Nación Mapuche. La lucha de los pueblos originarios: ” Benetton tiene sus manos tintas de sangre de los pueblos originarios”

Resumen Latinoamericano, 23 de diciembre de 2020

Juicio virtual a 3 años de la represión en la Lof Cushamen, de la comunidad mapucheTerrateniente italiano es responsable de torturas, vejaciones y violaciones de DDHHPor José Guzmán desde El Bolson, Argentina-22 de diciembre de 2020.

El 10 de enero de 2017, más de 200 gendarmes realizaron un operativo cerrojo a 80km de Esquel Argentina, y el trinar de los pájaros y el apacible silencio que suele custodiar esa región patagónica sucumbió al sonido del terror. En cuestión de minutos clausuraron todos los accesos al territorio recuperado por la comunidad Mapuche Pu Lof Cushamen siendo esta la antesala a una represión desmedida.

En su momento los integrantes de la  comunidad relataron públicamente los hechos de violencia y represión que padecieron: golpes, palazos, tirones de pelos contra mujeres y hostigamiento a los niños y las niñas de la comunidad. Las mujeres y los niños dijeron que intentaron protegerse en la “ruca mayor” (vivienda comunitaria) y fue entonces que la Gendarmería los mantuvo allí encerrados hasta que decidieron ingresar por la fuerza al lugar. Algunos de los testimonios denuncian que los niños y niñas estaban aterrados por la presencia de hombres armados, que mujeres fueron arrastradas por el piso, así como que casas fueron destruidas, animales robados y muertos conformando un episodio dantesco que se impuso a la tranquilidad que normalmente se vive en la zona.

Al mismo tiempo se concretaron al menos diez detenciones contra miembros de la comunidad  y de personas conscientes (que ante la represión se hicieron eco casi  de inmediato) y fueron al escenario de los hechos.

Ese 10 de enero, en el marco del conflicto por el territorio recuperado, el juez federal Guido Otranto ordenó “remover y secuestrar los obstáculos materiales que se encuentren colocados sobre las vías de circulación del Viejo Expreso Patagónico “La Trochita”…”. Según la orden, no se solicitó desalojar a la comunidad sino liberar el paso del tren turístico debido a un bloqueo. Sin embargo, la orden emitida no encuentra correlato con la magnitud del operativo y no hubo control judicial efectivo sobre el despliegue de las fuerzas de seguridad, las que finalmente cometieron abusos y todo tipo de violencias. En la jornada siguiente, 11 de enero, esta vez sin orden judicial alguna, la policía de Chubut volvió a ingresar al territorio y arremetió contra la comunidad mapuche. Miembros  de la Lof relataron que las fuerzas dispararon contra los integrantes y dejaron varios heridos, algunos de gravedad.

Este 21 de diciembre del 2020, a tres años de los hechos, se realizó el juicio a quienes se acercaron a solidarizarse ante la feroz represión en la Pu Lof Cushamen, que fue la antesala de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, ocurrida meses después, más concretamente el 1ero de agosto de 2017.

En esa oportunidad los que  se hicieron presentes en la Lof salieron en búsqueda de los animales que se habían escapado por los disparos realizados a mansalva por los uniformados de la  Gendarmería Nacional Argentina, pero resultaron emboscados y baleados por la policía de Chubut y personal de la compañía “Tierras del Sud Argentina”, dirigidos desde una camioneta por su mayordomo Gonzalo Graña quien estaba secundado por otros hombres portando armas largas. Todos ellos intimidando a quienes màs tarde fueron detenidos, llevados a la comisaría del Maiten (Chubut) y torturados por la policía local.o

Los detenidos, después de ser sometidos a vejaciones (y haber permanecido “desaparecidos” por horas) fueron llevados a la ciudad de Esquel y luego absueltos por la justicia ya que no existía evidencia firme sobre las imputaciones que la compañía de Luciano Benetton infirió para beneficio propio. Los imputaron por el delito de “atentado a la autoridad agravado por el uso de arma” y “por ser más de tres las personas involucradas”.

No obstante, entre 2018 y 2019 fueron llevados a un juicio provincial plagado de irregularidades, del que finalmente fueron absueltos: dos de ellos por “ausencia de delito” (en los fundamentos el propio Ministerio Público Fiscal reconoce la “orfandad probatoria e inexistencia de caudal testimonial imparcial” y los restantes  por “falta de pruebas”, según el fallo del Juez Martín O`Connor.

Sin embargo y pese a todo esto, hoy por hoy, el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia a través del Juez Enrique Guanziroli decidió avanzar una vez más contra la comunidad mapuche y quienes se solidarizan con la causa, por los mismos hechos acontecidos ese 10 de enero, en este caso bajo las imputaciones de “presunto corte de ruta” y “presunta tenencia y uso de material explosivo”.

“Todos los testigos son los mismos policías que nos persiguieron y nos golpearon. Lamentablemente ya sabemos cómo se maneja todo acá, y seguiremos luchando hasta que se haga justicia y se visibilice todo esto”, indicó Ivana Huenelaf, una de las imputadas.

El juicio se llevó a cabo de manera virtual, con los imputados presentes desde el Centro Cultural Eduardo Galeano, de El Bolsón, Argentina. Los testigos de la defensa (muchos de ellos  víctimas de estos hechos represivos del accionar de las fuerzas armadas en ese momento) en un principio iban a tener que brindar testimonio desde el cuartel 35 de Gendarmería en El Bolsón, pero finalmente el juzgado a última hora, accedió al pedido del abogado Edgardo Manosalva y confirmó que podrían hacerlo desde el C.C. Galeano. Los testigos del Ministerio Público Fiscal harían lo propio desde el juzgado de Esquel.

Las palabras de Ivana Huenelaf (una de las acusadas) fueron contundentes:

“Es un juicio bastante conmovedor, porque es relatar de nuevo la represión: que hemos sufrido con este Estado, que venimos tantos siglos hostigadas las mujeres, el pueblo mapuche y los pueblos originarios. Pero también con mucha firmeza y alegría porque en el juicio está claro que no están conociendo la causa ni tienen firmeza para sostener de lo que nos acusa la Policía. Son causas armadas, está claro que no lo pueden sostener, hasta han dado un receso de tres horas, que debe ser para leer la causa. A nosotras nos sirve para encontrarnos y hablarnos y acompañarnos y compartirnos. Me siento muy fortalecida y muy agradecida por el acompañamiento y por todo lo que nos viene sucediendo. Como dice una de las lamien, es la antesala de toda la represión que vino con Santiago (Maldonado), con Rafa (Nahuel). Pero estamos fortalecidas porque esto no se genera de a uno solo, sino que se genera en comunidad, en sociedad. Hoy no solo el pueblo mapuche está siendo perseguido y judicializado, también las cumpas, todas las disidencias por salir a las calles a pedir derechos, sueldos, casas, territorios. Esa es nuestra lucha”.

Los rostros cubiertos de lágrimas de quienes prestaban declaración no mostraban debilidad sino la fortaleza de un pueblo levantándose una y otra vez siempre con más fuerza frente a cada embestida del poder.

En el juicio de este 21 de diciembre, por los mismos hechos acontecidos el 10 de enero de 2017, pesan nuevamente (sobre los integrantes de la comunidad mapuche tehuelche) las imputaciones por “presunto corte de ruta” y “presunta tenencia y uso de material explosivo”. 

Edgardo Manosalva (abogado defensor) argumentó sobre esto:

“Llevamos la primer mitad de la primera jornada del juicio. Como resultado venimos muy tranquilos. Vimos que está encarrilada la causa en el sentido de ratificar y reforzar la posición jurídica que ya traían los cinco imputados desde antes de ingresar a este ámbito de audiencia y el debate oral en sí”.

“Tranquilos y a la vez alertas porque sabemos todas las fuerzas que hay, esto es una causa (como vinimos anunciando de entrada) que no tiene nada de jurídico, que no es legal sino meramente política. Y que siempre estuvo motorizada e impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación (manejado en ese entonces por Patricia Bullrich, Pablo Noceti, Gerardo Cané y toda la primera línea del ministerio), que presionaba, como admitió el fiscal Oscar Oro, que recibían ellos mismos esa presión de manera directa.  Le pasó a Otranto, le pasó  a Lleral en la causa de desaparición forzada y en el habeas corpus de Santiago Maldonado. Claramente, allí sucumbieron a las presiones del Ministerio de Seguridad. Nosotros todo el tiempo advirtiendo esto, tanto al juez como al fiscal, que no tenían herramientas. Sobre todo en la causa por presunta tenencia de material explosivo que es la que ya había quedado plasmado con total certeza judicial, que está firme, como cosa juzgada. Tenemos esa tranquilidad, porque también sabemos los andariveles con los que se van a manejar los testimonios de los policías que quedan,  que también quedó demostrado que mintieron de manera alevosa en el juicio provincial. Allí quedó en evidencia ese falso testimonio de muchísimos de ellos, salvo uno que nombré, el perito de criminalística, que ya dijo que las botellas que a él le tocó fotografiar no tenían olor a nafta, ni líquido acelerante. Y  también algo que denuncian los imputados es que nunca se respetó la cadena de custodia. Nunca. Por lo tanto llevó eso a que la fiscal Ávila en su momento propiciara la nulidad de esta causa. La persona que tenía que dar fe, que aparece firmando el acta, admite en juicio que nunca estuvo presente ni cuando se encuentran las supuestas botellas, ni cuando son retiradas y mucho menos cuando la fotografiaron. Y lo mismo el resto de los testigos. Dos subalternos de Fernández, que ya sabemos cómo son las fuerzas de seguridad donde el verticalismo y la autoridad tallan fuertemente, sabemos que fueron empujados a “hacerle la gauchada al jefe”. Y respecto a Gonzalo Graña (mayordomo de Benetton) que sí, por vocación antimapuche se presta a cualquier chanchada, también se demostró que mintió totalmente en juicio y cuando declaró en Fiscalía federal y en el juzgado de Otranto. Hoy vuelve a declarar, porque fue llamado para esta nueva causa por parte del ministerio público fiscal actuante”.

“Los testigos de hoy de Fiscalía, los empleados policiales, no los conocíamos judicialmente. No sabíamos qué podían llegar a declarar. Claramente, no pudieron identificar a ninguno de los imputados por el presunto corte de ruta. En este caso, los testigos apoyaron la hipótesis de la defensa a favor de los imputados”.

Respecto a la causa que denuncia a la policía y fiscal actuante, Manosalva fue muy claro: “No hubo avance de parte del ministerio público fiscal. Recordémosle a la gente que por los hechos del 10 de enero, en el momento de la declaración, el día 12, se desdobla la causa y queda por un lado, la presunta comisión de atentado a la autoridad, lesiones y resistencia en la justicia provincial. Pero el mismo juez del control de detención, frente a la contundencia y elocuencia de los siete testimonios, ordenó directamente que se abriera un legajo de investigación en el mismo ministerio público fiscal de Esquel, para investigar las conductas denunciadas por ellos que son ni más ni menos que lesiones gravísimas, tentativa de homicidio, tortura, vejámenes y apremios ilegales perpetrados por la horda policial que actuó, muchos de los cuales  van a estar sembrados en la audiencia de este juicio”.

“Entendemos nosotros, porque reivindicamos el carácter de víctimas de los imputados, que a esas víctimas no se les dio la reparación necesaria de parte del ministerio público fiscal porque directamente paralizaron la causa y la desestimaron”.

“Una de las expectativas que tenemos es que esta sentencia contribuya a poner las cosas en su lugar. Contextualizar. Si hay algo de lo cual  carece el sistema judicial argentino es de abordaje con perspectiva de pueblos originarios. Cero”.

“En la justicia provincial, a través de la sentencia de Cámara, quedó claramente probado que esto forma parte de algo más grande y trascendente que es la pelea entre una sociedad anónima, Compañía de Tierras del Sud Argentino S.A. y una comunidad perteneciente a un pueblo originario ancestral. Por lo tanto el protocolo que los agentes del Estado  debían aplicar es totalmente contrario a lo que hicieron. El diálogo, tener comunicación… por el contrario como dice la jueza Estefania, que llevó el primer voto de esta Cámara, los imputados “salvaron su vida milagrosamente””.

“Detrás de estas acusaciones Luciano Benetton es el responsable. Su compañía está implicada directamente en los hechos aberrantes que causaron el horror ese día en niños y mujeres de la comunidad; sus esbirros dirigieron las acciones de la policía local del Maitén (Chubut) y de la prensa hegemónica que oculta hasta el día de hoy el accionar del terrateniente italiano. La misma prensa, aquella de grandes operativos multimediales, no se hizo presente en este juicio fiel al establishment como de costumbre, y la tarea de informar a la sociedad quedó en manos de los medios alternativos y comunitarios”.

Existe una causa en la justicia Argentina contra Luciano Benetton por estas acciones contra los derechos humanos, pero es cajoneada por los jueces de turno aliados al poder económico. El filántropo italiano, con una compañía que dirige la Fondation Sisley-D’Ordation (Francia), Unhate Fundation (EEUU), Fundazione Studi Ricerche (Italia), y la Fundación Museo Leleque (Argentina) tiene en sus manos sangre de pueblos originarios.

El terrateniente de la Patagonia es responsable de torturas, vejaciones y aberraciones que se iniciaron en 2015 contra las comunidades mapuche que solo pretenden hacer valer sus derechos, ya que las tierras arrebatadas a sus ancestros les pertenecen y la Constitución Argentina avala estas recuperaciones.

Cuanto falta para que la verdad salga a la luz no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que vivimos tiempos de cambios, de revolución, y los marginados, los pisoteados, los “nadies”, esos “que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos”, de los que Eduardo Galeano nos hablaba; comienzan a perder el miedo al “patrón” y gritar libertad en este “ajeno sur “.

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*Cobertura colaborativa de FM Alas, Nómadas Comunicación Feminista, La Manija, Radio la Negra, Revista Cítrica, Tribunal ético feminista feministas de Abya Yala, Radio Fogón, y Antimafiadosmil.

*Fotos: Grupo colaborativo de medios y Joseé Guzmán

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