Colombia. ¿Hay un plan detrás del asesinato de los lideres sociales?

Por Natalia Prieto C. Resumen Latinoamericano, 12 de abril de 2021.

Desde la firma del acuerdo de Paz el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá, al contrario de lo que se esperaba, el asesinato a líderes sociales y excombatientes aumentó exponencialmente. Entre el 1 de noviembre de 2016 y el 30 de junio de 2020 se registraron en Colombia 944 homicidios a líderes, lideresas sociales y excombatientes de las FARC-EP en 29 de los 32 departamentos del territorio nacional y la mayoría tienen mucho en común. Este informe presentado por nueve organizaciones sociales revela que las 944 muertes violentas, en cuatro años, no han sido accidentales y muestra un patrón de comportamiento criminal.

Las regiones del Norte del Cauca; Urabá Antioqueño y Bajo Atrato Chocoano; sur de Córdoba; y nordeste y bajo Cauca Antioqueños son históricamente las más afectadas. Los más de 255 asesinatos en estas regiones, tienen en común que fueron zonas altamente afectadas por el conflicto armado en su momento, y como si fuera poco, en la actualidad la pobreza, la falta de presencia del estado y la presencia de economías ilegales, todavía los acecha.

Un patrón identificado por el informe, en el asesinato de los líderes sociales en esas regiones, es que las personas asesinadas pertenecían a más de un sector de defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, un líder o lideresa hacen parte de una Junta de Acción Comunal, y a la vez pertenecen a algún partido o movimiento político y a una organización campesina. Esto los hacía más vulnerables.

La mayoría de personas asesinadas murieron respaldando y defendiendo el Acuerdo Final de paz, sobre todo en los puntos de Reforma rural integral, víctimas y sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, participación política y víctimas. También apoyaban o participaban en procesos de restitución de tierras y defensa de los derechos ambientales y territoriales. El 80% eran municipios con presencia de cultivos de coca en alguno de los años 2016, 2017, 2018 o 2019, un tema que sigue sin solucionarse.

Impunidad

Lo más grave, asegura el informe de Coljuristas, es que la Fiscalía General de la Nación no aporta información que permita conocer la orientación de las investigaciones, ni su avance en términos de la captura o reconocimiento de las organizaciones criminales que estarían detrás de esos crímenes.

En 2019, el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez reconoció que sí existe una sistematicidad en el asesinato de líderes sociales antes de su renuncia en Mayo de ese año

El estudio identificó prácticas de la Fiscalía en el tratamiento y presentación de las cifras de las investigaciones adelantadas por los homicidios que no cumplen los parámetros establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que serían mucho menores a las cifras reales, pues al parecer, la institución se rehúsa a reconocer públicamente los registros que entrega la Defensoría del Pueblo, organizaciones sociales reconocidas y ONG ́ s defensoras de derechos humanos, sobre los casos de asesinatos a personas defensoras, líderes y lideresas sociales.

“La Fiscalía, en acuerdo con el gobierno nacional, publica sólo las cifras que recibe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Colombia, que ha sido, hasta diciembre de 2020, la más baja entre todas las fuentes. No hay explicación alguna sobre las razones para esta escogencia y se puede inferir una intención política de manipulación de la información, que omite incluso la advertencia que el OACNUDH ha hecho en varias oportunidades sobre el carácter parcial de sus registros y la necesidad de completarlos con otras fuentes” asegura el informe.

Además de esto, el informe asegura también que la Fiscalía estaría dando información pública errónea sobre la judicialización a los supuestos actores de los asesinatos, pues la información difundida al público por la Fiscalía no coincide con la actividad de judicialización realmente realizada. “Por ejemplo, en los casos de los líderes Aquileito Mecheche, José Leandro Chavarría y Norberto Alonso Gutiérrez, ninguno de los capturados por el supuesto asesinato de estos líderes lo fueron por el delito de homicidio, sino por otros como concierto para delinquir o porte ilegal de armas, creando la falsa sensación de que se está procesado a los responsables de esos crímenes, cuando en realidad se les procesa por tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir o porte ilegal de armas de fuego” aclara el estudio.

Ante la magnitud y la naturaleza de las cifras, el informe hace un llamado urgente al Estado sobre sus obligaciones de investigación, juzgamiento y sanción, así como la prevención de nuevos asesinatos y garantizar la no repetición de estas y otras violaciones de los derechos humanos en el país, una tarea que últimamente parece quedarle grande.

Puede conocer el informe completo aquí

Fuente; Las 2 orillas

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