Perú. Juez niega medidas de protección a víctima desfigurada y golpeada por su identidad de género

Por Jharold Pino. Resumen Latinoamericano, 22 de febrero de 2021

Marimar fue agredida hasta ser desfigurada por un taxista en Arequipa. Pese a ser víctima de la violencia de género, le negaron las medidas de protección. Arequipa es la tercera región con mayor número de casos de violencia contra las personas LGBTIQ+, después de Lima y Callao.

Eran más de las diez de la noche en el Cercado de la región Arequipa, cuando un hombre golpeó y desfiguró a Marimar (33), dejándola ensangrentada y al borde de la inconsciencia. Un último golpe contra el piso la desmayó.

Aquel jueves 14 de enero de 2021 ha quedado marcado en el rostro y el recuerdo de Marimar. Ese día, ella había llegado desde Juliaca y fue a visitar a sus amigas. Entre anécdotas se pasaron las horas y decidió tomar un taxi al hotel donde se alojaba en el distrito de Miraflores de Arequipa.

En el camino notó que el conductor Eloy Niebles Díaz (42) había tomado otra ruta. Alerta, le preguntó hacia dónde se dirigía. El taxista le dijo que la llevaría al distrito de Socabaya. Marimar se negó y agarró el volante, pero el chofer sujetó su cartera y se detuvo a la altura del Estadio Melgar. Entonces ella bajó del taxi y corrió, pero su agresor la alcanzó antes de llegar a la media cuadra.

Eloy Niebles la jaló del cabello hacía atrás y la desmayó por el golpe contra el piso. Pese a estar aturdida, Marimar se recuerda ensangrentada en el suelo, mientras un joven la defendía de su agresor que lanzaba insultos transfóbicos y buscaba quitarle su cartera.

Unos vecinos salieron a socorrerla, minutos después llegaron dos policías, pero dejaron ir al agresor. Cuando le pidieron el DNI a Marimar, les indicó que era una chica trans y deseaba denunciar la agresión. Los policías Salvador Flores Contreras y Rodrigo Chicaña Vilca les dijeron: “ya se acabó nuestro servicio” y se fueron.

Marimar fue atendida en el hospital Goyeneche esa misma noche y le pusieron 15 puntos en el rostro por un corte en el lado izquierdo del labio. Sus amigas lograron identificar al presunto agresor y dijeron que lo vieron por el lugar donde la recogió.

Sin acceso a la justicia

Al día siguiente, Marimar se dirigió al Centro de Emergencia Mujer (CEM) de Miraflores, donde le asignaron a Elmer Cahuana Cahuana como abogado de oficio, luego fue a la Comisaría de Palacio Viejo para interponer una denuncia contra el taxista Eloy Niebles.

El 20 de enero, el juez Luigi Otazu Vizcarra del Sexto Juzgado de Familia Sub Especialidad en Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Arequipa, resolvió no otorgar a Marimar las medidas de protección que solicitó. Según la interpretación del juez, “ambas partes son de sexo masculino” y “no se puede configurar una violencia de género en los términos que regula la Ley Nª30364”, como se lee en el documento. Con esa clara discriminación, Marimar apeló la resolución.

Configurando la discriminación

Noelia Huatuco, abogada especialista en materia de género y derechos LGBTIQ+, explica que esta resolución tiene una serie de problemas. “El juez hace alusión a la opción sexual y no hay una opción sexual, nadie elige ser hetero u homosexual al nacer, es algo inherente”, indica.

Huatuco comenta que la Ley 30364 (Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar) habla de un enfoque de género no biológico, lo que debe representar en la práctica brindar medidas de protección también a mujeres trans, aunque no lo diga textualmente. La especialista afirma que esta ley, sí debería proteger a Marimar y sus compañeras.

Además, el agresor insulta a Marimar con frases transfóbicas, por lo que “el juez carece de conocimiento y hay estereotipos presentes”, señala Huatuco. Incluso, el informe psicológico que considera el magistrado es de una sola sesión y sería insuficiente para negar las medidas de protección, por lo que en estos casos corresponde una queja al Sistema de Control Interno de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, explica la abogada.

 “Lo que hace falta es capacitar a los jueces, tener campañas de sensibilización y realizar una vigilancia permanente de los casos, porque muchas de las mujeres trans no apelan las resoluciones que les niegan las medidas de protección”, señala Noelia Huatuco.

A esta situación se suma que los casos de violencia a mujeres trans no tipificados como violencia de género, pierden derechos como: medidas de protección, supervisión, acceso a terapias, ayuda para las víctimas, alimentos, patria potestad e incluso las penas se reducen hasta no ser efectivas.

Esto a pesar que el Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016-2021 reconoce a la violencia por orientación sexual o identidad de género como una de las modalidades de la violencia de género, aprobado por Decreto Supremo en julio de 2016.

En la región solo se tiene un caso registrado, donde se otorgaron medidas de protección a una persona trans en 2019, según el Movimiento Peruano Trans de Arequipa.

“En el caso de mis compañeras se han apelado todas las denuncias y están ahorita en materia de apelación, eso quiere decir que, si su agresor las mata es porque no tienen medidas de protección”, indica Ana Flavia Chávez Pedrasa, activista y presidenta del movimiento.

Según el Portal Estadístico del Centro de Emergencia Mujer, en el 2020 Arequipa atendió cinco casos de violencia contra personas LGBTIQ+, siendo la tercera a nivel nacional, después de Lima y empatando con el Callao. No se tiene una cifra exacta en la región sobre agresiones a personas trans, pero en lo que va de 2021 ya existen tres casos contra violencia a personas trans, según Ana Flavia.

Policías incumplen normas

Marimar también hizo una denuncia en Inspectoría General contra los policías Salvador Flores Contreras y Rodrigo Chicaña Vilca, por negarse a atender su denuncia.

Según el coronel PNP, Enrique Rodríguez Vásquez, jefe de la región policial de Arequipa, los efectivos policiales tienen instrucciones para dar el mismo trato a todas las personas y en todo momento.

“Los policías estamos de servicio las 24 horas, hasta de civil yo puedo intervenir, en mi franco yo puedo intervenir porque la ley me faculta, porque la ley dice que yo estoy las 24 horas de servicio. No hay justificación, y si ya está en inspectoría de hecho que los van a sancionar, y la Policía solo sanciona, es sanción administrativa”, indicó el coronel Rodríguez a Wayka.

De igual manera, el Decreto Legislativo N° 1470, que establece medidas para garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar durante la emergencia sanitaria declarada por la COVID-19, señala en el artículo 3: “Respeto irrestricto de los derechos humanos y uso de la fuerza”, que: “La actuación de los (las) operadores (as) con responsabilidades en el marco de la Ley N° 30364 debe regirse por el respeto irrestricto de los derechos humanos, quedando prohibido todo acto de discriminación por motivo de sexo, identidad de género, orientación sexual…”

Violencia e impunidad

Viviana, Cristel, Sayuri, Fabiana, Niágara son otras víctimas de transfobia en Arequipa. En diciembre del 2019 se encontraban en las calles del Cercado cuando fueron intervenidas por personal policial, quienes ignoraron en todo momento su identidad de género.

Pese a que les reclamaron porque las hacía sentir mal y discriminadas, la actitud de los policías no cambió, cuenta Viviana (35) del Colectivo Precursoras Trans de Arequipa. Detalló que redujeron a una de sus compañeras al piso y enmarrocaron a otra.

“Hasta nos violentaron físicamente, por parte de la policía y el serenazgo… eso es discriminación y a ellos no les interesa, no les importa igual siguen discriminando… la Policía es el primer ente público que discrimina a las personas trans”, dice Viviana. Ella también cuenta que hace dos meses, en medio de la pandemia, unos policías la intervinieron en la calle, sin razón alguna. La llevaron a la comisaría de Palacio Viejo porque su DNI estaba caducado. Toda la intervención la llamaron por el nombre que aparece en su DNI, y que no la representa.

En ambos casos se pusieron denuncias contra los policías en Inspectoría General. Hasta la fecha no hay ninguna novedad ni sanción.

Al igual que Marimar y Viviana, otras mujeres trans de Arequipa continúan siendo vulneradas, pese a que la ley considera violencia de género a la violencia transfóbica. Sin embargo, todavía hace falta una real inclusión en el sistema de justicia para que jueces y policías no dejen libres a agresores de una población que vive expuesta al machismo y la homofobia.

FUENTE: Wayka.pe