Argentina. “Proclama del 25 de Mayo”. Distintas personalidades reclaman la inmediata suspensión del pago de la deuda externa y otras reivindicaciones urgentes

Resumen Latinoamericano, 26 de mayo de 2021.

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Un amplio abanico de referentes políticos, gremiales, sociales y empresariales planteó una serie de pautas sobre cómo debe ser la negociación con los acreedores externos

En el 211° aniversario de la Revolución de Mayo, un amplio abanico de referentes del kirchnerismo lanzaron la proclama “Primero la salud y la vida, después la deuda”, en la que exhortan al Gobierno a que suspenda el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con el Club de París para atender las urgencias sanitarias de la pandemia por el coronavirus.

Entre los firmantes figuran el exministro de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni; la presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, Fernanda Vallejos; el cosecretario general de la CGT, Héctor Daer; el periodista Víctor Hugo Morales; el secretario general adjunto de Camioneros, Pablo Moyano; el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti y Roberto Andrés Gallardo, presidente del Comité Panamericano de Jueces.

“En Argentina, la pandemia del COVID-19 no da respiro y amenaza con detener la recuperación económica en curso. Los contagios y las muertes se han espiralizado. La economía ya se encontraba en una crisis de envergadura después del gobierno de Mauricio Macri y, con la pandemia, se ha profundizado aún más la emergencia económica y social”, alegan los firmantes en la proclama.

La deuda resulta impagable y dificulta el accionar del Estado para hacer frente a la crisis sanitaria y económica, e impide proyectar un futuro desarrollo de la Argentina”, reza el texto.

Cinco pedidos

Además de reclamar la inmediata suspensión de los pagos de la deuda externacon una reprogramación de los vencimientos acordes a las posibilidades de nuestro país, los firmantes le proponen al Gobierno una serie de medidas a adoptar en esta materia. Por caso, sugieren:

•Renegociar la disminución de intereses, cargos y comisiones previstos en los acuerdos vigentes.

•Utilizar la cuota que le correspondería a la Argentina (estimada en aproximadamente 4.350 millones de dólares), de la emisión esperada de Derechos Especiales de Giro (DEG) por parte del FMI de USD 650.000 millones totales, para fortalecer las reservas internacionales del BCRA, aliviando las restricciones que limitan la atención de los graves problemas derivados de la pandemia Covid-19 y privilegiando la salud, educación, vivienda, trabajo, reducción de la pobreza e indigencia, entre otros y no al pago de la deuda por capital , intereses o gastos.

• Apoyar la querella criminal iniciada por el Gobierno Nacional contra los funcionarios actuantes del anterior gobierno en la obtención del préstamo “stand by” con el FMI.

• Investigar el destino de los fondos de dicho préstamo para identificar a los responsables de la fuga de capitales, puesta en evidencia por la investigación del Banco Central de la República Argentina.

• Exigir al FMI que brinde todo el apoyo para continuar con las investigaciones, determinar y diferenciar deuda legítima de ilegítima y que, asimismo, colabore en encontrar los fondos fugados del país.

Firmantes

El texto fue firmado por los gobernadores Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gildo Insfrán (Formosa), como así también por la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, María Teresa García, y el intendente de Ensenada, Mario Secco. También acompañaron la propuesta el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, y el director de Litigios Penales de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Claudio Castelli.

Además de Zaffaroni y Gallardo, también suscribieron la proclama el juez Juan Ramos Padilla, el ex decano de derecho de la UBA, Mario Kestelboim, el ex juez Luis Arias y los constitucionalistas, Eduardo Barcesat y Jorge Cholvis, entre otros. Asimismo, el texto contó con el acompañamiento de los curas de Opción por los Pobres, Eduardo de la Serna y Paco Olveira; el Padre Pepe (Curas Villeros), el pastor Guillermo Prein (Presidente de la Fundación Centro Cristiano Nueva Vida) y una veintena de referentes religiosos de todo el país.

TEXTO COMPLETO DEL MANIFIESTO

En épocas de crisis las sociedades se ponen a prueba. La defensa del interés general debe
prevalecer por sobre los intereses individuales, y el uso de los recursos públicos debe priorizar
el bienestar general, velando por la protección de los sectores más vulnerables.
Una pandemia, de la magnitud como la del COVID 19, que hoy sufre la humanidad, exige que
todos los esfuerzos se destinen a contrarrestar sus enormes daños económicos y sociales y,
su superación, garantizando la atención médica de los enfermos y la vacunación.


En plena pandemia, los desequilibrios y las desigualdades en el mundo se han profundizado,
ya que los poderosos y quienes especulan con la crisis incrementan sus riquezas mientras,
sobre las mayorías, recae el costo más alto de esta conmoción mundial que deriva en más
pobreza, más desempleo, más marginalidad, más hambre. También se posterga la atención
de la salud y la imprescindible y urgente vacunación universal.


Lamentablemente, no ha habido una respuesta vital y vigorosa por parte de los líderes
mundiales ni de los organismos multinacionales. El apoyo internacional para contrarrestar los
efectos devastadores de la pandemia y la extensión de la vacunación son marginales, y no
se brindan alternativas a países periféricos que se encuentran ya empobrecidos y
endeudados, sino, por el contrario, se exige a éstos mayores ajustes regresivos.


En Argentina, la pandemia del COVID-19 no da respiro y amenaza con detener la
recuperación económica en curso. Los contagios y las muertes se han espiralizado. La
economía ya se encontraba en una crisis de envergadura después del gobierno de Mauricio
Macri y, con la pandemia, se ha profundizado aún más la emergencia económica y social.
Nuestro país se encuentra en una situación de “estado de necesidad” que le impide afrontar
los compromisos de deuda contraídos, especialmente con el Fondo Monetario Internacional
(FMI) y otros organismos, bajo riesgo de afectar intereses superiores que el Estado debe
proteger, en un contexto de pandemia: la vulnerabilidad social, la salud, el trabajo, la
educación y la vivienda del conjunto de la población.


Es por eso, que:
estimamos imprescindible que los recursos públicos y las divisas disponibles del país, se
destinen prioritariamente al cuidado de la vida y la salud de nuestro pueblo y a paliar el
impacto social de la crisis.


Con esa idea central es que proponemos:
• Impulsar la suspensión de los pagos por capital e intereses con el FMI y el Club de
París, mientras se extienda la emergencia sanitaria.
• Reprogramar los vencimientos con todos los organismos financieros internacionales
con plazos acordes a las verdaderas posibilidades de pago del país.
• Renegociar la disminución de intereses, cargos y comisiones previstos en los
acuerdos vigentes.
• Utilizar la cuota que le correspondería a la Argentina (estimada en aproximadamente
4.350 millones de dólares), de la emisión esperada de Derechos Especiales de Giro
(DEG) por parte del FMI de USD 650.000 millones totales, para fortalecer las reservas
internacionales del BCRA, aliviando las restricciones que limitan la atención de los
graves problemas derivados de la pandemia Covid-19 y privilegiando la salud,
educación, vivienda, trabajo, reducción de la pobreza e indigencia, entre otros y no al
pago de la deuda por capital , intereses o gastos .
• Apoyar la querella criminal iniciada por el Gobierno Nacional contra los funcionarios
actuantes del anterior gobierno en la obtención del préstamo “stand by” con el FMI.
• Investigar el destino de los fondos de dicho préstamo para identificar a los
responsables de la fuga de capitales, puesta en evidencia por la investigación del
Banco Central de la República Argentina.
• Exigir al FMI que brinde todo el apoyo para continuar con las investigaciones,
determinar y diferenciar deuda legítima de ilegítima y que, asimismo, colabore en
encontrar los fondos fugados del país.


Ya en perspectiva, superada la pandemia:
• Destinar prioritariamente los recursos del país a impulsar el desarrollo integral de
nuestro pueblo y de las fuerzas productivas de forma sostenida en el tiempo, para que
se recomponga el tejido social, hoy profundamente deteriorado.


Deuda: responsabilidades, prioridades y alternativas
Como es de público conocimiento, el gigantesco crecimiento del stock de deuda externa (1),
no fue generado por el gobierno del Presidente Alberto Fernández sino por la actuación
irresponsable del gobierno anterior (cuanto menos, irresponsable, ya que en sede judicial se
está debatiendo sobre el carácter delictivo que le podría alcanzar).


La deuda, resulta impagable y dificulta el accionar del Estado para hacer frente a la crisis
sanitaria y económica, e impide proyectar un futuro desarrollo de la Argentina.
En menos de tres años, el gobierno de Mauricio Macri y la Alianza Cambiemos endeudó
vertiginosamente al país, tanto con capitales privados como con el FMI, suscribiendo con
éste, el acreedor más condicionante de todos, un préstamo que es el mayor tomado por
Argentina y el mayor otorgado por ese organismo en toda su historia.


A partir del proceso de apertura financiera y colapso especulativo, en poco tiempo
empeoraron todos los indicadores de endeudamiento (relación deuda/PBI,
deuda/exportaciones, perfil de vencimientos, composición de endeudamiento por tipo de
moneda y por acreedor), a tal punto que el gobierno de Macri fue el primero en no pagar su
propia deuda en pesos, incluso, batiendo el que tal vez sea un récord mundial: defaultear la
deuda en la propia moneda nacional.


El gobierno del presidente Alberto Fernández renegoció la deuda con los acreedores privados
externos y locales, en moneda extranjera y doméstica. Sin embargo, ese esfuerzo de
reestructuración de deuda con el sector privado no produjo los resultados esperados en
términos de disminución del riesgo país y del ingreso de divisas esperado.
En ese marco, las negociaciones con el FMI afrontan un complejo panorama, ya que éste
propone únicamente un acuerdo a 10 años, por lo cual se transformaría en un auditor
permanente de las cuentas del Estado Nacional e impondría sus condicionantes, perjudiciales
para el presente y el futuro de Argentina. No podemos obviar la corresponsabilidad del Fondo
en el endeudamiento de Argentina, violando sus propias normas (art. 6° del Convenio
Constitutivo) y facilitando la fuga de capitales.


El acuerdo “stand-by” de Argentina en 2018 por 57.000 millones de dólares fue el resultado
de una decisión política sesgada de las autoridades de ese organismo, completamente
alejada de los criterios técnicos habituales y los objetivos de esa institución.
Existen explícitas evidencias que, en el corto plazo, el apoyo del FMI tuvo como objetivo el
garantizar la reelección de Mauricio Macri, lo que no pudo lograr. Pero en el mediano y largo
plazo la finalidad de este gigantesco endeudamiento impagable es tener a la Argentina
encadenada por años a la supervisión y auditoría del FMI, para que ningún gobierno de signo
popular pueda desarrollar su programa y deba resignarse a los ajustes permanentes.


Ante serios indicios de irregularidades y corrupción en el proceso de endeudamiento del país
que llevó adelante la gestión de Cambiemos, el presidente Alberto Fernández ha impulsado
una querella criminal por la comisión del delito de “administración fraudulenta agravada en
perjuicio del erario público” contra los funcionarios de ese entonces. Es un paso positivo
importante que pone en la agenda pública, tanto nacional como internacional, un problema
que por su envergadura y magnitud impactará también en las próximas generaciones.


Y, particularmente, en relación al gigantesco “stand by” del FMI de 2018, cuyo proceso
irregular fue puesto en clara evidencia por el bloque oficialista de Senadores del Frente de
Todos (2), desde el Gobierno se impulsa que “se determine si el préstamo en cuestión implicó
un perjuicio para el Estado y en ese caso estime el monto de ese perjuicio”.
Proyecciones fundadas muestran que, con una renegociación a 10 años con un Plan de
Facilidades Extendidas y una tasa de interés reducida, del 2% anual, contemplando los
vencimientos de capital e intereses de la deuda externa nacional con acreedores privados,
con el FMI, con otros organismos internacionales y la correspondiente a las provincias, el país
necesitaría destinar unos 15.000 millones de dólares por año para cancelar esos
vencimientos.


Otras proyecciones estirando los plazos hasta 20 años y reduciendo la tasa de interés
mejoran la situación, pero no resuelven la imposibilidad de pago de todos estos vencimientos.
¿Cuánto debiera ser el superávit fiscal primario para hacer frente a los intereses? ¿Cuántos
los excedentes económicos para repagar los vencimientos de capital? ¿Cuánto el saldo de la
cuenta corriente para proveer las divisas necesarias?


Claramente, nos encontramos en presencia de una situación de insolvencia estructural,
autoprovocada en connivencia con el Fondo y no de iliquidez transitoria.
En esta perspectiva, seguir en este curso de acción lleva a resignar prioridades sociales y de
crecimiento económico. No es difícil prever un sendero tortuoso como el impuesto a Grecia,
o el fuerte recorte del gasto público en el Ecuador, o la inagotable sucesión de crisis en Egipto,
o en estos días el propósito de imponer mayores impuestos regresivos al pueblo de Colombia.
Todo ello promovido y aprobado por el FMI.


La realidad se impone: no se puede seguir manteniendo los pagos de una deuda pública que
no fue contraída para satisfacer necesidades del pueblo ni del país, que no sirvió para
construir hospitales, puentes o escuelas o recuperar la infraestructura, sino para enriquecer
al puñado de poderosos que consumó la fuga de capitales que el préstamo del FMI financió
y consintió con pleno conocimiento de su malversada utilización. Así lo demuestra
acabadamente el estudio “Formación de Activos Externos 2015-2019” (3), que realizó el
Banco Central de la República Argentina, y la acción posterior de la Oficina Anticorrupción.
Consideramos indispensable que se complete la auditoría y, ya con evidencias puntuales,
extender las querellas a los responsables, para que pueda plantearse el levantamiento de
secretos bancarios y societarios, tanto a nivel nacional como internacional. Para que se pueda
poner al descubierto y conocer cómo se concertaron esas operaciones y quiénes son las
personas físicas y jurídicas comprometidas, y que sean ellos, los verdaderos beneficiaros del
endeudamiento con el FMI, quienes devuelvan esos fondos.


En este sentido, entendemos necesario exigir al FMI y otros organismos internacionales que
brinden todo el apoyo para continuar con las investigaciones, determinar y diferenciar deuda
legítima de ilegítima y que colaboren en encontrar y restituir los fondos fugados del país.
Si alguien debe pagar, que sean los jugadores especulativos devolviendo el dinero y los
funcionarios de entonces, solventando con su patrimonio las irregularidades cometidas, para
que el pago no sea a costa del pueblo trabajador, de la salud de los argentinos, de los
jubilados, los maestros, los necesitados.


Es insoslayable que el FMI modifique radicalmente sus criterios y estructuras de préstamos
en el marco de un cambio imprescindible de la arquitectura financiera internacional que
reclaman la mayoría de los países del mundo, tal como lo reflejó la aprobación en la Asamblea
General de las Naciones Unidas de la resolución de setiembre 2015 “Principios Básicos de
los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana”(4).


En ese rumbo, resulta imprescindible, avanzar en efectivizar la vigencia plena de ésta, como
así también es insoslayable que frente a la grave situación creada a la Argentina por
enfoques equivocados e inaceptables injerencias en su política interna, el FMI adopte
flexibilidades que prevean que el repago del préstamo mal concedido se haga sin afectar la
calidad de vida, ni la posibilidad de desarrollo, ni la irrestricta autonomía del gobierno
argentino para disponer de su política económica.
El FMI debería no sólo adoptar un plazo en el que sea posible acotar el servicio de deuda del
país, sino que sería justo que reconozca una quita de capital, a manera de compensación por
las faltas cometidas en el otorgamiento del préstamo, sin desmedro de las consecuencias
fácticas en que pueda derivar la auditoría.


El caso argentino no es uno más, sino que constituye una bisagra de fin de época. El FMI es
un organismo que no debería fomentar ni planes de ajuste ni modelos económicos que
condicionen los derechos políticos de las ciudadanías a darse sus proyectos económicos, ni
los derechos sociales de los sectores vulnerables de las economías periféricas.
Tal como fuera ya señalado al FMI “parafraseando al ex Secretario del Tesoro de los EEUU,
Paul O ́Neill, que, durante la crisis de la convertibilidad del 2001/02 supo decir que “los
plomeros y carpinteros de los EEUU no deberían pagar la irresponsabilidad de quienes
prestaron fondos a la Argentina sin tomar los recaudos pertinentes”, hoy podríamos afirmar
que los trabajadores de Argentina no deberían ser los perjudicados por la devolución de los
préstamos del Fondo”(5).


Actualmente, y en medio de la crisis pandémica global, los países del G-20 han propuesto
que el FMI realice una emisión de Derechos Especiales de Giro por un monto equivalente a
650.000 millones de dólares, que se distribuiría de acuerdo a la participación societaria de los
países-miembro, previéndose que a Argentina le corresponderían unos 4.350 millones de
dólares. Estos fondos no deberían ser utilizados para sostener la regresividad financiera,
pagando deuda a países ricos que no lo necesitan. Deben ser destinados a la salud,
educación, vivienda, trabajo, reducción de la pobreza e indigencia, y no al pago de la deuda
por capital e intereses o gastos que el país mantiene con este organismo o el Club de París.
Así lo señala también el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado
argentino (6) y el de legisladores del Partido Demócrata en el Congreso de EEUU (7).


No se nos escapa que el FMI se suma así a la política de la administración del presidente
estadounidense Joe Biden de expandir la masa monetaria. Pero también lo hace para evitar
la suspensión o condonación de pagos que han sido propuestos en varios foros
internacionales y evitar así la necesaria y urgente reforma del sistema financiero internacional.
Sostenemos el criterio enunciado por el bloque de Senadores oficialistas en el Proyecto de
Declaración recientemente presentado donde se señala que esos recursos deben destinarse
a compensar los impactos negativos de la pandemia y no al pago de las deudas (8).
En el marco de la actual situación de crecimiento desmesurado de las deudas soberanas,
especialmente en nuestra América Latina, siendo Argentina “un caso testigo”, es
indispensable trazar una política exterior que tienda a fortalecer lazos para lanzar e impulsar
una campaña internacional de esclarecimiento de la situación del endeudamiento de los
países periféricos y proponer alternativas y acciones conjuntas para impulsarlas.
El mundo, no solo Argentina, se encuentra ante una crisis excepcional que requiere
respuestas acordes a las prioridades de una emergencia sanitaria, social y económica inédita
y no que profundicen aún más los enormes e injustificables desequilibrios que ya padece la
humanidad.


El presente y el futuro están en juego.


Buenos Aires, 25 de Mayo 2021


Raúl Zaffaroni (Ex Juez CSJ) – Fernanda Vallejos (Dip. Nac), Pablo Moyano (Sec. Gral. Adjunto
Camioneros) – Héctor Daer (Sec. Gral. CGT) – Hugo Yasky (Sec. Gral. CTA) – Pablo Micheli (Dirigente
CTAA) – Guillermo Moretti (Vicepresidente UIA) – Andrés Gallardo (Pte. Comité Panamericano de
Juezas y Jueces por los Derechos Económicos y Sociales y la Doctrina Fransciscana), Víctor Hugo Morales (Periodista) – María Teresa García (Ministra de Gobierno, PBA), Gustavo Melella (Gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) – Gildo Insfran (Gobernador de Formosa) – Felisa Miceli (Ex-ministra de Economía) – Amado Boudou (Ex Vicepresidente) – Alejandro Rofman
(Economista, Plan Fénix), Norberto Galasso (historiador) – Horacio González (Sociólogo) – Jorge
Alemán (Psicólogo) – Miguel Ángel Estrella (Pianista) – Rita Cortese (Actriz) – Liliana Herrero
(Cantante) – Mario Secco (Intendente Ensenada) – Stella Calloni (Periodista) – Sonia Alesso (Sec.
Gral CTERA) – Roberto Baradel (Sec.Gral. SUTEBA) – Atilio Borón (Sociólogo) – Ricardo Forster
(Filósofo) – Rafael Bielsa (ex-Mtro. Relaciones Exteriores) – Hugo “Cachorro” Godoy (Sec.Gral. ATE) –
Juan Ramos Padilla (Juez) – Eduardo Barcesat (Constitucionalista) – Mario Kestelboim (Ex Decano
Facultad de Derecho UBA) – Jorge Cholvis (Constitucionalista) – Hector Amichetti (Sec. Gral.
Federación Gráfica Bonaerense, CFT) – Daniel Catalano (ATE Capital) – Eduardo López (Sec. Gral. CTA
Ciudad) – Pedro Peretti (Agrupación Grito de Alcorta) – Marcelo Figueras (Escritor) – Mempo
Giardinelli (Escritor, Periodista) – Mónica Peralta Ramos (Socióloga) – Angélica Graciano (Sec.
Gral. UTE) – Roberto “Beto” Pianelli (Sec. Gral.AGTSyP /Metrodelegados) – Ricardo Peidró (CTAAutónoma)
– Adriana Aredez (Madres de Plaza de Mayo LF) – José Schulman (Pte. Liga Argentina por
los Derechos Humanos) – Víctor Carricarte (Sec. Asoc. Empleados de Farmacia) – Víctor de Gennaro
(dirigente gremial y social) – Eduardo De la Serna (Sacerdote, Opción Popular por los Pobres) –
Francisco “Paco” Oliveira (Sacerdote, Grupo de Opción Popular por los Pobres) – Guillermo Prein
(Pastor, Presidente Fundación Centro Cristiano Nueva Vida) – Ricardo Nissen (Inspector Gral. de Justicia) –
Lucía Corpacci (Dip. Nac.) – Itaí Hagman (Dip. Nac.) – Juan Carlos Alderete (Dip. Nac.) – Sergio
Leavy (senador nacional) – Héctor “Gallego” Fernández (Dip. Nac.) – Carolina Moisés (Dip. Nac.)
– Liliana Schwindt (Dip. Nac.) – Marcelo Koening (Dip. Nac.) – Verónica Caliva (Dip. Nac.) –
Milagro Sala (Dirigente Social) – Alicia Castro (Ex Embajadora en Venezuela y Reino Unido) – Jorge
Elbaum (Llamamiento Argentino-Judío) – Juliana Di Tullio (Directora BAPRO) – Hugo Chumbita
(Historiador) – Horacio Ghilini (SADOP) – Roberto Feletti (Ex viceministro de Economía) – Guillermo
Wierzba (director BNA) – Roberto Marquínez (Pte. Confederación General Económica) – Raúl Hutín
(Directivo de la Fundación Pro Tejer) – Daniel Rosato (IPA) – Eduardo Garzón (Economista, U.
Complutense de Madrid) – Jorge Fonseca (Economista, U. Complutense de Madrid) – Carola Iñiguez (Ex
subsecretaria Asuntos Multilaterales, Ecuador) – Pablo Iturraulde (Director Centro de Derechos
Económicos y Sociales, Ecuador) – Gabriela Piovano (Infectóloga) – Jorge Rachid (Sanitarista) –
Sandra Russo (Periodista) – Carlos Caramello (Periodista) – Noemí Brenta (Economista), María
Seoane (Periodista) – Arnaldo Dubin (Médico Intensivista) – Gina Godoy (Ex asambleísta, Ecuador) –
Jorge Marchini (Economista) – Jaime Sorín (Decano Arquitectura, UNDAV), Ernesto Villanueva
(Rector, UNAJ) – Hugo Andrade (Rector, UNAM) – Fabián Calderón (Rector, Univ. Nac. La Rioja) –
Roberto Tassara (Rector, Universidad Nacional del Centro Bs.As.) – Ana Jaramillo (Rectora,
Universidad Nacional de Lanús) – Hector Aisa (Rector, Universidad Tecnológica Nacional) – Diego Molea
(Rector, Universidad Nacional de Lomas de Zamora) – Luis Negretti (Rector, Universidad Nacional de Villa
María) – Roberto Rovere (Rector UNRC), Juan Carlos De Bello (Rector UNRN), Ricardo Harnawi (
Decano de Humanidades, UNDAV) – Javier Araujo (Decano FADENA), Oscar Fernández (Ex Director
Instituto Balseiro) – Eduardo Anguita (Periodista)- Daniel Martínez (Rector de la Universidad de La
Matanza) – Ricardo Rouvier (Sociólogo) – Pedro Biscay (ex-Director – BCRA) – Claudio Lozano
(Economista, Director BNA) – Juan Pablo Olsson (Coordinador Internacional Progresista, Argentina) –
Mario Lozano (Virólogo Molecular) – Luis D’ Elía (Maestro) – Daniel Yofra (Sec. Gral. Federación
Trabajadores Aceiteros) – Miguel Fernández Pastor (Abogado Previsional) – Luis Arias (Jurista) – José
“Pepe” Sbatella (ex-Pte. Unidad de Información Financiera, UIF) – Marisa Duarte (Pta. IADE) – Ricardo
Aronskind (Economista) – Horacio Rovelli (Economista) – Andrés Asiaín (Economista) – Guido
Forcieri (Economista) – Juan Enrique (Economista-Periodista) – Matías Cremonte (Vice-Pte. Asoc.
Latinoamericana de Abogados Laboralistas) – Claudio Castelli (UIF) – Débora Giorgi (Ex Ministra de
Industria) – Ricardo Koss (Tributarista) – Carlos Valle (Pte. Confederación General de Jubilados y
Pensionados) – Juan Ciolli (Vpte. CEEN) – Mario Derch (Presidente Confederación General de la
Industria) – Andrés Nikitiuk (Sec. Gral. CGT, Regional Quilmes, Berazategui, F. Varela) – Federico
Montero (Sec.Gral. FEDUBA- CONADU) – Jorge Thierbach (Sec. Gral. Adjunto FGB) – Hugo Orina
(Sec. Gral. Sindicato Saneamiento y Medio Ambiente) – Fernando Braga Menéndez (Publicista) –
Milagros Barbieri (Subsecretaria de Pequeños y Medianos Productores) – Mariano Pinedo (Abogado)

  • Liliana Mazure (Dip. Nac. M.C.) – Juliana Marino (Ex embajadora en Cuba) – Mariano Beristain
    (Periodista) – Sandra Russo (Periodista) – Mabel Di Leo (Ex Delegada rama Femenina) – Verónica
    Mercado (Dip. Nac. M.C.) – Quito Aragón (Corriente M. Fierro) – Ángel Strapazzon (MOCASE) – José Campagnoli (Dip. Nac. M.C.) – Jimmy Herrera (Compositor) – Liliana López Foresi (Periodista) –
    Jorge Cholvis (constitucionalista) – Hugo Barcia (Escritor, Periodista) – Gabriel Mariotto (Ex
    vicegobernador PBA) – Eduardo Di Cola (Dip. Nac. M.C.) – Luisa Valmaggia (periodista) – Juan Carlos Manoukian (Editor) – Ricardo Gené (Neumonólogo) – Martina Cirimele (Directora CIPCE) – PabloTigani (Economista) – Carlos Cleri (Economista) – Estanislao Malic (Economista) – Agustín D’Atellis(Economista, Periodista) – Martín Mangas (Economista) – Alejandro López Acotto (Investigador) –
    Leon Pomer (Historiador), Alejandro “Coco” Garfagnini (Frente Milagro Sala) – Matías Strasorier
    (Corriente Agraria Nacional y Popular) – Federico Tonarelli (Pte. Federación Cooperativas FACTA) – Carla Gudensi (Sec. Gral. Federación de Trabajadores de Prensa) – Aurelio Narvaja (Editor) – Raúl Noro (Periodista) – Adrián Falco (Fundación SES) – Julio Fernández Baraibar (escritor) – Pablo Martínez Sameck – Norberto Alayón (Sociólogo) – Carlos Juliá (Abogado) – Christian Miño (Pte. CNRT) – Néstor Piccone (Periodista) – Víctor Ramos ( Peronismo para Todos) – José Cárcamo (Economista) – Fernando Porta (Economista) – Víctor Portnoy – Carlos Schmerkin (Editor, Francia) – Aurelio Narvaja (Editor) – Hernán Bergstein (Economista) – Adolfo Farías (MOCASE) – Ricardo Rotztein (Economista) – Federico Vaccarezza (Mg. Relaciones Internacionales) – Graciela Orfeo (Economista)
    – Jorge Molinero (Economista) – Carlos Pafundo (Economista) – Arnaud Iribarne (Tributarista) –
    Daniela Bambill (Pta. Instituto Independencia) – Mariana Vázquez – Claudio Capuano (Cátedra
    catedra de salud y DDHH) – Ariel Garbarz – Deolinda Carrizo (MOCASE) – Alicia Rotela – Esther
    Córdoba (Pte. Fundación Música Esperanza), Alejandra Dixon, Marcelo Ruiz (Matemático) –
    Alejandro Mosquera (Director Instituto Estudios y Formación para la Igualdad) – Vicente Zito Lima
    (Escritor) – Moisés Solorza, Virginia Franganillo (Política) – Irma Parentella – Judith Said (Área
    DD.HH, Instituto Patria) – Rubén Delfini (Economista) – Carlos Luis Elías (Agrupación Celeste SUTECBA)
  • José Muchnik (Antropólogo) – Elina Malamud (escritora) – Lucía Capozzo (Periodista) – Enrique
    Fossati – Juan Manuel Labanca (Economista) – Raul Ruiz Huidobro (Miembro Consejo Consultivo
    INAES) – Graciela Dragoski (académica) – Emma Le Bozec (escritora, poeta) – Oscar Rovito (Actor)
  • Mónica Pirri (CEIECS) – Martín Adorno (Director Cinematográfico) – Damián Marino (Investigador
    Ambiental)- Úrsula Asta (Periodista) – Miguel Brenner (Educador) – Andrés Ruggeri (Antropólogo)
  • Ignacio Ivancich (Político) – Luisa Vivanco (Psicóloga) – Jorg Drkos ( Dip. Nac. M.C.) – Andrea
    Medina (Cátedra Libre Poder Económico y DD.HH.) – Laura Fuxman (Economista) – Héctor Sosa
    (Periodista) – Daniel Dussex (Periodista) – Luis Soria (Periodista) – Gustavo Porcel (Médico) –
    Horacio Chique (Consejal Moreno)- Lindo Iacommini (Editor) – Jorge Carpio (dirigente social) –
    Alejo Brignole (Escritor) – Lucrecia Monteagudo – Diego Szutulwark (Sociólogo) – José
    Deslarmes (Asamblea Permanente por el Derecho a la Salud) – Mario Volpe (Vicedirector Instituto de Políticas Soberanas Malvinas, UNLP) – Rocco Carbone (Escritor) – Ramiro Lascano (Prof. Tit. Fisiología Vegetal, UNC) – Marta Lovell (Psicolanalista) – Miguel Mazzeo (Historiador) – Cristina Alonso (Economista) – Viviana Vega (Psicóloga) – Carlos Magdalena (Neurólogo) – Juan Alarcón (Abogado) Paula Klachko (coordinadora Red-H) – Clelia Isasmendi – Gerardo Codina (Pres. SOS Buenos Aires)
    – César Crocitta (Economista) – Carlos Martínez (Empresario, CEEN) – Eduardo Ferreyra – Bárbara
    Alegre (Presidenta Acción Comunitaria Asociación Civil) – Bárbara Pohorecky (Presidenta Arte Nenes Asociación Civil) – Mónica Aravena (Presidenta Mutual de la Gente Nueva Vida) – Francisco Juarez (Presidente El Tipográfico Asociación Civil) – Lorena Beatriz Palazetti (Pastora, Presidenta Iglesia Centro Cristiano Nueva Vida Mendoza) – Marcela Mercedes Mercuri (Presidenta Asociación Civil Rock and Vida) -Alberto Jorge Salas (Pastor, Presidente Iglesia Centro Cristiano Nueva Vida San Luis) – Natalia Griselda Jin (Presidenta Asociación Civil para la prevención y asistencia de las adicciones) – Walter Gustavo Bornices (Pastor, Presidente Iglesia Centro Cristiano Nueva Vida San Juan) – Alberto Perez Mendez (Pastor, Presidente Iglesia Centro Cristiano Nueva Vida Tierra del Fuego) – Erica Volpe Lastra (Pastora, Presidenta iglesia Centro Cristiano Nueva Vida Pinamar) – Alicia Gruppi (Pastora, Presidenta Iglesia Centro Cristiano Nueva Vida Partido de la Costa) – Jorge Néstor Maradei (Pastor, Presidente Iglesia Centro Cristiano Nueva Vida Mar del Plata) – Carlos Augusto Volpe Lastra (Pastor General Centro Cristiano Nueva Vida) – Mónica
    Urquiza (Pastora, Presidenta Iglesia Centro Cristiano Nueva Vida) – Blas Colaccino (Director Rock and Vida)
  • Tomás Luján – Carlos Girotti ( Sec. Comunicación CTA) – Hernán Cariddi (Politólogo) – Alejo
    Lipsich – Pedro Cazes – Isaac GroBer – Susana Checa – Vicente Battista – Jorge Testero –
    Flora Hiller – Ilda Lucchini – Américo Cristófalo – Ana Lorenzo – Silvio Schneck – Jorge
    Bernetti – Eduardo Gurucharri – Juan José Salinas – Viviana Vega – Roberto Bonetti – Carla
    Wainsztok – Tomás Pérez Bodria (Abogado) – Siguen las firmas…

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