Chile. El perfil de los agentes del Estado formalizados por violaciones a los DD.HH. en el estallido social

IGNACIA VELASCO  / Resumen Latinoamericano, 3 de mayo de 2021

Foto de Alberto Arellano

Menos del 1% de las causas que lleva el Ministerio Público registra formalizaciones. Éstas involucran a 113 funcionarios de Carabineros, cuatro del Ejército y uno de la Armada. En su mayoría son hombres, la mitad tiene 30 años o menos y los casos se concentran en la Región Metropolitana. Además de las violaciones a los DD.HH., a lo menos 20 de ellos están siendo investigados por obstrucción a la justicia o falsificación de documentos en relación a las indagaciones.

La tarde del 18 de octubre de 2019 la actriz María Paz Grandjean estaba lista para salir a escena como la villana de La Pérgola de las Flores en el Centro GAM, pero las manifestaciones que tenían lugar en la Alameda obligaron a suspender la función. Era el día cero del estallido social. Al salir a la calle, Grandjean se sorprendió con un ambiente que era “un caos impensable que se tornaba aún más incomprensible debido a la fuerte presencia policial de Carabineros de Fuerzas Especiales que actuaban de manera violenta y amenazante”, según describiría después en su denuncia judicial.

Para irse a su casa, la actriz caminó hacia el oriente hasta la esquina de Alameda con Ramón Corvalán, donde la pilló el chorro de un carro lanza aguas. Al frente, algunas personas cortaban el tránsito y una de ellas lanzó un objeto contundente contra un “zorrillo” lanza gases de Carabineros.

María Paz Grandjean estaba parada en la calle, con poca gente alrededor, cuando un carabinero apuntó hacia la parte superior de su cuerpo y disparó su escopeta antidisturbios. La actriz sintió un golpe en la cara que la ensordeció. No vio el proyectil que la golpeó, pero sí el humo del arma percutida. Un perdigón había rozado su rostro, provocando un hematoma que por varios días le dejó la cara hinchada y desfigurada.

Por estos hechos –que están descritos en querellas presentadas por la actriz y por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)–, el pasado 27 de abril un capitán de carabineros fue formalizado por el delito de apremios ilegítimos. “El medio utilizado, una escopeta antidisturbios, aparece como desproporcionado. No existe ninguna justificación para el empleo del armamento utilizado en contra de la víctima”, dijo la jueza Marcia Figueroa, quien cuestionó que el imputado, jefe de una patrulla policial, no auxiliara a la actriz. La identidad del uniformado se mantiene en reserva, pues el tribunal no autorizó su publicidad.

Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía mostró pantallazos de un video captado por cámaras de la Municipalidad de Santiago, donde se aprecia cómo el funcionario de Fuerzas Especiales le disparó directo a la cara cuando la actriz se encontraba parada en la calle. Además del video, otros carabineros también identificaron al policía. El imputado quedó con arresto domiciliario nocturno, prohibición de acercarse a la víctima e impedido de usar armas de fuego durante los 120 días que dure la investigación.

El caso de María Paz Grandjean corresponde a la formalización más reciente contra un agente del Estado por delitos de violaciones a los derechos humanos. Tuvo lugar 18 meses después de que ocurrieran los hechos investigados. Según datos publicados por CIPER, hasta el 28 de enero de este año, la Fiscalía había iniciado 8.581 causas por hechos ocurridos entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020. Del total, 2.013 se cerraron por agrupaciones con otros procesos. De las 6.568 restantes, 2.744 quedaron archivadas provisionalmente por falta de pruebas o contacto con las víctimas; en 218 la Fiscalía decidió no perseverar y en 58 se optó por no iniciar una investigación. Es decir, 46% ya fueron terminadas sin formalizados.

En la cuenta anual del Ministerio Público, el fiscal nacional, Jorge Abbott, reconoció que ha sido difícil esclarecer estos casos, lo que atribuyó a que las personas investigadas son agentes del Estado que están encargados de perseguir los delitos, a que los hechos en general ocurrieron en contextos de manifestaciones masivas y a la falta de personal y recursos periciales en todas las regiones. Informó que desde el 18 de octubre de 2019 la entidad acumula un total de 56 causas formalizadas que involucran a 118 uniformados. La cifra representa menos del 1% de las causas iniciadas por el ente persecutor.

El Ministerio Público se negó a entregar la nómina de dichas causas, pero al menos 49 de estas se encuentran contenidas en la base de datos de Documenta. En ellas hay 104 agentes del Estado formalizados: 98 pertenecen a Carabineros, cinco al Ejército y uno a la Armada. Los resultados de la revisión también muestran que 101 imputados son hombres y sólo tres son mujeres. El 66% está formalizado por hechos ocurridos en la Región Metropolitana, seguida por Coquimbo y Bío Bío. Además, su edades están entre los 20 y 51 años y la mitad tiene 30 años o menos:

El imputado más joven es Roberto Cabrera, de 20 años, un carabinero de la 20ª Comisaría de Puente Alto que está en prisión preventiva por golpizas contra dos personas que el 28 de enero de 2020 se manifestaban en esa comuna por la muerte del barrista de Colo – Colo Jorge Mora, quien ese día fue atropellado por un camión de Carabineros afuera del Estadio Monumental. Durante la audiencia de formalización del caso, que se desarrolló el 8 febrero de 2020, la Fiscalía también formalizó a otros tres policías: Alexis Aspee, Ariel Ramírez y al cabo segundo Francisco Castillo.

La primera golpiza por parte de los funcionarios de la 20º Comisaría de Puente Alto ocurrió mientras Leonardo Sanhueza (25) participaba de una manifestación. Según la querella que presentó el INDH, increpó a los carabineros que se encontraban deteniendo a una menor de edad y en respuesta fue golpeado con bastones Isomer (lumas) y reducido por varios funcionarios. Sanhueza fue metido a la maleta de una patrulla, donde permaneció por cinco minutos. El momento en que lo encerraron fue captado por otro manifestante y se viralizó en redes sociales.

Posteriormente, los funcionarios lo trasladaron a la patrulla Eco Z-5868, donde continuaron golpeándolo insistentemente pese a que se quejaba de dolor en el costado izquierdo del cuerpo y le costaba respirar. En el vehículo, un carabinero le puso una pistola en la sien y le preguntó dónde quería el balazo, para luego golpearlo en el pecho con el arma de fuego. Según se relató en la audiencia de formalización del caso, producto de la agresión, Sanhueza resultó con fracturas costales múltiples y neumotórax –colapso en los pulmones– que le pudo haber provocado la muerte de no haber recibido tratamiento médico oportuno. Por estos hechos, Cabrera, Aspee, Ramírez y Castillo fueron formalizados por homicidio frustrado. La magistrada Carolina Toledo López ordenó su ingreso a prisión preventiva el 8 de febrero de 2020 por considerar que su libertad constituía un peligro para la sociedad.

Los mismos funcionarios participaron en otra golpiza al día siguiente (29 de enero de 2020). El afectado fue Matías Soto (18), estudiante de ingeniería a quien patearon y golpearon con lumas en su cuerpo y cabeza. La agresión fue registrada por una cámara de seguridad de una casa particular. Además, la víctima declaró a la Fiscalía que cuando decidieron terminar la golpiza, uno de los carabineros dijo “déjenlo, ya está muerto”. Producto de los golpes, Soto terminó con una costilla fracturada y otras policontusiones de carácter grave. Durante la misma audiencia de formalización por el caso de Sanhueza, los carabineros ya mencionados junto al cabo segundo Mauricio Melo fueron formalizados por apremios ilegítimos.

Luego de la revelación del video, Carabineros decidió remover de sus cargos a siete funcionarios y dos oficiales de la comisaría. La causa donde se investigan los casos de Matías Soto y Leonardo Sanhueza hasta el momento cuenta con siete formalizados. El último, formalizado en noviembre de 2020, es el subteniente Juan Pablo González, por un delito de tortura y dos de apremios ilegítimos. Además, los carabineros que inicialmente fueron imputados por homicidio frustrado tuvieron una reformalización por tortura en junio de 2020. En cuanto a las medidas cautelares, cuatro policías se mantienen en prisión preventiva, dos con arresto domiciliario (uno nocturno y otro total), y otro con prohibición de acercarse a la víctima.

CASOS RELACIONADOS

Estos casos no son los únicos donde hay agentes del Estado formalizados por más de una causa. Documenta detectó que en al menos otras 12 acciones judiciales los imputados fueron formalizados por delitos contra más de una víctima.

Uno de ellos es el ex capitán de la 2º Comisaría de Coquimbo Ricardo Luengo, quien fue formalizado por dos delitos de apremios ilegítimos y uno de tortura contra tres víctimas distintas en un mismo día (20 de octubre de 2019): un reportero al que Luengo agredió; un joven que grababa una detención y recibió un disparo del carabinero en la pierna; y un manifestante que fue golpeado por el funcionario. Por la última víctima, Luengo también enfrenta una investigación formalizada por detención ilegal, falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación. De acuerdo con el acta de formalización, el carabinero mintió en un parte policial diciendo que la víctima se había rehusado a un control de identidad y lo había golpeado en el rostro, información que la Fiscalía definió como “sustancialmente falsa” y por la que arrestaron a un joven de 23 años llamado Patricio Araya. Por todos los hechos, Luengo se encuentra en prisión preventiva desde el 14 de enero de 2020 (ver reportaje).

El mayor de Carabineros Humberto Tapia fue formalizado por disparar 11 perdigones por la espalda a un adolescente de 16 años.

Otro de los agentes del Estado que registra más de una causa por violaciones a los derechos humanos es el mayor de Carabineros Humberto Tapia. El 7 de diciembre de 2019 fue formalizado por apremios ilegítimos después de herir con perdigones a dos alumnas del Liceo 7 en el contexto de una toma en el establecimiento. A fines del mismo mes registró una nueva formalización por homicidio frustrado en contra de un adolescente de 16 años a quien le disparó 11 perdigones por la espalda el 19 de octubre de 2019 después de encontrarlo en la calle en horario de toque de queda. De los perdigones que hirieron a la víctima, tres quedaron incrustados en su pulmón y los médicos tuvieron que drenar 2 litros de sangre. Tapia estuvo tres meses en prisión preventiva por este caso, pero por una apelación, en marzo de 2020, la restricción se redujo a arresto domiciliario total.

Delitos y medidas cautelares

Apremios ilegítimos es el delito que ha generado mayor número de formalizaciones (55) según la base de datos de Documenta. En este grupo, la mayoría de las denuncias contra agentes del Estado son por golpes, disparos de perdigones o de armas de fuego durante las manifestaciones.

La tortura es el segundo delito con más formalizaciones (29), que se concentran en siete causas. La que tiene más funcionarios involucrados es la acción judicial por las agresiones a Moisés Órdenes, un pintor de 55 años que fue golpeado por un piquete de 13 funcionarios de Fuerzas Especiales durante una manifestación en Ñuñoa. Al igual que gran parte de los casos analizados, los registros audiovisuales de la golpiza fueron clave para la formalización. De los 13 carabineros, 11 están formalizados además por falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación por mentir en el parte policial y justificar la golpiza a la víctima. Según la versión que entregaron los carabineros en sus declaraciones, el afectado supuestamente los habría amenazado de muerte y ya estaba lesionado antes de ser golpeado. Ambas cuestiones resultaron ser falsas.

Son varias las formalizaciones que combinan violaciones a los derechos humanos con otros delitos como obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público. Documenta detectó que al menos 20 funcionarios están siendo indagados por alguno de esos delitos.

Otras causas que se repiten entre las formalizaciones son las lesiones graves y los abusos contra particulares.

De los 104 agentes del Estado que ya tienen investigaciones formalizadas, 42 están con medidas cautelares que implican algún tipo de arresto. La más común es el arresto domiciliario nocturno, que actualmente afecta a 17 funcionarios. Otros 13 se encuentran en prisión preventiva y la misma cantidad bajo arresto domiciliario total.

El resto de las medidas cautelares consisten en firmas mensuales, quincenales o semanales, además de prohibiciones de salir del país y acercarse a las víctimas. A menudo, las cautelares se combinan entre sí.

Actualmente los únicos dos funcionarios del Ejército que se encuentran en prisión preventiva son los imputados por los homicidios de Kevin Morgado (23) y Romario Veloz (26). Ambos fallecieron por disparos de armas de fuego durante los primeros días de la crisis social en la región de Coquimbo.

Las otras prisiones preventivas recaen en 13 funcionarios de Carabineros. Una de las más recientes se le impuso a tres policías que estuvieron involucrados en la golpiza a Mario Acuña (43), un obrero de Buin que la noche del 23 de octubre de 2019 asistió a una protesta junto a sus vecinos y recibió fuertes golpes en la cabeza por parte de un piquete de Carabineros que lo dejaron en estado vegetal. Otro funcionario en esta situación es el ex teniente Claudio Crespo, imputado como el responsable de disparar los perdigones que dejaron ciego a Gustavo Gatica.

Según el análisis realizado por Documenta, al menos 27 formalizados pasaron por prisión preventiva pero ganaron apelaciones para disminuir esta medida cautelar.

La responsabilidad de los altos mandos

El 19 de abril de este año, el equipo jurídico de Londres 38, la Asociación de Abogadas Feministas de Chile (Abofem) y el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (CED) presentaron dos querellas que, al igual que otras acciones judiciales, buscan establecer patrones de conducta en el accionar de Carabineros durante la crisis social y responsabilizar al mando de la institución por los hechos. En particular, se centran en el accionar de Carabineros durante octubre y noviembre de 2019 en Plaza Italia y en Maipú.

Los datos recopilados por Documenta muestran que entre los formalizados con rangos más altos hay dos coroneles de Carabineros, sin embargo, las denuncias en su contra son por hechos individuales y no corresponden a la sistematicidad que buscan revelar las acciones mencionadas.

Uno de los casos ocurrió el 19 de octubre de 2019 en Peñalolén. Según una querella del INDH, tres primos circulaban en un vehículo cerca de un saqueo en Los Presidentes y se detuvieron cuando advirtieron la presencia de dos patrullas de Carabineros con las balizas encendidas detrás de ellos. Las víctimas relataron que en ese momento sintieron dos disparos de perdigones que impactaron en la parte trasera de su auto. Enseguida, desde el lado de copiloto, divisaron a un carabinero que disparó perdigones. El afectado que estaba más cerca alcanzó a agacharse pero fue herido por tres proyectiles en el cuello, mientras el conductor recibió un impacto en su rodilla. Posteriormente, ambos fueron detenidos y trasladados a la 43º Comisaría de Peñalolén, donde denunciaron golpes por parte de los funcionarios de la institución.

El coronel de Carabineros Eduardo Witt fue formalizado en diciembre de 2020 por lesiones graves debido al disparo que impactó la rodilla de una de las víctimas, quien debió estar 90 días con licencia médica y hasta la fecha de ingreso de la querella del INDH (febrero de 2021) aún presentaba dificultades para caminar. El carabinero quedó con firma mensual y arraigo nacional por un plazo de 100 días de investigación.

Dos expertos consultados comentan que hace falta buscar más responsabilidades de los altos mandos.

Para la penalista y académica de la Universidad Católica María Elena Santibañez, “la teoría es que hay una cultura asociada a la falta de capacitación en el tema de manejo de la fuerza y en eso sí debería haber responsabilidades institucionales. De a poco se fueron cambiando los protocolos, pero creo que hay un tema institucional, porque no fueron casos aislados, fueron muchos casos con patrones comunes”.

La abogada advierte que tanto en las violaciones a los derechos humanos como en cualquier tipo de delito no todos los casos que se denuncien van poder ser formalizados, sobre todo si se están persiguiendo responsabilidades individuales. “Es difícil dar con la identidad de las personas y entregar antecedentes que permitan acreditar que hay delito. Muchas veces los fiscales investigan durante mucho tiempo y cuando no les queda casi nada por investigar, formalizan”, agrega.

Miguel Schurman, abogado y académico de la Universidad de Chile, concuerda en que es difícil resolver estos casos buscando responsabilidades individuales. “Cuando tengo a siete personas disparando al mismo tiempo y no se sabe quién hirió a quién, eso en derecho penal se resuelve diciendo que son todos coautores y se les imputa a todos juntos. Ese es un paso que no se ha hecho y también explica problema de fondo de las imputaciones”, concluye.

DE: documenta.labot.cl

FUENTE: Mapuexpress

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