Guatemala. Primer año de gobierno: nada para el pueblo, todo para el sector empresarial

Por Simón Antonio Ramón. Resumen Latinoamericano, 15 de enero de 2021.

Durante el primer año de gobierno, a criterio de una de las organizaciones campesinas históricas del país, los únicos que han sido beneficiados con políticas, acciones y programas han sido los grupos económicos, sus elites y empresas. Los problemas estructurales, los problemas históricos y la crisis profundizada por la pandemia y por dos tormentas solo sirvieron para seguir posicionando el uso de los recursos públicos en función de los intereses económicos, este es el balance que el movimiento campesino denunció el 13 de enero, tan solo 24 horas de la entrega del informe del presidente.

El 14 de enero se cumple el primer año de Gobierno, Alejandro Giammattei y Guillermo Castillo -presidente y vicepresidente de Guatemala- a pesar de sus contradicciones internas dejaron desatendidos muchos de los problemas sociales en el 2020, sus esfuerzos se centraron en garantizar los beneficios para el sector empresarial, bajo la excusa del “fomento del desarrollo”, así lo denunció la dirigencia del Comité Campesino del Altiplano (CCDA).

Para la organización campesina la desnutrición, explotación laboral, no darse un remuneración acorde al costo de la canasta básica, desplazamientos forzados, migraciones, imposición de actividades de empresas extractivas en los distintos territorios, la creciente problemática agraria, que juntas terminan golpeando a los pueblos, que al reclamar sus derechos se les criminaliza y se les reprime.

“Hay 864 dirigentes comunitarios con órdenes de detención, ¿Cuál es su delito?, estar exigiendo al Estado a que les cumpla y les garantice el bienestar común de las familias y su comunidad. Cuatro compañeros fueron baleados durante el 2020, campesinos que están demandando al Estado que les reconozca su territorio y que se les reconozca, se les respete y que haya una inversión del Estado en el campo para promover su desarrollo y que puedan alimentarse ellos y sus familias” denunció Leocadio Jurcacán dirigente del CCDA.

En octubre de 2020, las comunidades Washington y Dos Fuentes del municipio de Purulhá, Baja Verapaz, fueron beneficiadas con medidas cautelares, otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado guatemalteco demostró su total indiferencia. “En varias comunidades con medidas cautelares que acompañamos, hay un Estado ausente. Hay un Estado que ni siquiera tiene la capacidad y la voluntad para cumplir las medidas cautelares” afirma Juracán.

A consideración del CCDA, la creación de una comisión estratégica para la atender conflictos sociales no es una muestra de la voluntad del gobierno, sino una estrategia de contención a las demandas de la población.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mspas), publicó el decreto 289-2020 “Norma para la prevención de Covid-19 en Procedimientos de Desalojos Judiciales o Movilizaciones”, publicado con fecha 14 de enero en el Diario de Centroamérica, o diario oficial del Gobierno. El uso de mascarilla obligatoria, el uso de alcohol en gel, mantener el distanciamiento social y la desinfección de aquellos insumos utilizados para el desalojo, son las medidas para aplicar por la fuerza el desalojo de personas durante la pandemia.

Una medida que le da carta blanca al Estado para desalojar sin proteger la integridad y la vida de las personas, exponiéndolas en medio de la pandemia a la exposición de su salud frente al coronavirus, en uno de los momentos en que se incrementan los contagios.

Fuente: Prensa Comunitaria