Estado Español. Represión y detenidos en el campamento de migrantes en Tenerife

Por Ana Adom, Resumen Latinoamericano, 8 de abril de 2021.

Desde finales de febrero más de 1500 personas se encuentran hacinadas en el campamento Las Raíces situado en el municipio de La Laguna en Tenerife.

La desesperación de más de 1500 personas, sin atención médica ni condiciones de salubridad, en el campamento de migrantes de La Raíces, en Tenerife, ha llevado a la protesta. Y frente a la protesta, el Gobierno a respondido con represión, la intervención de antidisturbios y varios detenidos.

En un primer momento el punto de mayor saturación de las Islas se encontraba en el puerto de Arguineguín en la localidad de Mogan, al suroeste de Gran Canaria. Allí el pasado verano comenzaron a instalarse varias carpas para controlar las nuevas entradas, pero ya a finales del mes de noviembre llegaron a refugiarse más de 2000 personas. Fue en este muelle donde la policía intervino expulsando a cientos de ellas sin tener un espacio a donde ir, operación que luego fue tildada de “error y de falta de coordinación”. También en este pueblo hemos podido ver que ha emergido con fuerza el discurso racista y xenófobo que la extrema derecha lleva tiempo cultivando.

Poco después se presentó el Plan Canarias, propuesto por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Este abría el camino para comenzar a convertir las Islas Canarias en un macrocampamento para las personas migrantes que llegaban a las islas desde el mes de mayo. El objetivo decía ser “reconducir la crisis migratoria”, pero ciertamente lo que se está consiguiendo es convertir las Islas Canarias en un centro de detención, un tapón gracias al cual mantener a los migrantes alejados de la península y de su posible movilidad por territorio europeo.

La custodia de los migrantes, aunque sean irregulares, no puede ser mayor de 72 horas, pero desde mayo este derecho ha sido incumplido innumerables veces como señala la organización Human Rights Watch e incluso el propio juez de control del CIE de Gran Canaria, todo esto mientras el ministro del Interior Grande-Marlaska lo negaba. La restricción a la libre circulación vulnera los derechos humanos básicos.
Ante la envergadura de la crisis, las competencias se diluyen: mientras el gobierno lanza las responsabilidades a la Unión Europea, esta le responde dándole vía libre al gobierno para gestionar sus competencias nacionales.

A finales del pasado año se calculaba que habían llegado a las islas más de 20.000 personas, entre ellos unos 2000 menores no acompañados.

Mientras tanto, cuatro meses más tarde persiste la continúa retención bajo condiciones denigrantes. Un ejemplo claro de ello es la situación en la que se encuentran las personas retenidas en el campamento de Las Raíces. Allí se ha formado una asamblea de apoyo que está actuando como altavoz de las luchas de los migrantes para poder continuar su viaje.

En el comunicado del 5 abril exponen las condiciones a las que se están enfrentando las más de 1500 personas retenidas. Denuncian la falta de recursos, de atención médica y legal, el hacinamiento, la violencia física y psicológica ejercida por parte de la empresa Segurmaxim, encargada de la vigilancia y el control del recinto y de ACCEM, encargada de gestionar la acogida. Además, señalan la responsabilidad tanto del gobierno central como autonómico, ambos del PSOE y UP y piden que se exijan responsabilidades a estas empresas, que se cierre el campamento y que se respeten los derechos humanos básicos de las personas migrantes.

Ante la falta de respuestas el 1 de abril comenzó una huelga de hambre en el campamento. Hoy, 6 de abril, la respuesta ha llegado en forma de una brutal represión policial:

La mayoría de migrantes huyen de situaciones extremas en sus respectivos países. El racismo de Mauritania, la persecución política de Senegal, la pobreza de Mali. Países, a su vez, víctimas del colonialismo europeo durante décadas.

Pero al llegar a territorio europeo se chocan con la penosa realidad de unas políticas completamente racistas. La Unión Europa pone restricciones a la movilidad de los africanos y el gobierno español, alineado con ella, no hace nada por impedirlo.

Un gobierno que sigue llevando a cabo estas políticas en contra de las personas migrantes, que mantiene los CIES abiertos, que responde enviando a las fuerzas represivas y que permite que el racismo siga creciendo de la mano de la extrema derecha, no puede denominarse, de ninguna manera progresista, ni mucho menos ser la alternativa de los trabajadores, los migrantes, las mujeres y los jóvenes que sufren la explotación de este sistema capitalista asesino.

Fuente: Izquierda Diario, Rebelión.

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