Guatemala. Preso político Bernardo Caal, envía una carta a Arzú y a la comisión de DDHH del Congreso, para denunciar el atropello de los derechos del pueblo Q´eqchi´

Resumen Latinoamericano, 7 de febrero de 2021.

Bernardo Caal, líder indígena q’eqchi’, fue encarcelado en Cobán, Guatemala, por denunciar ilegalidades en el otorgamiento de licencias ambientales y concesiones para la construcción de megaproyectos hidroeléctricos como OXEC y RENACE, éste último construido en varias de sus fases por el grupo Cobra, empresa de Florentino Pérez.

Carta enviada al Parlamento:

Solicito a los diputados del Congreso de Guatemala, para que lean mis cartas en el pleno.

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso, así como han leído la carta enviada por Mynor Moto, también exijo que den lectura a mis cartas que he escrito desde prisión. Denunciando el atropello de los derechos del pueblo Q´eqchi´ y el secuestro, tortura del Río Cahabón que ocasionan las Hidroeléctricas RENACE y OXEC SA. Hidroeléctricas que construyó la empresa “Cobra” de Florentino Pérez, Presidente del club Real Madrid.

A todos mis amigos, a todas mis amigas, a todas las personas que me leen, ayúdenme a hacer llegar esta Carta a los diputados.

Hace algunas horas, cumplí 3 años de estar en tortura carcelaria a petición de estas empresas Hidroeléctricas que no hicieron el proceso de consultas en base al convenio 169 de la OIT y el código Municipal.

Bernardo Caal Xol

¿Quién es Bernardo Caal Xol?

Bernardo Caal, líder indígena q’eqchi’, fue encarcelado en Cobán, Guatemala, por denunciar ilegalidades en el otorgamiento de licencias ambientales y concesiones para la construcción de megaproyectos hidroeléctricos como OXEC y RENACE, éste último construido en varias de sus fases por el grupo Cobra, empresa de Florentino Pérez.

Estos mega proyectos acaparan ríos sagrados en Alta Verapaz, Guatemala, destruyendo los derechos del pueblo q’eqchi . Cabe recordar que OXEC se suma al proyecto RENACE,  el cual ha colapsado el cauce del río Cahabón en casi 30 kilómetros, afectando a 29.000 indígenas.

Para la población indígena, los ríos son sagrados y su vida comunitaria se articula en torno a ellos. Bernardo ha denunciado reiteradamente la falta de consulta previa según establece la legislación nacional e internacional, así como los impactos negativos sobre el río Cahabón y su población.

Y es por reclamar este derecho que Bernardo Caal fue apresado (se le atribuyeron delitos de robo agravado y retención ilegal) y confinado en el centro para hombres de Cobán, Alta Verapaz, en condiciones infrahumanas y considerado uno de los centros carcelarios más peligrosos del país.

Bernardo es el maestro que se enfrentó al acaparamiento de ríos y derechos por megaproyectos en Alta Verapaz.

Caal Xol es un líder comunitario maya q’eqchi de 46 años. Nacido en 1972 en Sepos Semococh, una aldea del municipio de Santa María Cahabón en condiciones de miseria, pero gracias a la gran tenacidad que le caracteriza realizó estudios de magisterio, convirtiéndose en profesor en su propia aldea.

Para él, la defensa de los derechos humanos y la naturaleza es su forma de vivir, no busca ningún tipo de protagonismo.

Para ello, Bernardo promovió diferentes acciones legales que llevaron a que, el 4 de enero del 2017, la Corte Suprema de Justicia otorgara amparo definitivo a su favor, suspendiendo las licencias de los proyectos Oxec y exigiendo la realización de una consulta a los pueblos indígenas. En mayo de ese mismo año, la Corte de Constitucionalidad ratificó la necesidad de realizar la consulta a las comunidades, aunque permitía la continuación de los proyectos.

Y ahí comenzó su proceso de criminalización, siendo detenido el 30 de enero de 2018 acusado de hechos que, según los denunciantes, trabajadores de la empresa Netzone S.A., una empresa a cargo de la construcción de Oxec, habrían ocurrido en 2015.

Preso de conciencia que lleva mas de dos años encarcelado y que continúa la lucha.

Defender derechos no es delito y por ello el Ministerio Público ha seguido adelante con la acusación de robo agravado y retención ilegal para mantenerle en prisión. En noviembre de 2018 fue sentenciado a más de 7 años de prisión por estos delitos que no ha cometido. El pasado 7 de septiembre 2020, la Corte de Apelaciones de Cobán ratificó su sentencia, señalando que la misma ha de cumplirse manera íntegra.

Todo el proceso está lleno de irregularidades. Los magistrados titulares que no se presentaban nunca a las citas para audiencias, nombraron suplentes que se excusaban para no tener que conocer el caso. Todo un ataque al debido proceso.  Un complejo entramado judicial que coloca a Caal en una situación de clara indefensión jurídica y que nadie está interesado en revertir.

El 16 de julio de 2020, Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia tras la revisión del expediente penal abierto contra él, señalando que no hay evidencia sobre los delitos de que se le acusa.

Caal Xol lo tiene claro: “soy un preso político que se encuentra en esta situación por denunciar el secuestro de los ríos, por declarar que los están matando, por dar a conocer el saqueo del territorio del pueblo Q’eqchi”.

El sistema judicial de Guatemala deja muy claro cuáles son las consecuencias para aquellos que se atrevan a defender derechos en contra de los intereses políticos y económicos.

El caso no es una excepción

El caso de Bernardo Caal no es una excepción en el país centroamericano. La Unidad de Protección a Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) ha contabilizado 328 agresiones y delitos contra activistas a favor de los derechos humanos entre enero y octubre de 2017. La cifra total incluye 52 asesinatos (45 de ellos a mujeres), 72 agresiones contra activistas en defensa de los pueblos indígenas y el territorio; 131 agresiones contra mujeres y 30 a periodistas. Asimismo, organizaciones populares y de derechos humanos presentaron en marzo de 2017 un documento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la represión a comunidades que rechazan las grandes hidroeléctricas en Guatemala; el informe da cuenta de 103 órdenes de captura, 56 heridos, 36 encarcelamientos, 25 detenciones, 16 procesos de criminalización, 15 amenazas y 11 asesinatos.

Un caso de criminalización y amenazas, que es un espejo de la lucha de Berta Cáceres

Fuentes: Prensa Comunitaria

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