El Salvador. Cruzando la línea del orden Constitucional

Por Yanira Cortez Estévez. Resumen Latinoamericano, 23 de mayo de 2021.

El Salvador vive una crisis democrática y política -un verdadero golpe de Estado- la más profunda luego de la Firma de los Acuerdos de Paz de 1992.

El 1 de mayo del presente año, tomó posesión la nueva Asamblea Legislativa dominada por el partido Nuevas Ideas del Presidente Nayib Bukele. A pocas horas de instalada la primera sesión plenaria, sin procedimiento previo, sin cumplimiento de precedentes jurisprudenciales y, sin la deliberación exigida por la Constitución de la República y las leyes secundarias, 64 diputados y diputadas (pertenecientes a la bancada oficialista y sus aliados) con dispensa de trámite, votaron por la destitución de cinco magistrados y magistradas propietarias y cuatro suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia – máximo órgano de control constitucional– procediéndose a la imposición de nuevos funcionarios, quienes han sido señalados de vínculos con el Ejecutivo, sin ofrecer ninguna garantía de independencia en sus decisiones.

Antes de finalizar esa primera Sesión Plenaria y al filo de la media noche, se destituyó al Fiscal General de la República y se impuso un nuevo Fiscal, procedimiento que se destaca por las mismas irregularidades antes señaladas.

Actos que han violentado de manera clara la Constitución y las leyes secundarias, rompiéndose el orden constitucional y colocando en grave riesgo al país y a nuestra ya frágil democracia.

En una acción de total legalidad, como han sostenido expertos constitucionalistas, la Sala de lo Constitucional, antes de que finalizara la sesión plenaria, emitió una sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la decisión legislativa que los había destituido, bajo el fundamento de ser ilegal. Como era de esperar esta no fue acatada por la Nueva Asamblea. Sorprendentemente no pasaron 24 horas desde la destitución cuando se conoció de las renuncias de 4 de los 5 magistrados destituidos; todas con un mismo fundamento, “razones familiares y personales diversas”. Lo que fue interpretado de no ser un acto espontáneo, sino de obedecer a fuertes presiones y hasta amenazas. Una situación sin precedentes en la historia reciente.

Lo anterior no fue un hecho aislado, fue precedido por otras decisiones – no menos graves-. En la segunda sesión plenaria, se otorgó inmunidad a funcionarios del Gobierno y a las empresas involucradas en compras irregulares durante la pandemia COVID-19. Esta ley declara a la pandemia como un asunto de interés público, con efecto retroactivo, lo que significa que todos los procesos que involucren compras y contrataciones realizadas desde que inició la pandemia, marzo de 2020, no podrán ser investigados y por tanto nadie podrá ser procesado si es señalado o señalada por actos de corrupción por el mal manejo de fondos públicos en el marco de dicho contexto, incluyendo a su principal promotor, el Ministro de Salud.

Lejos de lo peligroso que implica los efectos de esta ley, lo cierto es que no responde a criterios éticos ni transparentes, justamente porque la bandera de campaña que ondeaban estos nuevos legisladores, era su compromiso precisamente con estos principios de buen gobierno y con la rendición de cuentas, “no seremos como los mismos de siempre”, decían. La gente cansada de observar tanto despilfarro y corrupción en ese Órgano de Estado, les ha creído. Aunque, quizás, si nos detenemos a reflexionar, si hubo un atisbo de “honestidad” por tales legisladores, ya que por lo actuado hasta ahora lo que se alcanza a observar es que, efectivamente, no son como los mismos de siempre, son peores. Aunado a lo anterior, la réplica que hace cada vez el Presidente de la República- quien goza de una gran simpatía- al presentar estas acciones como urgentes, buenas y necesarias hace que sus seguidores las aplaudan, sin meditar o lo que es peor sin cuestionar. Y aquél o aquella que se atreva a hacerlo, le espera un seguro linchamiento mediático.

La esperanza es que el tiempo haga lo suyo. Y que antes de llegar a una situación incontrolable como ya lo viven y vivieron países hermanos, los y las salvadoreñas entiendan las consecuencias de estas acciones en sus vidas presentes y futuras y pidan, exijan se reviertan. Por el bien de todos y todas. Ojalá esto se materializara antes de llegar al límite y se advirtiera que la impunidad, la falta de trasparencia, los obstáculos a la participación ciudadana, la opacidad y el abuso de poder, entre otros males, son los catalizadores de una corrupción estructural; un hoyo del cual será difícil salir, como ya ha pasado en algunos países vecinos.

Es por ello que, reflexionar sobre la gravedad de estas decisiones, no debe quedar reducida únicamente a la imposibilidad que se cierne de perseguir actos de corrupción, sino de sus efectos expansivos que van más allá, que impactan de manera negativa y severa las formas de vida, especialmente de aquellas personas que se quedan siempre en la última fila, las y los que siempre se han dejado atrás.

Así, El Salvador se va ahogando en cada sesión plenaria convocada por la Nueva Asamblea, ya que los sellos característicos de sus decisiones tienen un común denominador, no cumplir con el proceso de formación de ley exigido por la Constitución y por su propio reglamento interior. Logrando consolidar y concentrar el poder en una sola persona y que nos deja claro lo brutal que pueden llegar hacer la toma de decisiones cuando la misión es únicamente garantizar el poder absoluto.

Afortunadamente, la sociedad civil organizada y la comunidad internacional no dudaron en salir a condenar estos hechos de manera inmediata, y los calificaron como un verdadero golpe de Estado. Se ha perdido las garantías de defensa y de protección de nuestros derechos, fue uno de los señalamientos que hicieron de manera contundentemente. Recientemente, un grupo de organizaciones ha propuesto como una de las soluciones a esta crisis democrática y política que, en el marco de las obligaciones y compromisos internacionales los países que cuentan con iniciativa soliciten la convocatoria inmediata del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que activen el procedimiento previsto en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Nada más necesario y urgente.

Esto último, solo evidencia el elevado nivel de preocupación por parte de la sociedad civil que vaticina las enormes consecuencias de lo acontecido en El Salvador en los primeros días del mes de mayo, y de sus efectos expansivos. Una enorme preocupación que es legítima partiendo que no hay simpleza en lo que vivimos, pues no se está actuando con medias tintas, bajo el concepto que el pueblo le ha dotado de poder para realizar los cambios necesarios – se está cruzando la línea- y, de no revertir el daño causado y seguir con este proyecto, no habrá garantía de retorno.

Es decir, esto va más allá. No estamos frente a hechos aislados, estos responden a un proyecto en el que primero se ataca y anula al sistema judicial uno de los principales pilares de la democracia. Es por eso que, lo actuado hasta ahora nos debe de conminar a todos y todas a no verlo con ligereza; el cambio de funcionarios, las corazas legales impuestas para tapar la corrupción, son solo la advertencia que se continuará con aquella historia nefasta – ya vivida- donde las necesidades básicas de la población no están en el centro de las preocupaciones de los que tienen las riendas de nuestro destino y ya conocemos su desenlace. Se trata, por tanto, de algo más profundo, el inicio de la destrucción de nuestra joven institucionalidad democrática que tanto ha costado construir en este pequeño país, sin muchos recursos y en donde las desigualdades son tan evidentes que llevar el alimento a la mesa de una familia es una lucha cotidiana y la que más importa.

La población salvadoreña anhelamos la tranquilidad, vivir en paz. Esto solo se logra si hay respeto las reglas de convivencia que permitan tutelar nuestras garantías. A pesar que una gran parte de la población no alcanza a comprender lo vivido en estos últimos días, estoy segura que coinciden conmigo en que luego de una guerra inmisericorde que hemos sufrido, de la actual violencia social que carcome nuestras entrañas, de la migración que nos separa de los seres más amados, del impacto de los fenómenos naturales que incrementados por la ausencia de una gobernanza ambiental degrada de forma brutal nuestras tierras, el agua y con ello la sostenibilidad de la vida, empeorado por los efectos de la pandemia; lo que queremos y deseamos es que los/as gobernantes piensen y busquen soluciones duraderas a estos problemas que nos laceran en lo más profundo. Como también estoy segura que en lo más profundo de nuestras mentes y corazones esperamos y confiamos que no se terminará de cruzar la línea y que recuperar nuestro Estado constitucional de derecho, es el único camino.

Por todo lo dicho, más que nunca se hace urgente que los pueblos del mundo vuelvan su mirada y nos acompañen para impedir se concrete la amenaza y la destrucción de nuestro sistema republicano y se evite así que se profundice el autoritarismo. Muchos y muchas, sin temor a equivocarme, pensamos que los cambios y transformaciones para fortalecer el Estado de derecho y asegurar los derechos humanos, son siempre necesarios; pero jamás serán los correctos, ni los deseados por la población si no se hacen en el marco del pleno respeto a las reglas del juego previamente establecidas, en los tiempos precisos y adecuados y lo más importante que sean únicamente por el bien del país, de las personas y de la naturaleza.

Este país y su gente ha sufrido demasiado, necesita de personas funcionarias buenas, honestas e intachables. Se vale soñar.

Foto: Protesta contra destitución de los magistrados el 2 de mayo de 2021, El Salvador. Crédito: Carolina Amaya

Fuente: El Salto