Estados Unidos. Los primeros cien días de Joe Biden

Por Geraldina Colotti,  Resumen Latinoamericano, 3 de mayo de 2021. 

En los primeros cien días del gobierno de Biden, los medios internacionales vieron el surgimiento de un «nuevo New Deal» y recordaron el «estilo» de Franklin Delano Roosevelt, quien gobernó durante cuatro períodos, desde 1933 hasta 1945, cuando murió repentinamente. Es desde los años de Roosevelt que, para los estadounidenses, la «tradición» de los cien días se ha considerado una especie de prueba de ingreso para evaluar la credibilidad de las nuevas administraciones.

En sus primeros cien días en el cargo, Obama había convencido al Congreso de su plan de recuperación de la crisis financiera de 2008, un capítulo más de la crisis estructural del capitalismo. Trump había marcado el giro ideológico xenófobo, de seguridad autoritaria y antiglobalización. Al igual que Roosevelt, Biden comenzó con una serie de decretos, aunque menos en número que el 32º presidente de los Estados Unidos, quien presentó 76 nuevas leyes para su aprobación por el Congreso y emitió 99 órdenes ejecutivas.

Su discurso al estilo keynesiano ha cautivado a los fanáticos del progresismo norteamericano. Vieron una política de reforma económica de la misma magnitud que el plan adoptado por Roosevelt para salir de la gran depresión que siguió a la crisis de 1929: la capacidad para regenerarse del capitalismo y restaurar la propulsión a la economía de una potencia en declive. Un plan que daría lugar a un ciclo similar al «nuevo curso» que, desde los años treinta, se prolongó hasta mediados de los setenta.

Pero ni el contexto internacional es similar al de 1933, ni lo es la fase económica, caracterizada por la crisis sistémica del capitalismo más avanzada, ni las relaciones de poder de la administración Biden permiten proyectos seguros y de largo plazo, considerando el peso de los republicanos en el Congreso y las fuerzas ondulantes de un sistema de lobby en el que también actúa el llamado «estado profundo». Ciertamente, como en la época de Roosevelt, Biden encontrará el apoyo del complejo militar-industrial, siendo la economía de guerra consustancial al sistema capitalista en todas sus modulaciones.

Ciertamente, se intenta prevenir posibles explosiones sociales en el país más desigual del mundo, que Trump había logrado mantener a raya con la consigna de «América primero». Una línea desmantelada por la crisis pandémica, en realidad comparable en tamaño a la de 1929. Y ciertamente se puede argumentar que, como en el siglo pasado la Unión Soviética estaba mostrando a las masas populares la posibilidad de romper sus cadenas, hoy existe la presencia de China, que muestra la superioridad y eficacia del socialismo incluso en diferentes condiciones.

Y queda que, entonces como ahora, el capitalismo norteamericano intenta incorporar, sumergiéndolos en su propio esquema, algunos elementos del socialismo para pasar a una nueva fase de acumulación capitalista. En este contexto, el supuesto New Deal de Biden se configura como una gigantesca operación de contención, así como una operación de maquillaje, que tiene como objetivo cooptar a los sectores populares en una renovada adhesión a la filosofía de la empresa, cuando es evidente que el el defecto radica, como se dice, en el mango.

Más allá de la retórica, de hecho, esta nueva operación tendrá como motor la economía de guerra (en formas antiguas o nuevas), dirigidas principalmente a los países del Sur, y el reajuste del consenso a la sociedad disciplinaria. Habrá un nuevo bombeo a la financiarización de la economía y una mayor concentración monopólica en detrimento de los pequeños, a través de la cual se recuperarán las migajas que, con la anunciada fiscalización de las grandes fortunas, se espera obtener.

En la globalización capitalista, donde el costo del trabajo se determina asimétricamente a nivel internacional, de hecho, los planes del Pentágono prevén el control imperialista de las economías de los países vasallos: a través de las grandes instituciones internacionales y a través del entrelazamiento económico-financiero que a menudo tiene en el centro los intereres del complejo militar-industrial, a desplegarse en aquellas zonas donde es más fácil instalar fábricas con alta explotación de mano de obra viva, y donde existen zonas económicas especiales sin control, como en Colombia u Honduras.

Sin embargo, cabe señalar que, incluso en este campo, los países vasallos siguen el camino de EE. UU. solo a la hora de aplicar recetas de guerra o de explotar a los sectores populares, pero no a la hora de poner en práctica algo que restablece, al menos en parte, todas las garantías que les han quitado a los trabajadores, en primer lugar a través de la plusvalía obtenida en los últimos años por las empresas y el robo masivo de grandes evasores fiscales.

Un ejemplo llamativo es la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Duque en Colombia que, nuevamente, roba a los pobres para dársela a los ricos, pretendiendo querer reequilibrar las finanzas públicas, de las que, sin embargo, las clases populares no recibirán retorno en cuanto a servicios públicos. En lugar de eliminar las exenciones que permitían al sector financiero pagar, en 2020, solo el 1,9% de las ganancias obtenidas (equivalente a 32.000 millones de dólares), aumentan el IVA para los pobres y los sectores bajos y medios.

Una decisión que puso en marcha una huelga general con connotaciones políticas contra el sistema colombiano, títere de Estados Unidos en la región, que libra una doble batalla: internamente, contra los sectores populares y la oposición de clases, externamente contra los gobiernos socialistas y progresistas de la región. Un enclave, el colombiano, que también es parte de la OTAN. El gobierno de Duque ha sido un partidario abierto de Trump, sin embargo, sea cual sea el color del gobierno gringo, como ocurre en Italia, se debe seguir las decisiones del jefe norteamericano.

En cualquier caso, sea cual sea el color del gobierno de Estados Unidos, la política exterior, en esencia, no cambia, especialmente hacia América Latina. Los países ricos en recursos estratégicos para esta nueva fase de acumulación capitalista caracterizada por la llamada «transición ecológica» serán de hecho un objetivo cada vez mayor. Los países que, como Venezuela, Bolivia, Nicaragua dibujan un multilateralismo no asimétrico, serán cada vez más blanco de los renovados empujes hegemónicos del gendarme norteamericano.

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