Puerto Rico. La Universidad en su peor momento

Por Candida Cotto*, Resumen Latinoamericano, 7 de junio de 2021.

El recorte de $94 millones impuesto por la Junta de Control Fiscal (JCF) al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico (UPR) ha provocado que al presente esta sea mucho más pequeña en términos de los servicios a sus estudiantes que en los primeros años de su fundación. La Junta ignoró los reclamos y planteamientos de representantes estudiantiles respecto a las consecuencias de un recorte de esa magnitud. El pasado 25 de mayo, la Junta le recortó $94 millones al presupuesto de la UPR para el año fiscal 2021-2022. Con este recorte, en cuatro años, la Junta le ha reducido a su presupuesto la suma de $333 millones.

Según la Junta de Control, la UPR será elegible para recibir más de $400 millones en fondos federales relacionados con el COVID-19, divididos en partes iguales entre fondos institucionales y de ayuda estudiantil. Alrededor de $163 millones provendrán de becas del Gobierno y tendrá acceso a $315 millones de fondos de reconstrucción por desastre a través de FEMA, además de un aumento en la matrícula.

La presidenta del capítulo del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), Lida Orta, reaccionó al ser entrevistada sobre el recorte, que las contradicciones en los mensajes, tanto de las personas del gobierno como de los miembros de la JCF, son abrumadores.

“Por un lado, se presenta la Junta como la estructura que ha venido a organizar y a mejorar unos elementos. Nosotros entendemos que están interviniendo indebidamente en los procesos internos de la UPR. Han dado órdenes de costos de matrícula, de que se explosione el sistema de retiro. Eso es una intromisión que entendemos no está a tono con lo que la ley Promesa establece y que realmente agrede el funcionamiento de la UPR, aunque con el otro lado de la boca, están diciendo que la consideran la joya de la corona”.

Aun cuando dijo que le sorprendió de manera agradable los votos en contra de la reducción de los miembros de la Junta Antonio Medina y Justin Peterson, le sigue preocupando y decepciona “lo que hemos visto hasta ahora del gobernador, que sigue hablando de que no va a permitir más recortes cuando se ha hecho claro que con el presupuesto que tenemos ya los procesos de operación están tan frágiles que no sabemos cómo se van a mantener para el próximo año. Con lo que tenemos ya no nos da”.

Sobre los recortes coincidió en que, aunque no en términos del organigrama necesariamente, en el funcionamiento y los servicios a los estudiantes, al presente la Universidad es una mucho más pequeña que hace unos años. Denunció que en el Recinto de Ciencias Médicas se emitieron cerca de 200 cartas a personal docente y no docente notificándoles que no se les iba a renovar el contrato para el próximo semestre. Eso implica una reducción en los ofrecimientos académicos y pone en peligro la perdida de acreditación de programas. Recordó que ya el Programa de Neurocirugía perdió su acreditación.

La profesora Orta reiteró que el reclamo es una vez más tanto al gobernador Pierluisi como a la Legislatura, que tienen el control de ese presupuesto. “Este es el punto en que tienen que hacerle frente a la Junta de Control Fiscal”. Destacó que la UPR es la entidad de gobierno a la que más le han reducido el presupuesto. No obstante, se expresó algo confiada en que todavía la Legislatura tiene un espacio para hacerle frente a la JCF, por lo que espera que desde las vistas de la Comisión de Hacienda del Senado se proteja a la UPR y se le restituya el presupuesto.

“Aquí el único que ha salido hasta ahora garantizado y ganando es el presidente Haddock, con una plaza que no concursó. En estos momentos la única persona que tiene una clara ganancia en la UPR es el presidente Haddock, con esa plaza que le regalaron”, denunció.

Por otra parte, el presidente del Consejo General de Estudiantes del Recinto de Cayey, Christian J. Roig Laboy, quien junto a otros representantes estudiantiles había sostenido una reunión con miembros de la JCF el 18 de mayo, expresó a CLARIDAD sobre la decisión de la Junta: “Estamos todos bien impactados. Ha sido un día fuerte el de ayer, pensábamos que iba a ser un poco más leve”.

En la reunión, que fue de manera virtual, estuvieron la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, y los miembros John Nixon y la Dra. Betty Rosa. Los estudiantes expusieron sobre los recortes presupuestarios y su impacto en las unidades, mostraron evidencia sobre los efectos de estos, las vicisitudes que ha provocado en el sector estudiantil y la posibilidad de que sus recintos puedan quedar inoperantes ante el recorte de los $94 millones.

Según denunció, Jaresko justificó los recortes presupuestarios y mostró poca apertura a trabajar en pro de la UPR. Estableció que en parte los recortes se deben a la mala administración, que los recortes no han conllevado a la pérdida de acreditaciones y que estos no estaban supuestos a afectar la oferta académica ni las plazas docentes. De acuerdo con los estudiantes, ante sus planteamientos y evidencias, los miembros de la JCF se mostraban incrédulos y refutaron en reiteradas ocasiones que las necesidades y situaciones presentadas se debieran o relacionaran con los recortes presupuestarios.

Dieron a conocer además que la JCF insistió en comparar las universidades de Estados Unidos con la UPR, lo cual observaron es inconsecuente, puesto que la realidad socioeconómica no se asemeja en lo absoluto. La Sra. Jaresko hizo mención de que a pesar de que la UPR ha tenido aumentos, en su matrícula es accesible, puesto que el precio no excede la beca Pell.

“El factor de que el costo en matrícula no exceda la otorgación máxima de la beca Pell no significa que la educación sea accesible. De hecho, los costos de estudios sobrepasan por mucho la otorgación de esta beca. Como prueba de esto se tiene el perfil socioeconómico donde se presenta que el costo de estudio de un estudiante subgraduado es aproximadamente de $20,000 anuales. Otra evidencia de la inaccesibilidad a la educación es la disminución de aproximadamente el 25 % de su matrícula desde que se implementó el Plan Fiscal. Los estudiantes han tenido que recurrir a tener dos trabajos para poder costear los costos de estudios, que cada día ascienden, mientras sus beneficios, servicios e infraestructura empobrece. Por esta razón continuaremos trabajando por el bienestar de nuestra institución y la restitución de sus fondos”, declaró Roig Laboy.

En tanto, el profesor del recinto de Río Piedras Jorge Colón, miembro de la Junta Universitaria de dicho recinto, reaccionó a CLARIDAD respecto al recorte: “Ya lo veíamos venir la comunidad universitaria. Todos estamos unidos en que eso va a afectar la operación de todos los recintos y va a ocurrir, va a provocar la no renovación de contratos, reducción de secciones. Todo se va a estar afectando. Entendemos que ya hay que lograr un frente unido de la comunidad universitaria y el pueblo de Puerto Rico, unirnos en contra de la JCF, que no entiende la importancia de la inversión que el pueblo de Puerto Rico decidió hacer en su educación superior cuando aprobó en el 1966 la Ley 2, que es la fórmula de 9.6 del promedio de dos años anteriores de los recaudos del Gobierno”. Ese se supone que por ley sea el vehículo mediante el cual se asigna el presupuesto a la UPR, pero la JCF se ha sobre impuesto a esta ley, la cual se supone esté vigente.

Tanto Colón como Roig Laboy adelantaron que la comunidad universitaria se prepara para una marcha en defensa de la UPR el próximo 11 de junio.

*Fuente: Claridad

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