Nación Mapuche. El mapa político de las organizaciones mapuche tras las elecciones de la Convención Constitucional

Resumen Latinoamericano, 26 de mayo de 2021

La irrupción de grupos estrechamente vinculados a empresas forestales, la dura ofensiva de ataques incendiarios desplegada por la WAM y una baja votación de mapuche inscritos en el padrón de los pueblos originarios, son algunos de los factores aparejados al reciente proceso electoral constituyente. Entre las organizaciones más relevantes que canalizan sus demandas por vías institucionales, al menos cinco participaron en la elección y dos se mantuvieron al margen.

En las semanas que precedieron a las elecciones del pasado 16 de mayo, dos fueron los factores que emergieron en el mapa de las organizaciones mapuche y que el mundo winka (no mapuche) prácticamente desconocía. El primero fue la constatación de que existen grupos de ese pueblo originario estrechamente vinculados a grandes empresas forestales, lo que quedó en evidencia tras el ataque que sufrió un equipo periodístico de TVN el 27 de marzo en San Ramón (Tirúa, Región del Biobío). El segundo, fue la demostración de la capacidad operativa que ha adquirido la organización más radicalizada: Weichan Auca Mapu (WAM), la que el 6 de mayo lanzó una extensa ofensiva de sabotajes incendiarios contra objetivos de la industria forestal.

En lo que puede interpretarse como su declaración de rechazo al proceso electoral constituyente, el pasado jueves 6 la WAM ejecutó un “copamiento territorial” en la zona de Capitán Pastene (Lumaco, Región de La Araucanía), que incluyó cinco atentados simultáneos en los que se destruyeron 17 camiones, cuatro maquinarias y dos camionetas. La jornada culminó con dos personas heridas. Las pancartas que se encontraron incluían consignas contra forestales –y también contra aquellos mapuche que trabajan con este rubro–, además de agricultores e hidroeléctricas.

La WAM volvió a actuar el martes 11. Ese día atacó una unidad policial en Quidico (Tirúa), quemó una vivienda y una camioneta. De esta forma, volvía a mostrar su capacidad para burlar los  dispositivos de seguridad policial en la zona más álgida del conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche. Su ofensiva del 6 de mayo, de hecho, fue la más violenta y extensa que se ha desplegado en los últimos cuatro años.

Además de la irrupción de grupos mapuche estrechamente asociados con la industria forestal y del poder de fuego que ha consolidado la WAM, las novedades aparejadas al proceso electoral constituyente se completaron con la baja participación de votantes mapuche.

Los registros del Servicio Electoral (Servel) indican que 217.853 mapuche votaron para escoger a siete ocupantes de los 17 escaños reservados a pueblos originarios. Esto, dentro de un padrón de personas de origen mapuche de 1.063.980 electores, de las cuales casi cerca de 265 mil residen en la Araucanía y 293 mil en la Región Metropolitana. De esta forma, cerca del 20% de los habilitados para votar en el padrón mapuche ejercieron su derecho a sufragar por un postulante a escaño reservado. Eso, sin considerar a los que optaron por votar por candidatos de listas que competían en sus distritos.

Todos estos factores impactan, en mayor o menor medida, en la influencia de las organizaciones que componen el amplio y disímil arco de plataformas políticas mapuche. Desde las más radicalizadas, como la WAM, la Resistencia Lafkenche y la Coordinadora Arauco Malleco, hasta las que aceptaron participar en las recientes elecciones para la Convención Constitucional, como la Identidad Territorial Lakkenche, Ad Mapu, Wallmapuwen, la Red de Mujeres Mapuche y la Plataforma Política Mapuche. Pasando por aquellas que, a pesar de que utilizan la vía institucional para enfrentar el conflicto con el Estado, decidieron mantenerse al margen del proceso constituyente, como el Consejo de Todas las Tierras (aunque participó en la elección de gobernador en La Araucanía) y la Alianza Territorial Mapuche.

ALIADOS DE LA INDUSTRIA FORESTAL

El atentado al equipo periodístico de TVN el pasado 27 de marzo puso en el mapa del conflicto un factor hasta ese momento desconocido para la opinión pública, aunque ya era ampliamente reconocido al interior de las organizaciones mapuche: se trata de grupos que se vinculan a las empresas forestales y que, a través de sociedades comerciales que prestan servicios a esa industria,  forman parte de la cadena productiva del rubro en diversos territorios. Estos grupos defienden las plantaciones que ahora les dan sustento, enfrentándose a aquellos que reivindican esas tierras como ancestrales.

La irrupción de mapuche vinculados a la actividad forestal es interpretada como el efecto más notorio de las políticas impulsadas en los territorios por Alfredo Moreno, cuando se desempeñaba como ministro de Desarrollo Social y fue encargado por el gobierno de Sebastián Piñera de impulsar un plan para terminar con la violencia en La Araucanía. Una intervención que se cerró abruptamente tras la muerte del joven comunero Camilo Catrillanca (noviembre de 2018).

Moreno fue el último ministro en entablar diálogos en la zona. En 2018, concentró las esperanzas del empresariado cuando presentó el Plan Impulso Araucanía, una serie de medidas elaboradas en pos de “la paz y el desarrollo” que contó con la participación de agricultores, empresas, comunidades y organizaciones mapuche. En esa época llamaron la atención los encuentros en que Moreno logró sentar en la misma mesa al lonko Aniceto Norín y a Jorge Luchsinger Mackay, o sus apariciones públicas junto al ex miembro de la CAM, Víctor Ancalaf.

El Plan Impulso Araucanía contempló una inversión de US$8 mil millones para ocho años e inversiones privadas por US$16 mil millones, además de la promesa de otorgar reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, aunque la posibilidad de declarar un Estado Plurinacional se descartó. El apoyo del sector empresarial fue transversal. En esa época, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Ariztía, dijo: «Con estas medidas se activará el desarrollo productivo a través de un mejor aprovechamiento de las tierras y nuevas inversiones, dotando a la zona de una mejor infraestructura, conectividad y progreso”.

Uno de los eslabones del diseño de Moreno era incluir a comunidades mapuche en la cadena de valor del negocio forestal, es decir, que se organizaran para prestar servicios al rubro. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido en la zona de San Ramón, donde se produjo el ataque a tiros contra el equipo de TVN. En medio de las recriminaciones por el violento atentado, en el que un camarógrafo sufrió lesiones que le provocaron la pérdida de un ojo, la CAM y el grupo Resistencia Lafkenche identificaron como contratistas de forestal Mininco a los grupos que residen en esa zona. Según señalaron, son parte de 12 comunidades lideradas por el candidato a constituyente Santo Reinao (PPD), quien no resultó electo.

Estos grupos coexisten en vecindad con comunidades que impulsan recuperaciones territoriales, como la que realiza Ramón Llanquileo en los fundos Choque y Paillahueque. La tensión también escala porque en el mismo territorio hay presencia de grupos radicalizados que disputan hegemonía entre ellos: la CAM, la Resistencia Lafkenche y la WAM.

Natividad Llanquileo, abogada y electa como constituyente por escaños reservados, vive en la zona. En entrevista con CIPER, concedida antes de las elecciones, dijo:

-Hay un alto porcentaje de personas trabajando para forestal Mininco. Son hechos concretos, como que el presidente de los empresarios (Juan Sutil) está financiando candidaturas mapuche. Me parece complejo porque, al parecer, el Estado ha tomado palco en esto y ha dicho “resuelvan los mapuche con las forestales”, pasándoles a la vez todas las herramientas policiales para proteger los intereses económicos y no a las personas.

Para la abogada, en el conflicto con las empresas forestales el Estado “ha hecho abandono de sus jurisdicciones políticas”. Esto, a su juicio, ha generado consecuencias ambientales, económicas y sociales, en un territorio donde en una consulta ciudadana realizada en 2019 por la Municipalidad de Tirúa más del 77% se manifestó de acuerdo con que las empresas forestales abandonen la zona. “Los que trabajan para las forestales lo hacen pensando en el pan para hoy”, concluyó

Alihuen Antileo, abogado y vocero de la Plataforma Política Mapuche (candidato no electo por escaños reservados), aseguró que la relación comunidades y forestales existe desde que esta industria se constituyó en el territorio. Siempre, dijo, con los mapuche ocupando roles subalternos: obreros, personal de mantenimiento o seguridad.

-Me tocó participar en los procesos de recuperación de tierras, sobre todo los más confrontacionales, desde el 98 hasta 2005. Y siempre hubo mapuches trabajando para las forestales y otros plantando o vendiéndoles pino y eucalipto. Lo que ha cambiado es que el ingreso por jefes de familia en el 98 debe haber sido alrededor de $120 mil o $140 mil mensuales. Hoy, trabajar en una empresa forestal son más o menos $500 mil-, indicó Antileo.

Lo que hay de nuevo en este proceso, agregó el abogado, es que las forestales ampliaron la base de trabajadores mapuche, lo que reconoce como un cambio de estrategia de la industria: “En un predio que estaba en disputa, por ejemplo el fundo Choque, lo que hizo la empresa fue poner cuadrillas o empresas de cuadrillas de trabajadores mapuche para explotar ese predio, que de todas maneras se lo iban a quitar los mapuche. Por lo tanto, ese predio va a quedar ahora en disputa entre mapuche”.

Si la política pública no permite resolver este punto, vislumbró Antileo, lo que se desencadenará es “una confrontación fratricida propiciada por las forestales”. Esto, señaló, sólo beneficia a las empresas y deslegitima al movimiento mapuche autónomo, en un enfrentamiento interno que podría alcanzar magnitudes inéditas.

LOS DOS HORIZONTES

Las escisiones entre distintos grupos políticos mapuche que se inclinan por la acción directa y el sabotaje o por ocupar las vías institucionales, se remontan a 1997. Fue en diciembre de ese año cuando el ataque a tres camiones de forestal Arauco, en Lumaco, provocó una bifurcación en el rumbo de las organizaciones. Por un lado estuvieron quienes apostaron por la vía autonómica, ajena a cualquier adscripción al Estado, como la CAM, utilizando violencia y sabotajes contra propiedad privada -principalmente forestal- para denunciar la “usurpación territorial”. Por el otro, están quienes siguieron una estrategia ligada a la política institucional. Ambos horizontes continúan marcando hoy las trayectorias del movimiento mapuche.

Entre las organizaciones que se han decantado por la vía institucional, están las que han resuelto participar en las elecciones y las que se mantienen al margen. En las recientes votaciones, a nivel de alcaldes, el número de jefes comunales de origen mapuche se amplió de manera significativa: de nueve alcaldías pasaron a 14. Y a los siete cupos constituyentes conseguidos en los escaños reservados para pueblo originarios, se debe sumar el que obtuvo Ramona Reyes Painequeo, electa en la Lista del Apruebo como primera mayoría en Los Ríos.https://flo.uri.sh/visualisation/6222526/embed?auto=1A Flourish data visualization

Las siguientes son las principales organizaciones políticas mapuche que impulsan sus demandas privilegiando la vía institucional. De ellas, cinco participaron en el proceso electoral constituyente y dos se mantuvieron al margen.

IDENTIDAD TERRITORIAL LAFKENCHE (ITL): Una de las principales organizaciones que siguió la vía institucional fue la ITL, que agrupa a comunidades mapuche costeras lideradas por Adolfo Millabur, quien se convirtió en alcalde de la comuna de Tirúa en 1996, siendo el primer mapuche en lograr una jefatura municipal. Ahora fue electo como constituyente en un escaño reservado.

En los 90, la ITL se involucró en la discusión de la Ley de Pesca, que derivó en la aprobación en 2008 de la Ley 20.249 o Ley Lafkenche, que instauró un mecanismo para designar un Espacio Costero Marítimo (ECMPO) para la preservación de los usos y costumbres indígenas, bajo la administración de las comunidades.

Pérsida Cheuquenao, dirigenta de la ITL y candidata no electa a concejala (Gorbea, La Araucanía), dijo a CIPER que una nueva Constitución es un tema que apareció ya en el Congreso de la ITL en 2006. En ese momento pensaban que debían ser reconocidos como pueblo mapuche, pero luego se dieron cuenta de que no era suficiente:”Necesitamos que el Estado y sus gobernantes sean capaces de incidir con nosotros, de tomarnos en cuenta. De tener la voluntad de escucharnos”. La intención de llevar a la constituyente a Millabur –el único postulante de la ITL– era “marcar un precedente histórico nacional en la elaboración de la nueva Constitución”, indicó la dirigente, para incluir la plurinacionalidad y la interculturalidad como principios a resaltar en la discusión.

AD MAPU: Formada en dictadura, a fines de los años 70, comenzó como un centro cultural y en 1983 pasó a denominarse Ad Mapu, con la recuperación de los territorios como principio fundamental. Fue una de las organizaciones que participaron en 1989 del Acuerdo de Nueva Imperial, que dio pie a la Ley Indígena de 1993. Sus líderes más emblemáticos fueron Ana Llao, Santos Millao y Aucan Huilcaman (este último formó después el Aukiñ Wallmapu Ngulam o Consejo de Todas las Tierras).

Ana Llao fue candidata a constituyente no electa por los escaños reservados. Ella dijo a CIPER que la línea de Ad Mapu siempre ha sido participar de la política y acceder a la toma de decisiones, sin dejar las movilizaciones. El grupo también ha enfrentado, sostuvo, los intentos de intervención de partidos como la DC, el MIR y el PC. La dirigente vivió los efectos de esas intervenciones: en 2011, una querella contra el senador Eugenio Tuma (PPD) por fraude al Fisco la sindicó como beneficiaria de fondos que se habrían utilizado en su campaña a consejera de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). Llao explica que en el primer gobierno de Sebastián Piñera perdió su trabajo en el Programa Orígenes de esa corporación y que simpatizantes del PPD se acercaron a ella para candidatearla al consejo de la Conadi:

-Fue una alianza estratégica del momento, pero la vinculación que me hicieron con ese otro asunto (el financiamiento irregular) fue de mala intención; enlodaron mi nombre. Esa pregunta me la han hecho las propias comunidades también; yo prefiero explicar cada vez, porque no quiero que se diga que la Ana Llao tiene un discurso y por otro lado tiene otro (…). No quiero que vengan a decir que estuve involucrada en asuntos del senador Tuma. Fue una lección que me quedó y no pienso repetir.

Ana Llao (Fuente: Ana Llao en Twitter)

Llao fue la única mujer que asistió al Acuerdo de Nueva Imperial y, pese a la desconfianza histórica que tiene sobre los procesos políticos, sostiene que Ad Mapu ve en este nuevo proceso constitucional la posibilidad de ser reconocidos y recuperar los derechos colectivos de los pueblos indígenas: “Donde podamos definitivamente levantar nuestra autodeterminación en nuestros territorios y donde el territorio en sí sea sujeto de derecho. Cuando hablamos de sujeto de derecho, estamos hablando no sólo de seguridad alimentaria, sino de lo que está al interior de cada uno de nuestros territorios; es decir del Itrofill Mongen, que significa vivir en armonía con todos los seres vivientes”.

CONSEJO DE TODAS LAS TIERRAS: esta organización decidió no participar en el proceso electoral constituyente, aunque  su líder, Aucan Huilcaman, compitió sin éxito en la elección de gobernador en la Región de la Araucanía: obtuvo el 11,59% de los votos y terminó en cuarto lugar. Huilcaman dijo a CIPER que desde 2016 trabajan por elaborar un estatuto de autodeterminación, derivado del reconocimiento formal que existe de parte del derecho internacional, basado en las declaraciones de la ONU y la OEA sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Estas normas indican que estos pueblos tienen derecho a la libre determinación, por lo que pueden determinar su condición política, así como su desarrollo económico, social y cultural. Huilcaman aseguró que esto les permite formar su propio gobierno:

-Hay dos procesos constituyentes en Chile. Uno que surge a raíz del estallido social y el que estamos llevando los mapuche, al amparo del derecho internacional. No tienen ninguna relación el uno con el otro. Estamos discutiendo los contenidos de ese estatuto que en algún momento tendrá que desembocar en la formación de un gobierno desde el Biobío al sur.

Huilcaman explicó que el Consejo de Todas las Tierras se restó del proceso constituyente porque, a su juicio, la fórmula de los 2/3 con la que operará la convención genera muchas limitaciones. También porque los escaños reservados “son una figura que ha fracasado en América Latina y el Caribe”. Ya otros pueblos de la región, señaló, han participado de debates constitucionales sin resolver sus problemas. “Lo que viene va a ser una medida de parche que va a mantener tal cual el conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche”, sostuvo.

Su candidatura a la gobernación la justificó como un paso táctico en la estrategia de la autodeterminación. Obtener el cargo le habría permitido establecer “un diálogo abierto con todas las partes para restablecer las condiciones y el contexto político para la paz”. Para que haya paz, explicó, se debe reconocer y reparar “el genocidio” que a su juicio ha cometido el Estado chileno contra el pueblo mapuche. La violencia en la zona, dijo, se ha banalizado: “Ha servido para su uso político por gente externa, de derecha, centro e izquierda. Tenemos gran responsabilidad los mapuches de resolver este problema bajo el principio de autodeterminación”.

ALIANZA TERRITORIAL MAPUCHE (ATM): es otro grupo que se marginó del proceso constituyente. Organizado desde 2010, busca abordar el movimiento reivindicativo autonomista desde una perspectiva propiamente mapuche o rakizuam, paradigma según el cual el pueblo mapuche comprende el mundo a través de la articulación territorial, generando redes e instalando las ideas propias. De hecho, ha generado lazos con la organización Modatima para la promoción del derecho al agua.

Su vocero, Miguel Melin, explicó que, aunque no participaron en las elecciones, respetan a aquellos que sí se involucraron: “Valoramos los esfuerzos que muchos están haciendo por, de buena fe, participar con el objetivo de correr el cerco. Lo que nos interesa es observar con atención ese proceso de transformación y cambio sociopolítico, para ver cómo abordamos el problema territorial de nuestro pueblo en el futuro”.

WALLMAPUWEN: en 2016, el único partido político mapuche inscrito en el Servel, perdió la legalidad. No logró reunir las firmas necesarias en Los Ríos y Los Lagos ni tampoco consiguió los diputados que le aseguraban la continuidad en el registro de partidos. Hoy, convertido en movimiento, tiene presencia en Temuco, Padre las Casas, Freire, Imperial, Puerto Saavedra y Traiguén, donde trabajan con dirigentes locales.

Wallmapuwen participó en el debate parlamentario para instaurar los escaños reservados y apoyó al candidato no electo a la convención Gustavo Quilaqueo Bustos.

Se define como una organización no étnica, laica y anti-neoliberal, que busca tener participación política electoral y llegar a puestos de decisión, a pesar de las dificultades que enfrentan, principalmente económicas, para sostener candidaturas, según dijo a CIPER su coordinador, Héctor Cumilaf. Pero también apoyan las ocupaciones de terreno como forma de presión. Cumilaf aseguró que el aumento de tomas de terreno en los últimos meses se debe principalmente al actual gobierno:

-Por una cuestión ideológica paró todas las compras de tierra. En este gobierno, la Conadi ha devuelto los dineros que estaban destinados por ley para ir cumpliendo esta demanda, lo que hizo que comunidades de Lautaro e Imperial, que no habían tenido ocupación de tierras, lo hicieran.

En todo caso, Cumilaf dice que les preocupa que las acciones de violencia escalen: “Siempre los más afectados son inocentes. En climas de violencia no hay posibilidades de proyectar poder”.

RED DE MUJERES MAPUCHE: surgió en 2012 para impulsar temáticas de género que en otras organizaciones no estaban entre las demandas centrales. Si bien tienen presencia territorial en el sur, la mayoría de sus integrantes son de Santiago, explicó Jessica Cayupi, candidata no electa a constituyente por el Distrito 9, en la lista Movimientos Sociales Plurinacionales e Independientes. Ella aseguró a CIPER que nunca habían postulado a un cargo público, pero que el proceso constitucional les abrió un espacio para levantar sus demandas.

Jessica Cayupi nació en Cerro Navia, pero su familia es originaria de Carahue. Ella piensa que muchas organizaciones que funcionan en el Wallmapu olvidan a los mapuche “diaspóricos”, que han migrado a las ciudades de otras regiones:

-Al final, terminamos homogeneizándonos a la vista del Estado y de otras personas. Pero no es así, seguimos siendo mapuche y necesitamos espacio para hacer ceremonias, necesitamos recuperar nuestra lengua, necesitamos tener lugares para hablar de política, para conversar sobre cómo queremos la educación a futuro, donde se enseñe nuestra historia y cosmovisión. Todo eso en la ciudad también es importante y se discute.

PLATAFORMA POLÍTICA MAPUCHE: liderada por Alihuen Antileo, candidato no electo a la Convención Constitucional, se formó en 2017 para aportar propuestas a los entonces candidatos presidenciales. Aunque su legalización como partido quedó en pausa debido a la pandemia, uno de sus objetivos es incidir en la política institucional.

Manifestaciones en Valparaíso tras el triunfo del Apruebo el 25 de octubre del 2019. Créditos: Paz Olivares Droguett / Migrar Photo

Para el proceso constituyente, la plataforma participó en la creación de la Coordinación de Organizaciones Originarias de la Región Metropolitana (Conorm), donde se unieron con seis organizaciones mapuche, además de algunas quechua y aymara. La entidad buscaba influir en las indicaciones que se presentaron al proyecto de ley que estableció los escaños reservados. También se coordinó con una veintena de organizaciones del sur.

Antileo explicó a CIPER que las concepciones autonomistas generan que gran parte de quienes integran el movimiento mapuche no muestren interés por la vía institucional: “Se entendió que, cuando se hablaba de todas las formas de lucha, se excluía la lucha electoral. Todas las formas de lucha precisamente es eso, en un periodo es electoral, en otro periodo es de movilización y en un periodo es de confrontación también. Pero el movimiento autónomo entendió que en todas las formas de lucha se invitaba a nunca participar de la lucha electoral. Y esa dinámica que se adoptó hace diez años hoy hace que la participación sea baja y a nivel clientelar”.

Aún no existe un movimiento mapuche suficientemente masificado y maduro, señaló Antileo, que les permita intervenir políticamente, porque no hay conciencia de que podrían tener más representantes:

-También hay sectores que se han radicalizado y tienen una visión vanguardista y mesiánica. Por ejemplo, hay zonas o hay referentes que tienen presencia en sectores donde habitan cuatro, cinco, seis mil mapuche y cuestionan todo el proceso de elección y de convencionales constituyentes. Nos descalifican a nosotros, supuestos traidores, “yanaconas”. Yo vivo en Puente Alto y aquí hay 60 mil mapuche.

Agrega que las propuestas de las organizaciones del sur tampoco consideran la existencia de mapuche que habitan las ciudades hace generaciones: “Ellos plantean que sus propuestas son hasta el Biobío. Piensa en una propuesta de liberación nacional mapuche que deje fuera a la mitad de su pueblo. En función de eso nosotros decimos ‘bueno, ahí tenemos diferencias que son políticas’. Avanzamos en nuestras demandas, pero también consideramos las demandas territoriales, las de autonomía, de recuperación de tierras, las hemos apoyado, pero también tenemos que atender al criterio de realidad donde nosotros estamos, que es en la ciudad”.

Antileo cree que la desaparición de Meli Wixan Mapu, una de las organizaciones que alcanzó mayor notoriedad, se debió precisamente a falta de desarrollo de propuestas para los mapuche de las ciudades. Fundada en los 90, e integrada principalmente por mapuche de la Región Metropolitana, en la práctica dejó de operar hace un año, según confirmaron a CIPER varias fuentes consultadas para este reportaje.

En el Gran Santiago se concentra el 36% de la población que se autopercibe como mapuche (614 mil personas, según el Censo 2017). Es la masa de electores más grande de este pueblo, señaló Antileo, quien destaca que actualmente existen más de cien organizaciones distintas en la Región Metropolitana.

FUENTE; CIPER