Argentina. Archivo de CORREPI: la agenda antirrepresiva y la pandemia

Resumen Latinoamericano, 10 de diciembre de 2020. 

A un año del nuevo gobierno, CORREPI presentará, el 18 de diciembre, el “Informe sobre la Situación Represiva Nacional”, con la actualización del Archivo de personas asesinadas por el aparato represivo estatal en este período, marcado por las particularidades de la pandemia y el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado en el DNU 297/20, y la persistencia de la violencia y la represión por parte de las fuerzas de seguridad a lo largo y ancho de todo el país.

Después de cuatro años de macrismo, con récord en cifras de gatillo fácil y represión, uno de los puntos fuertes de demanda popular, no sólo de las organizaciones antirrepresivas y de DD.HH., era poner freno a esa violencia estatal. A tal punto esos reclamos también eran levantados por buena parte de la base social que votó a Alberto Fernández, que el presidente, en su discurso de asunción, se vio obligado a repudiar el gatillo fácil.

Entrada su gestión, el nuevo gobierno no tomó medidas que efectivamente redujeran la intervención represiva de las fuerzas –excepto las acertadas derogaciones de algunos de los protocolos Bullrich- y, llegado el impacto de la pandemia, tomó otras que contradicen abiertamente esa orientación. Los resultados, hoy, indican que el aparato represivo estatal sigue siendo responsable de hechos aberrantes como asesinatos, torturas y desapariciones.

La desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro y Francisco Javier Cruz en la provincia de Buenos aires, y de Luis Armando Espinoza en Tucumán, el asesinato de Ceferino Nadal, asfixiado por la rodilla de un policía en plena vía pública, o el asesinato de Florencia Magalí Morales en la comisaría de Santa Rosa del Conlara, San Luis, fueron quizás los hechos más visibilizados y sobre los que aún no se han resuelto sanciones serias contra los responsables.

Con la ampliación de facultades a las fuerzas para el control de la circulación y cumplimiento del ASPO, pronto se conocieron denuncias de hostigamiento, detenciones, torturas y asesinatos, sobre todo en los barrios populares. Durante el primer mes, CORREPI publicó reportes diarios con decenas de situaciones de violencia represiva en todo el país, seguidos por infinidad de notas denunciando los hechos que se fueron acumulando.

Un capítulo importante fue la situación en las cárceles, en las que lxs presxs realizaron protestas por condiciones sanitarias elementales para afrontar la pandemia, que fueron reprimidas como única respuesta. La represión se cobró su cuota de personas heridas y asesinadas, hubo más de 50 muertes por COVID y otras 200 muertes evitables a lo largo del año.
Dentro de este escenario, la provincia de Buenos Aires, con Sergio Berni a la cabeza del ministerio de Seguridad, es responsable por más de la mitad de los casos del país, con las desapariciones de Facundo y Francisco, el desalojo violento de decenas de tomas de tierras y la represión a reclamos de trabajadores como hechos más visibles.

Así, la consigna #FueraBerni es otra de las banderas que levanta el movimiento popular en la lucha contra la represión.

La contracara de estos hechos fue la concesión del gobierno ante la protesta extorsiva de la bonaerense otorgando aumentos y beneficios, sumado a los recursos para equipamiento y obras entregadas a los municipios, cuestión que no hace más que fortalecer un aparato que no sólo tiene como función esencial el disciplinamiento social, sino que, además, es una de las fuerzas con mayores niveles de descomposición y corrupción en su haber.

Según el Informe que presentará CORREPI, la represión del Estado sigue cobrándose un muerto por día aproximadamente. Es por eso que la lucha contra el gatillo fácil y la represión es una lucha que todas las organizaciones del campo popular debemos tomar.

En este sentido, acompañamos no sólo la iniciativa de esta presentación, sino también la exigencia del cumplimiento de la agenda antirrepresiva urgente que plantea CORREPI sobre cuestiones de trascendencia como las detenciones arbitrarias, la legislación represiva que creció en los últimos años, la estructura y protocolos de actuación de las fuerzas, el uso del arma reglamentaria, entre otros. Apoyamos la promoción de esas medidas, que permitirían mejorar sensiblemente la protección de la vida y la integridad física de las personas frente a la violencia descargada por el aparato represivo estatal.

Fuente: La Tinta