Argentina. Observatorio gremial. Una huelga en el corazón de vaca viva/ Atados a la puja distributiva/ Estado de situación de la lucha de clases … (+info)

Resumen Latinoamericano / 21 de diciembre 2020.- .

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Conflicto agroindustrial argentino / la serpiente rosa del paraná / renta o salario

Una huelga en el corazón de vaca viva

POR: MARIO SANTUCHO

FOTOGRAFÍA: MARCELO MANERA

Desde hace dos semanas no sale un solo grano de soja destinado a la exportación. Cientos de barcos hacen fila en el río Paraná, a la espera de la resolución de un conflicto que paralizó a ese núcleo fundamental del capitalismo nacional que se ha dado en llamar “vaca viva”. Los trabajadores del cordón agroindustrial, desde Bahía Blanca hasta Timbúes, se preguntan cuál es la prioridad para 2021: ¿recuperar el poder adquisitivo del salario o recomponer las ganancias de los empresarios? Viaje al centro de la huelga, para escuchar a los protagonistas.

“Buenos días, para quienes no me conocen todavía yo soy Daniel Yofra, secretario general de la Federación. Quiero agradecer a las compañeras y los compañeros aceiteros que se vienen bancando once días de huelga, en donde una vez más demostramos la conciencia que tenemos los trabajadores”. Así arranca la asamblea de los aceiteros en la planta de Dreyfus, que tiene su sede en General Lagos, al sur de Rosario. Unos 300 laburantes acaban de almorzarse los mil chorizos que fueron cocinados en una improvisada parrilla al costado de la puerta de la fábrica. Hay alegría, se sienten fuertes, por eso bailan al ritmo de una banda de trompetas y trombones que se llama “la Aceitosa” y dicen que surgió en el recordado conflicto de 2015, cuando el paro duró 25 días y culminó con una resonante victoria obrera. 

Ahora el dirigente gremial comenta que los empresarios, a través de sus representantes mediáticos, han querido confundir a la opinión pública diciendo que los trabajadores piden demasiado. “¿Cuánto quieren ganar los aceiteros? Hay que decirles que los aceiteros queremos un sueldo digno. No tenemos que tener verguenza de lo que somos, porque ya tuvimos verguenza, y miedo. Pero hace un tiempo que conseguimos lo que queríamos, que es el salario mínimo, vital y móvil. Y hay que decírselo a todos: que hagan huelga, que no le tenga miedo, nosotros somos hijos de la huelga”.

La medida de fuerza resulta contundente porque por primera vez reúne a los tres sindicatos del sector. La Federación de Aceiteros y el Sindicato de San Lorenzo (SOEA) hicieron a un lado sus históricas diferencias, para confluir con los recibidores de granos de URGARA. Del otro lado están los principales grupos económicos, que son en su mayoría trasnacionales: las estadounidenses Cargill, Bunge y ADM; la francesa Dreyfus; la suiza Glencore; la china COFCO; y las argentinas Molinos Río de La Plata y Aceitera General Deheza (AGD). Estas empresas se agrupan en la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA), entidad con notable poder de lobby.

El resultado es la paralización de la médula espinal portuaria del país, desde Bahía Blanca hasta Timbués, pasando por los puertos de Buenos Aires y Rosario. Estamos en el corazón del capitalismo argentino. Por aquí fluyen hacia el exterior los granos mágicos y sus derivados industriales como el aceite, la harina o el pellet, que explican la mayoría de los preciados dólares que luego ingresan para equilibrar la balanza comercial.

Al finalizar la asamblea, uno de los trabajadores nos guía para bordear los muros de la planta con el objetivo de asomarnos a una barranca desde donde avistamos la fila de enormes barcos de distintas nacionalidades que hacen fila en el Delta del Paraná. Quienes monitorean el tráfico de buques mercantes dicen que ya hay más de 120 a la espera de poder cargar las mercancías. Y por cada día que pasa tienen un costo de entre 15 y 25 mil dólares, sin contar las penalidades comerciales. Algunos dicen que el precio de la soja subió en la bolsa de Chicago por el estrés que genera esta huelga en Argentina. Los empresarios aportan grandes titulares y aseguran que las pérdidas ascienden a 100 millones de dólares diarios.

Se trata del conflicto social más importante del año, justo en las vísperas de las fiestas navideñas. El resultado de esta puja va a influir de manera significativa en cómo será la reconstrucción económica que tendremos en 2021. ¿El crecimiento va a permitir la recuperación de la pérdida salarial que se acumuló durante los últimos tres años, estimada en una caída del 26% del poder adquisitivo de los trabajadores? ¿O servirá para acrecentar la tasa de ganancia de las empresas más grandes del país, que no dejaron de ganar ni siquiera durante la pandemia?el crecimiento que se espera para 2021, ¿va a permitir la recuperación de la pérdida salarial que se acumuló durante los últimos tres años, estimada en una caída del 26% del poder adquisitivo de los trabajadores? ¿o servirá para acrecentar la tasa de ganancia de las empresas más grandes del país, que no dejaron de ganar ni siquiera durante la pandemia?

endurecerse sin perder la batuta

Cuarenta minutos en auto separan a Dreyfus de la Terminal 6 (T6), en Puerto San Martín, al norte de Rosario. La planta forma parte del cordón de San Lorenzo, el complejo agroindustrial exportador más importante de América Latina. Tiene como accionistas a AGD y Bunge, capacidad para recibir 80 mil toneladas diarias de granos y puede procesar más de 20 mil toneladas cada veinticuatro horas. Lo que entra por una punta sale convertido en aceite, harina o pellets de cáscara. También puede volverse biodiesel o glicerina refinada. Pero ahora está todo parado. No se mueve nada adentro.

Durante la décima jornada de paro, el gerente general de T6, salió a la puerta para intentar convencer a los huelguistas que el reclamo era irracional. “Y hace unos días quiso que entraran trabajadores fuera de convenio para poner en marcha la planta. Eso es un peligro. Podría ocurrir cualquier cosa, desde romper máquinas o provocar un accidente”, dice Gustavo Cuscueta, delegado del gremio que lidera Pablo Reguera. A diferencia de los activistas de la Federación, quienes consideran que “la empresa no tiene sentimientos y siempre va a querer maximizar ganancias”, aquí los patrones y sus representantes son vistos como un verdadero “padre laboral”. Por eso recuerdan la reciente explosión en uno de los sectores de la fábrica, como prueba de lo que sucede cuando lo único que importa es aumentar el ritmo.

Néstor Aguirre, también delegado en T6, trasmite su desazón por la irresponsable actitud empresaria. “Creemos que el problema no es el dinero sino algún tipo de extorsión contra el gobierno”, dice Aguirre y argumenta que la empresa pasó de discutir los salarios en la planta –con sus gerentes de Recursos Humanos como negociadores– a depender de un equipo de abogados en Buenos Aires que representa a CIARA.

La intuición del delegado es avalada por el economista Sergio Arelovich, asesor de la Federación aceitera: “Las exportaciones del complejo oleaginoso traducidas a pesos –comparando 2020 con 2019– crecieron muy por encima de la inflación, por la devalaución del peso y el aumento de los precios internacionales. Como el salario aceitero quedó incluso por detrás del ritmo inflacionario, es claro que el peso de la masa salarial disminuyó. Oleaginosa Moreno (Grupo Glencore) dice, en su balance cerrado en diciembre de 2019, que el costo salarial no llegó a representar 1,3% del total de las ventas, lo cual hace presumir que al cierre de 2020 es probable que sea menos del 1%. La negativa al aumento salarial por parte de la CIARA no está vinculada al efecto económico sino a la disputa por quién decide el precio de la fuerza de trabajo”.

Carlos Zamboni y Matías Cremonte son abogados laboralistas y asesoran a la Federación de Aceiteros en la pulseada con los negociadores corporativos. Si el problema no es el dinero, les preguntamos: ¿qué pasa por la cabeza de los empresarios de la CIARA para endurecer tanto su posición este año? Los expertos en rosca paritaria aportan tres hipótesis que entre sí no son excluyentes: “En primer lugar, dice Zamboni, quieren aprovechar la crisis de la pandemia para disciplinar a la fuerza de trabajo, obligándola a retroceder en sus reclamos históricos y quebrando un método sindical que se ha mostrado exitoso: la exigencia del salario mínimo, vital y móvil. Expresamente están hablando de un ‘cambio conceptual’, que consiste en dar aumentos con la sola referencia de la inflación, lo cuál significa congelar los salarios, encima después de una pérdida salvaje durante los últimos tres años”.

La segunda interpretación es aportada por Cremonte: “Durante los últimos meses los grandes jugadores del complejo agroindustrial desplegaron un activismo inédito en el mundo político empresario, disputándole la conducción del sector a las dirigencias más tradicionales identificados con la Mesa de Enlace. Muestra de este protagonismo es el surgimiento del Consejo Agroindustrial Argentino, liderado por CIARA. La presidencia de la UIA en manos de un representante de AGD es otro indicio en este sentido. Y si ellos quieren conducir a su clase, tienen que dar señales de fortaleza en ese sentido”.

Por último, Zamboni agrega un nivel más en la disputa: “La pelea por ver quién paga la crisis incluye un intento de desestabilización del gobierno nacional, a cambio de prerrogativas como la devaluación del peso o la baja de retenciones”.

Por el costado de la Terminal 6 se llega también al río. Hay que saltar dos gruesos caños que corren paralelos al suelo y transportan el aceite y el biodiesel desde la planta hasta los barcos. Desde allí se avistan más barcos anclados, esperando que vuelva la molienda. Pero el espectáculo llega a su clímax desde el Campo de la Gloria en la ciudad de San Lorenzo, una terraza verde con vista al Paraná, donde los granaderos del general San Martín frenaron a las tropas españolas el 3 de febrero de 1813. Ahora es de noche y los buques flotan como inmensos edificios iluminados en medio del río.

la dignidad de los alguien

Una importante distinción entre la realidad de los aceiteros de San Lorenzo y quienes se nuclean en la Federación remite a los trabajadores tercerizados. Mientras en T6 conservan un estatus inferior a los obreros efectivos, y se sienten perjudicados por la huelga, en Dreyfus fueron incluidos en el convenio aceitero y gozan de los mismos beneficios que los operarios tradicionales. El testimonio de José Leguizamón, empleado de limpieza de la multinacional francesa, es impactante: “La empresa contratista nos tiraba aquí y no teníamos lugar para comer, ni baño, teníamos que mendigar un vaso de agua a los que por entonces eran compañeros entre comillas, porque nos trataban casi como esclavos.

Teníamos trabajo pero éramos muy pobres. Hasta que en 2008 nos empezamos a reunir con Yofra y la gente del sindicato, y gracias a la lucha conseguimos que nos reconocieran como aceiteros. Por eso una vez un gerente me dijo que teníamos que ponernos la camiseta de la empresa y yo le dije que ya tenía puesta la camiseta del sindicato”.

Mientras conversamos con Federico Calderón, técnico químico en el laboratorio de la planta y también delegado en Dreyfus, los camiones que pasan por la ruta provincial 21 tocan bocina en solidaridad con los huelguistas. Calderón viste la camiseta del Trinche Carlovich, mítico futbolista rosarino, y recuerda que el miércoles 9 de diciembre, cuando comenzó el paro, decenas de camioneros quedaron atrapados en el playón de la planta. Finalmente lograron que la empresa les pagara el flete y volvieron al lugar de origen sin despachar la carga.

Adrián Dávalos, alias el Mono, viene de la planta que Molinos Río de La Plata tiene en Rosario, más conocida como “la Patito”. El Mono es secretario general del Sindicato de Aceiteros de Rosario, pieza fundamental de la Federación, y está entusiasmado con la inédita unidad entre los sindicatos del sector. “Debo decir que lo que no logramos nosotros con la persuasión gremial y la comunión de clase, lo logró la empresa con su intransigencia. Ahora que estamos juntos se nota que somos mucho más poderosos. El desafío en adelante es consolidar este vínculo y apuntar a nuevas conquistas”.

Marco Pozzi opera una grúa en el sector de carga de granos de Cargill, en Villa Gobernador Gálvez. Él sintetiza con mucha claridad la misma cantinela que escuchamos en todas las plantas: “la huelga está muy firme; desde abajo los compañeros empujan para que sigamos hasta ganar; encima la semana pasada nos depositaron el aguinaldo así que tenemos cuerda para rato”.

“¿Cuánto más pueden aguantar las empresas? ¿Cómo explican tanta mezquindad con los trabajadores, si con todas las pérdidas que están teniendo ya podrían haber pagado varias veces lo que pedimos de aumento?”, reflexiona Daniel Yofra, la voz más visible del conflicto. Su intuición le dicta que antes de Navidad puede haber un desenlace, como insinuó el vocero de la Cámara empresaria Gustavo Idígoras, en un reportaje durante el fin de semana

Yofra confía en el poder obrero y no duda que esta disputa gremial culminará con un triunfo para los trabajadores. Pero también sabe que el significado de la huelga aceitera repercute en el resto de una sociedad agobiada por la crisis, que se prepara para recobrar el crecimiento. Por eso, el sindicalista espera la intervención del gobierno nacional. Una señal de que el regreso a la normalidad no será sinónimo de más y más ganacias para “tres o cuatro vivos nada más”.

Fuente: Revista Crisis

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EL SALARIO DEL MIEDO *

La reactivación pospandemia, el proyecto de país y las pujas entre sectores económicos y clases sociales

POR GUILLERMO WIERZBA

El debate respecto a la reactivación de la economía en la pospandemia, que aborda el camino para recuperar el retroceso en los cuatro años de neoliberalismo a los que se le suma el tiempo de las restricciones impuestas por la peste, lleva a una discusión que comprende tópicos teóricos, proyectos de país y pujas entre sectores económicos y clases sociales. Supone, también, la definición de cuál será el bloque de poder que hegemonizará la etapa. Pero, además, suma reflexiones que hacen a la sustentabilidad de largo plazo de una estrategia de desarrollo.

Alternativas contrapuestas

No resulta lo mismo, en ninguno de los sentidos mencionados, que la reactivación tenga como base una redistribución del ingreso progresiva, que si el impulso proviene de un aumento de las exportaciones o del endeudamiento de las familias. Si el objetivo que se persigue es un desarrollo nacional autónomo, Engelbert Stockhammer y Giorgos Gouzoulis plantean como fundamental que la estrategia de crecimiento esté impulsada por los salarios como por el rol del Estado en la economía. (Cap. I de El Imperio de las Finanzas, Deuda y Desigualdad, Comp. Chena y Biscay, Miño Dávila, 2019). Desde mediados de la década del ’70 en las experiencias tempranas, y más generalizadamente entrada la década del ’80 del siglo pasado, el neoliberalismo trajo consigo una fuerte caída de la participación de los salarios en el ingreso, instalando un paradigma cuya centralidad estuvo en el crecimiento de la desigualdad y en pérdida de poder social de los sectores mayoritarios de la población. La Argentina fue una de las experiencias tempranas. Ese proyecto hegemónico, en las dos últimas décadas del siglo pasado, produjo estancamiento económico, un profundo descenso del salario real, el crecimiento de la pobreza y la fragmentación de la clase trabajadora.

En ese período las características citadas se dieron tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. Los dos fallidos modelos de crecimiento que dominaron las propuestas de política económica fueron:

  • El impulsado por la deuda (debt led growth). Este modelo se caracterizó por sostener permanentemente el consumo mediante el endeudamiento de las familias con salarios disminuidos, pero con acceso al crédito personal para solventar su demanda. La inconsistencia del modelo tuvo su momento clave en la crisis de las hipotecas en Estados Unidos que luego se extendió a otros países, crisis demostrativa de una deuda creciente de las familias y de una fragilización de sus economías.
  • El modelo alternativo fue el del patrón de crecimiento estimulado por las exportaciones (export led growth), que descansa también en la deuda como motor de su despliegue, porque el país que exporta puede hacerlo a expensas del endeudamiento de los países que así abandonan su desarrollo nacional. El caso alemán fue un ejemplo del primer vértice y el caso griego del segundo. El debilitamiento del último provoca problemas en el primero.

Ambos modelos afectan negativamente el nivel de los salarios. En el primero en beneficio del capital financiero que opera en el crédito familiar, el segundo en el descenso del salario para ganar competitividad exportadora espuria.

Estos dos paradigmas estuvieron ligados a la financiarización de la economía internacional que significó la desregulación del comercio internacional y de las finanzas globales, lo que se tradujo en la desregulación del ingreso y salida de capitales, política adoptada en casi todas las economías. También se promovió la deslocalización productiva, que se desempeñó como una amenaza a las economías con mercados de trabajo más organizados y mejores salarios. Las dos opciones buscaban un cambio sustantivo de la correlación de fuerzas a favor del capital.

Otros aspectos fueron la reducción del gasto social de los Estados, considerado como un factor que se asocia a la existencia de mejores salarios, las privatizaciones de empresas públicas y la drástica reducción del papel del Estado en la economía. También se promocionó  la reducción de impuestos como estímulo a la producción, relación causa-efecto que nunca funcionó.

Dicen los autores mencionados que “el salario real cumple una doble función en la economía: es a la vez un costo de producción para las firmas y la principal fuente de ingresos de los hogares. Un incremento en los salarios en la economía puede crear dos efectos de crecimiento opuestos, un efecto negativo en la inversión y un efecto positivo en el consumo”. Pero en la abrumadora mayoría de los casos el aumento del salario real y su impacto en el consumo, resulta mayor que la eventual existencia de un impacto negativo en la inversión. Luego, generalizadamente, como consecuencia posterior (de segunda vuelta), el crecimiento del PBI causa, también, un aumento en la tasa de inversión.

En una economía en la que se valoriza el rol del mercado interno, el salario supone no sólo un costo para las empresas sino la capacidad para realizar las ventas de las mercancías producidas. En cambio para una economía conducida por las exportaciones, el salario es sólo un costo. Además en los países de economías chicas, en su relación con el tamaño del mercado internacional, sus exportaciones dependen de los precios y cantidades que se les paguen y demanden. No tienen posibilidades de influir sobre esas variables. Esa es la cuestión por la cual alimentar un sueño en el que el crecimiento y la solución al problema de la falta de dólares (restricción externa) se puedan resolver poniendo el centro en las exportaciones, constituye una falacia teórica. Lo es más aun cuando la formación de activos externos (fuga de capitales) no es sólo una práctica del capital financiero especulativo internacional, sino también el comportamiento habitual de los grupos concentrados ligados a la exportación. La diferencia entre un Proyecto Nacional basado en el aumento de salarios y el crecimiento del mercado interno y otro que propone poner el centro en las exportaciones y se opone a una sustancial mejora de la distribución del ingreso, será un tema peliagudo en los debates de un Consejo Económico y Social. Porque:

  • La UIA está enrolada en la estrategia export led growth.
  • La AEA está más consustanciada con el modelo debt led growth (corazón de la financiarización).
  • El Espacio Producción y Trabajo propone y milita la recuperación rápida del salario y del mercado interno.

El pregón de los liberales neo, los “libertarios” y los “desarrollistas de baja intensidad” incluye el debilitamiento de las organizaciones sindicales, y la implementación de  los regímenes de flexibilización laboral. La Argentina tiene una paradoja, conserva una de las estructuras sindicales más importantes del mundo y sin embargo su cúpula actual se muestra proclive a acordar con los exponentes de los modelos basados en la conservación de los salarios reales heredados de las épocas de la financiarización. Un elemento adicional de esa contradicción de conducta son los acercamientos con la AEA y la UIA, que tienen posiciones cuestionadoras respecto al importante avance que la Argentina construyó en su régimen de convenios colectivos de trabajo. Sus modelos de crecimiento se contraponen con ese régimen legal y con las leyes laborales que los sostienen y protegen.

La idea de Wolfgang Stolper y Paul Samuelson respecto a que el intercambio internacional tiende a reducir la brecha salarial entre las economías desarrolladas y las periféricas y dependientes, ya que el factor más abundante en cada país resultaría el beneficiado – el trabajo en los segundos y el capital en los primeros— fue desmentida por la realidad, pues la apertura comercial amplió esa brecha. También se incrementaron las ventajas tecnológicas de los países centrales frente a los subdesarrollados. Estos comportamientos comprobados contraindican los tratados de librecomercio, razón por la cual sería un grave retroceso la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Stockhammer y Gouzoulis señalan que el proceso de crecimiento debt led growth, “con ratios de deuda en constante aumento, se vuelve insostenible; la expansión económica en dicho escenario se torna dependiente del acceso a fuentes de financiamiento externas…Ratios de deuda crecientes están asociados con mayores pagos de deuda futuros por parte de las firmas y los hogares, lo cual obstaculiza la demanda y termina desencadenando crisis financieras”.

El significado de la financiarización

Costas Laspavitsas define a la financiarización como modificaciones de carácter estructural en las relaciones, prácticas y necesidades financieras de los agentes económicos clave: bancos, hogares y corporaciones no financieras. En las economías periféricas y dependientes, el proceso se acentúa debido a la mayor incidencia de la economía internacional en ellas, y a la forma específica subordinada con que se integran,

La institucionalidad generada por la financiarización constituye un tema no menor. Se pierde el peso de las características de los entes y regulaciones nacionales y penetran instituciones de orden global y regulaciones de formato internacional que se convierten en ineludibles, lo que deviene en la conformación de cuadros profesionales y técnicos con una mentalidad formateada por los centros financieros internacionales.

En la Argentina las finanzas y los bancos se han modificado profundamente en las dos primeras etapas neoliberales. La liberalización de las tasas de interés y la desregulación financiera condujeron a una integración subordinada en el sistema financiero internacional, que luego devino en la adaptación del Banco Central al perfil diseñado por los organismos internacionales de crédito y, además, en la adopción de las regulaciones de Basilea. Estas últimas reparan en la lógica de control de solvencia microeconómica de las entidades y son ajenas y hostiles a la regulación de la orientación del crédito. De manera permanente se suman obligaciones y normas que los bancos deben cumplir, innecesarias para un desarrollo financiero proproductivo y que además encarecen  el crédito por los requerimientos de insumos, personal y tecnología ajena a la buena administración bancaria en el país. El banco central resulta penetrado por estas lógicas y por un staff permanente dedicado a un estilo de control de las entidades finacieras que aplica acríticamente lo que Basilea recomienda. Un verdadero ejemplo de colonización institucional.

Durante los años de neoliberalismo, la Argentina también sufrió en la transformación de su sistema financiero, el raudo crecimiento de los créditos personales que rondan, por épocas un poco más y por épocas un poco menos, el 50% del total del crédito. Resultan las entidades, entonces, un vehículo de la financiarización de las familias que reemplaza el consumo que debería ser sostenido por el salario por otro basado en el endeudamiento. En los sectores más humildes que no tienen acceso al crédito bancario, las familias económicamente más vulnerables recurren a instituciones parabancarias y poco controladas que les prestan a tasas usurarias a los que menos recursos perciben, hipotecando su futuro. En el sistema formal, las entidades más volcadas al negocio del crédito personal son las privadas, especialmente las de origen extranjero. Estas firmas ocupan un lugar de liderazgo en la obtención de ganancias, que paradojalmente tienen su origen en salarios que no alcanzan y un hiperconsumismo estimulado por las propias estrategias de los bancos. La liberalización del crédito sirvió al enriquecimiento de las finanzas y desorganizó toda la política del crédito para el desarrollo.

La inversión extranjera directa (IED) también es una opción inválida para la recuperación del crecimiento en el marco de una política de desarrollo e igualdad. En realidad es una forma de la financiarización. La producción por vía de ese tipo de inversiones se entremezcla con actividades de orden especulativo y financiero. Más, la mayor parte de las inversiones de las multinacionales en la época del liberalismo neo tiene fines especulativos, porque invierten en instrumentos financieros hacia los cuales trasvasan el excedente de las actividades productivas. Constituyen esas inversiones extranjeras directas el paradigma de la fusión entre la globalización de la producción y la financiarización de las economías. Son un elemento que introduce vulnerabilidad en las economías periférico-dependientes. En la actividad  de las multinacionales abundan las transferencias por bienes intangibles –patentes y marcas— que constituyen una vía de valorización financiera.

La necesidad de modificar la lógica de la IED impone la modificación de la Ley de Inversiones Extranjeras y, así, dar inicio a un camino de reversión de las decenas de convenios bilaterales de Inversión que impiden un rumbo genuino para los acuerdos organizados y dirigidos a incluir las inversiones externas que la decisión política considere necesarias y facilitadoras del desarrollo.

El crecimiento impulsado por salarios y otros lineamientos

El proyecto para el desarrollo nacional, imprescindiblemente debe recurrir a una política de recuperación basada en el crecimiento de los salarios, en la lógica wage led growth (crecimiento impulsado por salarios). El incremento de la demanda que habrá de provocar salarios más altos impulsará el crecimiento del producto y la inversión. La vía para alejar y resolver los problemas de restricción externa se construiría con:

  • En el corto plazo, controles a los movimientos de capitales y controles cambiarios. Con disposiciones administrativas y regulaciones de precio y cantidades. También con el establecimiento de un organismo y/o empresa testigo que tenga el objetivo de intervenir, regular y regularizar el comercio exterior, hoy dominado por prácticas nocivas para el buen manejo de la macroeconomía y la salud fiscal del país. La liberalización de estas regulaciones y la eliminación de instituciones en estos ámbitos ha constituido un auténtico y profundo fracaso en términos de eficiencia.
  • En el largo plazo, será decisivo el aumento del gasto autónomo del Estado en infraestructura y áreas estratégicas para la producción de bienes y servicios que ocupen lugares relevantes y núcleo de las cadenas de valor. Muchas de las cuales pueden estimularse y organizarse internamente, o en el marco de la reorganización de la unidad regional, con un rol destacado de la integración económica. Para hacer factible este camino será necesario un aumento de gran volumen del presupuesto en ciencia y tecnología por parte del Estado, con objetivos enmarcados en un plan de desarrollo. Parte de este crecimiento del papel del Estado debe financiarse con una reforma tributaria progresiva, resistida por quienes impulsan los modelos de liberalización y reducción de costos, en lugar de ésta lógica sistémica y planificada de crecimiento.
  • Los dos puntos anteriores tienen que articularse en una política que combine el estímulo a la demanda que concurre a sustituir importaciones con una política de oferta, fruto de un plan de participación y dirección de la economía por parte del Estado Nacional.
  • Una regulación del sistema financiero cuyo centro sea la dirección del crédito para el desarrollo y para el funcionamiento adecuado de las pequeñas y medianas empresas. También para las grandes, porque su endeudamiento en el exterior debería ser autorizado y fiscalizado por el banco central para evitar su uso con fines especulativos. Lo fundamental del endeudamiento externo al que se recurra debería ser tomado por el Estado Nacional, nunca para sus gastos corrientes, sino para obras específicas. Se deberían quitar del Sistema Financiero los esquemas que facilitan la fuga de capitales.
  • El estímulo de las exportaciones como parte de este modelo integral de desarrollo nacional, pero nunca como centro de la dinámica de desarrollo, o de resolución de la restricción externa. Porque esa estrategia no resuelve el crecimiento permanente y profundiza la desigualdad.

En  Aspectos políticos sobre pleno empleo, Michal Kalecki señaló que las razones de la oposición de los “líderes industriales” al pleno empleo obtenido mediante el gasto gubernamental tiene uno de sus pilares en la resistencia a la interferencia gubernamental en el problema del empleo como tal, y otra en la resistencia a la dirección del gasto gubernamental (inversión pública y subsidio al consumo). Esa resistencia se basa en sostener que la  función social de la doctrina del “financiamiento sano” es hacer el nivel del empleo dependiente del estado de la confianza. Los líderes del poder económico concentrado promueven, entonces, el equilibrio fiscal a obtenerse mediante la reducción de impuestos y, más aún, del gasto social, como forma de control de los salarios y del empleo. Porque salarios altos y empleo alto le resta espacio de poder a la economía concentrada. Por eso se oponen a un Estado con alto gasto público que garantice un nivel de actividad hacia el desarrollo y crecientes niveles de igualdad. Lo hacen aún a costa de sus beneficios, porque un Estado con poco gasto no puede promover el empleo y este queda dependiente de la decisión privada. Estado grande o chico, nivel de empleo alto o bajo, salarios justos o miserables, determinan la relación entre poder político y poder económico. El rumbo que tomen estas cuestiones facilitará o dificultará la construcción de un bloque político para sostener los cambios enumerados como una alternativa de lineamientos para la estrategia del gobierno nacional, democrático y popular.

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ATADOS A LA PUJA DISTRIBUTIVA*

La recomposición salarial versus reforma laboral: la puja que viene

POR SEBASTIÁN PREMICI

El poder económico siempre se mueve de manera coordinada. Después de que Paolo Rocca le reclamara en público a Martín Guzmán una baja masiva de impuestos y una reducción del gasto público, algo que el ministro rechazó, el diario La Nación publicó una editorial que continuó en la misma senda. “Sin reforma laboral no hay creación de empleo”, sostuvo la empresa de los Mitre, que también cuestionó “las regulaciones que intentan proteger excesivamente a los trabajadores”.

“Es como la carta que escribió Escribano antes de la asunción de Kirchner o la editorial de 2011 antes del segundo mandato de Cristina donde también reclamaban una reforma laboral”, recuerda Omar Plaini, senador provincial por Buenos Aires (FdT) e histórico dirigente del sindicato de canillitas, en diálogo con El Cohete a la Luna. “Los Magnetto y los Rocca no van a ceder en sus pretensiones. Y en este contexto, el Gobierno debería seguir acumulando poder popular para contrarrestar las presiones del establishment”, agrega el integrante del Frente Sindical que nuclea a 60 sindicatos.

A los tres días de esa editorial, el ex vicepresidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) durante la gestión macrista, Carlos Pirovano, escribió un texto como director del Observatorio de Productividad y Competitividad de la Universidad CAECE en donde planteó que había que derogar “todos los impuestos al trabajo”, casi como un mantra mágico que drenaría en productividad y rentabilidad para las empresas. Todavía hay quienes insisten en la quimera de la teoría del derrame.

Dentro de las lógicas corporativas del poder y sus vínculos con el establishment, resultó oportuno un tweet de la abogada Natalia Salvo quien recordó que en “mayo de 2018, el presidente de la Corte Suprema, Lorenzetti, en un almuerzo en el Jockey Club con empresarios, adelantó la jurisprudencia de la Corte contra los derechos laborales. Dijo que en la justicia se trabaja para proteger el derecho de propiedad». La noticia la había dado el diario Clarín.

“Durante el macrismo, a los empresarios les dieron todas las señales pro mercado posibles, baja de retenciones, bienes personales pero la inversión no llegó. Y no la hubo porque no existía demanda”, explicitó a El Cohete a la Luna un funcionario del Gabinete económico.

Si el 2020 fue el año de la (doble) pandemia, donde el Estado nacional desplegó un conjunto de herramientas para sostener salarios, ingresos familiares y contención social en medio de la crisis económica heredada de la gestión anterior y acentuada por las medidas de aislamiento para prevenir el avance del Covid, el próximo estará marcado por la puja distributiva.

“Será el tema central del próximo año, conjuntamente con la obtención de los dólares necesarios para sostener la actividad. La suerte del crecimiento económico estará atada a cómo se administre esa puja. La recuperación del salario real será algo trascendental”, sostuvo Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Coordinación

La variación de precios al consumidor de noviembre fue del 3,2 por ciento y probablemente la de diciembre sea superior “ya que la inflación núcleo del mes pasado estuvo cerca del 3,9 por ciento”, indicó a El Cohete a la Luna Tomás Páez, integrante del Grupo de Estudios de la Realidad Económica y Social (GERES).

El aumento de precios forma parte de la puja distributiva. Por ende, también el control de la inflación. No por nada Alberto Fernández asistió a la última reunión del Gabinete económico.

“El Presidente se manifestó con preocupación con respecto a diferentes precios, teniendo en cuenta que hubo varios congelamientos este año en el marco de la pandemia, y esto hay que ir normalizándolo de a poco sin que afecte el bolsillo de los argentinos y en relación con la paulatina recuperación del salario real», manifestó Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo. Su cartera también acordó durante la semana, con intendentes de la provincia de Buenos Aires, el control coordinado para el cumplimiento de la ley de góndolas.

«Buscamos garantizar las condiciones para la reactivación de nuestra economía. Para eso es fundamental que el mercado interno pueda crecer, generar producción y ventas; es decir, generar trabajo. Esto depende de dos variables, que la gente tenga plata en el bolsillo, lo cual responde a la propia dinámica del mercado, pero también del esfuerzo que hace el Estado nacional, la provincia y los municipios para que la economía traccione”, reflexionó Augusto Costa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires.

A su vez, advirtió: “Si todo ese esfuerzo se va en aumento de precios y en unos pocos que tienen la capacidad de aprovecharse de su posición en el mercado, no solo se pierde todo ese esfuerzo sino que implicará peores condiciones de vida y peores posibilidades de acceso a consumos básicos».

Según el último informe técnico del Ministerio de Trabajo de Nación, en base a los datos del SIPA, en septiembre los trabajadores y trabajadoras casi  no perdieron salario real (-0,2 por ciento), cuando en el mismo mes del año pasado la caída había sido del 3,4 por ciento y en 2018, del 6,6 por ciento.

Paritarias

Un detallado informe de Ámbito Financiero indicó que la mejor paritaria del año correspondió a los operadores de pulverizadores (58,5 por ciento), seguido por lxs trabajadores de baterías con un 52 por ciento, aguas y gaseosas (50 por ciento) y textiles (hasta 40 por ciento). Los metalúrgicos de la UOM cerraron en un 39,6 por ciento, seguido por portuarios (39,0), azucareros (38,0) y neumáticos (37,0). Si la inflación de este año cerrará cerca del 35 por ciento, estos son los sectores que quedarían por arriba.

Luego se ubicaron las actividades que estuvieron entre un 34 y 30 por ciento de recomposición salarial: bancarios, trabajadores de la carne, empleados de seguro, docentes, obreros de la construcción, trabajadores de espectáculos deportivos, comercio, alimentación, petroleros, camioneros y aceiteros. Y entre los acuerdos que pendularon entre el 28 al 12 por ciento estuvieron lxs trabajadores y trabajadoras de casas particulares, papeleros, estatales, químicos, sanidad, estacioneros, telefónicos y perfumistas. La mayoría de los acuerdos incorporaron sumas fijas, los extras del Estado o bonos extraordinarios.

“Durante el primer trimestre, el poder adquisitivo de trabajadores y trabajadoras quedó en 6-7 puntos arriba de la inflación pero luego se lo comió la pandemia. Tiene que haber una mejora en la nominalidad de las paritarias. Y a su vez una fuerte discusión para que ese aumento no se lo coma la inflación. La mesa tripartita (o su versión del Acuerdo Económico y Social) tiene que ser clave para recomponer salario. Las empresas, si logran mejorar sus ventas en el mercado interno, deberían garantizar los aumentos salariales. Algunas te van a decir que no podrán pagarlo. Que se financien para lograr esa mejor distribución”, agregó Letcher.

Trabajo vs Capital

En el peor momento de la crisis pandémica, las categorías ocupacionales que sufrieron el golpe más fuerte fueron las actividades precarias como el autoempleo (mayormente de subsistencia) y los asalariados no registrados. Ahora podría observarse que durante el período de recuperación también son éstas las que reflejan los índices de recomposición más importantes. Lo que se había frenado por completo, empezó a moverse. “Aunque todavía hay 150.000 trabajadores menos que antes de la pandemia”, advirtieron desde CEPA.

El sector más precarizado de las actividades económicas (con altísima tasa de rentabilidad) es el rural, a pesar de que sus empresas mejoraron sus términos de intercambio porque aumentó el precio internacional de las materias primas y obtuvieron una reducción temporal de los derechos de exportación.

Según el Centro de Estudios de Análisis Económico – CEFMA–, la remuneración asalariada de trabajadores y trabajadoras rurales representó, durante el segundo trimestre del año, el 13,2% de Valor Agregado Bruto mientras que el capital lo hizo en un 79,2%. En la industria, la participación del trabajo en relación al capital fue mucho más equitativa (42,5%). Todavía se está muy lejos de volver a discutir el fifty fifty.

“Si bien entre industria y trabajo la distribución mantiene cierta armonía, la gran diferencia y desigualdad está en el sector agropecuario que es el que genera la mayor cantidad de divisas. Los sectores agrarios exportadores siguen teniendo grandes márgenes de rentabilidad que no quieren compartir con los trabajadores del sector, situación que se refleja en el actual conflicto sostenido por los obreros nucleados en Urgara”, explicó a El Cohete a la Luna Liborio Bernal, economista del CEFMA, quien agregó:

“Por eso las miras podrían estar puestas en cómo mejorar la formalización de los trabajadores agrarios y una mayor intervención en la comercialización de alimentos que permita abaratar sus costos para las familias”.

Rehenes

En este escenario de puja distributiva, las grandes exportadoras de granos, dueñas de los puertos, pretenden exhibir su brazo disciplinador al no cumplir el acuerdo salarial 2020 (llevar el 25 por ciento acordado al 35 por ciento de inflación anual). Las empresas nucleadas en la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA), las mismas que negocian con el Gobierno el proyecto de Ley del Consejo Agroindustrial, acusan a los trabajadores de que al paralizarse los puertos por las medidas de fuerza se pierden 100 millones de dólares diarios.

“Es lucha de clases. La plata es de ellos. Dicen que se pierden 100 millones ¿y no quieren arreglar? Están especulando contra el Gobierno, saben que se necesitan las divisas y nos utilizan a nosotros como rehenes”, manifestó a El Cohete a la Luna Daniel Yofra, secretario general de la Federación de Aceiteros.

En el repaso de los últimos años, Yofra concluye que hacia 2015, la CIARA también había sostenido una gran huelga que ahora la interpreta como presiones hacia el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, mientras que en los cuatro años macristas, las empresas involucradas no tuvieron problemas en cerrar los acuerdos paritarios. “Curiosamente, las empresas no aparecen y hablan a través de dos abogados. No vemos interés de la CIARA de arreglar este conflicto, donde se muestran bastante intransigentes. Algo buscarán”, agregó Yofra.

El último informe del Grupo de Estudios de la Realidad Económica y Social (GERES) sostiene que entre enero y octubre de este año, las liquidaciones de divisas del complejo agroindustrial tuvieron una disminución del 16% interanual. El total liquidado equivalió a un 78% del valor exportado, porcentaje significativamente inferior al registrado en el mismo período de 2019 (89%) y del promedio de los últimos cinco años (95%). La diferencia sería de 3800 millones de dólares, claves para el sostenimiento de las reservas internacionales.

Programa sindical

“Tener el Gobierno no es tener el poder. El poder se impone por su propio peso”, sintetiza Plaini, quien apuesta a que el movimiento sindical tenga un programa para sentarse a negociar con el Gobierno. “El objetivo es reconstruir un modelo industrialista. Y para eso necesitamos una CGT que esté a la altura de las circunstancias. Una cosa es acompañar y otra ser protagonistas”, agregó el senador bonaerense. Ser protagonista lejos estaría de firmar documentos junto a AEA.

Por ahora, la lógica de ese programa de reivindicaciones se viene trazando en los encuentros del Acuerdo Económico y Social aunque Plaini apunta a un fortalecimiento de la Central (que representa el 90% de los sectores laborales privados) que junto con la CTA deberían “fortalecer el poder popular del Gobierno”.

“Si durante cuatro años sólo vamos a administrar pobreza, estamos perdidos. Necesitamos un programa claro, donde haya cada vez más trabajadores con recibo de sueldo. Si es necesario, deberemos discutir la reducción de la jornada laboral y mantener el poder adquisitivo de la clase obrera”, concluyó el líder de los canillitas.

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ESTADO DE SITUACIÓN DE LA LUCHA DE CLASES*

La recuperación salarial es la clave para el crecimiento de la economía

POR ENRIQUE ASCHIERI

Perón y Gatica en la película de Favio: dos potencias se saludan

Una aproximación a la profundidad del desafío para torear la mala situación económica y social en que nos va a dejar la pandemia avanza en precisiones desde el “Estudio sobre el impacto de la Covid-19 en los hogares del Gran Buenos Aires. Agosto-octubre de 2020: Primer informe de resultados”, dado a conocer hace unos días por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La muestra es representativa de la realidad nacional, puesto que poco más de un tercio de la población argentina habita en el territorio de la CABA y los 31 partidos del Conurbano bonaerense, siendo aún mayor el porcentaje del PIB geográfico correspondiente a esos territorios. En este primer informe se estimó que “el 40,3% de los hogares registró problemas de empleo de al menos alguno de sus integrantes”, en tanto “en los hogares en que reside al menos un niño, niña o adolescente, los problemas laborales alcanzaron el 48,3%”.

Además, “el 49,3% de los hogares manifestó haber tenido una caída en el monto total de sus ingresos respecto a la situación previa a la pandemia. En los hogares con jefe o jefa de hogar con menores niveles de instrucción, la proporción que experimentó una reducción en sus ingresos fue mayor (57,1%). La pérdida de ingresos alcanzó al 57,3% de los hogares con al menos un niño, niña o adolescente”. A raíz de la baja de ingresos, “un 33,8% de los hogares relevados declaró que se vio en la necesidad de reducir al menos un alimento (carne vacuna, otras carnes, verduras frescas o leche) por razones económicas […] el 45,8% de los hogares redujo el consumo de productos no alimentarios […] El 28,6% de los hogares dejó de pagar o tuvo problemas para cubrir los costos de los servicios de la vivienda”. Estas cifras hacen palpable en la vida cotidiana de los argentinos el significado de la probable caída del PIB en 2020 en torno al 10%. En medio de semejante malaria habla bien de ciertos aspectos de la política sanitaria gubernamental que únicamente algún integrante del 4,6% de las familias encuestadas manifestó dificultades para acceder a medicamentos y del 8,6% se topó con inconvenientes para realizar una consulta médica.

El temple del colectivo nacional necesario para encarar las acciones que superen este momento desgraciado también debe cargar con los problemas que venía arrastrando el planeta antes de que irrumpiera la infección global. De esas cuestiones hace una lectura estratégica “El Informe de Desarrollo Humano 2020”, publicado a principios de esta semana. En 2020 se cumplen tres décadas desde que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) —en tanto organismo responsable del informe— examina año a año el estado del género humano. Más allá de los costos directos de la pandemia, Covid-19 ha revertido el desarrollo humano, con la movilidad social en declive y la inestabilidad social en aumento, dice el informe.

El mandamás del PNUD Achim Steiner puntualiza que las presiones que ha ejercido la humanidad sobre el planeta «han crecido exponencialmente durante los últimos 100 años”. La pandemia forma parte de ese proceso. El informe del PNUD alerta de que el cambio climático, el desafío más claro y más grande planteado por el Antropoceno, continuó su aceleración, y es probable que 2020 se convierta en el año más caluroso desde que se llevan registros. Más allá de ciertos imponderables el nuevo informe del PNUD es muy claro: «El futuro de la humanidad está en gran parte bajo el control de la humanidad», o sea de las decisiones políticas que se tomen.

Heterogeneidad salarial

La gran desazón coyuntural confluye en las circunstancias que escorzan el punto de partida de lo que vendrá, o mejor dicho del potencial de lo que podría hacer la política en los tiempos que siguen a la salida de la pandemia para mejorar la vida del promedio de los argentinos. En otras palabras, lo que hay que aguardar del estado de la lucha de clases en la Argentina y su perspectiva en cuanto a impulso al desarrollo, deriva de la capacidad que despliegue la conciencia política que permita sortear los grandes obstáculos que se enfrentan para materializar los intereses bien entendidos de los trabajadores. Por lo tanto, detectar ciertas rémoras ideológicas que velan el desenvolvimiento de la conciencia política con el objetivo de disiparlas es una de las tareas de la hora.

Una muestra de dichos atolladeros del pensamiento nacional es el consenso que va alcanzando la idea de que la desigualdad argentina tiene su origen en la heterogeneidad salarial generada por las muy diferentes productividades sectoriales. Más allá de su endeblez empírica, esta explicación de la desigualdad reinante basada en las diferentes primas salariales sectoriales conduce a proposiciones cuyas consecuencias políticas son las de apañar posturas irracionales por reaccionarias.

Esto se inscribe en un atavismo francamente irritante en la práctica de las ciencias sociales argentinas: el de reputar como heterogéneo todo bicho que camina, para a continuación describir cada una de esas variadas aristas sin poder arribar, por la naturaleza de la opción metodológica adoptada, a sacar una conclusión de alguna valía. Como si se hiciera para pasar el tiempo.

Parece que se han olvidado que la abstracción teórica se ejerce para encontrar el elemento común en una realidad que es heterogénea por definición, a efectos de homogeneizar su raigambre y sobre esa base expresar una ley de movimiento que posibilite orientarse en la práctica. Su correlato está en la grosería epistemológica de calificar al origen de cualquier fenómeno como multicausal. El grado de abstracción que es necesario alcanzar para que la ley de funcionamiento de la realidad aparezca clara equivale a decir que se está buscando la contradicción principal, la causa única que pone en movimiento todo el proceso del que se trate. Es ahí donde se halla esa conciencia de la realidad que le dicta el camino bien concreto a la tarea política en pos de consolidar la arquitectura del poder, atendiendo a que la disputa agónica es más bien arte, no ciencia.

Que la inocencia no valga

Estas patrañas sobre la heterogeneidad nunca son inocentes y mucho menos en el caso de la desigualdad. La primera cuestión que surge es la idea de la existencia de un mercado de trabajo. Desde que el capitalismo irrumpió en la historia nunca hubo tal cosa. El mercado es una abstracción para caracterizar un proceso en el cual a un precio se vende determinada cantidad. El extravagante enfoque neoclásico pretende que precios y cantidades se determinen en simultáneo. Pero nadie puja por demandar más trabajo si este baja de precio o deja de contratar trabajadores si sube. El trabajador no se puede retirar del mercado porque no le gusta el precio, queda desempleado.

El salario es un dato extra económico, un precio que se fija antes que el resto de todos los otros precios sobre la base de las relaciones de fuerza más profundas de la sociedad. Ante esta realidad inalienable nunca falta el pajarito que pretendiéndose astuto interroga en forma de pregunta retórica para desacreditar el concepto: ¿el salario puede ser cualquier cosa? Si es para abajo no lo incomoda que sea cualquier cosa. Si es para arriba, lo pone muy nervioso. No, no puede ser cualquier cosa, y que sea un precio político al que se llega como resultado de la lucha de clases significa que se lo hace sobre los datos de la realidad económica. Esa realidad no es un punto, es un rango. En términos hipotéticos la estructura productiva da para, digamos, un máximo de 400 y resulta que el salario promedio es 200. Y es esa situación hipotética planteada la que interpreta más adecuadamente la situación argentina de hoy y desde 1976, cuando el golpe genocida le asestó un mazazo a los trabajadores del cual aún no se han recuperado y eso que el avance logrado entre 2003 y 2015 fue considerable. El problema fundamental que arrastran la economía y la sociedad argentinas provienen de las dificultades para volver y de ahí en más seguir creciendo a ese salario hipotético de 400. Mientras eso no se logre, todo lo que parece sólido tendera más temprano que tarde a desvanecerse.

La lógica del sistema

Las jerarquías salariales se establecen a partir del parámetro que es el salario promedio determinado por la lucha política. Esa remuneración es la que permite reproducir al trabajador y su familia. Es desde esa referencia que tallan los coeficientes endógenos de jerarquización, los que casi sin excepción están plasmados en los acuerdos paritarios. En la medida en que la tasa salarial refleja el equilibrio general de fuerzas, clase contra clase, y que la fuerza de trabajo compleja es reproducible a voluntad a partir de la materia prima humana en bruto, en respuesta a las diferencias en los costos de producción de adquirir conocimientos, se canalizan dentro de la red exógena modulaciones jerárquicas endógenas a las cuales se les incorpora una compensación especial por el tiempo consagrado a los estudios y al aprendizaje.

Y que sea así hace a la más profunda lógica del sistema. El exceso del costo de producción de una fuerza de trabajo calificada sobre el de una fuerza de trabajo no calificada, representa en lo esencial la parte de la vida activa de los trabajadores dedicada, por un lado al aprendizaje y, por el otro, a la transmisión de sus conocimientos a sus aprendices. A escala de la sociedad, la producción de trabajo calificado sería pagada por un acortamiento proporcional en la vida activa de la población. Si se adoptara únicamente esta forma de medición, el valor de la fuerza de trabajo de un ingeniero de alto rango no superaría al de las tareas más sencillas en más de 1/4 o 1/5.

Sin embargo, el abanico efectivo de los salarios es un múltiplo muchas veces mayor. Y no sólo este múltiplo es superior estadísticamente. Debe serlo teóricamente. Debido a que, en la lógica del sistema capitalista, el ser humano que pasó diez años de su vida activa para adquirir una alta calificación, no se dará del todo por satisfecho durante los treinta años que le restan si le toca lo que al trabajador no calificado en los cuarenta años de la vida activa que le es propia. Reclamará, al menos, un suplemento que cubra los intereses del capital invertido (y/o perdido de ganar) por la duración de sus estudios. Como en el sistema capitalista todo el capital, grande o pequeño, tiene derecho a una remuneración proporcional, lo obtendrá.

Al haber descripto y establecido el papel que juegan las jerarquías salariales, se expone en negro sobre blanco que no tiene nada que ver con la desigualdad en la distribución del ingreso. Cuando la decisión política hunde el salario promedio que sirve de parámetro a la escala de remuneraciones, además del aumento de la desigualdad se descuajeringan las gradaciones de los ingresos de la fuerza de trabajo que termina por afectar la eficiencia del sistema también en ese plano.

Los sostenedores de la óptica de la heterogeneidad funcionan de intelectuales orgánicos de una clase dirigente que se siente muy alentada a deshacerse de su responsabilidad política indelegable: la de establecer ese salario promedio o restablecerlo a sus niveles históricos. Con mucho de imaginación tropical, su estrategia analítica y discursiva para justificar que un problema tiene una solución muy difícil de alcanzar y en todo caso a muy largo plazo, es una opción política –consciente o inconsciente, poco importa— para dejar todo como está. La pandemia ha cargado con más peso a una conciencia nacional que ya se encontraba muy desafiada.

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VACUNAS Y EMPLEOS PARA TODXS*

Debates impostergables: acotar las jornadas, redistribuir el trabajo y gravar a las grandes fortunas

POR BETO PIANELLI Y AGUSTÍN LECCHI

Mapa de medios actualizado. Fuente: @GustavoMonaco

La población del mundo enfrenta una catástrofe de hambre, enfermedades, desempleo y concentración de ingresos sin precedentes. Para peor, nuestra América Latina es la región más desigual del planeta. Es un gran dolor que además nos avergüenza como humanidad: los muy ricos se siguen enriqueciendo y los ciudadanos en situación de pobreza son cada vez más.

La voracidad del capitalismo financiero concentrado, siempre inhumano y brutal, no tiene límites. Tal y como lo anticipó Juan Domingo Perón hablando del Modelo Argentino para un Proyecto Nacional (1974): “Vendrán por los alimentos, el agua dulce y los recursos naturales”. Estamos avisados: lo que viene es que patentan las semillas transgénicas y cotizan el agua en la Bolsa de Nueva York. Después querrán gobiernos que nos privaticen el Acuífero Guaraní. En nombre de la propiedad privada se proponen iniciar la exportación de agua y le ponen tarifa a la lluvia y los manantiales. Y podemos terminar todos con sed y el agua en pocas manos. Como el oro y el petróleo, con el precio del agua le están poniendo precio a la vida y quitándonos un Derecho Humano.

El “impuesto” por única vez que afecta al 0,02% de la población nacional fue aplicado a los propietarios de las grandes fortunas y desató por milésima vez las voces de una sufrida tropilla de multimillonarios con patrimonios de dudoso origen y enormes dimensiones.

Según la Encuesta Permanente de Hogares, el 10% más rico de los perceptores de ingreso se apropia ya del 33% del total; el 20% de mayor poder económico recibe el 50% del ingreso total mientras el 80% más pobre de la sociedad recibe el restante 50%. A más crisis más concentración, lección que hoy vivimos con dolor.

Según un informe del Centro de Investigación y Formación de la CTA (CIFRA), “al analizar la evolución del poder adquisitivo del salario registrado también se observa que la reducción en 2020 se suma a las caídas de los años previos, durante el gobierno de Macri; a finales de 2019 el salario promedio se ubicaba casi 15% por debajo del nivel de 2015; en septiembre de 2020, peor todavía, el poder adquisitivo del salario promedio del sector público perdió casi 25% de su poder de compra respecto a 2015”.

En ese marco, el aporte extraordinario y por única vez a las grandes riquezas fue un primer impulso pero hay que discutir un impuesto permanente a las fortunas extraordinarias que ese 0,02% de la población nacional posee gracias al esfuerzo de las grandes mayorías hoy empobrecidas. Agroexportadoras, bancos y financieras, mineras, medios concentrados, empresas de telecomunicaciones, alimentarias, desarrolladoras de construcción, grandes industrias, “unicornios”, ganan y no aportan al crecimiento del país. En el país hermano de Bolivia, con el que Argentina tanto colaboró para restablecer la democracia, ya dieron media sanción a un impuesto permanente de estas características.

Estados Unidos y la Unión Europea cuestionan a los monopolios

Una demanda a Facebook por prácticas monopólicas fue realizada por fiscales de 48 Estados de Estados Unidos y el organismo regulador del Comercio insta a la tecnológica a deshacerse de Instagram y WhatsApp. Según dio a conocer el diario El País, la empresa de Mark Zuckerberg lleva años manteniendo su unicato en el sector de las redes sociales mediante conductas que atentan contra la libertad de competencia. Facebook respondió lamentando los “efectos adversos” que dichas restricciones tendrán sobre los usuarios. Los fiscales acusan a Facebook de adquirir de forma ilegal a competidores como Instagram o WhatsApp, privando a los consumidores de los beneficios de un mercado competitivo y con garantías de protección de la privacidad.

Facebook compró Instagram en 2012 por 1.000 millones de dólares y el sistema de mensajería WhatsApp dos años después por 1.900 millones. Desde que fueron adquiridas, las dos redes sociales han visto dispararse su popularidad, contribuyendo a apuntalar el monopolio de una compañía cuyo valor se estima en más de 800.000 millones de dólares.

En la Argentina tuvimos una ley antimonopólica de los medios audiovisuales que fue en gran parte derogada por Mauricio Macri mediante decretos. Esta semana se reglamentó el DNU 690/2020 publicado en agosto que declaró esenciales los servicios de telefonía, internet y cable, estableciendo por primera vez una prestación básica universal. Es un primer paso para rediscutir un sistema de medios cada vez más concentrado, en una actividad que entre la pauta publicitaria oficial y los ATP prácticamente vive del Estado.

La mayoría de los dueños de medios no invierten, no cumplen las leyes laborales con sus trabajadores, no se preocupan por garantizar el acceso a la información pero se escandalizan cada vez que se busca regular el sector. Entre las propuestas tendientes a atacar el problema de la concentración que en 2021 se tendrá que poner sobre la mesa figuran la iniciativa para el fomento de la pluralidad y diversidad informativa, un proyecto presentado por el diputado Pablo Carro este año y que cuenta con el apoyo de más de 35 legisladores, para redistribuir impuestos que ya existen con el fin de generar un fondo para medios autogestivos y micropymes; el planteo de sindicatos y redes de cooperativas del sector para democratizar la pauta publicitaria; y la propuesta de SiPreBA y FATPREN de gravar a las grandes plataformas Facebook y Google para generar un salario universal básico del sector. Sin ir más lejos, la Unión Europea busca limitar el poder de estas grandes empresas digitales y ya existen distintos proyectos de ley sobre servicios y mercados digitales con el objetivo de que, igual que los bancos, cuenten con una supervisión especial.

El llamado de la hora

Antes, durante y después de las vacunas para todes, la pandemia habrá arrojado acumulaciones de ganancias que desequilibran la balanza con saldos siderales a favor de los grupos concentrados. Es necesario extender a esos grandes ganadores el cobro de tasas e ingresos impositivos excepcionales para que los perdedores puedan sobrevivir en la crisis. Es indispensable para ello generar empleo y obtener fondos para subsidiar las actividades que así lo garanticen. Urge un nuevo pacto social lejos de los paradigmas neoliberales, que no han sido derrotados aún. Debe abrirse la discusión sobre el avance de la tecnología y la necesidad de que sirva para el disfrute del conjunto de la sociedad. Semana de cuatro días, jornadas de seis horas y redistribuir el trabajo entre todes. ¿Quién mejor para hablar del transporte que quienes transportan? ¿Quién mejor para pensar la educación que los docentes o para hablar de las fake news que los periodistas? Es hora de trabajar menos horas para que haya trabajo para todes. Producir lo necesario y redistribuir la renta es el llamado de la hora.

* Los autores son secretario general de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro (Metrodelegados) y secretario de organización del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) respectivamente.

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*Fuente: El Cohete a la Luna

Foto de portada Agencia Telam

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