Argentina. Resumen gremial. Movimientos sociales denuncian que el Gobierno recorta 50 mil puestos de trabajo en plena pandemia/ Reducir la jornada laboral: un debate actual con 135 años de historia/ Un nuevo Manifiesto por la Soberanía, el Trabajo y la Producción … (+info)

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Resumen Latinoamericano, 03 de mayo de 2021.

Con información propia y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal Abierto, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA y otras agencias.

Foto: archivo Prensa FOL

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Movimientos sociales denuncian que el Gobierno recorta 50 mil puestos de trabajo en plena pandemia

Organizaciones sociales realizarán una conferencia de prensa este martes 4 a las 12 frente al Obelisco porteño, para denunciar que el gobierno de Alberto Fernández «decidió recortar 50.000 programas de empleo, comprometiendo a miles familias desocupadas a las que les niega un ingreso elemental», por lo que advierten que eso las empujará a «retomar los planes de lucha para garantizar el alimento de miles de personas dejadas a la deriva». Además, sostienen que «la baja de los programas Potenciar Trabajo afectará centralmente a trabajadores y trabajadoras esenciales que vienen realizando tareas en comedores y merenderos, así como poniendo en funcionamiento cuadrillas de salud que acompañan a miles de familias en barrios y villas del país». Todo esto en un contexto de «un 42 % de la población por debajo de la línea de pobreza (más de 20 millones de pobres y 4,7 millones de indigentes) y con una desocupación real cercana al 20%», destacan. «Sin trabajo, sin alimentos y sin vacunas, no dejamos la calle y el derecho a reclamar», remarcan. Por ANRed.


Así lo anunció en un comunicado un sector de los movimientos sociales: «el Gobierno Nacional decidió recortar 50.000 programas de empleo comprometiendo a miles familias desocupadas a las que les niega un ingreso elemental, lo que nos llevara a retomar los planes de lucha para garantizar el alimento de miles de personas dejadas a la deriva», advirtieron, y anunciaron una conferencia de prensa este martes 4 de mayo desde las 12 frente al Obelisco porteño. «Sin trabajo, sin alimentos y sin vacunas, ¡no dejamos la calle y el derecho a reclamar!«, adelantaron.

«El presidente Alberto Fernández se dirigió al país el viernes pasado anunciando nuevas medidas de restricción a la circulación, al tiempo que describió la gravedad de la situación sanitaria que golpea el país, especialmente a los y las trabajadoras y los sectores populares afectados por la crisis social y económica. En paralelo a estas declaraciones y a pedir que la gente evite la circulación, el mismo gobierno decidió en las últimas horas recortar los programas de empleo a miles de familias desocupados de los barrios más empobrecidos del país. La razón de esta medida es ajustar los recursos como en otras áreas para pagar la deuda externa y los pagos inminentes de acreedores internacionales, tal como lo pide el FMI», sostienen.

Destacan que «el mismo recorte fue el que hizo que las organizaciones sociales a saliéramos a la calle semanas atrás y el que nos volverá a movilizar ya que no se puede pretender que 50 mil familias que no tienen nada deban afronten las restricciones sin la posibilidad de llevar un plato de comida a su casa».

En la misma línea, agregan: «la baja dispuesta de los programas Potenciar Trabajo afectará centralmente a trabajadores y trabajadoras esenciales que vienen realizando tareas en comedores y merenderos, así como poniendo en funcionamiento cuadrillas de salud que acompañan a miles de familias en barrios y villas del país. A su vez, muchos de estos casos son compañeras mujeres y disidencias que deben cargar sobre sus hombros responsabilidades de cuidado de toda una familia sufriendo la violencia en un doble carácter, ya sea por la falta de trabajo o superexplotación o por las prácticas machistas y patriarcales que con la pandemia se han agravado».

«Estas decisiones gubernamentales van a contramano de la realidad que afronta el país y de la necesidad que vienen sufriendo los sectores más empobrecidos – amplian – Con un 42 % de la población por debajo de la línea de pobreza (más de 20 millones de pobres y 4,7 millones de indigentes) y con una desocupación real cercana al 20%, recortar programas del empleo representa un ajuste que difícilmente las familias acepten sin luchar. Sumado a esto, se le da el visto bueno a las empresas de servicios para que aumenten un 9% las tarifas eléctricas y la inflación mensual continúa comiéndose los pocos ingresos de los y las trabajadoras y se paga una enorme suma en intereses de una deuda ilegal e ilegítima que no contrajimos los trabajadores. Plata hay, lo que prima es un interés de clase en los ajustes que el gobierno viene haciendo contra los trabajadores, como lo muestran las luchas de la salud y otros por el salario», destacan.

Además, se refirieron al bajo salario mínimo, vital y móvil que se acordó días atrás en el Consejo del Salario: «a su vez, el gobierno nacional es el responsable directo de que esta última semana se fijara el salario mínimo en un monto por debajo de la canasta de indigencia, lo cual representa una verdadera vergüenza nacional. De hecho, la canasta básica para que una familia no sea pobre está en $61 mil. En su discurso de los últimos días, el presidente Fernández no anunció ningún tipo de medida social que acompañe el pedido de ‘quedate en casa’ o ayude a las familias que ya no disponen ni de changas. ¿El IFE? Bien, gracias. No solo no hay más recursos ante la emergencia, sino que se recortan los pocos que existen. A esto hay que sumarle las amenazas de represión a las movilizaciones que se realizan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tanto de parte del Gobierno Nacional como del Gobierno de la Ciudad. El ajuste Generara conflictividad social y los gobiernos amenazan con represión. Repudiamos estas amenazas y llamamos a rechazarlas», finaliza el comunicado firmado por el Polo Obrero, el MTR Votamos Luchar, C.U.Ba. MTR/Mido, MAR, M29, el Bloque Piquetero Nacional (T.Or.Re, Agrupación Armando Conciencia, RUO, y O.T.L.), el MTR 12 de Abril, el FDU, BUEL, A Trabajar, la Organización 17 de Noviembre (M.D.L., La William Cooke, Mujeres en Lucha), el MTL Rebelde, M.B.T. y el Frente de la Resistencia, Barrios de Pie, el MST Teresa Vive, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Movimiento de los Pueblos (Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional, Izquierda Latinoamerican Socialista, el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social-MULCS, el Movimiento 8 de Abril, Igualdad Social), FAR y COPA en Marabunta, la Federación de Organizaciones de Base (FOB) Autónoma, OLP y Resistir y Luchar.

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Reducir la jornada laboral: un debate actual con 135 años de historia

Cada 1º de mayo, desde el año 1886, se conmemora a los «mártires de Chicago». En nuestro país se presentó un proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 6 horas. ¿Es posible “redistribuir” el trabajo?. Por Nahuel March Rios (El Grito del Sur)


El 1º de mayo de cada año se conmemora el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora en homenaje a los «Mártires de Chicago», un grupo de sindicalistas anarquistas y socialistas revolucionarios que fueron ejecutados en 1886 en Estados Unidos por participar en una protesta laboral. Estos trabajadores demandaban la reducción de la jornada laboral a 8 horas, ya que en esa época se solía trabajar hasta 16 horas diarias y la ley vigente sólo prohibía trabajar más de 18 horas por día. Hace 135 años, como producto de esas jornadas de lucha, que incluyeron una violenta represión (en la que 80 personas murieron y 200 resultaron heridas), los trabajadores conquistaron las 8 horas de trabajo, lo que marcó un hito para el resto del planeta.

Aun así, el 1º de mayo como día internacional de los y las trabajadoras, no fue establecido de inmediato y aun hoy en muchos países la celebración se realiza en otras fechas. Incluso en Estados Unidos, el lobby empresarial y los diferentes gobiernos de turno fueron desalentando las celebraciones del 1º de mayo y lograron correr su fecha de festejo, generando otra celebración con menor contenido político e histórico. En la misma sintonía, el establecimiento de la jornada laboral máxima de ocho horas a nivel mundial tampoco fue igual en todos lados. La naciente OIT se puso como objetivo recién en 1913 “limitar la jornada laboral máxima”. Y en nuestro país, la jornada laboral de 8 horas diarias (o 48 horas semanales) entró en vigencia a partir de 1929, a instancias del presidente Hipólito Yrigoyen, 43 años después de los sucesos de Chicago.

Este año, pese a la pandemia mundial, la efeméride sobre el día del trabajador y la trabajadora esta más vigente que nunca. Y el debate sobre la jornada laboral volvió a estar en agenda luego de que en España se presentará un proyecto de ley para establecer una semana laboral de 4 días. La noticia llego a nuestro país y la secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, Ana Castellani, habló sobre la posibilidad de reducir la jornada laboral. “Creo que la pandemia nos está poniendo a prueba en cómo concebir el trabajo en el futuro y ésta es una más. El trabajo remoto y la posibilidad de explorar semanas laborales más cortas está en la agenda de lo que se viene y de la discusión respecto a los incrementos de la productividad que pueden generarse con medidas de esa naturaleza”, sorprendió la secretaria el pasado 30 de marzo.

Pero esto no es todo, ya que la diputada por el Frente de Todos, Claudia Ormachea, presentó a finales del 2020 en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para reducir la jornada laboral. «El proyecto tiene la intención de reflejar una disminución del límite semanal que no supere las 36 horas semanales y su proporcional correspondiente a la jornada nocturna e insalubre. Como también su adecuación al trabajo de menores, a las condiciones para percibir el salario, la retribución en el periodo de vacaciones y el resto de los complementos que la ley abarca», comentó la diputada sindical originaria del gremio La Bancaria.

Si bien en el último tiempo muchos países europeos y de la región iniciaron el camino de la discusión sobre la posibilidad de reducir la jornada laboral, lo cierto es que, en nuestro país el debate viene un poco atrasado. Recién en el 2020 otro diputado de extracción sindical, Hugo Yasky, presentó un proyecto para reducir la jornada laboral actual a 40 horas semanales. “El convenio 47 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estableció la jornada laboral de 40 horas, pero en Argentina actualmente es de 48 horas. Es uno de los países de América Latina junto con Bolivia, México y Paraguay que tiene la jornada más extendida”, explicó el diputado de la CTA. “Creemos que es necesario discutir esta propuesta en nuestro país para tener una jornada de 8 horas en cinco días laborables. Hay que empezar a desmitificar esa idea instalada por los sectores dominantes de que en Argentina se trabaja poco. La realidad contradice eso”, exclamó en su momento Yasky.

El proyecto de Ormachea todavía va por más. En la letra del texto se plantea que “la duración del trabajo no podrá exceder de seis horas diarias o treinta y seis semanales para toda persona ocupada por cuenta ajena en explotaciones”. Además propone que “la jornada de trabajo nocturno no podrá exceder de cinco horas y quince minutos” y que los trabajos considerados insalubres no podrán exceder sus jornadas a más de cuatro horas y media o veintisiete horas semanales. «En definitiva, lo que intentamos desde nuestra postura es que la extensión de la jornada laboral y sus complementos necesarios sean asumidos como un instrumento más en la lucha por la justicia social, la igualdad, la inclusión, el crecimiento económico, las posibilidades laborales y el respeto por las libertades personales», aseguró Ormachea.

¿Por qué surge este debate en el período actual? El planteo del proyecto señala que es una herramienta importante “para atacar los problemas de desocupación y la caída del poder adquisitivo que se desarrollaron en Argentina durante los últimos cinco años”. Para esta redistribución del empleo, establecer una reducción de la jornada laboral sin reducción de los salarios, podría llegar a recomponer la compleja situación de los trabajadores y trabajadoras argentinas, en donde la desocupación ascendió al 13,1% en el 2do trimestre del 2020. La idea de redistribuir el trabajo tiene aún más vigencia en el tránsito actual de la pandemia de Covid-19, donde el usufructo de las nuevas tecnologías -que van desde el teletrabajo hasta las apps-, es aprovechado para maximizar ganancias y trae como consecuencia el aumento del desempleo y la precarización laboral.

Por otra parte, el proyecto plantea que la pérdida del poder adquisitivo del salario fue tan abrupta en el periodo 2016/2019 (25,4% según el INDEC, de un 29,6% según el Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala; y de un 31,9% según el IPC Congreso) que para las empresas no implicaría un incremento de los costos tan abrupto si se compara los costos laborales al año 2015. “Es cierto que la reducción de la jornada de trabajo máxima legal en un 25% no alcanza a restablecer los salarios vigentes al año 2015, pero también es innegable que se presenta como una medida que pretende tanto un acto de justicia distributiva, como una mayor equidad socio-económica”.

A su vez, el proyecto también contempla una visión importante en lo que respecta a la problemática del género y el trabajo de cuidado, afirmando que en el mundo laboral contemporáneo “la incorporación masiva de la mujer al mundo del trabajo en paridad de derechos y obligaciones con los hombres, lo que provoca que el universo laboral actual no sea comparable al de los tiempos de la aprobación de los convenios N°1 y 30. Y que, por lo tanto, pensar jornadas laborales de menor carga horaria es crucial para que el mundo laboral incorpore a su articulación todos los cambios de los últimos años“.

Por otra parte, el beneficio de la reducción de la jornada laboral no es solo para las y los trabajadores. Según el documento “Presentación de la OIT sobre tiempo de trabajo para la Mesa Técnica sobre Legislación Laboral y Calidad de Vida» del gobierno de Chile, el agotamiento tanto psíquico como físico produce aumentos de los riesgos de accidentes laborales. Esto se debe a que la calidad del trabajo y la capacidad de producción tienden a disminuir con el paso de las horas y, por lo tanto, la reducción de la jornada disminuye el ausentismo e incrementa la productividad. Algo que la empresa Microsoft dijo este año, cuando hizo públicos los resultados de un experimento llevado a cabo en sus oficinas de Japón donde, tras reducir la semana a 4 días de trabajo manteniendo el salario, la productividad de sus empleados habría aumentado un 40%. Microsoft se suma así a la experiencia de la empresa Perpetual Guardian de Nueva Zelanda, la cual probó en el año 2018 la semana de 4 días y comprobó una mejora en la productividad.

Algunas cosas no cambian. A 135 años de la ejecución de los “Mártires de Chicago”, las discusiones de la sociedad siguen siendo muy parecidas. En muchos de los conflictos donde el movimiento obrero fue protagonista, el debate sobre la jornada laboral siempre estuvo de fondo: desde los sucesos de la “Semana Trágica” hasta el “Cordobazo”. Esto, sin embargo, podría generar una mirada poco optimista a la hora de pensar la posibilidad de que semejante cambio estructural pueda realizarse simplemente por una ley. Aun así, resulta esperanzador el contexto mundial en donde varios organismos internacionales coinciden en la problemática actual que sufre el empleo y en las medidas importantes que los gobiernos deben tomar para modificarlo. Por eso vale la pena en este día del trabajador y de la trabajadora rescatar estas iniciativas que buscan mejorar las condiciones de aquellos y aquellas que mueven el mundo.

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1° DE MAYO

Un nuevo Manifiesto por la Soberanía, el Trabajo y la Producción

Al cumplirse un año de la presentación del primer documento, organizaciones sociales, gremiales y políticas actualizaron su compromiso en un acto en una fábrica recuperada. Apoyo crítico al gobierno y fuerte llamado a ampliar la unidad para enfrentar la concentración de poder, la crisis y la pandemia.

Redacción Canal Abierto | Al cumplirse un año de la presentación del Manifiesto Nacional por la Soberanía, el Trabajo y la Producción, las organizaciones sociales, gremiales y políticas que lo diseñaron reafirmaron su compromiso en torno a los puntos planteados un año atrás.

El acto fue realizado en la textil recuperada Cooperativa 8 de Enero, ex Sportech en la localidad bonaerense de San Martín. Al igual que el del lanzamiento realizado en la Cooperativa Envases Flexibles Mataderos en 2020, las condiciones sanitarias imperantes impidieron que las organizaciones pudieran participar de lleno en el lugar. Por ello, nuevamente se apeló a las plataformas de videoconferencia y con dirigentes en el lugar y otros en a la distancia, el acto se transmitió para que pudiera ser seguido a través de las redes de Canal Abierto, la CTA-Autónoma y Radio Rebelde.

“En este 1º de Mayo frente a la profundización de las condiciones de pobreza y precariedad laboral amplificadas por el recrudecimiento de la pandemia, estamos convencidos que reafirmar nuestro Manifiesto Por la Soberanía el Trabajo y la Producción imponen hacer realidad las siguientes propuestas”.

Este es el planteo con el que el nuevo documento interpela a la actual situación reforzando los ítems establecidos 365 días atrás: ingreso básico universal, paritarias libres y sin techo, asistencia financiera al entramado pyme, industrialización del litio en origen, habilitación del Canal de Magdalena, tierra techo y trabajo, vuelta al campo, sanción de una ley de recuperación de unidades productivas y el establecimiento de un Nuevo Sistema Único Nacional Integrado de Salud que garantice la soberanía sanitaria.

El encargado de abrir la actividad fue Ricardo Peidro, secretario General de la CTA Atónoma, quien en su alocución planteó que “nosotros hablamos de soberanía trabajo y producción. Pero, ¿por qué ponemos juntos esos conceptos? Porque no son cuestiones aisladas. Van entrelazadas, tomadas de la mano. La soberanía, el trabajo y la producción son conceptos y hechos concretos por los cuales debemos pelear. Porque de esa manera podemos transformar la realidad”.

Luego fue el turno de Luis D´Elía, quien participó virtualmente desde el domicilio en el que cumple prisión. Al respecto, el dirigente de la Federación de Tierra y Vivienda recordó que “el próximo año se cumplen 50 años de la instalación del modelo neoliberal que arrancó en Chile y ahora podemos ver la catástrofe que generó”.

Y señaló que “a partir de este mes voy a llevar más tiempo detenido con Alberto Fernández que con Mauricio Macri. Hace 40 años aplicaban el Plan Cóndor en América LatinaHoy eso se llama plan lawfare, para otros Plan Atlanta, diseñado en el año 2012 para perseguir a todos los líderes latinoamericanos con Lula a la cabeza. Es espeluznante ver como hoy la propia Corte de Justicia brasilera reconoce las arbitrariedades y la persecución que tuvieron un solo objetivo: sacar de la cancha a Lula. Esto se repitió en Ecuador, Argentina y Paraguay. Por eso hemos firmado el documento de la CTA-A que plantea la soberanía, la producción y el trabajo. El planeta irá por el lado de la violencia y la exclusión, o por el camino de la solidaridad colectiva, el amor y la paz que propone la clase trabajadora mundial”.

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Un nuevo Manifiesto por la Soberanía, el Trabajo y la Producción

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Bomberos Voluntarios en estado de alerta y movilización reclamando prioridad en la vacunación

Este lunes el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina se declaró en estado de Alerta y Movilización ante la falta de vacunas contra el COVID-19 para los más 43 mil integrantes de Cuerpos Activos y Consejos Directivos de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios.
Desde el inicio de la pandemia se han contagiado 1.177 bomberos voluntarios, de los cuales 864 se han recuperado, 476 permanecen aislados y 10 han muerto. 15 cuarteles se encuentran en cuarentena.

Si bien en varias jurisdicciones los gobiernos municipales y provinciales han accedido a vacunar a bomberas y bomberos, esto no es la norma en la gran mayoría de las provincias y los bomberos denunciaron que «el porcentaje de integrantes de Asociaciones de Bomberos Voluntarios vacunados es bajísimo y la preocupación crece ante esta segunda ola, en la cual el aumento de casos es notable y expone con mayor peligro de contagio a nuestros hombres y mujeres». La labor de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios está considerada dentro de los parámetros que le asignan la categoría de trabajadores esenciales, pero esto no implicó su incorporación a los listados de prioridad para la vacunación.

Desde el año pasado el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina y las 26 Federaciones Provinciales que lo integran vienen realizando pedidos y reclamos a las autoridades de los Ministerios de Salud Nacional y Provinciales, sin embargo, aún no se ha tenido respuesta al reclamo de definir e implementar un plan de vacunación para bomberos voluntarios.

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Contradicciones en las restricciones en Ciudad: “las escuelas no contagian y las obras sí”. La UOCRA reclama

La conducción del gremio de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), aseguró a través de un escrito que “las obras no contagian” algo que se encuentra en plena contradicción en la Ciudad de Buenos Aires, una jurisdicción que, en contra de un decreto nacional que prohíbe la escuela presencial, mantiene sus puertas abiertas alegando que “ en las aulas no se producen contagios”.

En ese sentido, frente a la restricción de las obras de mayor envergadura en territorio porteño hubo rechazo gremial a la decisión que impide “el funcionamiento de las obras que superen los 2.500 metros cuadrados, lo que impacta en los puestos de trabajo”.

Por ese motivo, la comisión directiva de la UOCRA emitió un documento con el explícito rechazo y afirmó que esa disposición impacta en los puestos laborales de cientos de miles de trabajadores por lo que exigió que la medida tenga carácter “transitorio”.

De hecho según la apreciación de la UOCRA “con un transporte privado asegurado por las empresas para el personal de las grandes obras, dando cumplimiento a los protocolos y un reducido índice de contagios en el sector, es posible asegurar hoy que las obras y los proyectos no contagian”.

Para la Uocra, es necesaria una “inmediata revisión” en la duración de la medida para protección del empleo y el salario, en un contexto de crecimiento de la pobreza y de la indigencia, remarcaron, a la espera de una pronta respuesta satisfactoria, donde los espacios políticos y mediáticos sólo se abocaron a la disputa por la presencialidad en las escuelas y pasaron por alto el resto de las restricciones que “ponen en peligro” a sectores laborales que mueven la dinámica de la economía doméstica.

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El nuevo ministro de Transporte, Alexis Guerrera, deberá comenzar a dialogar con los gremios del sector sobre el futuro de la Hidrovía Paraná Paraguay

Los gremios nucleados en la FEMPINRA venían abordando en forma permanente con el ex ministro de Transporte, Mario Meoni, sobre el futuro de la ruta agroexportadora por la que pasan el 75% de los productos que salen del país. Sabido es que se arrastran inconvenientes de larga data y se habla de la necesidad de un cambio, pero aún no se sabe si se dará de la mano de la misma concesión, de la llegada de una nueva empresa o de la estatización del corredor.

Por la magnitud de sus recursos estratégicos, un nutrido número de agrupaciones políticas se plegaron a las organizaciones sindicales y sociales -el pasado 3 de marzo- para reclamar la «estatización» de la Hidrovía Paraná Paraguay y rechazar de plano la concesión de esa “ruta” a empresas privadas, lo que según entienden su «nacionalización» permitiría un mayor desarrollo sustentable y la generación de la riqueza necesaria para contribuir a “saldar la deuda” de millones de argentinos hoy caídos en la pobreza.

El proceso licitatorio desembocó en la adjudicación de las obras de dragado y balizamiento de los casi 1200 km de cauce fluvial correspondiente a Argentina a la empresa de capitales belgas Jan de Nul, mediante decreto 253 del 21 de febrero de 1995. Para cumplir las formalidades legales, la firma formó una UTE con la local EMEPA creando así el emprendimiento hasta hoy conocido como Hidrovía S.A.

El plazo de la concesión fue de 10 años pero posteriores y sucesivas renovaciones la extendieron hasta el 30 de abril de 2021, plazo en el que se ha vuelto a extender por 90 días, hasta que el flamante ministro de Transporte -asumido luego del trágico fallecimiento de su antecesor, el juninense, Mario Meoni-, tome las riendas de  ésta “papa caliente”, que tiene en un «mar de incertidumbre a cientos de familias que dependen de su continuidad», repite Juan Carlos Schmid, titular de la FEMPINRA.

De hecho, los trabajadores dependientes de la empresa Hidrovías S.A. afiliados al Sindicato de Dragado y Balizamiento llevaron adelante el viernes 23 de abril -desde las 12hs y hasta las 22hs-, asambleas virtuales y presenciales para reclamar al Estado que defina la situación de vencimiento de la concesión de dragado, mantenimiento y señalización del Río Paraná, que por ahora deberá esperar por lo menos tres meses más.

Alexis Guerrera, el massista -y también ex intendente- que dejó Trenes Argentinos Infraestructura,  para hacerse cargo de la cartera de Transporte comienza a mirar los pliegos en el análisis de qué hacer sobre el mayor corredor productivo del país, donde está puesta  toda la expectativa de cara a la reconstrucción económica de la Argentina en plena pandemia y a dialogar con los actores involucrados que no escatiman internas.

Guerrera prestó juramento ante Alberto Fernández esta mañana de lunes, en el inicio de una semana movida por los rumores en la cartera de Hacienda, con presencia de Martín Guzmán y parte del Gabinete Nacional, luego de un fuerte aplauso para el ministro fallecido.

Los 3500 km de extensión del cauce fluvial, son así un botín en el que hasta China y Estados Unidos tienen intereses y temores mutuos, de modo que el tema es complejo y habrá que ver cuál de las definiciones se impone en el Gobierno una vez pasados los próximos 90 días de prórroga.

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Fesprosa: «En medio del colapso sanitario, los trabajadores de la salud no resignamos derechos»

Desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) plantearon la importancia de convocar de manera urgente a una paritaria nacional de salud, en un contexto en el que los profesionales del sector se encuentran en la primera línea de lucha contra la segunda ola de la epidemia de coronavirus. Sostienen que aún «en medio del colapso sanitario, los trabajadores de la salud no resignamos derechos».

Dirigentes de la Federación se reunieron el pasado viernes 30 con el viceministro de salud Arnaldo Medina y durante el encuentro se coincidió en que la situación del sistema sanitario es de “stress extremo”, donde a los déficits de insumos críticos (oxígeno, drogas sedantes para ARM) se suma una situación de agotamiento de los trabajadores de salud.

Fesprosa planteó de manera urgente la necesidad de convocar a la paritaria nacional de salud. María Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación, afirmó: “Sin un reconocimiento que vaya más allá de lo discursivo, los 450.000 trabajadores del sistema público de salud no podremos afrontar la segunda ola”. Si bien el Ministerio de Salud acuerda con la propuesta, otras áreas del Gobierno involucradas en la decisión todavía no se han pronunciado.

El viernes también Fesprosa se reunió con representantes de las provincias y pasó revista a la conflictividad región por región, dando cuenta de un panorama de luchas del sector que se extiende por todo el país.

En Tucumán, el SITAS Fesprosa continúa el paro con concurrencia y acciones locales de visibilización. La APS Fesprosa Matanza rechazó el acuerdo del sindicato municipal con el intendente Espinosa, sosteniendo su pliego de reclamos y declarándose en estado de alerta y movilización (definirá medidas en las próximas horas por una verdadera recomposición salarial y el cumplimiento total de la ley 14.656).

Los trabajadores del Hospital Larcade, luego de la exitosa carpa sanitaria, sostienen su pliego de reclamos y definirán nuevas medidas de lucha al igual que los residentes de Malvinas Argentinas.

El SITOSPLAD obtuvo el viernes una audiencia con la jefa de Legales de la Dirección de Relaciones del Trabajo. Participaron también representantes de CTA-A Capital y Jorge Yabkowski, de Fesprosa. Señalaron que el sanatorio de la obra social está al 100 % en su terapia y los trabajadores cobran sueldos de miseria y temen por el futuro de 1.600 puestos de trabajo.

En Río Negro, ASSPUR luego de la jornada de 48 horas del 28 y 29 centrará su campaña en el reclamo a la Legislatura para evitar la aprobación de una ley de paritarias que excluye a la salud y sus trabajadores de la negociación colectiva.

En Neuquén, el SIPROSAPUNE Fesprosa concentrará el martes 4 en la Legislatura a partir de las 10 donde se realizará la reunión de Comisiones de la Cámara de Diputados para tratar la Ley de Carrera Profesional. En tanto, el miércoles 5 habrá un plenario debate sobre este tema en la UNCo, también a las 10.

En Chubut, el SISAP Fesprosa irá al paro provincial el 4 y 5 de mayo con manifestaciones frente al Ministerio de Salud a partir de las 10.
En La Rioja, APROSLAR Fesprosa encabeza el martes 4 una jornada provincial de protesta por un mejor aumento salarial y el pase a planta de precarizados. La concentración central será en el Hospital Vera Barros a las 9.30, acompañados por diversas organizaciones sociales y sindicales.

“Esperar al fin de la pandemia para convocar a la paritaria del sector es como decir que un Estado mayor espera al final de la guerra para alimentar a sus soldados. Encaramos el conflicto con autorregulación y responsabilidad ciudadana. Pero el barbijo no es mordaza y si las autoridades no escuchan seguiremos elevando nuestra voz”, finalizó Boriotti.

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Éxodo de periodistas en Perfil: «Hasta medios pequeños o locales ya pagan mejor»

La Comisión Interna de Editorial Perfil alerta sobre la cantidad de trabajadores de prensa que está perdiendo el medio a raíz de salarios cada vez más retrasados. Los delegados anunciaron un plan de acción por salarios dignos.

Hace meses la comisión interna de Perfil denuncia la grave situación que atraviesan las y los trabajadores de prensa que todavía quedan en la redacción.

Las malas condiciones laborales hacen que los periodistas abandonen un barco que parece hundirse sin remedio. Se van a otros medios, cambian de rubro o se van sin más, aunque no tengan otro empleo.

«El éxodo continuo y masivo tiene al menos dos agravantes: el primero es que resiente la calidad, las estructuras profesionales y la cotidianeidad laboral de cada sector; el segundo es que todo se agudiza porque la empresa decidió, hace ya un tiempo, no reemplazar a quienes se van ¿La consecuencia? Las condiciones de trabajo en Perfil se deterioran hasta el límite de los tolerable.»

El medio propiedad de Jorge Fontevecchia compite con Clarín, La Nación o Infobae que pagan el doble o el triple que Perfil, aseguran. La editorial se sostiene sobre los hombros de trabajadores insuficientes y mal pagos: «Hasta medios pequeños o locales ya pagan mejor.»

En el comunicado que emitieron hoy, los delegados del SiPreBA anunciaron un plan de acción por salarios dignos. «Si la dirección no advierte que la situación ya no da para más, será momento de que se dé cuenta.», cerraron.

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La CGT se reúne esta semana con Alberto Fernández para pedirle que vuelva a lanzar el IFE

La cúpula de la CGT se prepara para plantear la necesidad de reimplantar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante el encuentro que esta semana mantendrá con el Presidente.

La mesa chica de la central obrera se reunirá esta semana con el Presidente de la Nación Alberto Fernández. El encuentro estaba previsto para la semana pasada pero se suspendió porque el primer mandatario estuvo dedicado al análisis de las medidas que iba a aplicar para frenar los contagios que redundaron en la extensión de las restricciones a la circulación.

Según consignó Infobae, la CGT planteará en la reunión la necesidad de «que el Gobierno reanude la ayuda económica a los trabajadores que quedarán afectados por las nuevas restricciones sanitarias, como sucedió el año pasado con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).«

La central se suma así al pedido que vienen sosteniendo las organizaciones sociales en las calles, la CTA Autónoma desde que se decidió suspender su aplicación y como expresaron en un comunicado los gremios de la Corriente Federal y en la CTA de los Trabajadores, en el que se pronunciaron en favor de “las máximas restricciones de circulación” y de “una estricta suspensión de actividades con aislamiento preventivo y obligatorio en las zonas con mayor riesgo epidemiológico”.

En el mismo emitido hace 5 días la extensa lista de firmantes aseguró que “para que esta suspensión sea efectiva, el Gobierno nacional y todos los gobiernos provinciales deben garantizar la ayuda estatal para quienes no puedan ejercer su trabajo por este período”.

“Es preciso que los alimentos lleguen a los sectores sociales más afectados y que se destinen fondos presupuestarios para ello, desde todas las jurisdicciones, porque tampoco se puede enfrentar la pandemia con hambre”, señalaron.

Acaso se trate de un llamado de atención más al Gobierno de la Ciudad que a la fecha no destinó partidas presupuestarias para sostener la actividad productiva de la CABA, más que dispensar durante el 2020 del pago del impuesto a los Ingresos Brutos.

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A pesar de los duros descuentos, siguen las huelgas docentes y no docentes en la Ciudad: «en Larreta hay una especie de negacionismo»

Docentes porteños encolumnados en UTE-Ctera, Ademys y Camyp iniciaron hoy una nueva jornada de paro de actividades en rechazo a la decisión del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de sostener la presencialidad en las escuelas pese al nuevo decreto del presidente Alberto Fernández, que dispuso que en las zonas de «alarma epidemiológica y sanitaria», como el AMBA, las clases en todos los niveles educativos se dicten «exclusivamente a distancia» hasta el 21 de mayo.

De esta forma, se cumplía hoy en décimoprimer día de esta medida de fuerza, ahora cuestionando la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de insistir con la presencialidad de las clases, a contramano de lo fijado en el decreto que comenzó a regir el sábado último y de la resolución judicial que le había ordenado acatar la anterior normativa.

«Nosotros estamos hoy de paro en rechazo a la medida de (Horacio Rodríguez) Larreta de no suspender las clases en la Ciudad de Buenos Aires frente al incremento de los contagios de coronavirus en el distrito», dijo a Télam Amanda Martin, secretaria de organización de Ademys.

En ese sentido, recordó que los afiliados a ese sindicato, ya venían realizando protestas y medidas de fuerza «en reclamo del modo virtual para las clases en la Ciudad y la suspensión de las actividad escolares presenciales; la garantía de los recursos y la vacunación de los y las docentes».

«Yo creo que en Larreta hay una especie de negacionismo, porque en realidad él no quiere cerrar ningún tipo de actividad económica y seguramente con esa postura especulativa y electoral busca diferenciarse del Gobierno nacional. Larreta no tiene una política de emergencia y de prevención para mitigar la circulación del virus en el territorio en la Ciudad, eso es lo más grave», remarcó Martín.

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Horas después de que presentaran su gremio, el Gobierno le pide 21 días de tregua a las organizaciones sociales por la situación sanitaria

El secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Fernando «Chino» Navarro, pidió a las organizaciones sociales que concedan «una tregua por 21 días», para que no se convoquen movilizaciones y ayudar a «frenar la curva de contagios» de coronavirus.

Horas después de que presentaran las autoridades de su sindicato, UTEP, el Gobierno hizo un llamado a las organizaciones sociales para tener 21 días sin movilizaciones.

«Respetuosamente pedimos a las organizaciones que hagamos una tregua y que por 21 no nos movilicemos aunque los reclamos sean legítimos porque estamos tratando de frenar la curva de contagios», resaltó Navarro.

En declaraciones radiales, el funcionario nacional y referente del Movimiento Evita, precisó: «Reconocemos que existen argumentos sobrados y razones sobradas para que haya vecinos y organizaciones sociales que reclamen porque en el marco de la pandemia, después del desastre que dejó (el ex presidente Mauricio) Macri y todo agravado, la economía está muy golpeada».

En esa línea, indicó que el Gobierno tiene «una clara vocación de no reprimir» las movilizaciones sociales, sino «tratar de consensuar en el sentido racional y pacíficamente», pero aclaró que no van a «permitir que se haga un desfile de manifestaciones que terminen afectando la salud de la comunidad en general».

«Todo esto es fácil decirlo pero llevarlo a la práctica no es tan fácil, pero el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad, los municipios vecinos del Gran Buenos Aires, tendrán que trabajar para evitar que las movilizaciones no afecten la salud de la sociedad, que de por sí está muy golpeada», subrayó.

Respecto de la posibilidad de que se destinen vacunas contra el coronavirus a organizaciones sociales, explicó: «Lo considera un decreto hace más de un año cuando se determinó quienes eran los trabajadores esenciales, los autorizados a poder movilizarse de un lugar a otro. En ese listado están los trabajadores de los comedores escolares, comunitarios y los merenderos».

«Mayoritariamente son mujeres y hombres de organizaciones sociales, de parroquias católicas, de templos evangélicos y ONGs. Obviamente que quieren ser vacunados», manifestó Navarro.

Por último, indicó que se articuló con el ministerio de Salud «hacer un relevamiento para precisar la cantidad» y «la situación de salud de esas personas que trabajan en los comedores».

«Escuché a algún periodista opositor decir que estábamos negociando que no se movilicen a cambio de vacunas. Es un disparate importante», concluyó.

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Horas después de que presentaran su gremio, el Gobierno le pide 21 días de tregua a las organizaciones sociales por la situación sanitaria

El secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Fernando «Chino» Navarro, pidió a las organizaciones sociales que concedan «una tregua por 21 días», para que no se convoquen movilizaciones y ayudar a «frenar la curva de contagios» de coronavirus.

Horas después de que presentaran las autoridades de su sindicato, UTEP, el Gobierno hizo un llamado a las organizaciones sociales para tener 21 días sin movilizaciones.

«Respetuosamente pedimos a las organizaciones que hagamos una tregua y que por 21 no nos movilicemos aunque los reclamos sean legítimos porque estamos tratando de frenar la curva de contagios», resaltó Navarro.

En declaraciones radiales, el funcionario nacional y referente del Movimiento Evita, precisó: «Reconocemos que existen argumentos sobrados y razones sobradas para que haya vecinos y organizaciones sociales que reclamen porque en el marco de la pandemia, después del desastre que dejó (el ex presidente Mauricio) Macri y todo agravado, la economía está muy golpeada».

En esa línea, indicó que el Gobierno tiene «una clara vocación de no reprimir» las movilizaciones sociales, sino «tratar de consensuar en el sentido racional y pacíficamente», pero aclaró que no van a «permitir que se haga un desfile de manifestaciones que terminen afectando la salud de la comunidad en general».

«Todo esto es fácil decirlo pero llevarlo a la práctica no es tan fácil, pero el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad, los municipios vecinos del Gran Buenos Aires, tendrán que trabajar para evitar que las movilizaciones no afecten la salud de la sociedad, que de por sí está muy golpeada», subrayó.

Respecto de la posibilidad de que se destinen vacunas contra el coronavirus a organizaciones sociales, explicó: «Lo considera un decreto hace más de un año cuando se determinó quienes eran los trabajadores esenciales, los autorizados a poder movilizarse de un lugar a otro. En ese listado están los trabajadores de los comedores escolares, comunitarios y los merenderos».

«Mayoritariamente son mujeres y hombres de organizaciones sociales, de parroquias católicas, de templos evangélicos y ONGs. Obviamente que quieren ser vacunados», manifestó Navarro.

Por último, indicó que se articuló con el ministerio de Salud «hacer un relevamiento para precisar la cantidad» y «la situación de salud de esas personas que trabajan en los comedores».

«Escuché a algún periodista opositor decir que estábamos negociando que no se movilicen a cambio de vacunas. Es un disparate importante», concluyó.

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SiPreBA. Sindicato de Prensa de Buenos Aires
12 h  · 

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa renovamos la defensa de la información como bien común y derecho colectivo.

La sociedad necesita y debe estar informada.

Desde el SiPreBA luchamos por salarios justos, condiciones dignas y pluralidad de voces para informar.

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ENEMIGO DE YUGARLA

Reducir la jornada laboral genera empleos, aumenta la productividad y disminuye los accidentes

POR HÉCTOR RECALDE

Desocupados. Antonio Berni, 1934.

Atahualpa Yupanqui recitaba uno de sus inmortales poemas “Trabajo, quiero trabajo”. El general Perón decía “mi mejor amigo es el que trabaja”. Por supuesto que estas premisas y otras similares resultan ajenas para los domadores de reposeras.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reivindica lo que denomina “el trabajo decente”. Yo hubiera preferido que ese Organismo Internacional Tripartito lo designara como “digno”. El trabajo asalariado siempre es decente y en todo caso la explotación, la evasión, las violaciones de los derechos laborales deben ser denominadas, cuanto menos, como indecencia.

El trabajo tiene una magnitud que muchas veces queda opacada por diversas razones. Tal vez una buena conceptualización surja por el contrario: el desempleo. Siempre digo que para analizar esta situación, la desocupación, es útil no quedar subsumido en tecnicismos o en estadísticas.

En principio es obvio que la primera consecuencia la sufre la persona, pero no termina allí: se extiende también a su entorno familiar y luego se proyecta a la sociedad. Nadie se realiza en un país que no se realiza.

La distribución equitativa y racional de los recursos, cualesquiera fueran, tienen que ver con la igualdad y con la justicia equitativa.

Hoy la situación del empleo en el mundo entero y obviamente en nuestro país se ha visto agravada por la presencia del Covid-19. Ha mermado la actividad, ha crecido la incertidumbre en orden al futuro por la dificultad de la concreción de los proyectos, y esta dramática o penosa situación nos sumerge en el desasosiego en torno al encuentro de soluciones o paliativos.

Desde el neoliberalismo históricamente se ha sostenido que la “excesiva protección normativa” de los derechos laborales destruye empleos.

En alarde de mi amplitud ideológica me permito hacer propia una frase del ex Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica cuando afirmaba “es la economía, estúpido”; y la hago mía porque más allá de coincidir con Roberto Fontanarrosa en cuestionar la existencia de buenas o malas palabras (¿acaso las malas le pegan a las buenas?) nunca descalifico al que piensa distinto, y si se encuentran coincidencias, mejor.

Pues bien, excluida la hipótesis que culpabiliza a las leyes que tornan operativo el derecho consagrado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional (“El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor…”) me parece pertinente analizar el rol que sí pueden jugar esas leyes.

Más allá de las demostraciones que brindan las estadísticas, parece de sentido común que la disminución de la jornada de trabajo propicia la oportunidad de que hombres y mujeres desocupados puedan obtener empleo. En nuestro país la legislación en esta materia es casi centenaria: la ley 11.544 de 1929.

Viendo la dificultad objetiva de obtener la modificación de esa ley, como diputado nacional diría que tímidamente presenté proyectos reiterados proponiendo bajar de 48 a 45 horas la jornada laboral.

Renglón aparte, lo de “tímidamente” me evoca al poema de Belisario Roldán El rosal de las ruinas cuando decía: “Te amaba tímidamente como nadie amó jamás (…) estaba forjando el nido del porvenir visionado y era feliz a tu lado trabajando para ti”. Algunos mientras escriben escuchan música, a otros, como es mi caso, nos vienen a la memoria poemas, canciones, recuerdos y por eso me permito la referencia anterior.

El proyecto reducía de 48 a 45 la extensión de la jornada laboral, y fue a 45 porque la realidad acompañaba la propuesta, toda vez que no son pocas las personas que ya trabajan en ese lapso, nueve horas y cinco días por semana. Podría haber sido la reducción de 44 a 40, a 35 o a 32, extensiones existentes en muchos países, pero frente a las dificultades exhibidas por una recalcitrante realidad preferí actuar con mucha prudencia.

Pero como dice el tango: “Fue inútil gritar que querías ser buena”, pues la derecha, “que es brutal cuando se ensaña”, logró obturar la propuesta.

De todas maneras no hay que bajar los brazos sino persistir en la idea. Parafraseando al ex Ministro de Economía, Juan Carlos Pugliese, a quienes se oponen le podríamos contestar con el corazón y con el bolsillo. Está harto demostrado en estadísticas que la disminución de la jornada aumenta la productividad (la utilidad o el rendimiento decreciente) y disminuye los accidentes de trabajo.

Creo que parte de la sinrazón de la oposición a la reducción de la jornada nace también en la ideologización del tema y/o en la angurria o avaricia. También, y con todo respeto, como dice una frase de un autor para mí desconocido, “esas voces hablan con errores de ortografía”; pareciera que se repite la discepoliana alternativa entre la Biblia y el Calefón (ver El trabajo es digno).

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1º DE MAYO Y PRESENTE DE LA CLASE TRABAJADORA

Reducir la jornada laboral sin tocar los salarios se impone como necesidad de esta etapa

Manifestación en la plaza Haymarket de Chicago, el 1º de mayo de 1886.

“¿En qué consiste mi crimen? En que he trabajado por el establecimiento de un sistema social donde sea imposible que mientras unos amontonan millones, otros crecen en la degradación y la miseria. Así como el agua y el aire son libres para todos, así la tierra y las invenciones de los hombres de ciencia deben ser utilizadas en beneficio de todos. Vuestras leyes están en oposición con la naturaleza y mediante ellas robáis a las masas el derecho a la vida, a la libertad y al bienestar”.

George Engel, frente al tribunal que lo condenó a muerte.

Desde mediados del siglo XIX, los trabajadores luchan por la reducción de la jornada de trabajo. Desde un punto de vista económico y defensivo, la reducción horaria respondía a la necesidad de reducir el impacto negativo sobre el empleo que producía el incremento de la productividad por la incorporación de las máquinas, ya que si las nuevas técnicas de trabajo eran capaces de crear más producto en menos tiempo disminuía la cantidad de mano de obra ocupada. Por otra parte, las ocho horas dedicadas a la formación crearían una clase obrera consciente de sus derechos y capacitada para liberarse de la explotación capitalista.

Carlos Marx –al ocuparse de la lucha por la reducción de la jornada de trabajo– afirma: “La historia de la regulación de la jornada laboral en algunas ramas de la producción, y en otras la lucha que aún dura en pro de esa reglamentación, demuestran de manera tangible que el trabajador aislado, el trabajador como vendedor ‘libre’ de su fuerza de trabajo, sucumbe necesariamente y sin posibilidad de resistencia una vez que la producción capitalista ha alcanzado cierto grado de madurez. La fijación de una jornada laboral normal es, por consiguiente, el producto de una guerra civil prolongada y más o menos encubierta entre la clase capitalista y la clase obrera”.[1]

El congreso de la Primera Internacional reunido en Ginebra en setiembre de 1866 propone la lucha por las ocho horas. Es así como se alza internacionalmente la consigna de los “tres ocho”: ocho horas de trabajo, ocho de descanso (o de regeneración del esfuerzo) y ocho para el ocio, la cultura, la formación personal.

El 1º de mayo de 1886, organizada por la American Federation of Labour, se realiza una jornada de lucha por las ocho horas de trabajo. Alrededor de 20.000 obreros se concentran en la plaza Haymarket de Chicago. La explosión de una bomba provoca la muerte de un policía e hiere a otros, y se desata la represión contra los manifestantes, con numerosos heridos y detenidos. Los trabajadores August Spies, Samuel Fielden, Michael Schwab, Albert Parsons, Adolph Fischer, George Engel, Louis Lingg y Oscar Neebe son acusados de la comisión del hecho. Los cinco primeros son condenados a muerte y ahorcados el 11 de noviembre de 1887. Fielden y Schwab son condenados a prisión perpetua y Neebe a quince años de prisión.

Años después quedarían probadas las irregularidades del juicio, la ausencia de pruebas para condenar a los trabajadores y la parcialidad del jurado.

En homenaje a los mártires de Chicago, el Congreso de la Segunda Internacional reunido en París en 1889 declara el 1º de Mayo como Día internacional de los Trabajadores y propone tres objetivos fundamentales: 1) Lograr la jornada de ocho horas. 2) Ampliar la legislación del trabajo. 3) Afirmar la voluntad de los trabajadores de mantener la paz entre las naciones.

Los trabajadores organizados adhirieron en la Argentina al homenaje y el 1º de Mayo de 1890 se realizaron multitudinarios actos en Buenos Aires y Rosario.

Las celebraciones posteriores debieron enfrentar la feroz represión policial. El 1º de Mayo de 1909, el jefe de policía Ramón Falcón ordena atacar el acto anarquista de Plaza Lorea, provocando catorce muertos y ochenta heridos. Como consecuencia de este crimen, se unen las diversas tendencias (socialistas y anarquistas) y durante más de una semana se paralizan todas las actividades en la ciudad de Buenos Aires. Meses después, Falcón muere por una bomba arrojada por Simón Radowitzky.

Un político radical nacido en Rosario, Manuel Carlés, organiza la Liga Patriótica, que se ocupaba de contratar rompehuelgas y premiar a quienes no se incorporaban a los sindicatos, y que participó de la represión de los trabajadores durante la Semana Trágica de 1919.

La continuidad de la lucha de los trabajadores y sus organizaciones políticas y sindicales hizo posible que los objetivos planteados por los mártires de Chicago se cumplieran parcialmente durante el siglo XX.

Uno de los capítulos heroicos de la lucha de la clase trabajadora fue la huelga de los peones rurales de la Patagonia en 1921, que reclamaban salarios dignos, jornada limitada de trabajo, el derecho a la organización sindical, higiene y seguridad en el trabajo. La huelga concluye con la masacre de miles de peones y la mayor parte de sus dirigentes, realizada por el Ejército Argentino a las órdenes del teniente coronel Héctor Varela, enviado por el Presidente Hipólito Yrigoyen.

Durante varias décadas, la ley 11.544 de 1929 (8 horas diarias y 48 semanales) sólo tuvo aplicación en la actividad industrial, comercial y financiera. Los trabajadores rurales fueron excluidos de ella. El trabajo “de sol a sol”, sujeto a la voluntad del patrón –como en los siglos XIX y XX– sigue siendo la regla en el trabajo agrario del siglo XXI. Y en este sentido, no hay diferencia sustancial entre los que están registrados y los que están “en negro”.

Aun cuando todos fueren registrados (hay un 70% que no lo está), están sometidos al poder omnímodo del patrón, sin posibilidad de discutir sus condiciones de trabajo y su salario, sin poder gozar de los derechos sindicales más elementales.

La primera ley dictada en beneficio de los trabajadores rurales, el Estatuto del Peón de Campo, fue sancionado por decreto 28.169/44 un 8 de octubre de 1944 y ratificado por ley 12.921. Fue obra del jurista Tomás Jofré y la impulsó el entonces coronel Juan Domingo Perón cuando ocupaba el cargo de Secretario de Trabajo y Previsión de la Nación. En setiembre de 1947 se sanciona la ley 13.020, destinada a regular el trabajo de los trabajadores rurales temporarios.

Por primera vez se les garantizó el derecho al salario y a condiciones dignas de trabajo, los descansos obligatorios, alojamiento, vivienda y alimentación en condiciones de higiene adecuadas, provisión de ropa de trabajo, asistencia médica, vacaciones pagas e indemnización por despido. El Régimen del Trabajo Agrario de la dictadura significó un claro retroceso a épocas pretéritas.

Durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la ley 26.727 de 2011 estableció un nuevo régimen del trabajo agrario, que implica un cambio fundamental a favor de los trabajadores, debiendo destacarse que la jornada laboral se establece en 8 horas diarias y 44 semanales.

El aumento del salario mínimo

El derecho a un salario justo es otra de las banderas que los trabajadores y trabajadoras defenderán este 1º de Mayo.

El 27 de abril se reunió el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, a los fines de determinar el nuevo salario mínimo. Desde el 1º de marzo de 2021, su monto alcanza la suma de 21.600 pesos. En la reunión anterior de este organismo tripartito, los representantes de las centrales sindicales habían reclamado un salario mínimo superior a los 45.000 pesos, acorde con el costo de la canasta básica de entonces, pedido que fue rechazado por los representantes del empresariado.

En la reunión del 27 de abril, la propuesta de la CGT propuso un aumento no menor a un 40% en no más de dos tramos. Ambas CTA plantearon que el nuevo monto debe acercarse al valor de la canasta básica alimentaria, que actualmente asciende a 60.800 pesos para una familia con dos hijos.

En este contexto tan desfavorable para los trabajadores es necesario reafirmar que el salario mínimo es un derecho constitucional (artículo 14 bis de la Constitución Nacional) y que debe cubrir las necesidades básicas previstas en el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión.

Según un informe del Centro de Investigaciones y Formación de la República Argentina (CIFRA), para que el salario mínimo recupere lo perdido desde fines del 2015 –último año en el que no fue superado por la inflación– debería aumentar casi un 70% por ciento.

Cabe destacar que el salario mínimo es tomado como referencia para la jubilación mínima, el programa social Potenciar Trabajo –subsidio equivalente al 50% del salario mínimo vital y móvil– y las becas Progresar.

Por otra parte, el Salario Mínimo Vital y Móvil implica una garantía para los trabajadores de las actividades en que existe una débil sindicalización; debilidad que se expresa en los salarios básicos de convenio, que lo superan ligeramente y en ocasiones son inferiores. Es en estos casos en los que adquiere mayor valor protectorio la determinación de un salario que se establezca al margen de la negociación colectiva. El salario mínimo vital es un instrumento de igualdad social entre los trabajadores, ya que implica la elevación de aquellos que se encuentran en la escala más baja de la estratificación social.

El Consejo resolvió finalmente –por acuerdo de las partes– un aumento del 35% en siete tramos no acumulativos desde abril de 2021 a febrero de 2022. Es decir que recién en esta última fecha, el salario mínimo alcanzará a poco más de 29.000 pesos.https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?creatorScreenName=elcoheteluna&dnt=true&embedId=twitter-widget-0&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1387174674073886721&lang=es&origin=https%3A%2F%2Fwww.elcohetealaluna.com%2F1o-de-mayo-y-presente-de-la-clase-trabajadora%2F&sessionId=284d4368a7630d40eda2791704f94ea3c4fe37a7&siteScreenName=elcoheteluna&theme=light&widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&width=550px

El acuerdo salarial está muy lejos de significar una recuperación del valor del salario mínimo teniendo en cuenta las desmesuradas alzas de precios de los productos de la canasta familiar, lo que refleja el poder de los grupos económicos formadores de precios y la incapacidad del gobierno para hacer cumplir los acuerdos y las medidas de control dispuestas para evitar su escalada.

Como consecuencia de la devaluación y demás medidas económicas del macrismo, los salarios se redujeron más de un 26%. A ello debe sumarse la reducción provocada por el alza inusitada de precios durante 2020 y los meses de enero y febrero de 2021.

Durante esta etapa signada por la pandemia, la gran burguesía y los grupos económicos no han dejado de aumentar sus ganancias, tanto en nuestro país como en el resto del mundo.

La lucha por el aumento salarial siempre es la reacción de los trabajadores ante la acción anterior del capital, y en nuestro caso fueron la devaluación, el alza permanente de los precios de los productos de consumo, de las tarifas de servicios públicos en manos privadas, los que determinaron y determinan la cada vez mayor reducción de los salarios.

No podemos tomar en cuenta sólo los cambios que hubo respecto al valor nominal de los mismos a través de las sucesivas paritarias, sino la pérdida de su valor real como consecuencia de la acción del gran capital financiero e industrial.

Tanto en el marco de las discusiones paritarias como en la actualización del salario mínimo no parece razonable que las organizaciones sindicales reclamen un aumento equivalente a unos puntos más por encima del 29 % de inflación prevista en el Presupuesto aprobado por el Congreso.

Si excediera este límite –sostienen muchos economistas de la ortodoxia neoliberal– la inflación sería mucho mayor. Pero la realidad demuestra que la inflación crece fundamentalmente por los aumentos de los precios. En síntesis, las ganancias de las empresas nunca pueden disminuir sino mantenerse constantes o aumentar, en tanto que los salarios no pueden recuperar los niveles del 2015, y los trabajadores deberían conformarse con que no sean pulverizados por la inflación.

La reducción de la jornada

Habiendo transcurrido 131 años desde la primera celebración del 1º de Mayo, la lucha por la reducción de la jornada de trabajo se impone como una necesidad fundamental para la clase trabajadora en esta etapa de pérdida enorme de empleos en nuestro país y en el mundo.

La posibilidad de creación de empleos depende de la inversión productiva pública y privada. La financierización de la economía conspira contra estos objetivos; se ha verificado que –aun durante la pandemia– la especulación financiera no ha dejado de crecer.

Crear nuevos empleos no depende sólo de la voluntad del empresariado y la ayuda estatal. La clase trabajadora deberá luchar por la reducción de la jornada a 35 o 32 horas semanales sin reducción salarial, a los fines de que sea posible el reparto del trabajo y la creación de nuevos empleos, protegiendo la integridad psicofísica y el derecho al descanso.

Las ocho horas, las 40 y luego las 35 semanales no surgieron en ningún caso de la iniciativa de los gobiernos sino que los instrumentos fundamentales fueron las huelgas y movilizaciones del movimiento obrero y sindical. Hoy aparecen iniciativas de gobiernos socialdemócratas como el de Finlandia y el de Nueva Zelanda, que plantean la necesidad de una semana laboral de cuatro días de ocho horas, lo que de ningún modo es equivalente a la reducción de la jornada diaria o semanal.

La jornada de 40 horas fue un logro de los trabajadores franceses luego de una sucesión de numerosas huelgas con ocupaciones de fábricas; también las vacaciones pagas, aumentos salariales y el derecho a los convenios colectivos de trabajo (Acuerdos del Hotel Matignon). Las acciones colectivas y la decisión de los dirigentes de obtener las máximas concesiones de inmediato, obligaron a las patronales a firmar dichos acuerdos. Lo mismo ocurrió con la lucha por las 35 horas semanales.

En esta etapa de enormes dificultades para todos los pueblos del mundo, este 1º de Mayo nos convoca a la lucha por mejores condiciones de vida y de trabajo, la creación de nuevos empleos; la protección de la vida y la salud de los trabajadores y trabajadoras, garantizando el cumplimiento de las medidas sanitarias de prevención frente a la propagación de la pandemia del Covid-19, contra el boicot y las provocaciones de la derecha bolsonarista.

[1] Carlos Marx, El Capital, Tomo I Volumen 1, Libro Primero, Siglo Veintiuno Editores, p. 361

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POR UNA FUERZA POPULAR

Carta abierta a los representantes de los trabajadores

POR MIGUEL FERNÁNDEZ PASTOR

Se debe ampliar la representación a todos los sectores vulnerables

Estimados representantes de los trabajadores:

Me permito dirigirme a ustedes en el convencimiento de que sabrán comprender el sentido solidario y humanitario de esta carta abierta. Nuestro país atraviesa momentos de angustia por la crisis económica que dejó el neoliberalismo y por la pandemia. Por ello, creo que todos nos debemos un esfuerzo extra para atender esta cuestión, ayudando a construir una democracia participativa. Lo importante, y el objeto central de esta carta, es delimitar si los representantes gremiales lo harán, como ocurre en la actualidad, sólo en defensa de aquellos que son afiliados al gremio, o darán un salto de enorme compromiso social para transformarse en los representantes de todos los trabajadores. Es decir, los que hoy lo son y están registrados como tales –los activos–; los que ayer fueron trabajadores –los jubilados y pensionados de distinta naturaleza–; los trabajadores precarios o informales y aquellos que desearían trabajar pero por haber sido expulsados del mercado laboral formal o, simplemente, por no tener capacidad física o psíquica de hacerlo, quedan fuera de cualquier tarea remunerada. En pocas palabras, lo que respetuosamente vengo a solicitarles es que, por el bien de todos, representen al conjunto de las personas vulnerables de la sociedad. Ello en el entendimiento de que esa ampliación del espectro de representatividad no sólo es beneficiosa para el conjunto social, sino que también permitirá darle un sentido renovado a las palabras patria y democracia.

El 27 de abril pasado, algunos diarios publicaron una breve nota donde informaban que un niño menor de dos años, argentino, que vivía en una comunidad wichi en Pozo La China en Salta, murió por desnutrición y deshidratación, según declaró el médico que lo atendió. Era el segundo caso en los últimos días. La noticia no tuvo una repercusión importante, no formó parte de conversaciones entre los porteños ni tampoco mereció comentarios de algún funcionario público. Sin embargo, que un hecho de esa naturaleza ocurra, una vez más, entre nosotros debería ser un hachazo al corazón. Debería avergonzarnos y, sobre todo, obligarnos a reflexionar: qué nos pasa como sociedad para que en un país productor de alimentos otro niño más muera por desnutrición. Es probablemente el crimen mas ignominioso, ya que es el más sencillo de evitar. Sólo ocurre porque están rotos todos los vínculos de solidaridad. Allí el Estado no llegó. Estos hechos representan efectivamente un caso extremo, pero no son los únicos. Situaciones similares viven millones de hermanos que diariamente sufren necesidades básicas insatisfechas y de los que pocos se ocupan.

En la Argentina deambulan miles de desocupados buscando algún trabajo que les permita, al menos por un tiempo, comer dignamente y educar a sus hijos. Pero el trabajo cada día requiere más tecnificación y, si no se poseen las habilidades necesarias, lo que queda es trabajo marginal. Y si en la zona en que vive ni siquiera encuentran un trabajo marginal, su vida se transforma en una pesadilla. Podrá decirse, con absoluta razón, que lo que hoy sucede es consecuencia del periodo neoliberal macrista y que la pandemia agudizó los daños. Pero no es menos cierto que la pobreza ha sido una constante en la vida social y política de la Argentina y que algún día tenemos que despertar y entender que es un problema que nos involucra a todos. Y dentro de ese todos, en especial, están aquellos que representan genuinamente a los sectores populares, como es el caso de los representantes de los trabajadores.

Los que fueron trabajadores en su momento y hoy son beneficiarios de la seguridad social también viven momentos tristes. Sabemos que los que menos ganan no cubren sus necesidades básicas. El macrismo inventó la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), un engendro prestacional que paga el 80% de la jubilación mínima. Las moratorias que ponían equidad en el sistema configuran hoy un recuerdo melancólico, y obtener actualmente un beneficio previsional se ha convertido en una tarea de suma complejidad.

El ex Presidente Macri anuncia la Pensión Universal al Adulto Mayor.

El trabajo ha sido, a través del tiempo, el principal ordenador de la sociedad que nos tocó vivir en los últimos 80 años. Fue también la principal herramienta de distribución del ingreso nacional y, como tantas veces se ha dicho, es el que le da dignidad a quien vive de su cuerpo y de su intelecto, según sus habilidades. Pero la vida moderna impone otros desafíos que están modificando sustancialmente el trabajo como lo entendimos hasta ahora.

Producto de la pandemia, se ha instalado una nueva modalidad laboral a la que le han dado el correspondiente nombre en inglés: home office. Esto significa llevar la oficina a casa, es decir, que el trabajo que antes se hacía en el edificio del empleador ahora se hace en el hogar. No hay problema de control de horario, ya que la tecnología permite monitorear al trabajador tanto respecto del cumplimiento de la tarea como de su productividad. También es muy probable que gran parte de ese trabajo se realice en el marco de una relación laboral informal, ya que sería absurdo que alguien controlara casa por casa para verificar si una persona trabaja informalmente o formalmente. Lo que creo que es lo más terrible, y que inexorablemente ocurrirá, será la ruptura de los vínculos de solidaridad entre los trabajadores, ya que el compañero o compañera que compartía junto a él o ella la jornada ya no estará y los contactos se harán sólo mediante medios virtuales. Hoy es probable que ese efecto no se note, porque los que han pasado a esta metodología son los mismos que antes compartían el espacio de trabajo, pero poco a poco los nuevos empleados ya no habrán sido compañeros de nadie. Serán sólo individuos que hacen su tarea y reciben un salario en su cuenta bancaria. En pocas palabras, un individualismo “al palo”. No pasará mucho tiempo en que todos los empleados administrativos pasen a esta modalidad. Esto implica que la relación con sus representantes gremiales será cada día más lejana, hasta terminar definitivamente rota. Ello ya ocurre en las empresas tecnológicas. Es decir, el vínculo  entre los trabajadores y quienes los representan gremialmente se volverá paulatinamente más distante y, por ende, movilizar a personas dispersas será cada día más complejo.

¿Quién defenderá el salario y las condiciones de trabajo de aquellos que trabajan en su domicilio? Podrá hacerse el mejor de los convenios colectivos, pero su cumplimiento real será incontrolable y dependerá de la buena o mala predisposición del empleador. Eso ya está sucediendo con las miles de motos y bicicletas que recorren Buenos Aires entregando pedidos de toda naturaleza. Allí van jóvenes, adultos y hasta mujeres embarazadas tratando de conseguir algún peso. No es una cuestión de ciencia ficción, es un escenario que está instalado frente a nosotros y sólo tenemos que enfocar para verlo.

Por otro lado, la tecnología viene haciendo estragos con el trabajo formal. Cada día que pasa, el mercado expulsa a trabajadores para reemplazarlos por máquinas o robots. Podrá decirse, con razón, que el crecimiento económico generará nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, en una sociedad con el 42% de pobreza, ¿cuántos puestos de trabajo se necesitan para cubrir tanta necesidad? ¿Cuánto tiempo llevaría cambiar pobreza por trabajo digno? En otras palabras, se podrán generar nuevas empresas que incorporen nuevos trabajadores, mientras por otro lado la tecnología expulsará a otros. Pero, ¿quién se hará cargo del crecimiento demográfico? Es un cuento de nunca acabar, donde los que siempre quedan fuera son los más frágiles, los más jóvenes, los más vulnerables.

Y así podríamos dar otros ejemplos, igual o más dolorosos todavía. Creo que se requiere implementar una unión inquebrantable entre los trabajadores formales con sus representantes a la cabeza, los trabajadores informales y precarios con sus representantes de movimientos sociales y los representantes genuinos de los beneficiarios de la seguridad social. Con relación a estos últimos, no me refiero a conformar un gremio o mucho menos un partido político de jubilados. Lo que creo, sinceramente, es que hay que rescatar a todos aquellos representantes genuinos para ponerlos a acordar o competir en una elección nacional para que sean, simplemente, la voz de los beneficiarios y el vínculo de transmisión con todos los jubilados. Sólo eso, que sean representantes de un sector que abarca a casi nueve millones de personas. Lo mismo creo respecto de los movimientos sociales que representan a grandes sectores de personas vulnerables. La propuesta es que entre todos estos sectores armen un bloque con representatividad social que puje por el bien del conjunto.

No se trata de imaginar una revolución del proletariado al estilo marxista ni nada parecido. De lo que se trata es de crear una fuerza popular con capacidad de pujar por la distribución del ingreso en forma equilibrada. Encontrar en el diálogo con los sectores del capital un modo que frene la descontrolada concentración. Este conjunto de trabajadores de distintas vertientes podría generar propuestas de conjunto, analizar la realidad, valorarla. En definitiva, tener una actitud propositiva que ayude a la construcción de una nueva relación entre el capital y el trabajo.

Es necesario rediscutir algunas herramientas que en su tiempo fueron revolucionarias y que hoy han perdido toda utilidad. El mejor ejemplo es lo que pasa con el salario mínimo, vital y móvil, que esta semana fue aumentado un 35% en siete cuotas para llegar a alcanzar $29.169 en febrero de 2022, por lo que seguramente ni siquiera se equipará en algún momento a la jubilación mínima. Mientras esto pasa, los empleadores siguen abonando las cargas patronales con una disminución sustancial respecto de lo que la ley indica, poniendo en jaque las cuentas públicas con las que se pagan los beneficios de la seguridad social. El sector patronal se queda con alrededor del 3% del PBI, es decir, con un tercio de lo que cuestan todos los beneficios de la seguridad social. Lo mismo ocurre con las llamadas promociones industriales y con los privilegios de aquellos que pagan el impuesto a las ganancias. Quienes pueden descuentan de allí los gastos médicos y paramédicos, el personal doméstico, a los hijos, al cónyuge, los seguros, compra de paquetes turísticos, compra de pasajes en efectivo, planes de seguro de retiro privados. La pregunta sería ¿algún trabajador goza de estos privilegios? La respuesta es simple: no. ¿Es justo? Claro que no. ¿Y entonces por qué ocurre? La razón es muy sencilla: porque el capital tiene un gran poder, mientras los otros sectores se encuentran atomizados y sin capacidad de presión. ¿Y cuánto se llevan en estos privilegios? Más del 2,5% del PBI, alrededor de un cuarto de todo el gasto social. Por ello es tan importante compartir capacidades para generar una fuerza que equilibre la discusión y, por ende, la distribución.

El insuficiente aumento del salario mínimo, vital y móvil insta a aunar esfuerzos para equilibrar la distribución del ingreso.

Hace mucho ya que lucho por empezar una discusión que considero la llave para lograr una justa distribución del ingreso nacional: el Ingreso Básico Universal. Se trata de poner un piso de justicia entre los que más necesitan. Esta herramienta reemplazaría al salario mínimo, de hecho, sería un piso salarial, mejoraría la demanda interna –que es el principal motor de la economía en nuestro país– y sería un enorme salto de soberanía económica, ya que nos desprenderíamos de los planes de ajuste que tratan de imponernos los organismos internacionales.

Finalmente, quiero solicitarles encarecidamente que analicen esta propuesta por el bien de los que menos tienen. Soy consciente de que a cada dirigente sindical, en cada rincón de la patria, lo motiva el amor al prójimo. Que se pongan a la cabeza de las demandas sociales bajo aquella premisa de Agustín Tosco: “Lo fundamental es que todos los que tenemos un concepto de justicia y equidad, debemos luchar para construir una nueva sociedad que permita al hombre salir de la enajenación a que lo conduce este sistema que afecta hasta el derecho de vivir”.

Sólo el pueblo salvará al pueblo.

E

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