierno de Duque endurece código penal tras huelga general y promueve leyes contra manifestantes

Por Michele de Mello. Brasil de Fato // Resumen Latinoamericano, 27 de enero de 2022.

Cuando faltan cinco meses para que finalice su mandato, el presidente de Colombia, Iván Duque , promulgó una nueva ley de “seguridad ciudadana”. La legislación sería una respuesta al mayor paro general en la historia del país, ocurrido en el primer semestre de 2021. Organizaciones de oposición y de derechos humanos critican el proyecto de ley por “criminalizar” la protesta social.

Entre los principales cambios está el establecimiento de una pena de 48 a 144 meses de prisión para quienes “atentaren contra la infraestructura de seguridad y la administración de justicia de Colombia”; crea la figura de “legítima defensa privilegiada” para quienes toman las armas para defenderse de “agresiones injustas”; y tipifica como delito la tenencia de armas blancas durante manifestaciones públicas.

Los líderes sociales podrán ser detenidos si se prueba que actuaron incitando a la violencia. El nuevo texto también prohíbe los controles de carretera de cualquier tipo, una de las principales tácticas de la huelga general de 2021.

Duque califica la medida como una “sanción ejemplar por vandalismo”. Por su parte, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, declaró que la ley es un gran logro y será “implacable contra la delincuencia”.

El titular del Ministerio del Interior, Daniel Palacios, dijo: “es claro que algunos no están de acuerdo, pero este es un gobierno de hechos y con esta ley le estamos dando más herramientas a los jueces para sancionar a los violentos que perturban la tranquilidad”, aseguró que el texto final es fruto del diálogo entre distintas instituciones del Estado. Ambos acompañaron a Duque en un acto de promulgación de la ley el pasado martes (25), en la Casa de Nariño, sede del gobierno.

La abogada y representante de la ONG Lazos de Dignidad, Martha Isabel Fajardo, critica el discurso oficial. “Es una ley profundamente antidemocrática, propia de los gobiernos autoritarios y, sin duda, criminaliza la protesta social. Fue construida sobre dos premisas: la doctrina de la seguridad ciudadana y la doctrina del enemigo interno, que legitima diversos mecanismos para dar más libertad a la acción de la fuerza pública”, dice.

En 2021, Colombia vivió dos meses de huelga general, que comenzó contra el proyecto de Reforma Fiscal del gobierno y terminó con un pliego de demandas, como el derecho a la libre manifestación, la reforma policial y el respeto a los Acuerdos de Paz , firmados en 2016.

Según una encuesta de organismos colombianos de derechos humanos, alrededor de 75 personas murieron durante las protestas y en al menos 20 casos hay evidencia de responsabilidad policial en las muertes.

Además, se reportan 4.285 casos de violencia policial, más de 300 personas desaparecidas y 81 víctimas de lesiones oculares por disparos de las fuerzas de seguridad del Estado.

En su momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó el país y en su informe final concluyó que hubo “un uso desproporcionado de la fuerza” contra civiles.

La ONU también emitió un informe en diciembre del año pasado criticando la violencia estatal y reiterando que puede confirmar la muerte de al menos 46 personas durante los dos meses de manifestaciones y señalando que 28 muertos fueron causados ​​por la policía.

“El texto abre la puerta a los montajes policiales, creando el delito de obstrucción al servicio público. Lo que significa que si los defensores de derechos humanos cuestionan la actuación policial durante una manifestación, aún podemos ser acusados ​​de impedir que actúe la fuerza pública y ser sancionados por ello. ”, destaca la abogada colombiana Martha Isabel Fajardo.

La ley fue aprobada en un contexto de creciente violencia en el país. Solo este enero se registraron diez masacres y 12 defensores de derechos humanos, según una encuesta del Instituto para el Desarrollo de la Paz (Indepaz).

En marzo, los colombianos tendrán elecciones parlamentarias y, en mayo, presidenciales. Según las últimas encuestas de opinión, el senador Gustavo Petro, del movimiento opositor Colombia Humana, es el favorito para suceder a Iván Duque. Aunque califica el proyecto de “populista”, Fajardo pronostica que “la ley puede desencadenar una nueva ola de movilizaciones, precisamente por el escenario electoral”.

Traducción: Resumen Latinoamericano

Fuente: Brasil de Fato

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