Estados Unidos. Una visión racional de la nueva reforma migratoria

Por Marina Menéndez Quintero, Resumen Latinoamericano, 25 de enero de 2021.

Millones de trabajadores indocumentados esperan que se les regularice.

Con veladoras que pugnaban por apagarse debido al viento, mexicanos y activistas por los derechos humanos se apostaron en garitas, albergues y puestos fronterizos de la línea divisoria sur con EE. UU., el día de la toma de  posesión de Joe Biden.

El propósito de aquella parada poco usual estaba en algunos carteles: «Biden, iluminamos camino para reforma migratoria humanitaria».

La acción, que los protagonistas dijeron durará cien días hasta que la ley sea formalmente presentada por el nuevo Presidente de EE. UU., expresa la trascendencia del tema para quienes insisten en llegar por cualquier vía a territorio estadounidense pese a los maltratos sufridos por los ilegales durante la era Trump; pero, sobre todo, es importante para quienes hace años o, tal vez, décadas, trabajan sin papeles en el Norte bajo el riesgo de la deportación. Oficialmente se maneja la cifra de 11 millones de personas, pero dada su situación tras las sombras, se opina que serían muchos más.

 Entre otras consideraciones que pueden estar latentes, Biden parece comprender que ellos también son importantes para la economía nacional, uno de los tantos flancos débiles que le deja como herencia el mandatario ido. Es más, el nuevo Presidente ha reconocido a los indocumentados como una parte «vital» de la economía estadounidense.

 Algunos análisis avalan esa consideración. Un artículo de BBC de 2018 —antes que la crisis provocada por el coronavirus lo trastocara todo— afirmaba que, aunque era más probable verlos empleados en el sector de servicios, los inmigrantes eran también responsables del 28 por ciento de las patentes de alta calidad.

 Un año después, analistas como David Kelly, estratega global jefe de JPMorgan Funds, alertaba en 2019 que EE. UU. estaba abocado a un «bache demográfico» por la llegada a la edad de jubilación de la generación conocida como los baby boomers, y que falta fuerza laboral joven para suplantarlos que podría ser hallada en los inmigrantes.

 Incluso, un hombre que ha demostrado en otros temas tan pocas luces, como el legislador demócrata Bob Menéndez
—líder de la reforma en el Senado—, ha asegurado que «los trabajadores nacidos en el extranjero» aportan dos billones de dólares anuales a la economía del país y que muchos de ellos son esenciales, como los que laboran en el campo.

 Y está, además, el asunto de que los inmigrantes son quienes pagan más impuestos. Según los cálculos del senador, la economía nacional habría perdido 45 000 millones de dólares en diez años si hubiera echado, como pretendía Trump, a los beneficiarios de quienes disfrutan de permisos temporales de trabajo.

 Más allá de la luz de las velas encendidas en la frontera, se espera que Biden siga actuando de modo consecuente con esta realidad, mediante una estrategia antagónica, en muchos sentidos, a la consigna de su predecesor: el American first que aisló a Estados Unidos del mundo.

 En efecto, entre los 17 decretos y órdenes ejecutivas firmados por Biden apenas después de prestar juramento, fueron los primeros en materia migratoria el que revierte la prohibición de que sujetos provenientes de países con mayoría musulmana arribaran al país, y un memorando enviado al Departamento de Seguridad Nacional y al Fiscal General para preservar el programa DACA, que protege de la amenaza de la deportación a los indocumentados que llegaron cuando eran niños, los llamados dreamers.

 También derogó, mediante una orden ejecutiva, el decreto emitido por Trump el 25 de enero de 2017 que, entre otras disposiciones, criminalizó la presencia indocumentada y priorizó la deportación.

Ley ambiciosa

 En tanto, ya se maneja ampliamente el proyecto de ley que materializaría la esperada reforma migratoria; una aspiración que, infructuosamente, se trató de implementar durante los mandatos de George W. Bush y de Barack Obama y frustrada, en ambos casos, por los desacuerdos en el Congreso.

 Interrogados por algunas televisoras, trabajadores indocumentados en Estados Unidos han manifestado su esperanza de que la coincidencia, por primera vez desde los tiempos de Bill Clinton, del mismo partido en la presidencia y en el control de ambas cámaras del legislativo, propicie ahora la aprobación de la ley.

Sin embargo, podría ser un escollo el hecho de que el reparto de curules en el Senado no sea tan amplio para los demócratas como en la Cámara de Representantes, y hayan quedado allí 50-50 (mitad demócratas y mitad republicanos), pues harán falta 60 votos para que se apruebe la legislación, lo que implicaría a los demócratas «captar» el visto bueno de diez senadores del partido rojo. En la Cámara baja se estima que será fácil, debido a que el proyecto «sale» con 218 a favor, y los demócratas tienen 222 asientos.

 Aunque se calcula que faltan meses para que el proyecto de reforma migratoria llegue allí, ya se anuncian cabildeos que relacionan ese potencial respaldo en el Senado con el camino que transite, en el propio Congreso, el proceso de impeachment aprobado contra Donald Trump.

 Pese a todo, Biden podría lograr algunas de las propuestas del plan, también, por decreto. Sin embargo, la aspiración parece ser un enfoque del tema migratorio de una manera integral, como no se había propuesto hasta hoy.

 El plan se considera ambicioso y audaz, y va desde detener la construcción del oprobioso muro prometido por Trump en la frontera con México —se reforzará, sin embargo, la vigilancia con tecnología—, hasta proveer de ayuda a los países centroamericanos, de modo que las situaciones nacionales —auge delincuencial organizado, fomentado por la pobreza, en Guatemala, El Salvador y Honduras— no empujen al éxodo de miles de centroamericanos que han engrosado en los últimos meses las caravanas de migrantes, en la misma medida en que Trump cerraba las vías legales, disminuyendo el otorgamiento de visas.

 En medio de ambos puntos entre la inmediatez y los resultados a largo plazo, se encuentra un puñado de medidas que facilitará la regularización de millones de indocumentados, con efecto inmediato sobre los dreamers, y en el apoyo a la reunificación de familias cuyos niños fueron arrebatados a los padres inmigrantes, durante la administración de Trump. Se estima que unos 200 de esos menores todavía no han podido volver a abrazar a sus progenitores.

 De entrada, quienes viven en Estados Unidos podrán solicitar un estatus legal temporal que les permitirá optar por la residencia después de cinco años y, quienes cumplan los requisitos, podrán aspirar, incluso, a la ciudadanía.

 En el plano proactivo, el proyecto plantea recuperar las visas no entregadas, eliminar los largos períodos de espera y aumentar el número de visados por país.

 Entre otros propósitos, la ley buscará fondos en los gobiernos estatales y locales así como de organizaciones e instituciones estadounidenses para extender programas que promuevan la inclusión de los inmigrantes, y la asistencia a quienes aspiren a la ciudadanía.

Muchos recuerdan ahora que en 1986, bajo el mandato del republicano e intervencionista Ronald Reagan y gracias a un Congreso de mayoría demócrata, tres millones de inmigrantes fueron regularizados.

 Con Biden podría documentarse una cifra mayor. Y que Estados Unidos dé evidencias de sensatez.

Fuente: Juventud Rebelde

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