Guatemala. Diario Militar: un general debe responder por las desapariciones de los hermanos Juan Pablo y María Quirina Armira López

Por Regina Pérez, Resumen Latinoamericano, 20 de enero de 2022. 

El texto es parte del  proyecto de investigación del caso del Diario Militar que busca contribuir al rescate de la memoria histórica de Guatemala, mediante el análisis y difusión de la lucha contrainsurgente implementada por el Estado guatemalteco en la Ciudad de Guatemala durante los años de 1983 a 1985.

“El hombre no me contestó y se llevó a Quirina para que nunca regresara”. Eduarda López, madre de una niña desaparecida.

El general Víctor Augusto Vásquez Echeverría acudió en silla de ruedas a su audiencia. Tiene 79 años, pero aparenta ser mucho mayor. Escuchó la acusación del MP con ayuda de audífonos. Un enfermero del Centro Médico Militar, donde guarda prisión preventiva, estuvo sentado detrás de él, para cuidarlo.

Durante la audiencia, las únicas palabras que pronunció el general, luego de que el juez Gálvez le preguntó si quería manifestarse sobre los hechos de lo que se les acusa, fueron: “Yo ignoro totalmente a lo que se refiere el Ministerio Público, entonces no puedo decir nada, no me consta, ni ordené, no sé nada”.

Vásquez Echeverría es uno de los militares acusados de desapariciones forzadas y otros crímenes de guerra en el caso del Diario Militar, judicializado en mayo de 2021 y cuyas audiencias fueron retomadas la semana pasada.

La desaparición de niñas y niños que aparecen en el Diario Militar, un documento que salió a la luz pública en 1999, llegó a tribunales 38 años después, con la acusación en su contra. La Fiscalía de Derechos Humanos lo acusa de la desaparición forzada de cuatro niños y 10 personas que aparecen en el “Dossier de la Muerte”, como también se conoce al documento militar, el archivo que contiene información y registro de desaparición de opositores políticos entre 1983 y 1984.

El pasado 12 de enero de 2022, el Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez, retomó el caso “Diario Militar”, que se deriva del documento presuntamente elaborado por “el Archivo” del Estado Mayor Presidencial (EMP), una estructura que funcionó durante el gobierno de Óscar Mejía Víctores (1983-1985) y que supuestamente estaba a cargo del general Marco Antonio González Taracena, que elaboró y recopiló información de 183 opositores políticos detenidos ilegalmente, torturados, asesinados y desaparecidos.

En mayo de 2021 ocurrieron las primeras 12 capturas de militares de alto rango y expolicías que según el Ministerio Publico (MP) estuvieron detrás de la desaparición de las víctimas registradas en el “Dossier de la muerte” o Diario Militar.

Vásquez Echeverría ya había sido ligado a proceso por delitos contra los deberes de humanidad en su modalidad de ejecución extrajudicial en septiembre de 2021, sin embargo, en una audiencia que se realizó el 12 de enero, el MP solicitó la reforma del auto de procesamiento para ligarlo a proceso por la desaparición forzada de los niños Juan Pablo y María Quirina Armira López, ya que en una audiencia anterior no hubo resolución por estas desapariciones.

La Fiscalía también le imputa nuevas víctimas, entre las que figuran dos niños de 5 y 2 años, hijos de Patricio Yool Osorio y Narcisa Cuxanero Xian, militantes detenidos tras la captura de los hermanos Armira, que hasta la fecha también continúan desaparecidos. Un total de 15 personas, incluyendo los 4 niños, fueron enviadas a la zona militar 302 de Chimaltenango, donde Vásquez Echeverría fungía como comandante militar entre 1983 y 1985.

Los adultos, se presume, eran parte del Frente Guerrillero Tecún Umán (FGTU) de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), que tenía como área de operaciones el departamento de Chimaltenango; fueron detenidos en dos operativos en casas de seguridad de las FAR entre el 10 y 19 de marzo.

Tras dos audiencias, el juez accedió a la petición del MP de reformar el auto de procesamiento y a una ampliación del mismo.

La desaparición de los hermanos Armira López

Según la Fiscalía y el registro del Diario Militar, la captura de Juan Pablo Armira López, de 12 años, de seudónimo “Sergio”, ocurrida el 10 de marzo de 1984, detonó otras detenciones, incluyendo la de su hermana María Quirina, cuatro días después. En la ficha 86 se detalla sobre el niño de “12 años de edad, encargado de conectar y pagar las casas de las FAR”. Y una anotación a mano: “fue enviado a Chimaltenango”.

El 14 de marzo fue detenida en la colonia Atlántida, zona 18, su hermana María Quirina. “Pasó el tiempo y cuando Sergio vio a su hermana, se quebró e inmediatamente indicó en que casa estaba el secuestrado, ya que en varias ocasiones fue a dejar dinero para el mantenimiento de la casa y sus personas”, indica la ficha 94.

La ficha se refiere al operativo realizado en una casa ubicada en la zona 4 de Mixco, colonia Monteverde, donde estaba secuestrado el empresario José Clemente Barrios. Fue ahí donde detuvieron a los militantes de las FAR Patricio Yool Osorio, Fabián Estrada Satuy, Visitación Baxcaj, Adriana Chocoj Culajay y Narcisa Cusanero Xian, pareja de Yool Osorio, capturada con dos niños de 5 y 2 años.

Entre los medios de prueba que sustentan la posibilidad de participación del militar está la declaración de Eduarda López, madre de los hermanos Armira López. Ella relató que un día llegó a la casa de la Atlántida, zona 18, donde se habían mudado “una vecina a la que solo recuerdo por el nombre de Liliana y que llevaba un bebé, ella me pidió que le prestara a mi hijo Juan Pablo para que la acompañara, entonces se lo llevó pero desde aquel día él no regresó”.

La madre recuerda que varios días después de la desaparición de Juan Pablo llegó a su casa un hombre para llevarse a su hija María Quirina. “Ese hombre entró y dijo que Quirina preparara ropa y que iba a regresar en tres días. ‘Ojalá sea cierto’, le dije yo, el hombre no me contestó y se llevó a Quirina para que nunca regresara”.

Años después la familia se enteró de que los nombres de Juan Pablo y María Quirina aparecían en el documento llamado Diario Militar.

La fiscal Elena Sut indicó que en ese documento se encuentran diferentes anotaciones sobre fechas y la investigación que realizó la estructura a la que pertenecía Vásquez Echeverría para establecer las conexiones, vigilancia y detención de diferentes personas, así como de a donde fueron enviadas.

También hizo referencia al Manual del Oficial del Estado Mayor, que dice sobre el cargo de comandante que este “es responsable de todo lo que su unidad haga o deje de hacer, no pudiendo delegar esta responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones de comando, es auxiliado por el Ejecutivo y por el Estado Mayor”.

Los abogados querellantes insisten en que el general Vásquez Echeverría debe responder por los niños Armira López

El abogado Francisco Vivar, que representa a la querellante Wendy Santizo Méndez e hija de la desparecida Luz Haydee Méndez Calderón, resaltó que el militar debe responder por estas víctimas, lo que se entiende al leer el Diario Militar, e hizo énfasis en la ficha 94, de María Quirina, que según el documento “fue puesta al tiro por su hermano Sergio”.

El abogado indicó que es posible que el menor fuera víctima de tortura, esto por las palabras “se quebró”. “¿Por qué ya no aguantó este menor? Seguramente porque fue sometido a un interrogatorio mediante métodos de tortura, un niño de 12 años, ¿qué podía aguantar?”, dijo el abogado.

“Vemos un patrón que responde a planes militares, que es incorporarlos al circuito clandestino de inteligencia y llevarlos a estos centros que se convirtieron en centros clandestinos de detención y ejecución, en esta zona militar donde aparecieron víctimas que fueron trasladadas a ese lugar con el fin de obtener información”, argumentó.

Vivar dijo que lo importante es determinar la presunta responsabilidad de Vásquez Echeverría, quién según los indicios presentados por el MP, como comandante tuvo conocimiento de esas operaciones. “No podía ingresar nadie sin que él supiera”, manifestó el abogado.

Durante su argumentación, el juez Gálvez señaló, “¿Qué hubiera pasado si Víctor Augusto Vásquez Echeverría se hubiera opuesto? Él que era el mando más alto. Yo me pregunto: ¿Será que pueden enterrar en un destacamento a 220 personas y no darme cuenta? Y las declaraciones dicen que tenían una oficinita donde torturaban…¿Y por qué llevar a Chimaltenango a los demás? Hay que enseñarles, ellos tienen que ser ejemplo de lo que no tienen que hacer los otros, ahí hay varios mensajes…”.

El juez hizo énfasis en que no se respetó el debido proceso de los desaparecidos. “Hay leyes, hay un poder judicial. Eso quiere decir que los capturen, pero que los pongan a disposición de un juez; así como don Víctor Augusto Vásquez tiene su abogado, tiene problemas con su oído…aquí estuviera Patricio sentado y un juez impartiendo justicia y que lo condenen, no hay problema, pero eso es el debido proceso”.

También se refirió a la situación de la señora Cusanero Xian, con sus dos hijos y al caso de los hermanos Armira: “El niño de 12 años se quebró cuando vio a su hermanita, cómo no se va a quebrar. Ya se pueden imaginar qué hicieron con él, no le sacaron la verdad como lo dijo un querellante, y cuando vio a su hermana se quebró, es lo que no se puede permitir, porque estamos en un régimen de leyes”, anotó el juez.

“Hasta los niños fueron catalogados como enemigo interno”

Luego de la resolución, Paulo Estrada, querellante en este caso, señaló que la resolución del juez les da la razón en que en el contexto del Conflicto Armado Interno (CAI) hasta los niños fueron catalogados como enemigo interno y, sobre todo, como fuentes de información para el sistema clandestino de inteligencia.

“Estas personas eran mayas kaqchikeles que tenían un liderazgo en sus comunidades, por lo que desde el 81 y 82 cuando inicia la persecución en Chimaltenango. Eran de importancia para el sistema clandestino de inteligencia militar, fueron trasladados para ser explotados como fuentes de información ya que conocían el territorio”, indicó Estrada.

El caso Diario Militar llegó a Tribunales en mayo pasado tras la captura de 9 militares retirados y dos expolicías, luego de varios años de investigación. Este año se espera que se realicen las llamadas audiencias de etapa intermedia, donde se discutirá la acusación del MP y en las que el juez debe resolver si los envía a juicio o no.

Uno de los reveses al caso, ocurrido el año pasado, fue el traslado de Hilda Pineda, jefa de la Fiscalía de Derechos Humanos, a otra oficina, por órdenes de la fiscal general Consuelo Porras.

Estrada indicó que Pineda tenía un liderazgo muy fuerte en los casos de violaciones a derechos humanos y que su equipo estaba funcionando muy bien, y que este tipo de decisiones de la fiscal general Porras “debilita los casos, ya que se está perdiendo esa lógica estratégica de como habían sido montado los casos anteriormente”.

Fuente: Prensa Comunitaria