Perú. Por cárceles de extrema seguridad para corruptos y reos peligrosos

Resumen Latinoamericano, 25 de agosto de 2021

El sorpresivo traslado de Vladimiro Montesinos Torres de su prisión en la Base Naval del Callao al Establecimiento Transitorio de Lima, ubicado en el penal Ancón II, ha puesto en debate la seguridad de las cárceles en el Perú.

Según reporta el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en dicho lugar Vladimiro será clasificado y trasladado a un establecimiento penitenciario, conforme a los procedimientos establecidos.

Se suponía que la Base Naval era una prisión de muy alta seguridad, inexpugnable, especialmente diseñada por el gobierno fujimontesinista para reos de muy alta peligrosidad como Abimael Guzmán Reynoso, cabecilla de la agrupación Sendero Luminoso.

Cuando se encargó su construcción, Montesinos nunca pensó que lo albergaría a él. Pero, estando en manos de La Marina de Guerra, le fue fácil entenderse con sus administradores para recibir beneficios inaceptables.

Disponer de teléfonos celulares, proponer acciones ilegales de campaña a favor de Keiko Fujimori y haberse dado el lujo de brindarle consejos de desempeño a “la chica” configuran nuevos delitos actualmente en investigación.

Así lo ha advertido el ministro de Justicia y Derechos Humanos Aníbal Torres Vásquez quien anunció que están en proceso varios juicios que connllevarán nuevas condenas judiciales.

El presidente Pedro Castillo Terrones dijo: “En el Gobierno del Bicentenario, ninguna persona privada de libertad tendrá un trato privilegiado ni se le permitirá burlar la seguridad de los penales para seguir delinquiendo”.

Obstrucionismo en acción

El Congreso de la República, lejos de saludar la decidida acción del gobierno para evitar los tratos privilegiados que La Marina otorga a Vladimiro Montesinos en la base naval, ha citado con preocupación al ministro a responder ante la Comisión de Justicia.

La preocupación gira en torno al contenido del DS 015-2021-Minjus que crea un nuevo régimen penitenciario similar al del Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Calla a cargo del INPE.

Este règimen posibilitará el traslado progresivo de los internos ahí recluidos y otros de similar perfil criminógeno a pabellones especialmente acondicionados en donde impere un control reforzado y disciplina estricta para los internos.

Sin embargo, la Comisión presidida por Gladys Echaíz (APP) dijo que es necesario saber las razones que motivaron a tomar esa decisión, “porque podría favorecer a cabecillas terroristas y significar un riesgo para la seguridad nacional”.

La Junta de Portavoces del Congreso –mediante un comunicado– respaldó la citación de la Comisión y a nombre de las miles de victimas del terrorismo expresó su rechazo a “cualquier acto” que responda a las exigencias de los “remanentes de Sendero Luminoso y el MOVADEF, brazo politico del senderismo”.

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Más cárceles para más corruptos

El gobierno del presidente Pedro Castillo Terrones ha sido muy enfático en dar una dura batalla contra la corrupción. Son muchos los millones de dólares que deben pagar diversos reos sentenciados y en proceso de juzgamiento.

El contralor de la República Nelson Shack calculó que el Perú perdió 23 000 millones de soles solo en 2019 debido a la corrupción y la inconducta funcional que ha penetrado el sistema público en el país.

Dicho monto equivale aproximadamente al 15 por diento de la ejecución neta del Presupuesto del Sector Público, según sus declaraciones a Radio Programas del Perú.

“No se trata de casos aislados, sino de una corrupción que ha penetrado a todo el sistema” dijo el titular de la Contraloría General de la República. 

Los peces gordos y no tan gordos de la corrupción deben caer, asi como los mafias políticas y empresariales –antes intocables– que han venido saqueando el país con sus fechorías.

Desde esta perspectiva sin duda se necesitarán más cárceles y seguras las que deben financiarse con el dinero que debe repatriarse y que estas mafias mueven en paraísos fiscales.

FUENTE. Servindi

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