Perú. Congreso de espaldas a las amenazas contra defensores ambientales

Álvaro Meneses/ Resumen Latinoamericano, 16 de octubre de 2020

La mañana del miércoles 14 de octubre, el dirigente indígena Miguel Guimaraes Vásquez que defiende sus bosques de las mafias vinculadas al tráfico de tierras, tala ilegal y narcotráfico recibió una amenaza por mensaje de texto que le advirtió: “Procedemos a las buenas o malas cabrón”. Mientras tanto, en el Congreso se siguen oponiendo a la ratificación del Acuerdo de Escazú que protege a defensores del territorio y otros, y aprobaron una ley que beneficiaría el tráfico de tierras.

Miguel Guimaraes Vásquez, presidente de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (Feconau), acaba de recibir amenazas de muerte por su labor como defensor ambiental. Antes que él, cuatro dirigentes indígenas fueron asesinados, y otros dos fueron atacados y amenazados en lo que va del estado de emergencia.

Arbildo Meléndez (Huánuco), Gonzalo Pío (Junín), Lorenzo Wampagkit (Amazonas) y Roberto Carlos Pacheco (Madre de Dios), fueron los dirigentes indígenas amenazados de muerte que pidieron garantías para sus vidas y terminaron asesinados. Y si bien el Gobierno no cumplió con proteger a estos defensores, lo cierto es que para el Congreso tampoco es una prioridad. Así lo demuestran sus acciones.

Escazú estancado

Desde hace más de un año, el proyecto de ley que propone la ratificación del Acuerdo de Escazú sigue estancado en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso y todo indica que será archivado. De acuerdo a la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), el tratado de Escazú busca proteger a defensores ambientales y garantizar el acceso a la información y participación ciudadana en los proyectos extractivos que atenten contra su salud o el medio ambiente.

Pese a la urgencia y el peligro vigente que corren los defensores ambientales, la mayoría del Congreso se opone sin chance a discusión. Hasta la fecha, siete bancadas expresaron su rechazo hacia el Acuerdo de Escazú: Fuerza Popular, Unión Por el Perú, Acción Popular, Frepap, Podemos Perú y Alianza Para el Progreso. Solo las bancadas del Frente Amplio y el Partido Morado respaldan que se ratifique el convenio.

En sincronía, el sector empresarial también ha presionado para que el Acuerdo de Escazú quede en el archivo. “Quiero solicitarles respetuosamente desde la posición del empresariado que está presente en la Confiep la no ratificación de este Acuerdo de Escazú”, dijo la presidenta del gremio empresarial, María Isabel León, en la última sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores. 

Con varios meses de anticipación, la Sociedad Nacional de Minería y la Asociación Multisectorial Interdisciplinaria del Perú (AMIP), que agrupa a empresarios mineros, enviaron cartas y pronunciamientos a la Comisión de Relaciones Exteriores expresando su rechazo al tratado.

Ley perjudicial

A mediados de setiembre, el Pleno del Congreso aprobó una ley que amplía los plazos para la formalización de posesiones informales con 109 votos a favor. Dicha ley beneficiaría a los traficantes de tierra, según los pronunciamientos de la Red de Lomas del Perú, la Unión de Estudiantes de Arquitectura de Lima (UDEAL), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el grupo de investigación que analiza los espacios urbanos, URBES LAB.

De acuerdo a la interpretación de Carlos Rodríguez, de la Unidad de Protección a Defensores de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la ley permitirá que todo aquel que exhiba constancia de posesión hasta fines del 2015, acceda a título de propiedad (…) esto en posesiones que se ubiquen en terrenos del Estado, como lomas costeras, o comunidades campesinas”.

“Esta ley no resuelve el problema de una vivienda digna (…) Lo que sí hace es elevar el riesgo sobre la vida e integridad física de los defensores de los derechos humanos de estos territorios, pues estimula a los traficantes de terrenos a continuar con esta actividad”, advierte Carlos Rodríguez de la CNDDHH. Hace apenas dos semanas, en Ucayali, mafias dedicadas al tráfico de tierras dispararon contra un empleado de Aidesep y amenazaron de muerte a otros dos dirigentes.

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FUENTE: Wayka.pe