Perú. Gisela Ortiz, el nuevo blanco de la extrema derecha

Resumen Latinoamericano, 11 de octubre de 2021

Conozca más sobre la nueva ministra de Cultura, cuyo activismo en defensa de los derechos humanos pretende ser usado por la extrema derecha para desprestigiarla.

La recién nombrada ministra de Cultura, Gisela Ortiz Perea, se ha convertido en el nuevo blanco de ataques de la extrema derecha en Perú.

Su activismo en defensa de los derechos humanos ha bastado para que el sector más rancio de la política lance el grito al cielo y pretenda vincularla con grupos subversivos.

Conozca en esta nota más sobre Ortiz, que ha respondido con firmeza a los cuestionamientos y para quien alistan un pronunciamiento de respaldo ciudadanos y organizaciones civiles.

Una historia de activismo

Gisela Ortiz nació en 1972 en la ciudad de Chachapoyas, departamento de Amazonas, y es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.

En esta universidad, más conocida como La Cantuta, también estudió su hermano Enrique Ortiz, uno de los nueve estudiantes desaparecido por el Grupo Colina, durante el régimen fujimorista, en 1992.

A partir de este hecho y con 20 años entonces, Ortiz se hizo conocida públicamente por su ardua labor en favor de conocer la verdad y obtener justicia para los desaparecidos de La Cantuta.

Se convirtió en la representante de los familiares de las víctimas de esta masacre y su testimonio fue recogido luego por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).

Gisela Ortiz, hoy ministra de Cultura, encabezó lucha de deudos que exigian justicia por víctimas de La Cantuta. Foto: El Comercio

Su liderazgo en la defensa de los derechos humanos la llevaría a ser reconocida en 1993 y 2007 con el premio “Ángel Escobar Jurado”, otorgado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Posteriormente, su lucha se amplió, transformándose en una activista de derechos humanos y abogando por los derechos de víctimas y familiares en causas contra graves crímenes cometidos en Perú.

En paralelo, Ortiz realizó diplomados en Gestión Municipal (Universidad César Vallejo), Gestión de Pequeñas Empresas (ESAN) y Responsabilidad Empresarial (Universidad del Pacífico).

Sin embargo, jamás se desligó del activismo y participó en acciones para derrotar la ley de amnistía para el Grupo Colina, por la vuelta a la democracia, la extradición y el juicio a Alberto Fujimori, entre otras.

Además, desde 2009, se desempeñaba como Directora de Operaciones del Equipo Peruano de Antropología Forense – EPAG, dedicada a investigar graves violaciones de derechos humanos, hasta que fue nombrada ministra.

Del activismo al ministerio

Gisela Ortiz juró como ministra de Cultura la noche del 6 de octubre, en reemplazo de Ciro Gálvez, quien en dos meses de gestión demostró incapacidad, desatino y falta de propiedad para ejercer el cargo.

El ingreso de Ortiz fue parte de la recomposición que Pedro Castillo realizó sobre su gabinete ministerial, liderado ahora por otra reconocida defensora de los derechos humanos, Mirtha Vásquez.

Ortiz juró al cargo “por un Perú para todos y todas, por los hombres y mujeres de nuestra patria que luchan cada día en defensa de sus derechos, por un Perú con memoria histórica”.

De inmediato, diversas personalidades como el exministro de Cultura, Alejandro Neyra, e instituciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos saludaron su designación.

Sin embargo, no faltaron quienes intentaron cuestionar su designación, como lo hizo el congresista José Cueto, integrante de la bancada del partido de extrema derecha Renovación Popular.

En diálogo con RPP Noticias, el parlamentario se jactó de conocer pasajes no conocidos —y aparentemente delictivos—de la trayectoria intachable de Ortiz como defensora.

“Es una activista, pero nosotros tenemos informes de inteligencia que hablan de otra cosa”, dijo Cueto sin dar más detalles ni mostrar prueba alguna sobre lo que acababa de afirmar.

Entrevistada por La República, Ortiz respondió a este cuestionamiento y señaló que no es la primera vez que la cuestionan. “Declaraciones como esas nos persiguen desde los años 90”, dijo.

Gisela Ortiz fue cuestionada sin pruebas por el parlamentario José Cueto, de Renovación Popular. Composición: La República

“El delito de terrorismo no prescribe y es grave que, si él sabe que hay un informe, lo tenga oculto. Que lo haga público y me denuncie”, le respondió la titular de Cultura.

Ortiz también lamentó que hoy en día la difamación se haya normalizado. “Le llaman ‘terruqueo’ que suena a nada, pero sigue siendo una difamación y es un delito”, agregó.

Por un hecho similar en que intentaron difamarla involucrándola con el terrorismo, Ortiz denunció a un periodista hace unos años. Sin embargo, el caso prescribió y no hubo sanciones.

Pero no todo es desolador. Mientras la derecha extrema apuntala su arremetida contra la ministra de Cultura, por otro lado, un grupo de la sociedad civil se organiza para brindarle su respaldo.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos lanzó hace unos días una petición digital para reunir firmas y emitir un pronunciamiento tajante exigiendo respeto por la dignidad de Ortiz.

Hasta el momento más de 4,600 personas han firmado la petición y esperan llegar a los 5,000 antes de cerrar las adhesiones la noche de este lunes 11 de octubre.

“Exigimos a las fuerzas políticas que hagan un llamado a respetar la dignidad de Gisela Ortiz como de las víctimas y familiares que han dedicado su vida a la búsqueda de justicia y verdad en nuestro país”, señala la petición.

FUENTE: Servindi