El Salvador. El nuevo fiscal Rodolfo Delgado enfrenta un proceso por violencia intrafamiliar

Por Karen Moreno. Resumen latinoamericano, 5 de mayo de 2021.

Rodolfo Delgado, quien fue elegido como el nuevo fiscal general en un proceso irregular por la Asamblea Legislativa, dominada por Nuevas Ideas, tiene una denuncia y un proceso abierto por violencia intrafamiliar. Tras una elección exprés, los diputados pasaron por alto que no cumplía con el requiso de moralidad notoria. Abogados consultados por GatoEncerrado señalaron que a pesar de no estar condenado, el proceso en su contra es suficiente para considerar que incumple el requisito de moralidad notoria, que es exigido por la Constitución.

l nuevo fiscal general de la República, Rodolfo Antonio Delgado Montes, no solo fue elegido ilegalmente por la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, sino que también incumple con los requisitos para asumir el cargo, como la moralidad notoria. Delgado enfrenta un proceso por violencia intrafamiliar en el Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, de San Salvador, iniciado el 22 de febrero de este año, según constató GatoEncerrado en una resolución del caso.

Tras revisar la resolución, fuentes cercanas al caso confirmaron a esta revista que la audiencia preliminar fue realizada el 24 de marzo de este año, a las 9:00 de la mañana. En el desarrollo de esa audiencia se encontraron elementos suficientes para pasar el caso a la vista pública en el mismo tribunal, pero aún no hay fecha programada debido a diligencias que hacen falta. 

Extracto de resolución que indica las medidas de protección a favor de la víctima en el caso en el que está procesado el nuevo fiscal general Rodolfo Delgado.

A pesar de ese caso, este 1 mayo, sin pasar por un proceso de selección pública y sin corroborar su moralidad notoria, como lo ordena la Constitución en los artículos 192 y 176, la bancada de Nuevas Ideas y sus aliados Gana, PCN y PDC, eligieron a Delgado como el nuevo fiscal general, con 64 votos a favor. La elección fue de forma exprés e inmediatamente después de haber destituido al ahora exfiscal Raúl Melara, en la primera sesión plenaria de la legislatura 2021-2024.  

Los diputados de Nuevas Ideas no tomaron en cuenta que Delgado carece de moralidad notoria al tener un proceso abierto en su contra. La víctima del caso y su grupo familiar, además, por órdenes del juzgado gozan de medidas de protección debido a los hechos de violencia psicológica y económica que cometió Delgado, según consta en el acta al que esta revista tuvo acceso. El documento detalla que, después de haberse realizado un análisis de lo expuesto por la víctima, se observó “una relación de confianza y poder” ejercida por Delgado.

El artículo 7 de la Ley para Una Vida Libre de Violencia Contra las Mujeres (Leiv) establece que las relaciones de poder son caracterizadas “por la asimetría, el dominio y el control de una o varias personas sobre otra u otras”. La resolución del caso detalla que los hechos denunciados se adecúan a los tipos de violencia psicológica y económica, regulada en el artículo 3 de la Ley Contra la Violencia Intrafamiliar y en el artículo 9 de la Leiv, que define la violencia psicológica como “conducta directa o indirecta que ocasione daño emocional, disminuya la autoestima, perjudique o perturbe el sano desarrollo de la mujer”. La violencia económica es definida como “toda acción u omisión de la persona agresora, que afecta la supervivencia económica de la mujer, la cual se manifiesta a través de actos encaminados a limitar, controlar o impedir el ingreso de sus percepciones económicas”. 

Delgado, quien enfrenta este proceso de violencia intrafamiliar, se convirtió en el nuevo jefe de una Fiscalía que no logra llevar a los tribunales la mayoría de denuncias por violencia de género. GatoEncerrado reveló que, en 2020, ni siquiera el 1 % de las víctimas que interpusieron denuncias lograron que sus casos llegaran al sistema judicial. El 17 de marzo, después de publicada la investigación, la Fiscalía solicitó una entrevista con esta revista para corregir los datos de violencia, que según explicó estaban desactualizados. Pero a pesar de la modificación en los datos, las cifras de casos que ingresaron a los tribunales se quedó corta con un 36.7 %. 

Otra inconstitucionalidad 

Un abogado penalista, quien decidió no ser citado con su nombre por motivos de seguridad, dijo a GatoEncerrado que además de ser elegido irregularmente por la Asamblea Legislativa, el nombramiento como fiscal general de la República de Rodolfo Delgado es inconstitucional porque viola el requisito de moralidad notoria que exige la Constitución. 

“Si alguien tiene medidas de protección en su contra, que son a favor de las víctimas respectivas y su grupo familiar, carece del requisito de moralidad y competencia notoria. En este caso, son medidas de protección contra el que ha sido nombrado fiscal general”, dijo el abogado a esta revista. 

El penalista explicó que si bien todo el procedimiento para la elección de Delgado fue inconstitucional porque no se siguió el debido proceso, con este caso “se confirma todavía más el desastre respecto de la elección de segundo grado del cargo tan importante como fiscal general, por parte de esa mayoría calificada (de diputados de Nuevas Ideas)”.

El abogado también dijo que por la irregularidad en el proceso de la elección y por no cumplir con todos los requisitos, procede una demanda de inconstitucionalidad, a pesar de que lo más probable es que sea desestimada por los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes también fueron elegidos por la nueva Asamblea de forma ilegal, exprés y por afinidad con el gobierno de Nayib Bukele. El abogado consideró que a pesar de la posible desestimación de la demanda, la diligencia puede habilitar que la inconstitucionalidad llegue hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, de hecho, ya está dando seguimiento a la crisis política que ocurre en El Salvador por las destituciones y nombramientos ilegales de funcionarios.

Para el abogado, no debe restarse importancia a que se interponga una demanda de inconstitucionalidad porque la elección de Delgado “refleja la clase de perfil y la clase de persona que es”. El abogado cuestionó que no es posible que un agresor sea el jefe de una institución que debe buscar justicia para las víctimas de todo tipo de violencia. “¿Y cómo va a estar gerenciando una institución tan importante como la Fiscalía una persona que es agresiva, que es agresor de su propia familia? Una persona o abogados o los que van para funcionarios públicos deben tener limpio su expediente”, dijo.

El abogado explicó a GatoEncerrado que Delgado, incluso, podría influir en su propio caso, en el que es imputado o procesado por el delito de violencia intrafamiliar, a través del fiscal del caso o una persona dentro de ese contexto que se sienta intimidada por enfrentarse al fiscal general. “¿Y quién lo va a acusar? El subalterno de él. Por eso no debería ser el fiscal, en mi opinión”, añadió. 

¿Actos arbitrarios?

A pesar del caso por violencia intrafamiliar, el diputado de Nuevas Ideas, Rodrigo Ayala, aseguró que Rodolfo Delgado fue propuesto y elegido como fiscal general junto a los magistrados de la Sala de lo Constitucional después de un “análisis” hecho por los diputados del partido oficialista. 

“Se hizo un análisis previo a la hora de presentar estos nuevos perfiles, todos tienen una trayectoria que los respaldan”, dijo el diputado Ayala, en un programa televisivo de entrevistas matutinas. 

De acuerdo con el penalista consultado por esta revista, los diputados que eligieron a Delgado también pudieron incurrir en el delito de actos arbitrarios, contemplado en el artículo 320 del Código Penal, porque tuvieron que haberse cerciorado del proceso abierto que tiene por violencia intrafamiliar y tuvieron que haber pedido los informes respectivos al juzgado para evitar nombrar a una persona que no tiene moralidad notoria.

El abogado mencionó que, debido a que el fiscal general electo seguramente no abrirá una investigación en contra de su propio cargo, se podría disponer a su fiscal adjunto, como lo estipula el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Fiscalía, para seguir una investigación por actos arbitrarios en contra de los diputados. “Ahora, ya sabemos que va a seguir adelante y no habrá antejuicio en contra de ellos (los diputados de Nuevas Ideas, PCN Y PDC)  porque son la mayoría, pero sería bueno este ejercicio, porque así se evidencia que estamos en presencia de un imperio total”, analizó. 

Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, explicó a GatoEncerrado que el proceso para escoger a una fiscal general de la República está normado en el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, a partir del artículo 98. 

“60 días antes de vencerse el periodo del funcionario, la Asamblea hace una convocatoria pública para que todas las personas que reúnan los requisitos que establece la constitución para ser fiscal presenten su documentación y se postulen para el cargo. Es una convocatoria abierta y pública. No hay una restricción más allá de cumplir los requisitos constitucionales”, detalló Escobar.

Según el artículo 99 y 100 del reglamento, la comisión política de la Asamblea Legislativa lleva a cabo el proceso de selección o nombra una subcomisión, que es la que analiza el procedimiento, que resulta en una propuesta de dictamen con el listado de los candidatos que supuestamente reúnen los requisitos. 

En reiteradas ocasiones, los diputados y diputadas de legislaturas anteriores han obviado los requisitos que requiere la constitución y han escogido a funcionarios que tienen procesos abiertos, bajo el argumento de que no han sido condenados en juicio y por la presunción de inocencia. Sin embargo, este criterio no exime a los candidatos de cumplir el requisito de moralidad y competencia notoria. 

“Cuando decimos honradez notoria, nos referimos a que esa persona es honrada a toda prueba, que no hay el mínimo de posibilidad o el mínimo de espacio para que esta persona tenga una tacha por su moralidad. Cuando alguien tiene un proceso, aunque no esté condenado, ya pone en duda esa moralidad notoria. No digo que no pueden haber acusaciones o procesos falsos contra alguien solo para obstaculizar que lleguen a alcanzar un cargo (…) Si alguien tiene un proceso abierto, si bien no ha sido condenado, no hay que confundir con la elegibilidad (…) y hay posibilidad de que sea condenado”, aclaró Escobar, y coincidió con el abogado penalista en cuanto a que lo más probable es que el caso sea denegado en la nueva Sala de lo Constitucional, que también adolece de haber sido elegida irregularmente.

Delgado fue propuesto para el cargo de fiscal general por el diputado de Nuevas Ideas Jorge Castro, y su petición fue apoyada con 64 votos. Justificó la decisión de la bancada cian diciendo que “lo que se hizo no fue una elección, fue una destitución avalada por el artículo 186, que confirma que al destituirlos no es una elección, es una sustitución por el tiempo que le quedaba a los magistrados destituidos”, durante una entrevista en un programa de televisión de este 4 de mayo. 

Para Escobar, la sustitución de magistrados a la que hace referencia el diputado Castro es una figura que no existe jurídicamente ni en la Constitución ni en la ley. Sin embargo, en el caso de que un funcionario elegido por la Asamblea renuncie, sea destituido o muera, los diputados deben seguir el procedimiento establecido en los artículos del reglamento interno del Órgano Legislativo.

Conflicto de intereses

Delgado fue electo para el cargo después de que la nueva Asamblea Legislativa destituyó a Raúl Melara por tener vinculación con el partido Arena. Irónicamente, Delgado también tiene conflicto de intereses, ya que en 2020 ejerció la defensa legal del director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, funcionario del gobierno de Nayib Bukele, cuando fue acusado de incumplimiento de deberes, por negarse a llevar por apremio al ministro de Hacienda a la anterior Asamblea Legislativa para que rindiera cuentas por sus actuaciones en el contexto de la pandemia de COVID-19.

Rodolfo Delgado ejerció defensa legal del director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, en un proceso por incumplimiento de deberes. Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia.

De acuerdo con Delgado, el 1 de mayo, después de haber trabajado para el gobierno en la defensa legal del director de la policía, fue citado a la Asamblea Legislativa para asumir el cargo de fiscal general, tras haber sido propuesto por el partido oficialista Nuevas Ideas.

“A mí me avisan (de la propuesta para ser fiscal) cuando la pieza de correspondencia, en la cual me proponían para el cargo, estaba ingresando en la plenaria. En ese momento fue que se comunicaron conmigo y que me empezara a desplazar porque existía la posibilidad (de asumir el cargo). Luego de eso, se dio la votación nominal y pública”, declaró Delgado en un programa de entrevista televisiva, el pasado 3 de mayo por la mañana. 

En el mismo programa de televisión, detalló que ingresó a la Fiscalía como fiscal adscrito al Tribunal Primero de lo Penal de Sonsonate. Luego fue trasladado a San Vicente, a la unidad de delitos contra el menor y la mujer y crimen organizado, hasta que fue designado como asesor del exfiscal Douglas Meléndez, en 2016.

Antes de ser defensor particular, Delgado era asesor legal del despacho del fiscal general con un salario de $3,100 y trabajó en la Fiscalía desde el 18 de abril de 1995 hasta 2017, cuando renunció, según el portal de transparencia de la Fiscalía.

Foto principal: Emerson Flores

Fuente: Gato Encerrado

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