Nuestramérica. Facebook y la OEA: los planes de Biden y Silicon Valley para la región

Resumen Latinoamericano, 29 de marzo de 2021.

El 19 de marzo del año en curso, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, anunció a través de una videoconferencia un acuerdo al que llegó el organismo regional con Facebook, una de las compañías más grandes del mundo por capitalización.

Acompañado de Nick Clegg, vicepresidente de Asuntos Globales del gigante de Silicon Valley, Almagro informó que la alianza estaba dirigida a desarrollar “proyectos de investigación, programas de entrenamiento y divulgación de estudios en áreas de interés mutuo”.

¿Cuáles “intereses mutuos” pueden tener la OEA y Facebook? Nick Clegg dijo a la audiencia que, principalmente, iban a trabajar para superar “desafíos” en materia de integridad electoral, libertad de expresión y protección de la privacidad de defensores de derechos humanos. Almagro, por su parte, agregó que Facebook compartía los mismos objetivos de la OEA para el hemisferio y que esperaba que la alianza se expandiera “a muchas otras áreas”.

Siendo el propietario de tres de las principales aplicaciones más consultadas en Internet (2 mil 700 millones de personas usan mensualmente Facebook, WhatsApp e Instagram), Mark Zuckerberg supo aprovechar la pandemia para que su compañía reaccionara fortaleciendo medidas diseñadas anteriormente y que habían sido opacadas por el escándalo de Cambridge Analytica, que presentan a Facebook como una especie de verificadora global de “información confiable”, evitando “viralizar el pánico” con respecto a las noticias que hablan del coronavirus.

Clegg no olvidó mencionar esa carta en la introducción del pacto con la OEA, además de relatar que la red social ha acompañado las campañas de vacunación de gobiernos facilitando anuncios gratuitos o tecnologías que les muestran a los usuarios dónde pueden vacunarse.

“La red social está conectando a millones de personas con información confiable para ayudarlas a protegerse de la pandemia y equipado a pequeños negocios con las herramientas digitales para navegar la crisis”, expuso Nick Clegg.

Sobre el papel que la OEA podría desempeñar, Almagro dio algunas luces enfatizando la “amplia experiencia en promoción de la democracia, los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la seguridad multidimensional” del organismo en la región, con intervención en más de 280 procesos electorales en los últimos 50 años.

También refirió que, en el campo de derechos humanos, uno de los tres temas acordados con Facebook, la OEA ha “llevado justicia a miles de víctimas”, encausando investigaciones a través del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH) y “otorgado protección urgente a personas y grupos en situación de vulnerabilidad”.

La organización que promueve golpes de estado

El primer signo de alerta que disparó el anuncio entre lectores perspicaces fue la presencia de la OEA en un acuerdo que incluye la integridad electoral, sobre todo con lo reciente de su reaparición en la escena política de Bolivia para torcer el triunfo de la institucionalidad gubernamental, luego de que el país cumpliera un año bajo el gobierno golpista de Jeanine Áñez.

La OEA arremetió contra el poder judicial del país andino:

Ante la detención de Áñez, la OEA emitió un comunicado alegando un supuesto abuso de mecanismos judiciales, aplicando la cotidiana acusación sin pruebas para luego exponer una serie de consideraciones injerencistas sobre el Poder Judicial en Bolivia, entre esas, reformar el sistema de justicia (…) la OEA agrega la propuesta de establecer una comisión internacional encargada de investigar los hechos de corrupción en Bolivia en la gestión de Evo Morales.

Recordemos que en 2019, los informes que Luis Almagro emitió negándose a reconocer la victoria legítima del entonces presidente Evo Morales dieron carta aval a los grupos armados paramilitares de derecha y a facciones insidiosas de las fuerzas de seguridad bolivianas para forzar la renuncia del líder boliviano e imponer autoridades complacientes a los designios de actores extranjeros interesados en los recursos bolivianos.

Si nos vamos al papel preponderante de la OEA en la región para atacar a Venezuela con bloqueos y conspiraciones golpistas, mientras que sistemáticamente ignora estallidos sociales y violencia estatal en otros países latinoamericanos, lo de su experiencia en derechos humanos y libertad de expresión se torna cinismo puro.

La empresa que entrega datos de privacidad para fines políticos

En 2018, The New York Times y The Guardian informaron que la extinta firma de análisis de datos Cambridge Analytica había recopilado datos de más de 50 millones de usuarios de Facebook para desarrollar un algoritmo que analizase las preferencias políticas de los votantes. El algoritmo permitió a los usuarios enviar anuncios políticos con el objetivo de influir potencialmente en sus votos en las elecciones.

Facebook sostuvo que, en 2015, el profesor de psicología de la Universidad de Cambridge, Alexander Kogan, obtuvo datos personales de usuarios mediante una aplicación y los transfirió a Cambridge Analytica. Ese año, Facebook bloqueó la aplicación y ordenó a la empresa que borrara los datos, pero después “se enteró” de que la información no había sido borrada por completo, así que respondió con la suspensión de la cuenta de Cambridge Analytica.

Sin desestimar las implicaciones éticas de las acciones de Cambridge, llama la atención que los medios se afincaron más en demostrar que la intervención de la consultora británica había determinado el éxito de la campaña presidencial de Trump en 2016, y casi no tanto en resaltar que uno de los tantos vicios de Facebook es dejar que su plataforma sirva a intereses políticos de los que paguen.

Por otro lado, la campaña de Barack Obama de 2012 utilizó antes la ciencia social y la analítica de datos para reunir una gran cantidad de información sobre posibles partidarios, pero no hubo el mismo revuelo.

La red social demostró el año pasado que si quiere interferir en los resultados de una elección presidencial, lo puede hacer por toda la calle del medio y a plena luz del día. Al igual que lo hicieron otros factores de la industria de la tecnología, Zuckerberg no escatimó en acciones determinantes que revelaron su predilección por Joe Biden: suprimió la capacidad de compartir a través de sus redes las investigaciones periodísticas sobre el caso que involucraba al hijo del actual presidente con una trama corruptiva en Ucrania, proclamó la victoria del actual presidente cuando todavía el conteo electoral no había culminado y censuró la cuenta de Donald Trump en los días de la transición presidencial.

¿Quién es Nick Clegg?

Nick Clegg se describe a sí mismo como “un no tecnólogo, extrovertido, de 52 años que trabaja para un tecno-genio introvertido de 35 años”. Desde 2019, cada mañana -hasta que la pandemia impuso el trabajo a distancia- recorría en bicicleta el trayecto de su mansión de 9 millones de dólares a su oficina en la sede de Facebook.

El británico le concedió tres entrevistas a la periodista Nancy Scola en un lapso de seis meses, que luego fueron publicadas en un artículo titulado “Cómo Nick Clegg está tratando de arreglar la imagen global de Facebook.

Se mudó a California a trabajar con Zuckeberg en 2018, después del caso de Cambridge Analytica. Una de sus misiones inmediatas fue cambiar la imagen pública que quedó del gigante tecnológico al conocerse que permitía el uso político de los datos personales de millones de usuarios.

Clegg entró a Facebook con experiencia en el mundo de la política: pasó de ser, durante cinco años, viceprimer ministro del Reino Unido en el primer gobierno de coalición conservador de David Cameron a jefe de los Demócratas liberales, el tercer partido más importante de Gran Bretaña, antes de convertirse en el agente insignia de relaciones públicas de la red social.

Nick Clegg, director conjunto de políticas y comunicaciones de Facebook (Foto: Getty Images)

Cuando Facebook reclutó a Clegg para el cargo de vicepresidente de asuntos globales y comunicaciones, Danny Rogers, periodista británico especialista en marketing, escribió en un artículo de opinión que el anuncio era una prueba de la desesperación del gigante tecnológico para rehacer puentes de confianza con algunos actores interesados importantes:

“Clegg es un pez político grande, particularmente en Europa, donde Facebook ha logrado perder muchos amigos durante el año pasado. Uno espera que Clegg se concentre en los asuntos globales, es decir, cabildeo y asuntos públicos, en lugar de las relaciones públicas y las comunicaciones clásicas, en las que tiene poca experiencia”.

La ofensiva de Facebook por el poder global

Los residentes de Silicon Valley están asumiendo sin rodeos el poder que les confiere tener acceso a la información de millones de personas en todo el mundo. La tarea de Clegg es representar a Facebook en reuniones internacionales con instancias y gobiernos que estén dispuestos a dejar que la red social pase a un nivel más entretejido con las estructuras del poder político y económico de los gobiernos en el mundo. En eso andaba antes de que la pandemia paralizara los aeropuertos, y en eso continúa telemáticamente, como vemos con la reunión sostenida con Almagro.

En opinión de Clegg, la pandemia del covid ha puesto en manifiesto que la red social “puede ser una fuerza poderosa para el bien”. No vio necesario aclarar que se refiere al bienestar de la corporación.

Facebook ha ido abriéndose paso en la escena internacional. Lo que vemos ahora, con las iniciativas frente a la pandemia que impulsa Clegg reuniéndose con docenas de gobiernos, simulando interés en temas de emergencia sanitaria, probablemente sea un ensayo de lo que maquina el gigante tecnológico en el futuro próximo: una especie de gobernanza global que proteja el interés corporativo, por encima de cualquier frontera, sin la necesidad de asumir responsabilidades con los ciudadanos.

La junta de supervisión

Fue idea de Clegg, según Scola, que las cavilaciones de Zuckerberg sobre crear una especie de “Corte Suprema” para enfrentar las críticas por problemas de moderación en el contenido de Facebook (donde abundan apologías al terrorismo, por ejemplo), se concretaran en la fundación de una junta de supervisión, “verdaderamente independiente y fuera del control directo de la compañía”, es decir, que no le rinde cuentas a nadie, encargada de evaluar qué contenido está permitido publicar, basándose “en el respeto a la libertad de expresión y los derechos humanos“.

Zuckerberg autorizó la propuesta y dispuso 130 millones de dólares en un fideicomiso para financiar sus operaciones.

El 6 de mayo de 2020, la red social anunció a los primeros 20 miembros de la Junta de Supervisión, todos ajustados a la visión de Clegg, afirma Scola. Solo cinco son estadounidenses, el resto son figuras internacionales alineadas a las ideas occidentales de libertad de expresión y derechos humanos. De la lista, y por sus implicaciones con el hemisferio y Venezuela, sobresalen los nombres de:

  • John Samples, vicepresidente del Instituto Cato, tanque de pensamiento fundado por la oligarquía Koch, dueña de corporaciones petroleras y financieras que ha invertido en campañas contra gobiernos de países latinoamericanos, como VenezuelaBrasil y Bolivia.
  • Catalina Botero Marino, abogada colombiana que fue Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, de 2008 a 2014. En los últimos años ha tenido una postura abiertamente complaciente con los intentos fallidos de golpe de Estado en Venezuela, conducidos por el antichavismo venezolano bajo órdenes del gobierno estadounidense.

Que un exfuncionario de una organización regional intergubernamental acepte un empleo en Silicon Valley pasaría como un hecho rutinario en la Casa Blanca. En la administración de Joe Biden, las líneas que dividen al gobierno de las industrias de tecnologías son tan difusas que ya casi no se distingue quién tributa a quién.

Jessica Hertz, exabogada de Facebook, fue nombrada por Biden para ser su secretaria de personal, pero antes había trabajado como abogada adjunta de Biden cuando él era vicepresidente de la Administración Obama. Ocurre lo mismo con Jeff Zients, ex miembro del consejo de administración de Facebook que, asegura el gobierno de Biden, “vendió todas sus acciones” de la empresa antes de tomar el puesto en la Coordinación de Respuesta al Coronavirus de la Casa Blanca. Para no ir más lejos, Biden tiene una relación amistosa con Nick Clegg.

Los funcionarios salientes aceptan trabajos bien remunerados en la industria tecnológica y vuelven a ser reenganchados cuando el partido de turno está en el poder. La política y el dinero cada vez se vuelven más dependientes entre sí.

¿Por qué la OEA?

Los datos aquí expuestos son concluyentes: Facebook vende nuestra información privada a empresas de minería de datos que crean mensajes específicos para comercializar productos o ideas políticas, método que promueve la división y la polarización. Además, escudándose en la moderación del contenido, crea reglas y jueces que trascienden naciones para vigilar que ningún relato amenace al sistema corporativo.

También queda claro que el gigante tecnológico reconoce que se convirtió en un actor internacional de grandes proporciones, ahora reclama un asiento en la mesa de los asuntos globales. La disputa con el gobierno australiano sobre cómo compensar a los editores de periodismo por mostrar su contenido de noticias, que llevó a Facebook a bloquear las fuentes de noticias en toda Australia, muestra hasta dónde es capaz de ir para probrar que su influencia es igualable a la de cualquier Estado.

En el caso de la región de América Latina y el Caribe, la OEA es el interlocutor que requiere para avanzar en los planes de Facebook. No hubo detalles de los proyectos que emprenderán a partir de la celebración de la alianza, pero basándonos en los tres ejes nombrados (integridad electoral, libertad de expresión y protección de la privacidad de defensores de DDHH), podríamos especular que Facebook, con la colaboración de la OEA, será más activo en:

  • Censurar a políticos que respondan a intereses nacionales.
  • Avalar o condenar resultados electorales según convenga.
  • Respaldar persecuciones judiciales de instancias externas.
  • Ampliar la visibilidad de voceros y movimientos alineados a sus fines.
  • Encubrir operaciones irregulares de “activistas” o de ONG.
La página en Facebook del presidente Nicolás Maduro solo podrá ser consultada en modo lectura los próximos 30 días, por una decisión unilateral del gigante tecnológico (Foto: Captura de pantalla)

El sábado 27 de marzo, medios de comunicación internacionales reseñaron la noticia de que Facebook bloqueó el perfil del presidente Nicolás Maduro “por desinformar sobre el covid-19”.

La red social eliminó un video donde el mandatario venezolano afirma que el Carvativir, medicamento antiviral desarrollado en el país, es efectivo en el tratamiento de pacientes contagiados con el virus, y que además no produce efectos secundarios. Según un vocero de Facebook, citado por Reuters, la decisión estuvo guiada por parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), “que dice que actualmente no hay medicamentos para curar el virus”.

La cuenta estará solo en modo lectura durante los próximos 30 días.

Una operación que a simple vista parece limpia, retirar información que consideran falsa regidos por las líneas de organismos internacionales, en realidad es un veto al Estado venezolano que no tiene por qué pedirle permiso a una aplicación en Internet para informar al país que sus autoridades sanitarias aprobaron el uso de un medicamento contra el covid-19, y tampoco necesita de la intermediación de la red social para tratar con instancias multilaterales, puede comunicarse directamente con la OMS y la OPS si desean presentar los estudios científicos del Carvativir, como de hecho ha manifestado que lo hará. ¿Acaso el problema es que el fármaco partió de una iniciativa gubernamental y no depende de la Big Pharma para ser distribuido a la población venezolana?

En este caso también es evidente la impronta de Facebook por arrebatarle espacios al Estado venezolano, censurando a su primer mandatario así como lo hicieron con Donald Trump cuando aún no había entregado el mando de la Casa Blanca a Joe Biden.

Los obstáculos para los Estados de Latinoamérica y el Caribe que defienden su soberanía aumentan drásticamente con la alianza Facebook-OEA, por lo tanto la respuesta debe estar al mismo nivel, para no correr con el riesgo de quedar divididos y gobernados por la empresa de Zuckerberg en alianza con el llamado Ministerio de Colonias de Estados Unidos.

Fuente: Misión Verdad

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