Argentina. Guernica: la organización popular una piedra en el zapato para el gobierno

Por Germán Romeo Pena, Resumen Latinoamericano, 27 de octubre de 2020. 

Son horas cruciales para la toma de tierras en Guernica. Las negociaciones parecen no arribar a una solución. Desde el Estado intentan instalar como chivo expiatorio a las organizaciones sociales de izquierda como una traba en las negociaciones. Sin embargo, es a raíz del trabajo de dichas organizaciones y las familias, que han logrado abrir canales de diálogo con el gobierno, para proponer una respuesta diferente a la que vienen dando en el resto de las tomas del conurbano, en las que actuó el Ministerio de Seguridad desalojando los terrenos mediante la fuerza policial. 

El 20 de julio más de dos mil familias empujadas por la crisis habitacional y económica en plena pandemia, ocuparon alrededor de 100 hectáreas en desuso en la localidad de Guernica, partido Presidente Perón. Muchas de las personas que participan de la toma de tierras, a su vez son parte de las organizaciones sociales piqueteras que en los momentos de crisis se transforman en actores esenciales para acompañar a los sectores más desprotegidos.

Donde el Estado se ausenta, las organizaciones tejen respuestas a las necesidades de las personas cuyas vidas se precarizan como consecuencia de las decisiones políticas de los gobiernos de turno.

La experiencia acumulada de las organizaciones sociales que han sido parte de la construcción de cientos de barrios populares en todo el conurbano, aportó en el armado de una mesa de diálogo con representantes del gobierno, para pensar una salida al conflicto que no sea mediante el desalojo violento. La conformación de las asambleas barriales, permitió la elección democrática de sus delegadas y delegados, que son quienes articulan con las autoridades, proponiendo al Estado una salida colectiva, que brinde una solución a las necesidades urgentes de las familias.

Durante los más de tres meses que lleva la toma, fruto del trabajo de las familias y las organizaciones sociales, se garantiza la defensa legal de los vecinos, como así también se levantaron escuelas, postas de salud donde se brinda atención pediátrica hasta psicológica, se organizaron ollas populares, se  acompañaron a mujeres víctimas de la violencia machista que han escapado de sus casas en busca de un nuevo hogar. Se han organizado campañas solidarias a las que se sumaron miles de personalidades del ámbito de la cultura y los derechos humanos, instalando como consigna “Tierra para vivir”.

Además, la articulación con profesionales provenientes de las Universidades Nacionales de La Plata y Buenos Aires,  dio como resultado un proyecto de urbanización concreto y posible, que implica la construcción de un barrio digno adecuado  a la Ley 14.449 de acceso justo al hábitat.

Foto: Germán Romeo Pena

Foto: Germán Romeo Pena

En el devenir del conflicto se generó un dispositivo interministerial que buscaba arribar a un acuerdo con las familias. Sin embargo, las respuestas del gobierno resultaron insuficientes a las demandas concretas. El gobierno provincial, por medio del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad realizó dos censos. El último realizado a mediados de octubre, tuvo como veedores a los organismos de derechos humanos: Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), y arrojó como resultado oficial que hay más de 1400 familias en el lugar. A esto, la propuesta del Estado es otorgar 650 lotes inciertos (tanto en su ubicación como en el plazo en que serían adjudicados).

Esta propuesta generó el repudio generalizado de los y las vecinas. Ante esta situación, la decisión política del gobierno provincial fue una campaña mediática de  estigmatización de las organizaciones sociales, señalándolas de ser responsables de entorpecer las negociaciones, tachándolas de intransigentes. Cuando la solución del conflicto, está en manos del Estado y no de las propias organizaciones.

El propio ministro Andrés “cuervo” Larroque fue quien se encargó de instalar en los medios de comunicación la idea de grupos violentos que actúan de forma “irracional” frenando las negociación, incluso valiéndose de mentiras como por ejemplo sostener que en la toma solo hay 150 personas, a pesar de los relevamientos hechos por el propio Estado.

Estamos en tiempo de desalojo, y desde el ministerio de Seguridad confirmaron que Sergio Berni ya tiene organizado un gigantesco operativo de unos 4.000 policías para “intimidar a los más valientes” publicó  Infobae el 22 de octubre.

El propio Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof dijo que los countries son prácticamente tomas de tierra  y atentos a que en la causa judicial a pesar de no existir ningún título suficiente que las adjudique a algún propietario, el principal reclamo es el Bellaco SA (grupo inversor que construye countries).

Las organizaciones sociales junto a las familias de la toma de Guernica ya plantearon sus propuestas, ahora está en manos del gobierno dar una salida pacífica al conflicto y deberá decidir si tomará partido por los negocios inmobiliarios que quieren instalarse en la zona o construir barrios para solucionar la emergencia habitacional en medio de la crisis.

Fuente: AnRed