Nicaragua. Se acabó el millonario negocio de las oenegés golpistas

Por Vania Vado. Resumen Latinoamericano, 23 de septiembre de 2020.

Regular, supervisar, sancionar y establecer un Marco Jurídico, es la nueva iniciativa de Ley que plantearon los diputados de Asamblea Nacional (AN).

La iniciativa fue enviada a la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos para su evaluación. De aprobarse la iniciativa, permitirá al Estado Nicaragüense regular el financiamiento de Gobiernos, Fundaciones, Organismos, Asociaciones Extranjeras, Personas Naturales y Jurídicas en territorio nicaragüense. Es decir se establecerá un Marco Jurídico que obliga a todas aquellas organizaciones, agentes o individuos que perciben fondos de manera parcial o total (financiadas o subsidiadas), de agencias, organizaciones o individuos que trabajen para ellas, deberán registrarse como agentes extranjeros.

La autoridad competente para regular la inscripción, supervisión, regulación y sanciones, será el Ministerio de Gobernación (MIGOB), quien se reorganizará administrativamente para la creación del departamento de registro de agentes extranjeros.

¿Pero por qué la negativa de la oposición nicaragüense ante esta iniciativa de ley?

Ante el fracaso del intento de golpe del año 2018, se desmanteló el aparataje y funcionamiento de las ONG’s en Nicaragua, como sujetos receptores de financiamiento para la desestabilización, entre ellas destacaban aquellas enfocadas en la «Defensa de los Derechos Humanos«, «Observatorios de derechos Humanos«, organizaciones de índole feminista y la famosa «apolítica» sociedad civil de Nicaragua, las cuales encabezan ideológicamente los sectores más rancios de la derecha liberal y conservadora del país.

Operación RAIN

El 29 de Julio 2020, el compañero William Grigby, compartió en Radio La Primerísima el documento RAIN, develando los ejes de trabajo de la oposición de Nicaragua a implementar en posibles escenarios antes y después de las elecciones presidenciales 2021, con el objetivo de una «transición a la democracia«.

Posterior a esto se develó en el siguiente articulo ¿Cuál es el Plan de la Oposición para este 2021?, el Programa  de Juventud y Comunidades de Nicaragua Seguras, Empoderadas y Resilientes (NYCSER), en el Marco Programa Anual del YouthPower (Poder Juvenil), para el año fiscal 2020 de Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, también conocida por sus siglas en inglés, USAID), en el que se destinarían 17 millones de dólares y 3 millones adicionales, para financiar a grupos feministas y juveniles con el objetivo de salir nuevamente a las calles, ante su fracaso 2018.

Ante dicha situación, la iniciativa de ley presentada, frenaría sus futuros planes golpistas, ya que los criterios de elegibilidad para ejecutar los fondos deben ser por parte de organizaciones legalmente constituidas en el país, y la oposición no quiere declarar limpiamente la manera en que ejecutaran los fondos que atentarían nuevamente contra la soberanía y autodeterminación del Pueblo Nicaragüense.

Además, ante las intensas publicaciones en las páginas de trabajo para contratar personal nicaragüense que asesore y colabore en el proceso de ejecución de los fondos en las organizaciones, asociaciones o fundaciones, deberán inscribirse en el registro del Ministerio de Gobernación, manteniendo un control exhaustivo de la entrada del financiamiento mediante la Unidad de Análisis Financiero (UAF). De esta manera se evitará el lavado de dinero o maniobras financieras por parte de la oposición, para apoyar los crímenes de odio, aberrantes y deshumanizado que cometieron en contra de la sociedad nicaragüense.

Ante este panorama la oposición no ha dilatado en pronunciarse a través de las redes sociales afirmando que «está iniciativa es un atropello a los derechos humanos«, cabe resaltar que el gobierno de Nicaragua nunca ha impedido el ejercicio de derechos políticos a los opositores. Son ellos mismos que ante la impotencia para generar simpatía en la población, recurren al financiamiento del imperialismo, violentando la Constitución Política de Nicaragua, y los principios establecidos en el sistema internacional, sobre el respeto irrestricto de la soberanía y libre autodeterminación de los pueblos.

Fuente: Red Revolución

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