Pensamiento crítico. 2021: Nuestro mundo en una vacuna

Por Jorge Falcone, Resumen Latinoamericano, 1 de enero de 2021.

La biopolítica como nuevo estatuto del coloniaje

A la memoria indeleble de Carlos O. Suárez, sabueso antiimperialista.

Mientras comienza a entreverse un horizonte post pandemia, Argentina continúa haciendo pie en el Siglo XXI mediante la ampliación de derechos. Entre ellos ahora figura la interrupción voluntaria del embarazo, conquista civilizatoria ganada en las calles por las protagonistas de la “ola verde”. A fin de complejizar el análisis tanto de intereses individuales y colectivos como sanitarios y culturales, celebrar semejante avance no es incompatible con repasar cuál ha venido siendo la perspectiva del Imperio en relación a un tema tan controvertido.

La mirada vigente del águila imperial

Poco antes de la caída de Richard Nixon a causa del escándalo Watergate, la Secretaría de Estado comandada por Henry Kissinger suministró a la Casa Blanca un extenso análisis de la situación demográfica mundial conteniendo propuestas destinadas a garantizar la estabilidad de los intereses estadounidenses vinculados a los recursos naturales que consumían las industrias de su país. Aquel documento trascendió bajo el nombre de National Security Study Memo 200.

Kissinger percibía el crecimiento de la población en los países del llamado Tercer Mundo como “un asunto de máxima importancia“, alegando que tal situación ponía en riesgo el acceso a minerales y a otras materias primas que su país precisaba y que, en consecuencia, constituía una amenaza para su seguridad económica y política.

Por ende, la solución propuesta  era un extenso control poblacional, política aún  sostenida mediante la “ayuda” internacional de EEUU, suministrada principalmente por el Banco Mundial hacia países dispuestos a adoptar medidas destinadas al control de la natalidad. La apertura económica propiciada a partir del Consenso de Washington incrementaría el aluvión de capital norteamericano  sobre los recursos naturales no renovables.

Kissinger procuraba así focalizar las consecuencias económicas y políticas internacionales de la posible explosión demográfica para que su informe aportara  planes de acción estadounidenses “en su manejo de asuntos poblacionales en el extranjero”, principalmente en países “en vías de desarrollo”.

Acatar el deseo del amo

Cuando aquel halcón elaboró su plan de acción, el agotamiento del Estado de Bienestar y el techo al que había llegado el desarrollismo keynesiano habían  producido un excedente de capital, que en lugar de ser reinvertido en el mercado interno, encontraba mejores tasas de ganancia ubicándose en el extranjero.

Tal política de empréstitos, puesta en evidencia en los años siguientes, demuestra claramente que constituyó una cuestión de Estado y que el NSSM 200 consideró variables donde la asistencia financiera multilateral o bilateral sirviera a los intereses estratégicos estadounidenses: “será dada a otros países, considerando factores como crecimiento poblacional, la necesidad de ayuda externa, intereses a largo plazo de los EEUU, y su voluntad de autoayudarse“. Abandonando el  lenguaje políticamente correcto referido a la “dignidad del individuo” y a que el papel de Estados Unidos es “trabajar estrechamente con otros (países) sin imponer nuestra posición”, la supuesta voluntad de “autoayuda” de los países “en vías de desarrollo” no suponía otra cosa que acatar la voluntad imperial.

Superávit de humanxs

Obviamente, el fundamento del análisis sobre el incremento de la natalidad y la expectativa de vida en los países “en vía de desarrollo”, así como las medidas a adoptar para frenar tal tendencia no fue producto del humanismo de Henry Kissinger. Más bien ocurre que en esos países, el crecimiento poblacional genera riesgos de conflictividad social y reacciones capaces de atentar contra los intereses (asuntos de seguridad nacional) norteamericanos.

El capítulo del documento en cuestión dedicado a las “Tendencias Demográficas Mundiales” consigna que “desde la Segunda Guerra Mundial la población mundial creció cuantitativamente y cualitativamente como en ninguna época previa”. Sin ir más lejos, los indicadores reseñados exhibían un aumento del 2% anual, el doble que antes de la guerra, mientras que entre 1750 y 1900 el ritmo se reducía al 0.5% anual. “El efecto será la duplicación de la población mundial entre los próximos 35 a 100 años”, señalaba el estudio, advirtiendo que la población estaba creciendo a razón de 80 millones de personas al año, en tanto a principios del Siglo XX dicho índice era de 10 millones.

“Es urgente que las medidas para reducir la fertilidad mundial se inicien inmediatamente y sean efectivizadas en los ’70 y ‘80”, exhortaba Kissinger. En 1970 la ONU preveía que la población mundial para el año 2000 podría oscilar entre los 7 y 8 mil millones. Sin embargo, culminando 2020 esta asciende a 7.800.124.000 (!)

A todas luces, las disposiciones adoptadas en función de controlar la natalidad han dado sus frutos. Efectivamente, en el año 2000 la población mundial  superaba levemente los 6.000 millones, y comparada con la de 1970, en vez de duplicarse había crecido apenas el 60.76%. En consecuencia, la tasa de natalidad comenzó a decrecer del 2.07% a un actual 1.13% descendente, de modo tal que el crecimiento de 87.8 millones de 1989, comenzó a bajar, y la proyección para 2030 podría descender al 0.6% anual.

El Secretario de Estado norteamericano informaba a su Poder Ejecutivo que los países más difíciles de controlar en relación al incremento poblacional eran India, Bangladesh, Pakistán, Nigeria, México, Indonesia, Brasil, Filipinas, Tailandia, Egipto, Turquía, Etiopía, y Colombia. No parecería casual que por lo menos en cinco de los países enumerados se asentaron bases militares yanquis.

A propósito de la política descripta, en mayo de 1997 Hillary Clinton felicitó al gobierno mexicano por su empeño en el control de natalidad y por bajar la tasa de crecimiento poblacional, y manifestó su orgullo respecto a la Agencia para el Desarrollo Internacional estadounidense, que acompañara a las instituciones de salud pública aztecas en el cumplimiento de tales cometidos.

El caso sirve como ejemplo del enorme esfuerzo invertido por el Imperio de un tiempo a esta parte en materia de planificación familiar en los países “en vías de desarrollo”. Directa o indirectamente, mediante organismos oficiales o fundaciones,  EEUU financió alrededor de 70 planes de anticoncepción en México durante los últimos años. Más de la mitad contaron con el auspicio directo de  las fundaciones Ford, Rockefeller, MacArthur y Hewlett. Como condición para las ayudas al “desarrollo”, EEUU exige por ley que los países beneficiarios de dicha ayuda internacional adopten medidas para frenar el crecimiento demográfico.

Las campañas de esterilización que apelan con engaños, presiones, promesas de dinero o alimentos también se han denunciado en Perú.

Tras la huída a Japón del ex Presidente Alberto Fujimori, en julio de 2002 el Ministerio de Salud de su país hizo público un informe de 137 páginas, denunciando que mediante  presiones, extorsión, amenazas y ocultamiento informativo, entre 1995 y 2000 fueron esterilizadas 331.600 mujeres y a 25.590 se les realizaron vasectomías, mientras aquel mandatario era mensualmente notificado al respecto por sus ministros de salud.

De tal modo, la “planificación forzada” se aplicó prioritariamente sobre pueblos originarios y zonas empobrecidas. El propio gobierno se justificó manifestando que  “un 90% de las mujeres en edad fértil están totalmente satisfechas con los métodos aplicados”.

La campaña publicitaria encarada por Fujimori el 28 de julio de 1995 reunía significativas coincidencias con lo postulado por Henry Kissinger: propaganda callejera exhibiendo una familia tradicional con cuatro hijos, junto a la deseable para el oficialismo, con uno o dos hijos. El documento que venimos analizando recomendaba “una familia con dos hijos deberá ser la norma en el futuro, y el promedio de dos hijos por familia puede alcanzarse hacia 1990 – 1995”.

En su legendario filme “Sangre de Cóndor” (1969), el realizador boliviano Jorge Sanjinés yadenunciaba un ejemplo semejante.

Aquel influyente Secretario de Estado yanqui no sólo se ocuparía en el citado estudio de las prácticas anticonceptivas que debían aplicarse sobre las mujeres en procura de minimizar la tasa de natalidad. En relación a la población masculina, el texto destacaba:

“En la India se llevaron a cabo algunos experimentos controversiales pero extraordinariamente exitosos, en los cuales los incentivos económicos, junto con otros mecanismos de motivación, se utilizaron para lograr que un gran número de hombres aceptaran las vasectomías”.

Si bien no tuvo amplia difusión, o al menos no tanta como los Documentos Santa Fe I, II y IV, el documento en cuestión actualmente continúa mereciendo atención.

Kissinger tampoco minimizaba al aborto como solución para el control de natalidad en los países empobrecidos: “Mientras las agencias participantes en este estudio no tengan recomendaciones específicas para proponer sobre el aborto, en las discusiones siguientes serán importantes y deberán considerarlas en el contexto de una estrategia global poblacional”.

A continuación, no deja lugar a dudas sobre su punto de vista: “Ningún país ha reducido su población sin recurrir al aborto” (…) “De hecho, el aborto, legal e ilegal, se ha convertido ahora en el método de control de fertilidad más difundido en uso en el mundo de hoy”.

Intereses en conflicto

El estudio en consideración analiza en profundidad los dilemas producidos por la explosión demográfica, fundamentalmente en las regiones de escasos recursos, pero centra su atención en aquellas donde los intereses económicos y de seguridad nacional estadounidenses pueden resultar afectados.

Por ejemplo, el apartado Political Effects of Population Factors, empieza de este modo:

“Las consecuencias políticas de los factores más comunes en los Países Menos Desarrollados (LDCs- Lesser Developed Countries) – crecimiento rápido, migración interna, altos porcentajes de población joven, bajo desarrollo en los estándares de vida, concentración urbana, y presión de migración de países extranjeros -, están dañando la estabilidad interna y las relaciones internacionales de países en donde los intereses de Estados Unidos están más avanzados, creando esto problemas políticos e inclusive de Seguridad Nacional para los Estados Unidos. En un sentido más amplio, radica aquí el riesgo de daños severos para los sistemas económicos, políticos y ecológicos del mundo”.

Sin duda, el momento que dio marco al documento analizado explica en gran medida con qué propósitos se lo elaboró, ya que en 1970 México nacionalizó su petróleo, a principios de los ’70 la República del Congo nacionalizaría sus recursos naturales, en 1975 Venezuela hizo lo propio con su industria hidrocarburífera al cabo de más de una década de intentarlo, y el General Ovando expropió en Bolivia el gas que hasta entonces estuviera en poder de las empresas estadounidenses Gulf Oil y Standard Oil.

Además, el presidente socialista Salvador Allende consideraba que el primer paso para la independencia económica de su país consistiría en nacionalizar el cobre, dado  que éste constituiría el “sueldo de Chile“. Tal propósito se concretó gracias a la  reforma constitucional aprobada unánimemente por el congreso nacional mediante  la ley del 16 de julio de 1971, que establecía la expropiación de los derechos de las empresas Anaconda Company y Kennecott  Koper Corporation, al igual que las minas de Chuquicamata, El Salvador y El Teniente.

Hoy es de dominio público la intervención directa de Kissinger y Nixon en el derrocamiento de aquel presidente chileno el 11 de septiembre de 1973, festejado por la prensa monopólica mundial: “El bombardeo y asalto de su palacio presidencial y la toma del poder por los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas de Chile pusieron un fin amargo al primer gobierno marxista libremente elegido en Occidente”.

Por aquellos años Nuestra América se veía sacudida por numerosos  procesos revolucionarios de carácter nacionalista o marxista, y Washington no se mostraría indiferente ante dicho panorama. En el memo del Consejo de Seguridad, Kissinger señala que la preeminencia de la población joven en países empobrecidos y/o superpoblados podía generar “movimientos separatistas y acciones revolucionarias”, concluyendo que:

“(…) Si de estas condiciones resultan las expropiaciones de intereses extranjeros, desde un punto de vista económico, no está dentro de ningún tipo de interés para los países inversores (…)”

Dicho escenario condujo al autor de aquel texto a advertir que “en las relaciones internacionales, los factores componentes de la población son cruciales y, a menudo, determinantes de conflictos violentos en las regiones en vías de desarrollo”. Sumado a ello, Kissinger señalaba que correspondía tomar precauciones políticas y diplomáticas para no aparecer dispuestos a una acción  coercitiva, ya que:

“Hay allí también un peligro de que algunos líderes de los PMDs (Países Menos Desarrollados) vean las presiones de los países desarrollados como una forma de imperialismo racial o económico”.

“Las penas son de nosotros…”

El prominente funcionario del Imperio se interrogaba si “¿Debe ser el alimento considerado como un instrumento de poder nacional?”, cuestionamiento que no contestaba directamente, a pesar de que deslizaba que todo tipo de ayuda debía  ceñirse a aquellos países que acataran las condiciones de reducir la tasa de natalidad y garantizaran la estabilidad política, agregando que “la despoblación debería ser la más alta prioridad en la política de EE.UU. hacia el Tercer Mundo“; se trataría de un ” asunto trascendental para la seguridad nacional de este país“, ya que la economía de los países industrializados “requerirá grandes y crecientes cantidades de minerales del exterior, especialmente de los países menos desarrollados“, entre los que destacaba que “(…) los Estados Unidos, con el 6% de la población mundial consume al menos un tercio de los recursos mundiales (…)”

El estudio en consideración, si bien hacía hincapié en el control poblacional en un mundo proyectado a treinta años, que de sobrepasar los 13.000 millones de habitantes “sería inestable y se desatarían hambrunas endémicas y luchas (guerras) por alimentos”, pormenorizaba los elementos cruciales para evitar que las condiciones demográficas y políticas impidieran al Imperio el acceso a recursos naturales no renovables:

“Los Estados Unidos se ha convertido de forma progresiva dependiente de la importación de minerales provenientes de países en vías de desarrollo en las décadas recientes, y esta tendencia tenderá a profundizarse. La ubicación de las reservas exploradas de minerales de mayor grado (de pureza) favorece la dependencia de todas las regiones industrializadas de la importación de países menos desarrollados. El verdadero problema del abastecimiento de minerales, no yace en una base física sino en modos de acceso en lo político-económico”.

A lo largo del texto que venimos desmenuzando cobra relevancia la relación adoptada por EEUU con los países proveedores de recursos no renovables, ya sea mediante golpes de Estado como en Chile, motivado por cuestiones económicas, o a partir de tratados como el NAFTA.

A su vez, Kissinger señalaba que su gobierno, a fin de “minimizar los cargos de motivaciones imperialistas”, debía insistir en que dichas inversiones eran para: “…el desarrollo social y económico fundamental de los países pobres donde el crecimiento demográfico es acelerado, en tanto causa y consecuencia del crecimiento de la pobreza”.

Desde la sanción de la Ley de Inversión Minera 24.196, y de Reordenamiento Minero 24.226, en mayo de 1993, Argentina es un buen ejemplo de la toma de recursos no renovables por corporaciones yanquis. Barrick Gold explota el mayor yacimiento de oro y plata del mundo en la mina de Veladero, San Juan; la tercer mina de oro más grande del continente, Bajo de la Alumbrera LTD, en Catamarca (el paquete accionario está integrado por capitales estadounidenses); Bethlehem Steel (hoy fusionada con USX-US Steel con el nombre de Internacional Steel Group), productora de armamento y proveedora de la US Navy, disputa la concesión de la reserva de hierro más grande de Latinoamérica, el complejo minero de Sierra Grande, con reservas sin explotar de fósforo y cobalto. Cabe destacar que en nuestro país la minería ha estado exenta de casi todos los impuestos gracias al decreto 417/03, por tratarse de  empresas “promotoras de empleo”.

El lobo viene por nuestros recursos con piel de cordero

Con el tiempo, un escenario mundial en constante transformación llevaría a Washington a revisar sus pretensiones: “Habíamos enfatizado en la incorporación del factor del control poblacional para los países en vías de desarrollo para la reducción de la tasa de natalidad (…) Hubo una consternación general y luego el Plan fue vapuleado, liderados por Argelia, con el respaldo de otros países africanos, y Argentina, apoyado por Uruguay, Brasil, Perú e inmediatamente otros países latinoamericanos”.

Pero, aunque maquille sus propósitos, la voracidad imperial por los recursos que comienzan a escasear en el planeta es a todas luces indisimulable. 

Sin ir más lejos, el agua, base de la vida en nuestro planeta, ha comenzado a cotizar en el mercado de futuras materias primas dada la escasezde este bien, cuyo precio fluctuará ahora como lo hacen el petróleo, el oro o el trigo, según lo ha informado CME Group. 

El índice Nasdaq Veles California Water Index, con el “ticker” NQH2O, se basa en un indicador de precios de los futuros del agua en California que llegó a cotizar a unos 486,53 dólares por acre-pie, medida de volumen utilizada normalmente en Estados Unidos equivalente a 1.233 metros cúbicos.

Y no es el líquido elemento el único capital en disputa en el marco de la crisis civilizatoria en curso. El capitalismo salvaje también se arroga la potestad de decidir sobre el derecho a la vida entre humanxs de primera y de segunda categoría. 

No nos patenten la vida

A falta de soluciones estructurales para la enorme exclusión social vigente, mientras el oficialismo presenta como una epopeya la llegada de las primeras remesas de la vacuna Sputnik a nuestro país, la organización no gubernamental Oxfam ha calculado que apenas un puñado de países, donde reside el 13 por ciento de la población mundial, ya adquirió por anticipado el 51 por ciento de las vacunas anti COVID disponibles para 2021.

La OnG estima que, de no haber cambios esenciales en la distribución global y en la concentración de mercado de dichas vacunas, como se perfila hasta ahora, dos tercios de la población mundial (un 61%) no tendrán acceso a las mismas antes del 2022.

“Un grupo concentrado de naciones ricas ya había comprado en septiembre más de la mitad de las dosis en preparación de las vacunas contra el COVID -19”, informó Oxfam, precisando que se firmaron acuerdos de venta anticipados con AstraZeneca, Gamaleya/Sputnik, Moderna, Pfizer y Sinovac.

Estados Unidos, con 330 millones de habitantes, ya había reservado en septiembre 800 millones de dosis de seis diferentes fabricantes.

La Unión Europea, con 450 millones de habitantes, había encargado 1.500 millones de dosis y al día siguiente de conocerse el comunicado de Pfizer fechado el 9 de noviembre anunciando que su vacuna había demostrado eficacia en los ensayos de la fase III, “se abalanzó para asegurarse 300 millones de dosis suplementarias”.

Al lanzar su campaña internacional “Exigimos que la vacuna sea gratuita para todo el mundo”, Oxfam analizó el mal ejemplo de la empresa Moderna, que aun cuando había recibido pedidos de diferentes gobiernos en torno a los 2.500 millones de dólares, optó por “vender a naciones ricas las opciones de compra de toda su producción”.

Según la ONG, el costo de vacunar a toda la humanidad será minúsculo pues estimó que costaría menos del 1% del impacto previsto de la pandemia sobre la economía mundial.

Pero, “la mitad de la población mundial carece de acceso a los servicios de salud más esenciales, así como a fuentes seguras de agua potable. Millones de personas viven en villas miseria o campos de refugiados superpoblados”, alertó.

Para Oxfam, pese a ese escenario “muchas veces los medicamentos se venden a precios excesivos e inaccesibles” y “los derechos ligados a la propiedad intelectual son utilizados por la gran industria farmacéutica para aumentar enormemente el valor de los mismos en el mercado. Los ejemplos sobran”.

La OnG precisó que la neumonía es la principal causa de mortalidad de niñas y niños menores de 5 años – cerca de 2.000 por día – y existen dos laboratorios que poseen los fármacos apropiados – entre los cuales se encuentra Pfizer – que “se repartieron los derechos de patente y exigieron precios exorbitantes, lo cual causó la muerte de millones de niñas y niños”.

“Durante toda esta etapa, esas dos multinacionales obtuvieron beneficios de aproximadamente 50 mil millones de dólares por la venta de vacunas contra la neumonía, como lo denunció en diciembre de 2019 la organización Médicos sin Fronteras. Pequeño anticipo de lo que podría suceder en el futuro con la vacuna contra el COVID – 19”, fustigó la OnG.

El futuro mercado de la vacuna contra el coronavirus podría valer más de 10.000 millones de dólares al año (unos 8.400 euros), según un análisis de Morgan Stanley y Credit Suisseque publicó el diario Financial Times.

La estimación de los analistas está basada en la posibilidad de que las personas no queden inmunizadas para siempre con una sola dosis de la vacuna, sino que necesiten una o dos dosis de refuerzo cada año, como ocurre habitualmente con la vacuna de la gripe.

Nunca estuvo más oscuro como antes de aclarar

En medio de ese contexto global, un informe reciente del Observatorio de la Deuda Social (UCA) indica que en Argentina la pobreza alcanza al 44.2% de la población, y plantea también que la ayuda estatal contuvo la suba. No quedan dudas acerca de que, en tales circunstancias, la urgencia en reactivar la inversión y fomentar el trabajo tiene fundamentos inobjetables. No obstante, un gobierno pretendidamente popular suprime hasta nuevo aviso el pago del Ingreso Familiar de Emergencia, anuncia el descongelamiento de tarifas de los servicios públicos, maquilla como progresiva una escala de ajuste jubilatorio totalmente regresiva (en tanto la relación entre haberes y carestía semeja la carrera de la tortuga y la liebre), baja las retenciones a las patronales del campo, subsidia con el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) a potentados como Etchevehere y Magnetto, y alardea con haber sancionado un “impuesto a la riqueza”… por única vez. 

Quizá por todo eso – y no tan solo por la irresuelta situación judicial de la Vicepresidenta -, al cumplirse un año de gestión el kirchnerismo puso todas las fichas en ponderar al Gobernador Kicillof y no al Presidente Fernández.

Año difícil pues, el que comienza, para afrontar unas inciertas PASO con Lavagna cuestionando al gobierno desde su alineamiento con Techint, Alberto confesando entre íntimos su hartazgo de las cartas de Cristina, creciente descontento entre varios intendentes ante el apoyo presidencial a Máximo Kirchner como candidato a encabezar el PJ bonaerense, buena parte de los gobernadores encolumnándose  detrás de Massa, y el acaudalado Movimiento Evita tomando paulatina distancia de esos espacios en tensión, acaso para abonar la germinación de candidatos propios.

Aún así, a vuelo de pájaro, daría la impresión de que el gobierno inaugura la tercera década del Siglo XXI con un nada despreciable capital político, constituido por la postergación del pago de la deuda externa, el alza en la cotización del precio de la soja – lo cual prorroga la cuestionada matriz productiva basada en el uso de agrotóxicos… pero contribuye a ahogar el descontento del pobrerío con multimillonarios planes sociales -, una intensiva campaña de vacunación a lxs trabajadorxs esenciales y la población de riesgo, y la amenaza de un nuevo confinamiento determinado por el rebrote de la peste en Europa, medida acaso necesaria pero siempre funcional a vaciar de protestas el espacio público… lo que próximamente podría verse reforzado por “medidas disuasorias” a cargo de las fuerzas de “seguridad”.    

¿Tumbarán ese castillo de barajas los sacrificios que debamos padecer cuando el FMI explicite sus nuevas exigencias? Y, en tal caso, ¿alcanzará con el asistencialismo para disimular un crecimiento ininterrumpido de la miseria, y para cerrar las fronteras al estado de rebeldía que hoy recorre nuestro continente…? 

A esta altura, y aunque duela, corresponde partir de la base de que la mayor parte del movimiento popular en Argentina – oficialista y no tanto – no ha venido estando a la altura de la tragedia social que describen los números de la economía escamoteados por el blindaje mediático. Acaso en este incipiente tránsito hacia la post pandemia corresponda materializar caminos alternativos, fundamentalmente anclados en formas de producción no capitalistas, más que llenarse la boca con bravatas en cada efeméride patria.

Por lo pronto, van apareciendo algunos indicadores dignos de ser tomados en cuenta, como el que oportunamente señalara el periodista de La Nación Claudio Jacquelin: “La baja participación en las elecciones de Río Cuarto abre un inquietante interrogante sobre la representatividad y capacidad de contención de las fuerzas políticas constituidas, como son las dos coaliciones que dominan la política nacional. ¿Habrá sido solo un fenómeno local o puede extrapolarse a otras zonas del país? La duda empieza a expandirse y a generar nuevas incertidumbres.“

Hay que creer o reventar que la Historia se toma sus largas siestas. Hasta que un día despierta.-