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Resumen Latinoamericano, 08 de noviembre de 2021.

Con información propia y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal Abierto, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA y otras agencias.

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Monte Hermoso: guardavidas cortaron la Ruta Nacional 3 por 12 horas en reclamo de reincorporaciones.

La Asociación de Guardavidas de Monte Hermoso realizaron este domingo un corte por 12 horas de la Ruta Nacional 3. Reclaman que el intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, cumpla con el fallo de la justicia que obliga a reincorporar a guardavidas apartados ilegalmente en marzo de este año y exigen la inmediata intervención del gobernador Axel Kicillof. «Se convoca por Whatsapp a los guardavidas que prestarán servicio desde 15 de noviembre sin informar salarios ni condiciones de trabajo. El Plan de Seguridad Acuática presentado por el municipio es un blanqueamiento de la precarización laboral: se pasa de cinco kilómetros de cobertura de guardavidas a solo 2,5 kilómetros; de 75 guardavidas fijos a 35; el horario de cobertura de la temporada pasada era de 10 a 20 y ahora será de 12 a 18; una sola movilidad acuática para todo Monte Hermoso y ninguna para Sauce Grande; un solo Defibrilador Externo Automático (DEA) para todo Monte Hermoso y Sauce Grande; los puestos de guardavidas pasan de 22 a 12 (en caso de que haya menos gente se reemplazan a los guardavidas y a los puestos por carteles)», denuncian. Por ANRed.

Los y las rescatistas nucleados en la Asociación de Guardavidas de Monte Hermoso comenzaron en las primeras horas de la mañana del domingo 7 a pocos kilómetros de la rotonda de entrada a Monte Hermoso hacia el lado de Bahía Blanca, anunciando que se trataba de un corte por tiempo indeterminado. Aunque luego mantuvieron la medida de lucha durante 12 horas.

Reclaman que el intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, cumpla con el fallo de la justicia que obliga a reincorporar a los guardavidas apartados ilegalmente en marzo de este año y exigen la inmediata intervención del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

También piden a la Comisión Provincial de Guardavidas que se manifieste sobre el recorte en seguridad de playa que Monte Hermoso proyecta para esta temporada y que fue presentado en el Plan de Seguridad Acuática hace pocos días. En ese marco, exigen que se abra una mesa de negociación con los responsables de la seguridad acuática en la provincia de Buenos Aires y en el municipio, ya que desde marzo el intendente municipal se niega a recibirlos

Así lo informaron en un comunicado que hicieron público: «queridos vecinos, turistas y familias amigas: Lamentamos profundamente tener que llegar a esta medida de fuerza. No nos queda más remedio que manifestarnos de esta forma dado que durante todo el año hicimos los esfuerzos más grandes para lograr que el intendente de Monte Hermoso nos convoque al diálogo, pero aún seguimos sin respuestas. A cambio de eso los y las Guardavidas organizados seguimos sufriendo discriminación, presiones y apartamientos. La seguridad pública en la playa de Monte Hermoso es el factor más urgente a resolver en vistas a una temporada de verano que promete ser histórica por su afluencia turística. En la medida en que se sigan violando nuestros derechos laborales y se recorte el operativo de playa cómo está programado, los principales perjudicados son ustedes, los turistas y la comunidad en general«, destacaron.

Asimismo, agregaron: «con estas decisiones puramente políticas se está poniendo en riesgo la vida de quienes durante tanto tiempo hemos cuidado. Estamos defendiendo la profesión de Guardavidas que tanto amamos y a nuestros compañeros apartados, pero además estamos defendiendo a la comunidad de quienes pretenden ir contra el derecho de los ciudadanos a ser cuidados como se debe. Esperamos puedan acompañarnos en esta medida y agradecemos profundamente el apoyo recibido hasta el momento», remarcaron.

También denuncian las malas y flexibilizadas condiciones en las cuales se los está convocando a trabajar en el marco del llamado «Plan de Seguridad Acuática» del municipio: «se convoca por Whatsapp a los guardavidas que prestarán servicio desde 15 de noviembre sin informar salarios ni condiciones de trabajo. El Plan de Seguridad Acuática presentado por el municipio es un blanqueamiento de la precarización laboral», sentencian.

En ese sentido, informaron a la comunidad los detalles de dicho plan municipal: se pasa de los cinco kilómetros de cobertura de guardavidas a solo 2,5 kilómetros; de 75 guardavidas fijos se pasa a 35; el horario de cobertura de la temporada pasada era de 10 a 20 horas y ahora será de 12 a 18; una sola movilidad acuática para todo Monte Hermoso y ninguna para Sauce Grande; un solo Defibrilador Externo Automático (DEA) para todo Monte Hermoso y Sauce Grande; los puestos de guardavidas pasan de 22 a 12 (en caso de que haya menos gente se reemplazan a los guardavidas y a los puestos por carteles); y la temporada será del 10 de diciembre al 28 de febrero.

Asimismo, denuncian que en el mismo plan el municipio argumenta que la ampliación de la zona de cobertura como de la cantidad de guardavidas o duración de la temporada dependerá de la afluencia turística. Finalmente, sostienen: «este plan viola la Ley Provincial de Guardavidas, la Ley Nacional de Guardavidas, la Ley Nacional del Contrato de Trabajo y el Convenio Colectivo de la actividad«, sostienen.

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CABA: la falta de políticas públicas en la voz de sus trabajadores

«La idea de eliminar las indemnizaciones, avanzar contra los derechos laborales, es lo que ya se está haciendo en la Ciudad de Buenos Aires». Entrevista a Amanda Martín, integrante de Ademys; a Patricio Villani, delegado de Formación y Políticas Públicas de ATE Promoción Social y a José Vera, trabajador de Fernet Branca. Por Mario Hernández.

Amanda Martín -Ademys: «Hay una reforma laboral encubierta en educación CABA»

M.H: Amanda Martín es secretaria de Ademys, docente de la ciudad de Buenos Aires. El pasado 28 de octubre pararon y se movilizaron a la Legislatura porteña exigiendo que se apruebe la Ley de titularización que garantiza la estabilidad laboral, la regularización de los concursos, la restitución de la Junta de calificación. ¿Qué nos podés comentar al respecto? 

A.M: En primer lugar que fue un paro muy importante en nivel de adhesión de las profesoras y profesores de las secundarias de la Ciudad de Buenos Aires que se congregaron a las 15:00 en la Legislatura. El conflicto radica que hace más de 10 años que no se realizan concursos regulares anuales como establece el Estatuto del docente que es el que regula nuestra actividad. Esta falta de concursos, cuya responsabilidad es del gobierno, genera inestabilidad laboral y precarización.

Esto está generando mucho debate en las escuelas a raíz que el Ministerio de Educación dejó trascender que haría otro tipo de concursos, no el que establece el Estatuto del docente, que como contrapartida generaría despidos masivos. Hay una preocupación real, nosotros y nosotras veníamos advirtiendo sobre el problema. Hay incluso en la Legislatura proyectos presentados para titularizar, para que sea una solución integral al problema que están demandando, pero hay una negativa de parte del ministerio de Educación y esto está generando mayor movilización, pienso que en las próximas semanas va a seguir porque a medida que el gobierno no conteste va a profundizar una precarización laboral, yo la llamo la reforma laboral encubierta en educación, tanto que se está discutiendo en el trascurso de la campaña electoral y que el propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en voz de sus candidatos ha dicho la idea de eliminar las indemnizaciones, avanzar contra los derechos laborales, es lo que ya está haciendo en la Ciudad. Y, por lo tanto, hay que nombrar las cosas por su nombre, acá hay una responsabilidad del gobierno de avanzar contra los derechos laborales más elementales, estamos hablando que un profesor/a sepa al año siguiente si tiene trabajo, si tiene ingreso, si va a seguir trabajando, a ese nivel estamos hablando y esto creo que va a generar cada vez más movilizaciones en la puerta de la Legislatura.

M.H: Hay un Proyecto de ley ingresado por la bancada del FIT-U al respecto ¿en qué consiste? 

A.M: Fui redactora del mismo, lo presentamos en el 2018 y este año lo hicimos nuevamente, ya que también soy legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. He pedido en la propia sesión que se tome en cuenta este proyecto. Es muy sencillo, plantea que se titularice a todos los docentes y a sus docentes suplentes que estén en condición según lo que establece el Estatuto del docente al momento de la sanción de la ley que los titularicen masivamente de forma fotográfica. Eso quiere decir que al momento de la sanción de la ley todo aquel que tenga esa situación denominada interino y los suplentes de esos interinos pasen a ser titulares, y que a partir de allí se establezcan, como establece justamente el Estatuto docente, concursos anuales integrales para la acumulación, el traslado y el ingreso a la carrera docente. Básicamente es lo que reclaman en otros sectores de trabajadores cuando uno pide derechos a la estabilidad laboral, a poder tomarse licencia, por ejemplo.

M.H: Esto se manejaba, hasta no hace mucho tiempo, a través de la Junta de calificación. 

A.M: Exactamente. El órgano, una especie de co-gobierno que existía en la Ciudad de Buenos Aires, fue disuelto en el 2011, casualmente o no tanto fue el año que finalmente en un proceso de lucha se logró una titularización. Pero se avanzó en este objetivo más estratégico del gobierno que es disolver esos co-gobiernos. A la Junta de calificación y disciplina se la reemplazó por un órgano llamado Coreap (Comisión del Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales) que está integrado mayoritariamente por el Ejecutivo y algunos sindicatos que designa el Ejecutivo, y estos se supone que deben velar por la transparencia en los concursos, la realización de los mismos y es lo que no está sucediendo.  Ese órgano vino a empeorar la situación de la docencia.

M.H: Mas allá que este sea un conflicto central para Ademys, me imagino que hay otra serie de situaciones en el ámbito educativo de la Ciudad y me gustaría que te refieras al ellas. 

A.M: Nosotros venimos de una profundización de la crisis educativa, la pandemia expuso con mayor crudeza la falta de recursos, la crisis de infraestructura, la interrupción de programas de distribución de computadoras y acceso a la conectividad, el ajuste presupuestario del gobierno para con la educación pública e indudablemente también eso está sobre la base del malestar de los profesores, porque nosotros durante todo el año pasado y parte de este año, tuvimos sin recursos que acompañar pedagógicamente a los estudiantes y la crisis educativa no se puede desconocer.

Aquellos estudiantes que no contaban mínimamente con la computadora y el acceso a la conectividad quedaron literalmente desescolarizados. El gobierno no tuvo una política para asistir, lo digo para la Ciudad de Buenos Aires, pero también considero que vale a nivel nacional.

Hoy el saldo que tenemos en términos educativos es muy negativo, tenemos un porcentaje alto en desescolarización, con todo un trabajo que están haciendo todas las escuelas para revincular a los estudiantes, pero indudablemente esto merece de otra orientación en materia educativa partiendo desde algo muy elemental como es el Presupuesto educativo.

Estamos en vísperas a discutir el Presupuesto 2022, lo mismo a nivel nacional, viene signado por un ajuste que sin lugar a dudas estamos sufriendo las y los trabajadores y, por supuesto, el área de salud y de educación. Por lo tanto, este es un plafón para entender por qué el malestar de hoy sobre la situación laboral. Son profesoras y profesores que tuvieron que hacer lo que podían, como podían en una situación muy difícil cuando el gobierno prácticamente abandonó a las escuelas a su suerte en el medio de la pandemia.

Patricio Villani – ATE Promoción Social: «Niñas, niños, adolescentes y mujeres en la Ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico del país, están alrededor del 60% por debajo de la línea de la pobreza»

M.H: Sos miembro de Promoción Social de la CABA. ¿Qué políticas ha aplicado en el área la administración del PRO? 

P.V: El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires viene avanzando con reformas regresivas desde que asumió el PRO en el 2007. Le tocó principalmente a educación, luego salud y en lo que va de la pandemia avanzó fuertemente en reformas regresivas de las políticas sociales. Está la ministra María Migliore a la cabeza con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta encarando un proceso de desmantelamiento de la política pública, que tiene que revertir las condiciones que generan exclusión y precarización para las personas más vulneradas de la Ciudad.

Y esas reformas justamente lo que hacen es resignar las políticas públicas que reviertan las condiciones de pobreza, de hacinamiento y atender solamente en las cuestiones que emergen a través de denuncias judiciales o situaciones que solo le retribuyen en forma de ganancia política.

Lo que se ve es un movimiento típico de la derecha (PRO) en la Ciudad de Buenos Aires de algunas políticas que muestran para la televisión y para la campaña, pero por atrás de desfinanciamiento profundo y una desarticulación de la política pública que expone mucho más aún a las situaciones vulneradas.

Estamos hablando fundamentalmente de las niñas, niños, adolescentes y mujeres que en la Ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico del país, están alrededor del 60% por debajo de la línea de la pobreza. La situación es dramática porque, por un lado, tratan de mostrar una imagen para vender, pero ocultan realmente cuál es su verdadera esencia y es dramático porque siguen teniendo un caudal de votos muy importante en la Ciudad de Buenos Aires siendo que las condiciones empeoran cotidianamente.

M.H: Específicamente ¿a qué temas te réferis? 

P.V: En el ministerio de Desarrollo y Hábitat existía lo que era la Dirección de niñez y adolescencia que se abocaba a implementar, planificar y desarrollar políticas públicas para promover y restituir los derechos de las niñas, niños y adolescentes. A la vez en la Ciudad de Buenos Aires existe el Consejo de derechos, que fue creado por la ley 114, y es el organismo que tiene que velar para que el Ejecutivo de la Ciudad implemente esas políticas públicas, una especie de juez del ejecutivo.

En mayo de este año el gobierno de Larreta sacó a la Dirección de niñez del ejecutivo y la mandó al Consejo, es decir, que ahora el juez es parte porque es quien tiene que implementar la política pública. Hay una desarticulación muy fuerte que tal vez no tenga un impacto directo en lo cotidiano pero sí por un lado, porque viola la Ley 114 que es la de la protección a la infancia en la Ciudad, pionera en Argentina y América Latina. Al sacarlas del Ejecutivo las políticas públicas y pasarlas al Consejo, el mismo que las tiene que revisar y las tiene que exigir.

Hay una de las funciones del Consejo que es exigibilidad hacia el Ejecutivo y está claro que exigirse a sí mismo como Consejo no va a suceder. Con ese movimiento, en el medio se desarticularon programas concretos, por ejemplo, el único programa que existía para entender la problemática de los niños, niñas y adolescentes en situación de explotación sexual. Ese programa hoy está virtualmente detenido y reconvertido en lo que son otros programas. La gestión va a vender que se amplió el programa, pero lo que concretamente está sucediendo es que se pierde la atención específica y focalizada en este segmento de los niños, niñas y adolescentes que es muy dramático en la Ciudad de Buenos Aires para aquellos niños, niñas y adolescentes que están expuestos a situaciones de explotación sexual. Esta política pública era justamente la que intentaba revertir las situaciones de inclusión y vulneración. Se había conseguido en su momento un fallo ejemplar con una red de proxenetas, la primera vez que el Estado a través de un programa y, sobre todo, a través del compromiso de las trabajadoras de ese programa, llegó a denunciar y a enjuiciar a una red de proxenetas conteniendo un fallo ejemplar. Todo eso se va desarticulando y está muy invisibilizado.

M.H: ¿Queres agregar algo más? 

P.V: También decir el maltrato institucional que se vive a través de la precarización del trabajo, los salarios de pobreza que hoy existen en la Ciudad de Buenos Aires, más de 20.000 trabajadores y trabajadoras están con contratos basura, con contratos precarizados, y más del 50 % de las trabajadoras y trabajadores por debajo de la línea de la pobreza.

Tenemos que sostener que con trabajadores precarizados las políticas públicas son precarizadas y necesitamos fuertemente revertir esta situación para garantizar que el Estado promueva y garantice derechos y no los vulnere sistemáticamente.

José Vera: «El desabastecimiento de Fernet es seguro lamentablemente»

M.H: Los trabajadores de Fernet Branca estuvieron realizando una medida de fuerza por un aumento salarial y contra el trabajo precario. ¿Qué nos podés comentar al respecto? 

J.V: El conflicto empezó el viernes 22 de octubre a las 6 de la mañana con un bloqueo de portones, reclamando un aumento del 35% por fuera de las paritarias, pase a planta de los trabajadores de agencia y un boucher semestral para poder comprar mercadería en los hipermercados Vital. Estuvimos hasta el 26 al mediodía en la calle y a la una del mediodía tuvimos una conciliación en el ministerio de Trabajo.

Vino gente del ministerio de la parte laboral y de inspección de seguridad e higiene, encontraron varias irregularidades y le labraron un acta a la patronal, que ya fue elevada a La Plata. El 26 de octubre tuvimos reunión donde discutimos un poco con la patronal en el ministerio, de estos tres días fue la única vez que pudimos hablar con la empresa, se negaba a todo y no quedó otra que salga la conciliación obligatoria que dura hasta el 22 de noviembre. Mientras tanto vamos a ver si podemos llegar a un acuerdo.

El tema del desabastecimiento está vigente porque en esta visita que hizo el ministerio ayer, en la inspección, nosotros tenemos una metodología de trabajo con una tecnología que es “mediana” y hay veces que se traban los pallets y tenemos que barretearlos en la cinta trasportadora y el ministerio prohibió eso porque producen lesiones. Así que las líneas van a seguir funcionando mal y el desabastecimiento de Fernet es seguro lamentablemente.

M.H: Branca es una empresa que incrementó sus ventas durante la pandemia y que tiene pronosticado un incremento de ventas en los meses venideros. Por lo cual no existe excusa para que no tomen los reclamos que hacen ustedes. 

J.V: Esto que decís es cierto, durante la pandemia crecieron muchísimo las ventas, de hecho el Fernet se añeja un año y por el tema de la demanda no llega al año de añejamiento. Incluso el propio gerente, este tipo que le tiró el auto encima el viernes a mi compañero en el portón de entrada que casi lo atropella, había dicho en marzo de este año en una asamblea general que las ventas habían subido, nos agradecía, pero que sigamos trabajando, que aumento no había. Y en cuanto a la reapertura de bares y boliches la demanda creció más y más por la temporada de verano que se avecina.  Este año se proyectaba envasar entre 50 y 60 millones de litros.

M.H: ¿Cómo continúa este conflicto? 

J.V: El 27 de octubre empezamos a trabajar con horario normal pero lamentablemente las líneas no van a funcionar bien por el hecho que marcó el ministerio. El conflicto por ahora atenúa pero la falta de fernet va a estar, así que esperaremos solucionarlo antes del 22 de noviembre si no volveremos a la huelga.

M.H: ¿Querés agregar algo más? 

J.V: Solamente darles nuestro apoyo a los trabajadores vitivinícolas del interior que fueron al Senado reclamando por la Ley de jubilación a los 57 años.

Fuentes: Programas radiales Plan B(aires), Metrópolis y Sin salida que se emiten por FM La Boca (90.1)

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Comodoro Py.Muy grave: condenaron a Arakaki y Ruiz por movilizarse contra la reforma jubilatoria de Macri

El juez Javier Ríos del TOCF 3 les dictó penas de tres años y cuatro meses y tres años de prisión respectivamente. Ambos militantes de izquierda fueron procesados por participar en las masivas movilizaciones contra la reforma jubilatoria impulsada por Macri y votada junto a parte del peronismo. La criminalización de la protesta social escribió un nuevo capítulo. Hay que redoblar la lucha contra este fallo persecutorio.

Este lunes el juez Javier Ríos, titular del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 de Comodoro Py, dictó sentencia en el juicio contra César Arakaki y Daniel Ruiz, militantes del del PO y del PSTU, respectivamente.

Tras casi dos años de proceso judicial, finalmente el TOCF 3 determinó condenarlos a penas de tres años y cuatro meses (Arakaki) y tres años de cumplimiento efectivo (Ruiz) por considerarlos coautores de “lesiones en ocasión de agresión, intimidación pública y atentado contra la autoridad agravado por haber sido cometido a mano armada y por la reunión de más de tres personas”.https://www.youtube.com/embed/Xbc_H6smGFk

La causa abierta contra Arakaki y Ruiz fue un escandaloso avasallamiento a las libertades democráticas, montada contra los dos militantes de izquierda como parte de una persecución política. De esa misma persecución es víctima Sebastián Romero, militante del PSTU que hoy se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria. El mismo fallo, en tiempos de ajuste y un acuerdo por venir con el FMI, busca ser un mensaje persecutorio y disciplinador contra todos los luchadores. Es necesario redoblar la lucha contra esta resolución judicial.

Los testimonios volcados en el juicio contra ambos militantes fueron solamente de efectivos de la Policía, es decir quienes ejecutaron la brutal represión ordenada por el poder político y cuyo saldo fue de decenas de trabajadoras y trabajadores heridos. Algunos incluso perdieron parcial o totalmente la visión por recibir perdigones de balas de goma disparados deliberadamente a la cara.

Tan escandaloso fue todo que la querella particular terminó retirándose de la causa y sólo quedó activa la acusación a cargo del fiscal Juan Patricio García Elorrio.

Previamente al veredicto, en las puertas de los Tribunales de Comodoro Py se realizó un acto de acompañamiento a Ruiz (quien pasó más de un año detenido en la cárcel de Marcos Paz) y Arakaki y de exigencia de la absolución para ambos como también para Sebastián Romero, quien actualmente se encuentra con prisión domiciliaria y por quien también se reclama su libertad.

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Palazzo y la Corriente Federal miden fuerzas de cara al Congreso de la CGT

El bancario reúne a gremios aliados a tres días del encuentro de la CGT que definirá a la nueva conducción. Hoy el espacio está relegado de los máximos cargos.

Los gremios más cercanos al kirchnerismo tendrán este lunes el último acto previo al cierre de campaña y al congreso de renovación de autoridades de la CGT. Será la última medición de fuerzas del espacio que encabeza el bancario Sergio Palazzo, precandidato a diputado nacional por Todos.

Será durante un encuentro en la Asociación Obrera Textil en San Martín. Junto a Palazzo estarán los dipusindicales Walter Correa y Vanesa Siley, ambos integrantes de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT).

También asistirá la primera candidata a diputada nacional por el oficialismo, Victoria Tolosa Paz. El evento está programado para las 16.30 con organización de la CGT regional San Martín.

El espacio gremial, el ala kirchnerista pura dentro del sindicalismo, perdió peso en la conformación de la nueva CGT. En un principio, la CFT aspiraba a un lugar en la conducción cegetista, algo que hoy sólo quedó en un deseo.

Tampoco logró incorporar al sindicato de judiciales que conduce Siley ni correr la fecha de la marcha por el Día de la Lealtad como había solicitado Correa. El armado no tendrá la relevancia esperada en la nueva conformación de Consejo Directivo.

La CGT renovará autoridades este jueves y todo parece indicar que el kirchnerismo no ocupará lugar en el tridente de conducción. Hasta hoy están confirmados para esos puestos Héctor Daer, en representación de los Gordos e Independientes, Pablo Moyano por el Frente Sindical, y Carlos Acuña en representación del barrionuevismo.

Con ese panorama, los gremios que responden a Palazzo, Siley y Correa medirán fuerzas cuando reciban a Tolosa Paz en el marco de la recorrida de la candidata por toda la provincia de Buenos Aires con la intención de recuperar votos perdidos para intentar mejorar la elecciones PASO.

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ATE pide que el PAMI acompañe el congelamiento de medicamentos frenando los “abusos en las prescripciones”

“Además de los costos de las medicinas, los jubilados son víctimas de la sobremedicación”, indicó Rodolfo Aguiar .

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) evaluó que “la decisión de congelar los precios de medicamentos es un importante alivio para todos”, según expresó el Secretario Adjunto Nacional, Rodolfo Aguiar, pero indicó que “en el caso de los jubilados, esta medida debe ser acompañada por un estricto control en las prescripciones”.

Luego que el Gobierno nacional acordara a través de la Secretaría de Comercio Interior con representantes de la industria farmacéutica retrotraer los valores de los medicamentos al 1 de noviembre y congelarlos hasta enero, Rodolfo Aguiar explicó: “El Pami debe ponerle freno a la sobremedicación de la que son víctimas todos los beneficiarios. Tanto el alto costo como el excesivo consumo que se genera a partir de los abusos de la industria farmacéutica y las corporaciones médicas afectan a los jubilados”. Según el Indec, los costos de salud sufrieron un aumento de 54,8% interanual en septiembre.

Si bien la obra social cuenta con coberturas de entre el 50 y 100 por ciento según el tipo de medicamento, en muchos casos los jubilados reciben recetas para más remedios de los necesarios, lo que afecta a sus ingresos y salud.

En esta línea, el adjunto de ATE afirmó que “la obra social cuenta en todo el país con la estructura para auditar exhaustivamente cada receta y ponerle freno a una creciente cultura de la sobremedicación” y concluyó: “No puede ser que los jubilados consuman mensualmente entre siete y nueve medicamentos. Hay que multiplicar la inversión en políticas preventivas en materia de salud para terminar con los oligopolios que desde hace años se benefician con la enfermedad de la población”.

Durante el segundo trimestre de 2021, la facturación total de la industria farmacéutica fue de 135 mil millones de pesos (75,8% más que el mismo periodo del año anterior), según informó el Indec. Además, el 60% de los ingresos por ventas de medicamentos se lo queda el laboratorio, el 10% las droguerías que distribuyen y las farmacias el 30% restante.

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