Puerto Rico. Declaración de emergencia por violencia de género, un paso en la dirección correcta // Qué significa la medida

Resumen Latinoamericano*, 28 de enero de 2021.

Tal vez haya sido el feroz femicidio de la enfermera Angie Noemí González Santos, por parte de su ex pareja, al  inicio del año 2021, el evento que dio el impulso definitivo a la recién firmada Orden Ejecutiva  del  Gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, en la que se declara una emergencia por violencia de género en nuestro país. Por varios años, este había sido el reiterado reclamo de lideresas y portavoces de las diferentes organizaciones que abogan por los derechos de la mujer, y ofrecen servicios a mujeres en situaciones de violencia de género, las cuales habían solicitado acción del Gobierno para que se reconociera la magnitud y severidad del problema de violencia machista que nos azota como sociedad, y se diseñara un plan coherente para atender esta crisis con la urgencia que amerita.

Durante el año 2020, 45 mujeres fueron asesinadas en Puerto Rico en actos de violencia machista,  y las querellas por incidentes de este tipo de violencia, denunciados y registrados en estadísticas oficiales y de instituciones privadas, sobrepasaron los 5,000, durante un año particularmente difícil, en el cual los efectos de la pandemia han exacerbado las tensiones familiares, sociales y económicas entre nuestra población.

La nueva Orden Ejecutiva servirá de marco a una serie de medidas que permitirán desarrollar acciones concretas para atender el problema, además de asignar fondos públicos y otros recursos importantes para atender este grave problema. La Orden también declara como política pública “darle atención a la violencia de género en todas sus manifestaciones, tales como violencia física, maltrato emocional y psicológico, acecho, acoso y hostigamiento sexual en cualquier escenario, incluyendo el laboral”. Provee también para el  uso de una aplicación tecnológica especial que se utilizará para denunciar incidentes de violencia de género, rastrear la respuesta y soluciones, y también como herramienta educativa para la población.

La Orden Ejecutiva crea un Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación (PARE), con 17 integrantes y que estará bajo la jefatura de la nueva secretaria del Departamento de la Familia, Carmen González Magaz, quien es psicóloga y experta en el tema de la violencia de género. Establece también el cargo de Oficial de Cumplimiento, como  persona encargada del seguimiento, cumplimiento y rendición de cuentas sobre las directrices contenidas en la Orden Ejecutiva. Sobre este particular, llama la atención la limitada responsabilidad que se le asigna en este esfuerzo a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), que es la agencia gubernamental encargada del desarrollo e implantación de políticas, planes y estrategias para atender la problemática particular de las mujeres en Puerto Rico. Ciertamente, el desempeño de la OPM durante este pasado cuatrienio dejó mucho que desear en el esfuerzo para que se lograra la Orden Ejecutiva y la declaración de emergencia.

La violencia de género es un problema atávico de las relaciones humanas, cuyas manifestaciones se evidencian- con mayor o menor intensidad- en todas las poblaciones del mundo. Parte de nociones primitivas y equivocadas sobre los roles que cada sociedad debe asignar a los distintos géneros, y de un sistema social patriarcal que, a través de los siglos, ha colocado a los hombres a la cabeza de la familia, de la tribu o del país, delegándole a estos la autoridad sobre las mujeres, niñas y niños que integran estas instituciones.  Cambiar estas prácticas y actitudes conlleva un esfuerzo sistemático y a largo plazo  de la sociedad para transformar las relaciones entre los géneros, y educar en el respeto a las decisiones de las y los demás, en la tolerancia a las diferencias y en la valoración de una igual dignidad entre los géneros, entre muchos otros aspectos de la llamada “crianza para la equidad” a la que debemos aspirar como país.

En CLARIDAD, le damos la bienvenida a la Orden Ejecutiva y la declaración de emergencia por violencia de género, como un paso en la dirección correcta para prevenir los feminicidios en Puerto Rico, agilizar la prestación de servicios a las mujeres en situaciones de violencia machista, e iniciar el proceso de  educación y transformación hacia la creación de un país de respeto, tolerancia, inclusión y equidad. Esperamos que, más allá de las buenas intenciones del momento, el gobierno de Puerto Rico y el recién creado Comité PARE le impriman todo el rigor y energía que ameritan las tareas urgentes que están por delante, para atajar este terrible mal que troncha las vidas de nuestras mujeres y destroza la fibra de nuestras familias y sociedad.

*Fuente: Claridad

Qué es un estado de emergencia por violencia de género

Por Candida Cotto*

Después de dos años de reclamos y de haber sido objeto de debate electoral, con el logro de una nueva Legislatura, el Senado de Puerto Rico aprobó una resolución en la que le solicita al gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia,  que declare un estado de emergencia contra la violencia de género. La resolución se da ante el reclamo y las manifestaciones de consternación por el asesinato  de la joven enfermera Angie Noemí González Santos por su expareja.

Desde que era candidato el gobernador había expresiones reconociendo que en el país hay una emergencia de violencia de género. ¿Pero qué implica una declaración de emergencia de violencia de género?

Lisdel Flores Barges, directora de Hogar Ruth, declaró en entrevista que la violencia de género es también una emergencia, así como lo es la pandemia del coronavirus.  Cuando la exgobernadora Wanda Vázquez Garced declaró un estado de emergencia por el Covid-19,  se asignaron recursos económicos y humanos y desde entonces se han hecho campañas de orientación. Hoy las personas observan el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos. La declaración de estado de emergencia de violencia de género es un asunto mucho más complejo que no implica que se vaya a resolver el asunto de la noche a la mañana.

La declaración de emergencia contra la violencia de género, expuso, requiere el mismo esfuerzo en la inversión de recursos en campañas de orientación y en la educación con perspectiva de género, que se trabaje de una manera consensuada, tanto las agencias públicas como las privadas y las organizaciones sin fines de lucro. Que todos cumplan con su rol y que haya una fiscalización, una rendición de cuentas y se examine si el plan propuesto es funcional.

“De la misma manera que vamos a una oficina y hay un cartel que dice del uso de la mascarilla y el distanciamiento social, de la misma manera debe haber  un cartel que diga: Si eres víctima de violencia doméstica, comunícate”, describió.

Cada agencia debe tener una relación concreta de qué es lo que va hacer y cómo se va a orientar a las víctimas, dado a que la mayoría a donde primero llegan es a la Policía; pero no necesariamente llegan a la División de Violencia Doméstica. Sobre  este particular dijo que hay que empezar por que los policías que estén destacados en esa división conozcan  todo el andamiaje, es decir, el protocolo a seguir, sepan qué organizaciones ofrecen servicios y que ellos mismos no sean perpetuadores de la conducta violenta. Flores Barges denunció que en ocasiones los policías pretenden disuadir a las  víctimas diciéndoles perdónalo o tú constantemente estás levantando una querella y después no pasa nada, por lo que reiteró que es necesario que ese personal esté educado respecto a lo que es la violencia de género. Puntualizó que como parte de una campaña educativa, en cada agencia de gobierno u otros espacios debería haber un cartel con números de teléfonos que diga que si la persona está pasando por una situación de violencia puede comunicarse para buscar ayuda.

Aunque las agencias de gobierno tienen una función que cumplir, el hecho es que en la práctica los servicios que reciben las mujeres que están en una situación de violencia doméstica (los recursos de albergue, servicios ambulatorios como psicólogos y otros) los ofrecen las organizaciones no gubernamentales.

Flores Barges, quien lleva 12 años trabajando con situaciones de violencia de género,  observó que el problema es uno que se agudiza a través de todas las generaciones, que en la actualidad es más complejo y ha tenido un incremento considerable. “Ciertamente, nosotros contamos con leyes de vanguardia y acciones más concretas. Eso ha llevado a las organizaciones a diversificar sus servicios. Hogar Ruth comenzó como un albergue y hoy día tiene alrededor de ocho programas de servicio que incluyen vivienda transitoria, un programa de agresión sexual y una escuela Montessori para los hijos de las víctimas, que próximamente inauguraremos.  Esto dice que el problema es mucho más que protegerte, que albergar. Hay que cubrir una serie de necesidades de las víctimas para que puedan lograr empoderarse y logren romper con el ciclo de la violencia”.

En cuanto a la educación con perspectiva de género reconoció que hay resistencia por el modelo patriarcal. Por eso, a medida que se educa en la perspectiva de género a la sociedad en general se va a tener hombres más empáticos con el tema. Reparó en que es necesario no solo la educación con perspectiva de género, sino una educación en el respeto, la dignidad y los valores. En el caso de las mujeres, como madres, cuando se tienen varones y están criando adentro de sus hogares, no pueden perpetuar la conducta patriarcal. Ello requiere ir educando a las generaciones para romper con patrones machistas.

La directora de Casa Ruth exhortó a las mujeres víctimas de violencia doméstica a buscar ayuda, la cual dijo está disponible las 24 horas y es confidencial. El grupo de organizaciones que apoyan a víctimas de violencia tiene la Línea de Ayuda, a la que pueden llamar: 787 489-0022.  Hogar Ruth es parte de esa alianza,  y cuando sea necesario pueden llamar al 787-883-1884. “Esa llamada puede salvar vidas”.

Por su lado, la Asociación de Psicología de Puerto Rico se expresó sobre el problema de la violencia de género. La  doctora Kevia Calderón Jorge, presidenta de la Asociación,  declaró que el país lleva décadas intentando atajar ese problema, pero que mientras no se utilicen enfoques de prevención basados en evidencia científica que rebasen los cambios de administraciones políticas continuaremos observando casos donde alguien pierde la vida a manos de su pareja o expareja.

“Se ha demostrado que una educación con perspectiva de género contribuye a que el estudiantado comprenda la importancia del respeto a las decisiones de las demás personas y el derecho a la equidad y la justicia. Promover la equidad de género como destreza para la vida y un currículo de educación sexual amplio para enseñar a la niñez y la juventud son parte de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (WHO, 2017) para la prevención de la violencia de género”, declaró en comunicado de prensa.

La psicóloga destacó que la violencia doméstica es un problema de salud pública de naturaleza multidimensional que requiere intervenciones a muchos niveles. En el aspecto educativo, considera que se debe educar de forma continua y temprana a la ciudadanía para asumir un discurso y una práctica diferentes que faciliten evitar la perpetuación de condiciones de desigualdad, disparidad y desventaja.  Tanto el Estado como las familias comparten la responsabilidad de educar a la niñez sobre las relaciones tóxicas y el impacto de la violencia de género.

Un aspecto que destacó es que la contracción económica que vive el país se suma a otros detonantes de violencia de género y de cualquier tipo de violencia, por lo que es necesario implantar políticas públicas efectivas de desarrollo económico que ayuden a contrarrestar los altos niveles de desempleo que tiene el país.

La Asociación propone unas acciones puntuales que pueden contribuir a combatir la violencia de género: educación abarcadora y comprensiva con perspectiva de género sobre equidad y sexualidad;  estrategias de crianza no sexistas; tomar medidas efectivas para reducir la pobreza y el desempleo; desarrollar política pública para regular las instituciones sociales y los medios de comunicación que fomentan la visión jerarquizada del hombre sobre la mujer y la violencia de género;  recabar el compromiso de todos los sectores para denunciar y visibilizar el problema de violencia de género como un asunto social que debe de erradicarse; consultar las entidades que trabajan con violencia de género y a profesionales de la psicología para, en conjunto, colaborar con la designada procuradora de las mujeres en el desarrollo de medidas efectivas para la prevención y acción, que redunden en erradicar la violencia de género.

Mientras tanto,  ante su apertura a declarar el estado de emergencia, representantes de organizaciones feministas trabajan en sus recomendaciones para presentarlas al gobernador en una próxima reunión, confirmó Barges.

*Fuente: Claridad