México. Feministas de Quintana Roo emprenden acciones legales contra Congreso local por no respetar DH de las mujeres

Resumen Latinoamericano, 5 de mayo de 2021

Luego de que el Congreso de Quintana Roo rechazara despenalizar el aborto en la entidad, el Poder Judicial de la Federaciones analiza actualmente cuatro amparos presentados por las colectivas feministas para determinar si la decisión legislativa violó los Derechos Humanos de las mujeres.

El pasado 2 de marzo, la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo rechazó con 12 votos en contra y 8 a favor, el dictamen para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. La sesión durante la cual se tomo esta decisión legislativa tuvo de antesala la toma del Congreso por parte de los colectivos que integran la Red Feminista Quintanarroense, ausencias y otros actos de sabotaje por parte de varios diputados, criminalización y represalias contra las feministas, así como campañas de difamación promovidas por grupos autonominados “Provida”.

Ante la negativa de discutir el dictamen para la despenalización del aborto, las colectivas Feministas y mujeres organizadas de la sociedad civil de Quintata Roo interpusieron desde el pasado 4 de marzo cuatro amparos indirectos ante los Juzgados de Distrito de Chetumal.

En estos amparos, las feministas aseguraron que el desechamiento del dictamen por parte del Congreso local configuró varias violaciones a los DH de las mujeres, por lo que piden al Poder Judicial que obligue a las y los diputados a armonizar la legislación local (Constitución, Código Penal y Ley de Salud, todos del Estado) al principio pro persona, principio de interpretación conforme, control constitucional y convencional.

Los amparos fueron radicados y admitidos en los Juzgados primero y segundo de Distrito, bajo los números 187/2021, 188/2021, 189/2021 y 206/2021, por lo que se ordenó al Congreso local desde el pasado 26 y 29 de marzo rendir por escrito o por medios magnéticos, y en un plazo de 15 días, un informe justificado, es decir, en el que las y los diputados respondan a la demanda de amparo que interpusieron las feministas. 

Tras recibir el informe, el Poder Judicial deberá determinar si otorgará o no el amparo a las feministas. En caso de hacerlo, podrá ordenar al Congreso de QR hacer las adecuaciones legislativas solicitadas, como sucedió en Veracruz en 2020.

Una vez que esto suceda, las y los diputados podrían presentar un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado de Circuito, donde la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría atraer el caso por su relevancia y, eventualmente, discutir el tema. De esta forma, estará una vez más en manos del Máximo Tribunal de Justicia en este país el reconocimiento del derecho a decidir de las mujeres quintanarroenses. 

Actualmente, los juicios por los amparos que presentaron las feministas desde marzo pasado aún están en el proceso de entrega de informes justificados, lo que sigue es una audiencia constitucional y, posteriormente, se espera que los jueces dicten su resolución sobre si otorgan o no el amparo a las feministas. 

De acuerdo con la integrante de la Red Feminista Quintanorarrense, la abogada Yunitzilim Rodríguez Pedraza, con esta acción legal las feministas esperan hacer valer la garantía, protección y respeto a los DH, ya que es “inaudito que las y los legisladores pasen por encima del principio pro persona y crean que pueden anteponer su ideología, moral y poco alcance de información en materia de DH y género al momento de votar; que crean que los DH se sometan a consulta, que son negociables y que las mujeres van a seguir calladas”. 

“La intención es lograr que la justicia federal reconozca que las y los legisladores violentaron los DH de las mujeres al votar en contra del avance, de la progresividad, del reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que se reconozca que las mujeres que vivimos en otras entidades que no sean Ciudad de México y Oaxaca debemos tener los mismos derechos que las ciudadanas de esas entidades. No habemos ciudadanas de primera y de segunda”, explicó la defensora. 

FUENTE : CIMAC