Argentina. 400 familias reclaman «tierra para vivir» en Rafael Castillo

Por Eli Baez,  Resumen Latinoamericano, 5 de marzo de 2021. 

En Rafael Castillo, partido bonaerense de La Matanza, desde julio del 2020 se viene dando un proceso de recuperación de tierras. Las familias que forman parte llamaron al barrio La Nueva Union y esta ubicado entre los barrios San Cayetano y Jose Hernández. 

La Nueva Union esta asentado sobre lo que hoy es una tosquera que cuenta con 69 hectáreas aproximadamente, es un terreno ocioso hace mas de 30 años. Allí viven aproximadamente 400 familias. El rango etario de los y las habitantes es entre 20 a 70 años aproximadamente y hay una población importante de niñeces.

En ese lugar solía estar un asentamiento donde predominaba el basural. Era un espacio amplio que se utilizaba para el desarme y quema de autos, en algunos casos, era utilizado como depósito de cadáveres y, mas de una vez, lograron rescatar a mujeres que pedían auxilio. Todo esto sucedía en un municipio donde Fernando Espinoza prometía, invertir 1.500 millones de pesos en un Plan Integra de Seguridad para que «La Matanza viva sin miedo“. Los y las vecinas del predio denuncian connivencia policial ante estos sucesos.

En el período donde la pandemia mostró su punto mas álgido, cuando se promulgó la cuarentena por parte del Estado Nacional (ASPO), miles de familias no pudieron pagar sus alquileres, perdieron sus trabajos, algunos/as cuentapropistas se quedaron sin ingresos y creció el numero de personas que vivían en situación de indigencia.

Se decretó el congelamiento de alquileres y prohibición de desalojos (DNU 766/20), como una de las medidas para atenuar los efectos económicos de la crisis que acentuó la pandemia. Sin embargo, los desalojos seguían ocurriendo, lo que llevo a que miles de familias busquen otros medios de vida para poder subsistir. Seguimos ante políticas de Estado vacías, que no generan una solución concreta por el derecho de acceder a viviendas dignas. Actualmente el DNU 766/20 consiguió una prórroga hasta el 31 de marzo del corriente año, sin novedades de nuevas modificaciones y extensión.

Como es el caso de Juan de 45 años, quien toda su vida fue carrero, no tiene un trabajo ni lugar donde dormir. Está ubicado en uno de los terrenos desde el inicio de la pandemia. Va y viene del predio a Ramos Mejía en busca de chatarra para vender.

Una vez asentados en el predio, los y las vecinas denunciaron que recibían hostigamientos por parte de la policía y grupos civiles (grupos parapoliciales). Los hostigamientos eran frecuentes, en general los días jueves y viernes ocurrían la quema de casillas y  represióneran por parte de estos grupos.

Como sus denuncias no eran recibidas, en diciembre del 2020, se organizaron y realizaron la primera movilización ante la comisaria de San Justo exigiendo el cese del hostigamientos, discriminación y represalias. En ese marco presentaron una solicitada y aclararon que tienen registros de los hechos represivos y hostigamientos.

Los hostigamientos siguen. Los primeros días del mes de febrero la Policía Bonaerense ingresó al predio, de manera violenta, con el fin de garantizar que la empresa EDENOR realizará el corte del servicio eléctrico. Ante la escalada violenta, organizaron una protesta pacífica donde la policía detuvo a cuatro vecinos que registraban el accionar policial.

Actualmente uno de los vecinos, Rafael Crispin, tras ser detenido y liberado después de una semana, es víctima de una causa armada. Rafael solo registraba el operativo y se le imputa tentativa de homicidio a un funcionario policial. Por este motivo realizaron una campaña mediática para que la causa quede sin efecto.

La organización del barrio es asamblearia, cada barrio eligió a dos colaboradores por manzana.

En cuanto a las condiciones materiales, no tienen conexión de agua potable, ya que la trasladan desde la casa de una vecina ubicada en un terreno aledaño al barrio. Estan trabajando en dos perforaciones para que todos puedan tener agua “el calor es intenso y necesitamos tener agua en cada casa para prevenir distintas enfermedades y mas con el Covid” nos comenta una vecina.

Actualmente existe un plan nacional de vivienda que tiene planificado entregar a distintas familias, en condiciones vulnerables, un lugar donde vivir dignamente. Mediante solicitud y pago en cuotas accesibles.

A 300 metros del ingreso se encuentra un comedor que esta abierto de lunes a viernes y que da comida a mas de cien niños y niñas. Los recursos del comedor provienen mayormente de vecinos y vecinas que los aportan de manera solidaria y también de donaciones de personas que no viven den el barrio.

Las familias que recuperan territorios están reclamando un derecho que se les viene negando hace mas de 40 años, el derecho a la vivienda digna. Esto sucede en una sociedad donde se pondera la propiedad privada y la exclusión, donde el estado tiene para ofrecerle pobreza y desidia a miles de familias.

Queda a las claras, luego de las experiencias en Guernica, Barrio Stone (Escobar), La Bibiana (Merlo), entre otras, que el desalojo no es una salida y que el estado no puede seguir respondiendo a los reclamos justos con represión.

Fuente: ANRed – Fotos Eli Baez

You must be logged in to post a comment Login