Por Santiago González Vallejo, Resumen Medio Oriente, 21 de enero de 2022.

Israel no es un Estado ‘normal’, es un Estado que vulnera las normas internacionales y los principios que dice defender esa comunidad internacional. Cada país, con mayor o menor intensidad, simula su hipocresía. Pero hay que manifestar que el rey de la hipocresía está desnudo y los gobiernos y parlamentos tienen que ser consecuentes con sus discursos y sus hechos.

Acaba de suceder lo previsto. Los Países Bajos han suspendido la ayuda a la organización palestina Union of Agricultural Work Committees (UAWC). Aparentemente, el motivo de la suspensión de la ayuda, precedida de investigación y auditoria con los consiguientes costes, es la acusación israelí según la cual la UAWC mantiene lazos con una organización palestina, el FPLP, considerada terrorista por la UE. La ayuda neerlandesa iba entre otras cosas a ayudar a los agricultores palestinos de la zona C, en el Valle del Jordán, donde la colonización israelí es más aguda con continuas amenazas de anexión. 

Esta suspensión de la ayuda, así como el motivo aducido, son semejantes a lo ocurrido con World Vision, una importante organización no gubernamental de los Estados Unidos. En el año 2016, los servicios de información israelí acusaron a su Jefe de Oficina en Gaza, Mohammad El Halabi, de haber desviado fondos a Hamás por valor de varias decenas de millones de dólares. La acusación de los servicios de información israelí fue acompañada de generosas declaraciones del entonces primer ministro Netanyahu contra esa organización y, de paso, a la imputación a las ONGs, e incluso a organismos internacionales, de desviar recursos a las organizaciones de resistencia palestinas. 

A causa de dichas acusaciones, que en ningún momento han podido probarse, dos gobiernos, Australia y Alemania, suspendieron su financiación a World Vision. Las auditorias contables y la defensa de El Halabi han costado millones de dólares a su organización. Las primeras han demostrado que el uso de los limitados fondos de los que disponía El Halabi, así como el de los de la central de World Vision en Jerusalén, se correspondía con criterios acordes a los fines aprobados. Después de varios años, tímidamente, Alemania y Australia han vuelto a financiar a esta ONG. Entretanto, Mohammad El Halabi, al negarse a admitir ningún cargo, siquiera menor, según la oferta de la fiscalía israelí destinada a tapar las vergüenzas de un sistema judicial colonial, lleva preso desde ese año, 2016, sin que haya habido sentencia. 

Hay un paralelismo evidente con lo ocurrido a la española Juana Ruíz, actualmente encarcelada por Israel, y a las diferentes ONGs recientemente prohibidas y denunciadas por Israel (¡en los Territorios Ocupados!). 

Los gobiernos donantes, escrupulosos con los dineros que van a parar a las ONGs que sostienen en respiración artificial la vida económica palestina o que intentan testimoniar los desmanes de la ocupación israelí, mantienen una relación aparentemente esquizofrénica con Israel. Establecen una diferenciación entre un Estado de Israel legalizado por las Naciones Unidas en 1947 y se abstraen del hecho de que es ese mismo Estado, así como todos sus gobernantes, el que, desde esa fecha, ha aumentado su superficie a costa de los palestinos, de su expulsión, palestinos a los que somete a leyes discriminatorias y, en el caso de varios millones de ellos, a normas básicamente coloniales. 

Esa esquizofrenia es hipocresía. Israel no es un Estado ‘normal’, es un Estado que vulnera las normas internacionales y los principios que dice defender esa comunidad internacional. 

Veamos de nuevo el ejemplo de los Países Bajos. La ocupación israelí es continua. La expansión de las colonias y la expulsión de palestinos es cosa de todos los días, según los informes de los propios embajadores sobre el terreno. El gobierno de los Países Bajos lo sabe. ¿Hace algo? 

Hace casi dos años, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reveló los nombres de 112 empresas que facilitan la ocupación en los denominados Territorios Ocupados Palestinos y se lucran con ello. Con anterioridad, se investigó a dichas empresas, se las dio la oportunidad de cesar en su vulneración de la IV Convención de Ginebra y otras normas internacionales y, aun así, prefirieron continuar sus actividades, que fomentan la ocupación y debilitan al pueblo palestino. Entre ellas, hay varias empresas cuya sede se encuentra en los Países Bajos: Booking (alojamiento y viajes en las colonias), Tahal (tratamiento e infraestructuras de agua en las colonias), Kardan (sectores de bienes raíces, infraestructura de agua y servicios financieros que proveen de servicios a las colonias) y Altice (telecomunicaciones para las colonias). 

Por supuesto, los Países Bajos pueden subvencionar o no a quienes consideren oportuno. Pero no se entiende que sean beligerantes con organizaciones de resistencia, que dejen de ayudar a organizaciones que promueven el desarrollo local y pasen por alto (y, por lo tanto, apoyen) aquellas actividades que realizan sus empresas y que fortalecen la ocupación. Todo esto complementado con palabras, y no hechos, de apoyo a un discurso favorable a la paz y a no sabemos qué posibilidades de (co)existencia de dos estados en ese territorio de Palestina. 

Los Países Bajos, ¿han hecho algo efectivo con respecto a aquellas de sus empresas que participan y se lucran con la ocupación de los Territorios Palestinos? ¿Prohíben el comercio con las colonias israelíes? ¿Han dictado alguna sanción a Israel por su vulneración de las normas internacionales? ¿Reconocen al Estado palestino y defienden su estatalidad, el trato igualitario a la población palestina y el derecho al retorno? ¿Se escandalizan de que haya resistencia palestina? 

Pero podemos ver otro ejemplo. 

¿Qué ha hecho el Gobierno español ante el sistema judicial colonial israelí que ha juzgado a Juana Ruíz? ¿Qué ha hecho España y otros organismos como el Punto Nacional de Contacto, que vela por el respeto de las Líneas Directrices de la OCDE para multinacionales, o la Comisión Nacional del Mercado de Valores, frente a las empresas españolas que contribuyen a la ocupación, como CAF, GMV, TYPSA, OSSA, INECO o SEMI (ACS)? España, formalmente, dilata su reconocimiento del Estado palestino esperando que lo lleve a cabo la Unión Europea. 

Pero Suecia sí que ha reconocido ya a Palestina. La mayoría de los países de las Naciones Unidas, también. 

La imposición de sanciones a las empresas, como las que se llevaron a la práctica contra la Sudáfrica del apartheid, constituye una reclamación de la sociedad civil internacional. 

En resumen, cada país, con mayor o menor intensidad, simula su hipocresía. Pero hay que manifestar que el rey de la hipocresía está desnudo y los gobiernos y parlamentos tienen que ser consecuentes con sus discursos y sus hechos. 

Hace unos años, Josep Borrell, preguntado sobre de qué depende la solución de los problemas de Oriente Medio, sostuvo que “sin Europa, la Autoridad Palestina no existiría” (23/IV/2006). No dijo que Europa, los Países Bajos, España sostienen, asimismo, por acción o inacción, la ocupación y el apartheid de Israel sobre los palestinos.

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