México. Asuntos pendientes en la lucha contra el crimen organizado

Por Daniel Edgar. Resumen Latinoamericano, 5 de marzo de 2021.

Han ido en aumento los enfrentamientos mortales, masacres y otras atrocidades horrendas en México durante los meses de enero y febrero a medida que las disputas territoriales y sectoriales entre varios de los cárteles se han intensificado.

La escalada más reciente en los acontecimientos violentos ha dejado en claro una vez más la vulnerabilidad e incapacidad de muchas de las entidades estatales a hacer frente a lasos fuentes del crimen organizado y la violencia relacionada con él. Mientras tanto, en medio de la devastación provocada por la violencia en curso y la perturbación social y económica causada por la pandemia, el país se prepara para las cruciales elecciones que se celebrarán en junio.

Muchos de los enfrentamientos mortales y otros incidentes que han ocurrido son el resultado de una intensificación en las guerras territoriales de larga data entre cárteles rivales y otros grupos armados ilegales en varias regiones y ciudades del norte mientras en cuanto están buscando expandir su influencia y control sobre territorios y sectores estratégicos.

Entre los carteles más involucrados en las disputas a lo largo de enero y febrero se encuentran el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación, el Cartel del Noreste y el Cartel del Golfo. También han estado involucrados en intensos enfrentamientos intermitentes con las fuerzas de seguridad pública y en enfrentamientos, emboscadas y enfrentamientos más frecuentes pero menos intensos en muchas partes del país.

Otros incidentes violentos instigados por los cárteles y otros grupos criminales han tenido el objetivo de eliminar rivales políticas, o están relacionados con sus esfuerzos constantes para forjar o imponer lealtades políticas y alianzas tácticas en el período previo a las elecciones nacionales en junio próximo (para la Cámara Nacional de Diputados – la cámara baja del Congreso Nacional – y para los gobernadores de 15 estados, así como para muchas asambleas estatales y locales, y alcaldes de la mayoría de los municipios del país).

En cuanto a los múltiples enfrentamientos que se están produciendo entre cárteles y otros grupos del crimen organizado y las fuerzas de seguridad, también han sido varios casos de alto perfil que involucran la revelación de colaboraciones profundamente arraigadas entre ciertas autoridades estatales y grupos armados ilegales, más notablemente en el estado de Tamaulipas luego de la masacre de 19 inmigrantes en enero.

Mientras tanto, en el sur del país, las comunidades agrícolas e indígenas continúan siendo asediadas por grupos paramilitares fuertemente armadas. Si bien muchos de los grupos armados ilegales parecen pertenecer a cárteles que operan en la región, los informes de muchas de las comunidades afectadas sugieren que, al menos en algunos casos, las acciones de los grupos armados ilegales también están sirviendo (ya sea directa o indirectamente) a los intereses de los proponentes y beneficiarios de los numerosos megaproyectos para la explotación de recursos naturales y la construcción de infraestructura que están siendo impuestos por intereses y actores externos en toda la región.

El aumento más reciente en las disputas territoriales y la violencia desenfrenada, y los esfuerzos correspondientes del gobierno nacional para reducir la capacidad e influencia de los cárteles e identificar y desmantelar sus estructuras, personal y actividades (así como las diversas formas de colaboración que se han formado con ciertas instituciones y funcionarios tanto del Estado como del mercado) – reiteran la importancia de reevaluar y fortalecer continuamente los procesos de reforma institucional y las estrategias integrales para combatir los grupos del crimen organizado de todo tipo, siempre teniendo en cuenta la multitud de factores sociales y circunstancias que han contribuido a la explosión de violencia y corrupción junto con el drástico deterioro de las condiciones de vida que han agobiado al país durante las últimas dos décadas.

Disputas territoriales y enfrentamientos armados entre los cárteles

En cuanto a los enfrentamientos en curso entre los cárteles y otros grupos armados ilegales, varios factores subyacentes han tenido un fuerte impacto en los acontecimientos recientes, tanto en términos de las localidades más afectados como de los beligerantes involucrados y sus objetivos. La rivalidad entre el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sigue siendo uno de los factores más determinantes que impulsa el curso de muchas de las disputas territoriales a lo largo del país, manifestándose en una gran cantidad de regiones y contextos diferentes de acuerdo con el entorno y la alineación de fuerzas locales y regionales (incluyendo la presencia y fuerza relativa de los carteles y otros grupos armados ilegales en cada área, la importancia estratégica del territorio y su lugar en el despliegue geográfico de las fuerzas de cada grupo y sus objetivos estratégicos y operativos).

Los acontecimientos en cada área también se ven afectados por la capacidad de las instituciones del Estado, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades para resistir y enfrentar las incursiones de los grupos armados ilegales y sus colaboradores o, por el contrario, la medida en que instituciones y sectores sociales clave han sido debilitados, infiltrados o están colaborando activamente con los cárteles.

Según los informes y el análisis más recientes, las disputas mortales entre el Cartel de Sinaloa y el CJNG para controlar los territorios estratégicos y los corredores de transporte a lo largo de la frontera de los EEUU y en las regiones adyacentes están pasando por un período de escalada, con cada grupo haciendo un esfuerzo total para eliminar o apoderarse de y absorber los demás cárteles y grupos criminales en las áreas relevantes. LINK1, LINK2

** http://www.borderlandbeat.com/2021/02/the-cjng-winter-offensive-interview.html

** http://www.borderlandbeat.com/2021/02/zacatecas-mexico-cartel-jalisco-nueva.html

Al mismo tiempo, se han producido una serie de enfrentamientos y atrocidades en las regiones adyacentes, las cuales son de gran importancia estratégica como corredores de transporte hacia el norte (particularmente Nuevo León y Tamaulipas), en este caso principalmente involucrando enfrentamientos entre los otros dos cárteles que tienen una presencia significativa en la región, el Cartel del Noreste (CDN) y el Cartel del Golfo (CDG).

Parece que los últimos esfuerzos de los dos cárteles dominantes para imponer su autoridad de una vez por todas sobre sus rivales menos poderosos (no obstante diferencias sustanciales en el equilibrio de fuerzas prevaleciente y en la potencia de fuego en localidades específicas) han sido facilitados por los numerosos éxitos operativos de las autoridades estatales en los últimos seis meses, con la captura o ejecución extrajudicial de los líderes y otros miembros de alto rango en las estructuras de varios cárteles más pequeños, debilitando su liderazgo y cohesión y dejándolos cada vez más vulnerables en términos de las constantes guerras y enfrentamientos territoriales multidimensionales.

En este contexto, ha habido numerosos reportes de alianzas (o traiciones) locales y regionales entre los dos grupos dominantes y otros cárteles y sus múltiples facciones y redes en regiones y localidades específicas como Tijuana, Zacatecas y Ciudad Juárez. (Ver, por ejemplo, AQUÍ y AQUÍ)

** http://www.borderlandbeat.com/2021/02/tijuana-is-new-cartel-battlefield-and.html

** http://www.borderlandbeat.com/2021/02/zacatecas-deaths-and-disappearances.html

La guerra informática y psicológica entre los diversos grupos y facciones también ha experimentado una escalada correspondiente, con cada facción tratando de superar a la otra en términos de la perpetración de atrocidades horribles con el fin de quebrar la voluntad de sus rivales, y echando afirmaciones triunfalistas sobre la inminente erradicación de las fuerzas de sus enemigos.

En este contexto, se han difundido numerosos videos e imágenes (principalmente a través de las redes sociales) de víctimas mutiladas, presentadas como personas pertenecientes a una u otra facción, y parece que el CJNG ha sido objeto de varias derrotas tácticas importantes al respecto, imágenes de las cuales han sido difundidos ampliamente a través de campañas de propaganda concertadas. Estos han sido acompañados por repetidas afirmaciones por parte de sus rivales de que el cartel ha extendido sus fuerzas demasiado y ya no puede armar y proteger a sus miembros, asociados y colaboradores. Solo el tiempo mostrará si este es el caso o no.

Si bien el CJNG ha sido uno de los blancos principales de las investigaciones y operativos de combate de las fuerzas de seguridad mexicanas durante el último año, luego de una serie de emboscadas y ataques que el cártel había llevado a cabo contra altos funcionarios del Estado, también es el cártel que ha sido más afectado por los esfuerzos de los investigadores y autoridades financieros mexicanos durante los últimos dos años para identificar y neutralizar los fondos y las cuentas bancarias de los cárteles. No obstante, todavía parece algo improbable que los recursos y la capacidad del grupo para obtener armas y otros suministros necesarios para defender sus territorios y miembros podrían haberse visto afectados tan gravemente como están afirmando sus rivales. Además, también existen otros fuentes contradictorios que afirman que el CJNG ha lanzado una ‘ofensiva de invierno’ en algunas regiones clave que ha tenido un cierto grado de éxito en el desplazamiento o eliminación de grupos rivales a pesar de algunos reveses localizados.

En cualquier caso, si el CJNG ha logrado antagonizar a sus rivales suficientemente, existe la posibilidad de que dejarán de lado sus diferencias entere si temporalmente para formar un frente común con el propósito de aniquilar al cartel, lo que junto con el énfasis puesto en la lucha contra el cartel por parte del gobierno mexicano y las fuerzas de seguridad si constituiría una amenaza existencial para el CJNG.

Los dramáticos eventos en el estado norteño de Tamaulipas a principios de este año, entre ellos la masacre de 19 inmigrantes en enero y la posterior revelación de varias redes de colaboración entre el CDN y ciertos funcionarios estatales y miembros de las fuerzas de seguridad pública (discutidos con más detalle abajo), también han traído todo el peso de la ley (y la ira del gobierno nacional) encima de la CDN y sus redes de colaboradores y es probable que los esfuerzos reforzados puedan debilitar en gran medida, si no erradicar, al cartel como tal. Otro factor que probablemente contribuyó a la determinación del gobierno nacional de acabar con el cartel es el intento de algunos de los miembros del grupo de derribar un helicóptero militar a principios de este mes.

Aún así, si bien los incidentes recientes en Tamaulipas y sus alrededores han sido particularmente dramáticos y traumáticos, no es probable que en sí mismos los incidentes constituyan un punto de inflexión en el largo plazo, ya que lo que queda de los recursos, el personal y las estructuras y células fragmentadas de la CDN serán rápidamente absorbido o tomado por los otros cárteles de la región y se producirá un nuevo ‘(des)equilibrio’ producto de si uno de los cárteles restantes logre derrotar o dominar a los demás, o si se los combatientes se encuentren en un nuevo estancamiento en la guerra de desgaste entre los grupos armados ilegales.

A menos que los esfuerzos consolidados de las autoridades para erradicar el CDN se puedan prolongar y diversificar para garantizar que los demás grupos criminales no se muevan para llenar el vacío temporal dejado por la posible derrota del CDN, y se pueda proporcionar un espacio de recuperación para que la región tenga una base sólida para reconstruir y consolidar las instituciones estatales degradadas en la región y sanar a las comunidades y sectores sociales tan conmocionados y traumatizados.

Enfrentamientos entre los cárteles y las fuerzas de seguridad

Como mencionado anteriormente, algunos miembros del CDN (Cartel del Noreste) intentaron derribar un helicóptero militar en el estado de Nuevo León a principios de febrero después de que el helicóptero localizó y se acercó a uno de sus campamentos paramilitares. Según informes de los medios, el intento falló y la tripulación del helicóptero solicitó refuerzos terrestres que llegaron rápidamente y mataron al menos a cinco de los pistoleros del grupo armado ilegal, capturando a unos cuatro más. (FUENTE)

** http://www.borderlandbeat.com/2021/02/cdn-tries-to-shoot-down-military.html

Previamente, en noviembre del año pasado presuntos miembros del CDN asesinaron a un jefe de la policía municipal y a dos de sus asesores en la misma región (en el estado de Nuevo León, colindante con el estado de Tamaulipas hacia el norte del país), la cual está ubicada en un corredor de transporte estratégico que actualmente es objeto de un feroz conflicto y frecuentes enfrentamientos armados entre grupos afiliados a la CDN y el Cártel del Golfo (CDG).

Han sido varios otros enfrentamientos y emboscadas contra las fuerzas de seguridad pública en distintas regiones durante las últimas semanas. (FUENTE)

** http://www.borderlandbeat.com/2021/02/orizaba-veracruz-cjng-ambush-police-ssp.html

Tamaulipas: el nuevo foco de atención nacional e internacional

La masacre cometida el 22 de enero de este año en Camargo (en el estado de Tamaulipas), cuando 19 personas – en su mayoría inmigrantes de Guatemala – fueron asesinadas y sus cuerpos incinerados dentro de dos vehículos, llamó la atención a las múltiples acusaciones de una extensa y prolongada colaboración entre algunos funcionarios del estado y al menos uno de los cárteles con presencia en la región (el CDN).

Tan pronto como la identidad de la mayoría de las víctimas de la masacre fue determinado, el gobierno guatemalteco exigió que ‘todo el peso de la ley’ sea aplicado contra los responsables. Posteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala anunció que las autoridades guatemaltecas trabajan diariamente con sus homólogos mexicanos y también agradeció los esfuerzos de las autoridades mexicanas y su activa cooperación y apoyo en la investigación del caso.

El gobierno mexicano también está muy determinado a identificar y neutralizar a los perpetradores, y las autoridades ya han detenido a doce miembros de la Policía Estatal de Tamaulipas por su presunta participación en el crimen. Más recientemente (el 24 de febrero), el Fiscal General de la Nación anunció que está preparando un expediente que será enviado al Congreso Nacional buscando la destitución del gobernador de Tamaulipas de su cargo por una serie de delitos que incluye él de colaborar con grupos del crimen organizado en la región.

En reiteradas ocasiones y llegando de una diversidad de fuentes, varios funcionarios de la Policía Estatal de Tamaulipas y su unidad de asalto (el Grupo de Operaciones Especiales, GOPES) han sido acusados​​de colaborar activamente con cárteles y otras facciones criminales en la elaboración de una campaña de terror que se está llevando a cabo contra los residentes locales y otros civiles en Tamaulipas, la cual incluye múltiples denuncias relacionadas con la detención y el secuestro de residentes por parte de agentes de la policía que luego han entregado las víctimas a miembros del cártel para ser interrogadas, torturadas y asesinados, ya sea en busca de pagos de rescate o con el fin de sembrar el terror entre las comunidades y blindar su control territorial, y también para disuadir la denuncia de abusos de autoridad y reclamos de que se lleven a cabo investigaciones sobre los vínculos entre las fuerzas de seguridad y otros funcionarios públicos con los grupos armados ilegales que operan en la región.

Después de la masacre de los inmigrantes centroamericanos en enero, familiares de varias personas de la región que presuntamente han sido secuestrados y desaparecidos por la Policía del Estado de Tamaulipas viajaron a la Ciudad de México para denunciar los delitos y exigir que las autoridades responsables den prioridad a la serie de casos relacionada con ellos. Según informes de la prensa, la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas (CODHET) recibió 91 denuncias por detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas en el transcurso de 2019, y aunque las cifras para 2020 no han sido anunciadas oficialmente, es probable que se encuentren en un rango similar.

Uno de esos hechos que ha sido reportado en los medios de comunicación ocurrió en enero, cuando agentes de la policía estatal detuvieron a cuatro personas en el municipio de Mier luego de que el vehículo en el que viajaban fuera interceptado por la policía. Las víctimas fueron trasladadas a una instalación policial en el municipio adyacente de Miguel Alemán y luego fueron entregadas a presuntos miembros del Cártel del Golfo (CDG). Citando informes de los medios locales, Borderland Beat informó:

“El caso conmocionó a la comunidad de Ciudad Mier y provocó múltiples protestas…

El secuestro en cuestión ocurrió el 6 de enero de 2021, cuando miembros de la Policía Estatal de Tamaulipas montaron un operativo en el municipio de Mier y detuvieron a cuatro personas: Luis Alberto Herrera Avalos, Jaime Santacruz, Mario Alexis García Bocanegra y Brian Eduardo García Bocanegra.

Todos ellos fueron llevados a la oficina de policía de tránsito en Miguel Alemán, a unos 20 minutos en automóvil del lugar donde fueron arrestados. En el momento en que los cuatro se encontraban bajo custodia policial, sus familias comenzaron a recibir llamadas amenazadoras pidiéndoles que pagaran un rescate…

Posteriormente, una de las víctimas dijo que el jefe de la policía de tránsito, Monico Garza, se reunió con presuntos miembros del cártel dentro del cuartel general de la policía.

“[Luego] el oficial salió del edificio y en menos de dos minutos entró un hombre que llevaba un AK-47…”

Las dos víctimas del secuestro que sobrevivieron explicaron que el hombre que llegó para llevarlos de la instalación de policía pareció confundido. Aparentemente, le dijeron que había dos secuestrados, no cuatro. El hombre salió del edificio por una puerta secundaria. Luego dos de las víctimas, los hermanos Bocanegra, fueron liberadas…

Mientras los hermanos Bocanegra pudieron volver a ver a su familia, los familiares de Luis Alberto y Jaime recibieron videos donde sus seres queridos estaban siendo torturados [y desde entonces han desaparecido]…” (FUENTE)

** http://www.borderlandbeat.com/2021/02/tamaulipas-police-had-multiple.html

En otro caso, un ex oficial de la policía de Tamaulipas fue encarcelado por las autoridades federales y está siendo investigado a causa de denuncias de que había proporcionado información confidencial sobre actividades policiales a miembros del Cártel del Noreste (CDN) y que además reclutó a varios de sus colegas con el mismo propósito. También está acusado de colaborar en el asesinato de varios otros policías estatales que se negaron a cooperar con la CDN, o que eran sospechados de colaborar con el rival principal del cártel en la región (el Cártel del Golfo, CDG).

Como señalado anteriormente, los fiscales federales han anunciado que 12 policías de la Policía Estatal de Tamaulipas han sido arrestados por haber colaborado con el Cártel del Noreste en la masacre de 19 inmigrantes, específicamente de haber proporcionado testimonios falsos y de alterar evidencias alrededor del lugar donde el crimen ocurrió con la intención de entorpecer la investigación, entre otros indicios de connivencia entre la policía y los miembros del cártel en los meses anteriores. Todos los agentes detenidos han sido acusados ​​de homicidio y de abuso de autoridad, entre otros delitos.

Tres de los 12 agentes de policía arrestados habían recibido capacitación en un programa de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, INL) de los Estados Unidos entre 2016 y 2017. Entre3 otras cosas, el programa consistió en la enseñanza de ‘habilidades básicas de supervisores’ y ‘derechos humanos’. (FUENTE)

** http://www.borderlandbeat.com/2021/02/3-of-12-tamaulipas-police-officers.html

La importancia estratégica de los procesos de recuperación institucional

Las autoridades mexicanas han tenido numerosos éxitos en términos de la persecución de casos de corrupción de alto perfil y además han llevado a cabo múltiples arrestos (o ejecuciones extrajudiciales) de comandantes de alto y medio nivel de varios de los principales cárteles que operan a lo largo del país durante el último año. No obstante, para que las reformas institucionales y las estrategias operativas para combatir el crimen y la corrupción tengan un impacto a largo plazo y obstaculicen que las prácticas corruptas y los abusos de poder de todo tipo continúan eludiendo detección, un aspecto de suma importancia es el de expandir la autoridad institucional y aumentar sustancialmente la capacidad operativa de todos los mecanismos y agencias de control y contabilidad que existen en todos los niveles del sistema de gobierno.

En particular, todos los componentes de los sistemas nacionales de derechos humanos y anticorrupción deben ser fuertemente apoyados y reforzados, sin olvidar a los demás mecanismos de control y contabilidad tales como la Fiscalía, la Contraloría, y las superintendencias correspondientes encargados de asegurar la legalidad y el debido proceso en el funcionamiento de los mercados y registros financieros y corporativos de todo tipo. Las estructuras organizativas y los objetivos y estrategias operativos de todas estas entidades deben ser revisados y consolidados como componentes integrales de las funciones de supervisión y control que ejercen la Presidencia y el Congreso Nacional (y las entidades ejecutivas y legislativas correspondientes en los estados y municipios).

Como se señaló en un informe anterior (disponible en inglés en el sitio de South Front), si bien el alto grado de centralización de la toma de decisiones y la rendición de cuentas que ha sido favorecido por el gobierno nacional durante los últimos dos años facilita el control operativo y la rápida toma de decisiones en el contexto de un entorno peligroso y cambiante, y también puede dificultar la infiltración o subversión del sistema por parte de elementos corruptos u hostiles, ese estilo de manejo suela conlleva una variedad de inconvenientes y desventajas inherentes. Uno de ellos es que una consecuencia de la centralización de la mayoría de las principales funciones y poderes de mando, control y contabilidad es que las estructuras estatales y los funcionarios trabajando en ellas están más alejados de y por lo tanto son menos accesibles con respecto a las personas a las cuales el sistema debe proteger, servir y pertenecer.

** (FUENTE) https://southfront.org/political-conditions-in-mexico-the-fight-against-the-cartels-and-their-security-implications/

Otra desventaja del enfoque centralizado que ha sido favorecido por el gobierno nacional y los legisladores en las esferas de seguridad y anticorrupción es que corre el riesgo de marginalizar, debilitar y, en última instancia, hacer que los demás mecanismos de contabilidad claves, tanto a nivel nacional como en los estados y municipios, sean en gran medida irrelevantes.

Muchas de las agencias afectadas por la centralización de poderes claves son encargadas con funciones y actividades que son igualmente cruciales para combatir las diversas formas de colaboración entre los grupos del crimen organizado y funcionarios estatales colocados a lo largo del aparato estatal. así como las instituciones correspondientes del funcionamiento de los mercados y el sector privado, desde las fuerzas de seguridad hasta tareas que parecen ser sin trascendencia pero que son igualmente imprescindibles en la lucha contra el crimen organizado, tales como el mantenimiento de los registros de la propiedad de la tierra y la administración de otros documentos oficiales, el sector financiero y otros registros y sectores del mercado (por ejemplo la bolsa de valores).

Hace falta que la revisación de estos aspectos alcance hasta los terratenientes y las empresas involucradas en los megaproyectos de infraestructura, explotación de recursos naturales y agro-negocios, así como de las élites locales y regionales tradicionales o de reciente aparición (que pueden estar inclinadas a colaborar con grupos armados ilegales y otras redes del crimen organizado, ya sea de forma voluntaria o por coacción).

Las estructuras y jerarquías centralizadas también han tendido a obstaculizar o excluir la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de los sectores sociales más marginalizados y afectados por decisiones y actividades específicas, impidiendo que estos sectores contribuyan a los esfuerzos oficiales con su amplio conocimiento profesional y experiencia práctica en temas relacionados con la lucha contra el crimen organizado y sus efectos nocivos que afectan a toda la sociedad.

En cuanto a la organización, el despliegue y los operativos de las fuerzas de seguridad, un aspecto que merece un análisis profundo y un debate público es la creación de policías comunitarios y, dada la escala y la potencia de fuego de los grupos armados ilegales que se encuentran en muchas zonas, una milicia comunitaria bien armada, que funcionen con el apoyo de fuerzas de reacción rápida pertenecientes a las fuerzas de seguridad convencionales para que puedan solicitar apoyo inmediato en caso de enfrentamientos de gran escala.

Claro que este es un asunto extremadamente delicado que requeriría de una planificación, ejecución y supervisión muy cuidadosa, pero también es un asunto de primordial importancia. En muchos países de Centroamérica y Suramérica se han creado milicias o formaciones paramilitares, a menudo con consecuencias devastadoras para las comunidades locales, ya que generalmente tales formaciones han operado en nombre de poderosos terratenientes y una variedad de otras élites económicas y políticas y han sido sujetos al mando, control y supervisión de ellas, en lugar de ser el resultado de una auténtica toma de decisiones, participación y supervisión basada en las comunidades donde operan. El programa ‘Convivir’ en Colombia de la década de 1990, que se convirtió en la plataforma para la proliferación de muchos grupos paramilitares depredadores y despiadados, es un ejemplo de ello.

Numerosas comunidades indígenas remotas en México (principalmente en el sur del país) ya han tomado el paso de crear milicias armadas para poder defenderse, al menos hasta cierto punto, contra las incursiones frecuentes de los cárteles y otros grupos armados ilegales que las merodean. Sin embargo, estas iniciativas están encontrando una fuerte resistencia por parte de las autoridades convencionales, y las fuerzas de seguridad que las comunidades han establecido tienen una gran desventaja con respeto a las fuerzas de los grupos armados ilegales tanto en términos de la disponibilidad de efectivos como en la cantidad y potencia de su armamento.

En cuanto a los procesos de recuperación y consolidación institucional actuales y futuros, como han demostrado tan enfáticamente los recientes acontecimientos en Tamaulipas, donde una multitud de policías estatales y ahora la Gobernación por fin están siendo investigados luego de años de denuncias fútiles, la red de Comisiones de Derechos Humanos que existe en todo el país es un componente fundamental de los arreglos institucionales que se están desarrollando para enfrentar todas las formas de corrupción, abusos del poder del Estado y otras actividades delictivas.

Sin embargo, en un momento en que los presupuestos de las jurisdicciones estatales y municipales se están reduciendo sustancialmente, las Comisiones de Derechos Humanos carecen de los recursos necesarios para cumplir con sus responsabilidades y tampoco están recibiendo el apoyo y la cooperación suficientes de las entidades de control y contabilidad que han sido priorizados por el gobierno y el congreso nacional, y que están mucho mejor equipados y dotados para llevar a cabo la campaña contra la corrupción y el crimen organizado. Lo mismo ocurre en al caso de otras agencias y funcionarios de control y contabilidad, particularmente a nivel estatal y municipal, pero también en algunos casos a nivel nacional.

Más específicamente en esta instancia, a menos que la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas reciba el apoyo inmediata e incondicional de las demás autoridades y funcionarios del Estado de todos los niveles, los funcionarios de la Comisión seguirán chocando con la imposibilidad de avanzar en sus numerosas investigaciones pendientes; además, sus miembros quedarán expuestos a la obstrucción, el chantaje y la extorsión por parte de funcionarios corruptos y cómplices (o simplemente ansiosos y temerosos), y enfrentarán el riesgo adicional de actos de represalia horrendos por parte de los grupos armados ilegales y las redes del crimen organizado que están aterrorizando a la región.

Muchas otras agencias de control y contabilidad tienen roles que son igualmente vitales y complementarios en la lucha contra el crimen organizado (tales como las oficinas del fiscal en los estados, los registros de propiedades inmobiliarias y los registros corporativos, notarios, la bolsa de valores y las cajas de intercambio, etc.), que en muchos casos también reciben apoyo e información cruciales por parte de organizaciones de la sociedad civil y asociaciones profesionales – los cuales a menudo cuentan con relaciones más elaboradas y duraderas con las comunidades locales y otros sectores sociales vulnerables y desfavorecidos.

El informe de South Front (mencionado anteriormente) incluye un análisis del sistema anticorrupción nacional que ha sido elaborado durante los últimos cinco años. La red de comités de participación ciudadana y demás organizaciones de la sociedad civil que constituyen el núcleo del sistema para impedir y combatir la corrupción enfrentan los mismos desafíos estructurales y operativos que sus contrapartes en la red de Comisiones de Derechos Humanos; una grave escasez de capacidad profesional y tecnológica y de recursos operativos, agravada por una situación crónica de negligencia y descuido por parte de sucesivos gobiernos y legislaturas estatales y federales. El fracaso de las medidas anticorrupción en el estado sureño de Oaxaca para producir resultados tangibles hasta ahora es otro ejemplo de ello. (FUENTE)

** https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2021/02/17/sistema-anticorrupcion-de-oaxaca-aun-no-desarticula-redes-de-intereses-y-saqueo/

Es imprescindible reforzar el estatus y la capacidad tanto de las Comisiones de Derechos Humanos como de los Comités de Participación Ciudadana y sus estructuras relacionadas en el Sistema Anticorrupción Nacional (así como de las organizaciones de la sociedad civil que operan en campos relacionados) si los esfuerzos para reducir – y si posible erradicar – las formas más severas de abuso de poder, corrupción, crimen organizado y violencia endémica en todo el país van a poder salir exitoso y tener efecto a largo plazo.

Los proponentes, los participantes, los patrocinadores financieros y los beneficiarios principales de los múltiples proyectos de desarrollo y de explotación de recursos naturales también merecen atención en este sentido, sobre todo cuando están ubicados en las zonas más infestadas por los grupos armados ilegales que están aterrorizando las comunidades locales que, según ellos, constituyen obstáculos para la gestión de proyectos y el control territorial, la acumulación de riqueza y otras manifestaciones de ‘desarrollo económico’ y ‘progreso’.

Si va a existir la menor posibilidad de una resolución relativamente armoniosa y constructiva a las numerosas disputas y conflictos sociales y ambientales vigentes en el país, todos estos megaproyectos deben estar sujetos a estudios y evaluación comprensiva de sus impactos ambientales y sociales, desde el inicio del proyecto hasta la terminación y rehabilitación de las áreas afectadas. Esto debe incluir un análisis detallado de los costos y beneficios (incorporando parámetros económicos, sociales y ambientales) que tenga en cuenta al menos los siguientes escenarios: (1) si actores externos (el gobierno nacional y las corporaciones) elaboren el proyecto a pesar de la fuerte oposición y objeciones de muchas de las comunidades afectadas, (2) si el proyecto avanza con el consentimiento libre e informado de las comunidades afectadas, (3) una serie de parámetros alternativos para el proyecto, diseñados para reducir los impactos sociales y ambientales adversos, y (4) posibles caminos alternativos para el desarrollo de la región, basados en las perspectivas y necesidades de las mismas comunidades de la zona.

En este sentido, hace falta prestar atención a la elaboración de una investigación profunda de todos los grupos armados ilegales y otras redes del crimen organizado que actúan en la región afectada o que estén preparándose para apropiar los flujos financieros y otros recursos generados por los proyectos (incluidos – quizás sobre todo – sus contrapartes de ‘cuello blanco’ asociadas con los proyectos más grandes en los principales centros urbanos y financieros, los cuales envuelven y ocultan sus prácticas depredadoras y la acumulación masiva de riqueza a través de reclamos dudosos pero impenetrables de ‘secretos comerciales’ y ‘el interés nacional’).

Este aspecto del ‘desarrollo nacional’ – la imposición de megaproyectos por encima de los intereses y el bienestar de las comunidades más afectadas por ellos – ha sido una de las debilidades principales de los gobiernos progresistas del ‘socialismo para el siglo XXI’ en América Latina desde el surgimiento del primero de ellos en Venezuela a fines de la década de 1990 con la elección de Hugo Chávez a la presidencia (con la posible excepción de Bolivia, donde los pueblos indígenas constituyen la mayoría de la población).

Bajo una fuerte presión tanto para modernizar y expandir los proyectos de desarrollo industrial, agrícola y de infraestructura como para mejorar rápidamente las condiciones de vida de un gran número de personas que viven en la pobreza, todos los gobiernos de tinta progresista han permanecido atrapados en un paradigma del siglo XX en términos del énfasis puesto en la ejecución acelerada de proyectos de extracción de recursos naturales que tienen consecuencias devastadoras para la mayoría de los miembros de las comunidades que viven en áreas afectadas por los proyectos y son terriblemente destructivos para el medio ambiente, pero que generan grandes flujos de ingresos para el presupuesto nacional (y hacen una contribución mucho más modesta a la generación de empleo) a corto plazo.

La historia reciente de Ecuador demuestra claramente este fenómeno y las adversas consecuencias que ha tenido con respecto a la (in)capacidad de la mayoría de los partidos progresistas para unirse con otros sectores de la sociedad en la búsqueda de objetivos y valores compartidos: durante sus aproximadamente diez años en el poder el gobierno de Rafael Correa tuvo mucho éxito en sacar a la mayoría de la población de la pobreza y a la vez mejorar la capacidad industrial, el desarrollo económico y la infraestructura nacional. Sin embargo, se basó en gran medida en megaproyectos relacionados con la explotación de recursos naturales para respaldar y financiar su ambiciosa estrategia de desarrollo sin priorizar medidas para reducir los impactos ambientales y sociales adversos, y además recurrió a medidas represivas para imponer los proyectos a las comunidades que viven en las áreas más afectadas por los proyectos.

Esta represión provocó un resentimiento generalizado y desconfianza dentro de los movimientos indígenas bien organizados y bastante poderosos – los cuales son capaces de determinar alrededor del 20% de los votos en las elecciones nacionales, y han convocado en numerosas ocasiones movilizaciones masivas, huelgas y bloqueos que han paralizado el país (más recientemente en octubre de 2019). La resolución de esta ruptura entre los movimientos indígenas de Ecuador y el partido político y el candidato presidencial (Andrés Arauz y UNES) que aspiran a ser el sucesor legítimo del gobierno de Rafael Correa en las elecciones, tan polarizadas y ferozmente controvertidas, que se celebrarán en abril, tendrá un impacto importante no solo para esa fecha sino también para el rumbo económico y social del país a largo plazo.

En este sentido, hay (al menos) tres polos principales alrededor de los cuales convergen las principales fuerzas sociales y políticas que, en términos extremadamente simplificados y homogeneizados, pueden reducirse aproximadamente así; (a) las fuerzas y facciones del socialismo progresista (y de la liberación nacional contra la hegemonía estadounidense), (b) las fuerzas del neoliberalismo tradicional (y conformidad absoluta con ‘el consenso de Washington’), (c) el ambientalismo indígena y desarrollo comunitario (aunque el candidato presidencial del movimiento indígena en la primera ronda celebrada el 7 de febrero, Yaku Pérez, tenía una plataforma política distintamente ambigua en términos de los principios de base para el desarrollo económico nacional y en términos geopolíticos, que parecía favorecer el consenso de Washington y el capital financiero internacional).

Con respeto a las reformas institucionales en México, otra posible desventaja de una estrategia altamente centralizada y jerárquica en términos de las funciones de mando, control y contabilidad es que si un intento de infiltración tenga éxito, es probable que causará mucho más daño en una estructura de mando centralizada, lo que podría llevar a un uso adverso de todos los componentes del sistema debajo de la entidad afectada, a la vez que va distorsionando la información filtrada ‘hacia arriba’ al centro de control, con el resultado de que las decisiones tomadas por los ‘superiores’ de la agencia infiltrada puedan basarse en información falsa o manipulada.

Tales actos de infiltración o colaboración pueden tomar una multitud de formas, desde actos de infiltración a largo plazo cuidadosamente planeados y altamente estructurados y organizados (aunque ejecutados de manera encubierta a través de una variedad de acuerdos secretos paralelos e informales) hasta transacciones espontáneas y oportunistas, ya sea elaborado con el pleno consentimiento de todas las partes involucradas o bajo condiciones de extrema presión y coacción.

También es probable que sería mucho más difícil detectar y contrarrestar tal infiltración en estas circunstancias, ya que tanto las funciones y actividades de cada componente, así como la estructura general de contabilidad y rendición de cuentas, tienden a ser mucho menos transparentes, y gran parte de la información es conocida solo por un número muy limitado de funcionarios y agentes ‘autorizados’. En este contexto, una infiltración exitosa de uno o más de los componentes ‘ápice’ del sistema inevitablemente tendrá consecuencias catastróficas.

En términos conceptuales, un sistema centralizado y jerárquica (‘hierarchical system’) está compuesta de estructuras de superiores e inferiores, ordenados en una cadena de mando de arriba hacia abajo en el cual el cumplimento de las ordenes es la prioridad. Esto contrasta con un sistema compuesto de una red integrada (‘network system’) en el cual cada componente del sistema sirve para complementar, apoyar y monitorear a los demás de una manera en que los componentes se refuerzan y se vigilan mutuamente, en lugar de simplemente servir como cintas de transmisión para el cumplimiento de las órdenes emitidas por ‘oficiales superiores’.

Una ilustración esquemática simplificada de estos dos tipos de sistema sería la siguiente.

En el caso del modelo jerárquico centralizado, la Oficina de la Presidencia y el Congreso Nacional están en la cúspide. Aunque las dos entidades supremas pueden ser consideradas como iguales en algunos aspectos, la primera tiene la responsabilidad principal para las funciones de mando, control y gestión operativa, mientras que la segunda tiene la responsabilidad principal para las funciones de supervisión y rendición de cuentas.

En el caso del modelo de una red integrada, todos los componentes importantes tienen algún grado de interacción y coordinación con todos los demás componentes en la medida en que sus funciones y responsabilidades tengan un impacto recíproco o actividades y objetivos operativos comunes o relacionados. Aunque dicha interacción y coordinación de actividades también se produce en un sistema jerárquico, por lo general es cuantitativa y cualitativamente mucho menor y, por lo general, está limitada por los arreglos jerárquicos predominantes. Si bien el diagrama se ha simplificado mucho por razones prácticas, en funcionamiento incluiría flujos de información bidireccionales entre cada uno de los componentes según se requiera, y la Oficina de la Presidencia y el Congreso Nacional se ubicarían en el centro.

Conclusión

Como nota final, a menos que y hasta que algunos de los directores y altos ejecutivos (así como auditores ‘independientes’ y funcionarios reguladores) de los principales bancos que han lavado tantos miles de millones de dólares de dinero de los cárteles (tales como HSBC y Wells Fargo – entre muchos otros) son condenados a una pena de cárcel seria – y la confiscación de sus bienes personales – quedará muy claro para todo el mundo que la gran cantidad de recursos y los miles de millones de dólares gastados (y decenas de miles de vidas perdidas) durante la ‘guerra contra las drogas’ es una enorme tragedia y una farsa total, condenando a unos cuantos chivos expiatorios convenientes y a muchos empleados de bajo nivel a pasar toda o la mayor parte de su vida tras las rejas, con algunos allanamientos y arrestos de alto perfil (o extrajudiciales ejecuciones) cada de vez en cuando para alimentar las campañas de propaganda y relaciones públicas (que también sirven para eliminar la competencia u otros posibles alborotadores en algunos casos). Mientras tanto, se criminaliza y victimiza a vastas partes y sectores enteros de la sociedad, en beneficio de unas pocas personas en el sector financiero, las industrias de armas, la industria penitenciaria, y sus colaboradores políticos y burocráticos parasíticos.