Venezuela. El Ministerio Público aceita el engranaje de la justicia

Resumen Latinoamericano, 27 de octubre de 2021.

El mes de octubre ha sido un período de gran actividad en la Fiscalía General de la República. Así, se han visto resultados concretos de la postura que este órgano ha mantenido, al señalar que la República es el único ente competente para conocer de los presuntos crímenes que se cometan en el territorio venezolano, y que busca colaborar estrechamente con la Corte Penal Internacional (CPI).

Un asunto que ha venido caminando de la mano de noticias sobre coordinación de la actuación que se ejerce para materializar la acción punitiva del Estado, así como de un proceso que busca cambiar las condiciones de los Fiscales y Fiscalas del Ministerio Público.
Casos que terminan en sentencias condenatorias

En las últimas semanas, el Fiscal General de la República dio a conocer el fin del proceso penal ordinario que, en primera instancia, se llevaba contra los presuntos responsables de algunos de los hechos de gran conmoción de los últimos años.

Así el país conoció que:

El 4 de octubre de 2021 fueron condenados dos policías implicado en el caso de Rufo Chacón, que perdió la visión durante una protesta ciudadana en 2019 luego de que dispararan en su contra armas de perdigones, propinándole 52 heridas en el rostro. Los efectivos policiales Javier Blanco y Henry Ramírez fueron sentenciados a 21 y 27 años de prisión respectivamente.

El 6 de octubre se conoció la condena del director de la Brigada de Orden Público de la Policía del estado Táchira (Politáchira), Javier Useche Blanco, y de Henry José Javier Ramírez Hernández, supervisor jefe auxiliar de Servicios Generales de dicho cuerpo policial, por las heridas ocasionadas a dos adolescentes de 16 años, otro de 14 años, una mujer y un hombre, el 1° de julio de 2020 en la autopista San Cristóbal-La Fría, cuando arremetieron contra un grupo de manifestantes que exigía el servicio de gas doméstico.

El 20 de octubre el Tribunal 7º de Juicio de la Circunscripción Judicial Penal del estado Carabobo dictó sentencia de 26 años y tres meses contra Marcos Ojeda y Eddien Romero, funcionarios adscritos a la policía estadal, por la muerte de Daniel Alejandro Queliz Araca (20), ocurrida por un disparo durante una manifestación desarrollada en Valencia en 2017.

En la misma fecha, se conoció que cuatro sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Guerra, González Sánchez, Romero Silva y García Luquez, fueron condenados como coautores del delito de tortura y privación ilegítima de libertad, por hechos ocurridos la tarde del 21 de abril de 2017 en la calle San Juan de Porlamar, municipio Mariño del estado Nueva Esparta, donde un grupo de ciudadanos fue interceptado por una unidad de la GNB, forzado mediante arma de fuego a abordar el vehículo y agredidos en su interior. Para luego ser retenidos y torturados.

El 21 de octubre se conoció que la Corte de Apelaciones del Área Metropolitana de Caracas anuló la sentencia absolutoria del sargento Arli Cleiwi Mendez Terán por la muerte de David Vallenilla. El 22 de octubre de 2021, el Fiscal General de la República anunció a través de sucuenta Twitter que el sargento Arli Mendez Terán fue condenado por el Tribunal 15 de Juicio como responsable de la muerte de David Vallenilla, por la comisión de Homicidio Calificado Ejecutado con Alevosía y por Motivos Fútiles, así como por el Uso Indebido de Arma Orgánica. Por lo que deberá cumplir una pena de 23 años de prisión.

De fiscales provisorios a fiscales titulares

Otro anuncio de interés para el país y para el funcionamiento del sistema de justicia fue la declaración, hecha por el Fiscal General Tarek W. Saab el 20 de octubre, que dicha institución iniciaría un “Plan Especial de Regularización Funcionarial de Fiscales Provisorios Activos del Ministerio Público”, mediante el cual se buscará avanzar hacia la estabilidad de los representantes y de las representantes de la Vindicta Pública. Es importante tomar en cuenta que, en términos generales, se dice que un fiscal es provisorio en tanto su ingreso a la institución no fue a través de un concurso público de oposición, por lo que no tiene la titularidad de su cargo.

Este es un asunto importante, en tanto el Ministerio Público es un órgano del Poder Ciudadano que tiene por objetivo actuar en representación del interés general y es responsable del respeto a los derechos y garantías constitucionales a fin de preservar el Estado democrático y social de derecho y de justicia. Cuya estructura se entiende como un órgano unitario y jerarquizado, del que la ley establece el perfil, los requisitos, los derechos y obligaciones de todos quienes lo conforman.

En específico, cualquier ciudadano o ciudadana que aspire a ser fiscal o fiscala del Ministerio Público ha de cumplir los extremos previstos en el artículo 30 y siguientes de la ley que rige este órgano del Poder Público nacional.

En la realidad, en los últimos años, no se han realizado los concursos públicos los cuales son el objetivo final de este Plan Especial de Regularización para que todas las actuaciones, desde lo material pero también desde lo sustantivo, se hagan siguiendo estrictamente los requisitos que la ley, la Constitución y los estándares internacionales han fijado.

Para este proceso, argumentó el Fiscal General de la República, tendrán chance de optar a la titularidad las personas que han desempeñado provisoriamente el cargo que cumplan los extremos de ley para obtener la titularidad.

Buscando mejorar el engranaje

Esta noticia se integra en los actos que desde el despacho del Fiscal General de la República se desarrollan para corregir los problemas que la institución ha padecido, como parte del sistema de justicia, que recordemos ha sido fijado como una de las prioridades de la gestión del Estado en 2021.

Así, la Fiscalía trabaja desde la cúspide para monitorizar el proceso de depuración que se lleva a cabo sobre el sistema de seguimiento de casos, así como la contabilización de casos activos (con o sin egresos) y para mejorar la coordinación con sus órganos auxiliares.

Este asunto tiene una gran importancia, no tan solo porque la justicia es un derecho humano y uno de los fines del Estado, fijados en la Carta Magna y sentida como una tarea pendiente de toda la vida republicana, sino porque este es un punto de acuerdo de los diálogos en México, así como un viejo flanco débil en las valoraciones de cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales, que claramente el Gobierno Bolivariano impulsa a mejorar.

Fuente: Misión Verdad