Argentina. Hacerse cargo, acciones de reparación y restitución en clave de justicia feminista

Por Cecilia Galcerán, Resumen Latinoamericano, 3 de marzo 2021.

El punzante dolor y la indignación generalizada que ardieron con los últimos femicidios, las declaraciones de solidaridad y las adhesiones al deseo de paren de matarnos, el sentir desbordado de que ya no es posible sostener las tensiones que produce convivir en nuestras sociedades con las tramas de la violencia estructural producto de un poder dominante que subyuga a ciertos cuerpos volviéndolos vulnerables para su expoliación y exterminio, entendiendo a esta altura de las conciencias colectivas que nos necesitamos entre todxs para reconstruir mundos más amorosos y vivibles, y ejerciendo esa justicia social que caracteriza a los pueblos que luchan por la autonomía de sus cuerpos y territorios, nos mueve a profundizar más en las acciones de reparación y restitución en clave de justicia feminista en acción.

De modo que, y en sintonía con el trabajo exhaustivo que vienen haciendo muchas compañeras comprometidas con la reforma judicial, entre otras transformaciones de mismo calibre, una medida inmediata a tomar es sumar a la aplicación de la Ley Micaela su correlato económico. Ese gran anudador, el grillete intocable de toda la maquinaria patriarcapitalista. Que reproduce, imponiendo sus condiciones, múltiples opresiones.

Hasta que desarmemos ese resorte físico que con su, en aumento, versión virtual ajusta hacia menos soberanía personal y más fuerza vital rehén, consideramos urgente establecer que la capacitación implique un pago con billete y que eso se destine directamente, sin escalas, a las reparaciones concretas para generar las condiciones de las nuevas formas de vida para quienes salen de la dinámica violenta.Hacerse cargo

Hacerse cargo

Sería toda una política pública que traduciría tanta declamación de quienes dicen acompañarnos o adhieren genuinamente a nuestras demandas de justicia. Como modo de materializar un hacerse cargo poniéndose en situación mientras se van configurando las iniciativas propias de ese hacerse cargo más personal y que, como sabemos, requiere un profundo proceso de deconstrucción individual y colectiva, y que lleva tiempos muy singulares.

Sería algo así como distribuir parte de los efectos que siguen corriendo por cuenta y orden de las víctimas. Un argumento a esgrimir, entre otros, es considerar que con la sanción de esta Ley 27.499, que obliga a todas las personas que trabajan en los tres poderes del Estado Nacional a capacitarse en cuestiones de género y en torno a las violencias contra las mujeres, se admite por parte del Estado: ignorancia, desconocimiento o perversa indiferencia ante las cada vez más precisas y estructurales demandas de mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binaries, y otres históricamente marginalizades que venimos llamando a una transformación de raíz en cada decisión y tratamiento a las mismas. Por lo tanto, el Estado admite implícitamente su responsabilidad cada vez que con su lógica machista, racista y misógina produce innumerables revictimizaciones en fallos y prácticas políticas que carecen de esa perspectiva feminista.

Entendemos que este planteo implica un supuesto de base que, revisado desde la óptica de despatriarcalización de las atenciones integrales de justicia, desmiente la conceptualización sobre una presunta ausencia del estado. Pues ahora que hemos puesto en cuestión la violencia simbólica de fondo, ese racismo primario en la constitución de un poder esclavista y predador, con una legalidad que le cuida los cojones; y gestionamos una transformación política del lenguaje, corresponde decir que el Estado siempre está presente. En sus descalificaciones y deslegitimaciones de nuestras demandas, es un Estado presente. En la reproducción de las opresiones, cuando cambia las formas pero mantiene intactas las reglas de juego. Y continúa tutelando a quienes considera que debe asistir –ironía-, es un Estado presente. En la continuidad del arrase a les originaries habitantes de estas tierras, desplazándoles y empobreciéndoles para mejor dominio, es un Estado presente.Hacerse cargo

Hacerse cargo

Si aceptamos que esto es así a la luz de las verdades gritadas por les históricamente estigmatizades, oprimides y aniquilables; entonces sí, acaso nos permita acabar con la impunidad archi naturalizada en distintos niveles. Y es hora de devolver tanto saqueo. ¿Quiénes pagarían? ¿Cómo establecer los valores? ¿Quiénes supervisarían esa contabilidad? ¿Pagarían por igual quienes encarnan altos cargos y ponen sus firmas en las toma de decisiones decisivas, valga la redundancia, para las víctimas y las sobrevivientes de las violencias y su descendencia, que quienes administran la burocracia afín?
Estas y más son las preguntas que abrirían el urgente debate sobre la cuestión, pero sin dudas deben ser respondidas desde la óptica feminista despatriarcalizante y decolonial, y desde las posiciones más abyectas.

Ilustración: ONU Mujeres

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