Argentina. Cuando Mendoza dice NO es NO. Rechazo a la propuesta de Ley de educación de la DGE

Anred /Resumen Latinoamericano, 24 de septiembre de 202

foto: Mendoza en Diciembre del 2019. No a la derogación de la 7722

El jueves 17 de setiembre se presentó en la Legislatura provincial una propuesta de Ley de Educación por parte de la DGE encabezada por Enrique Thomas. Este proyecto inconsulto y presentado en el contexto de pandemia, de espaldas a la comunidad educativa, no es más que otra expresión de las medidas regresivas del gobierno de Cambia Mendoza. Se trata de un proyecto de Ley que introduce una reforma pedagógica que vulnera el acceso a la educación; reforma presupuestaria que restringe los recursos del Estado y presenta la educación como un servicio y abre la cartera a negociados empresariales de la virtualidad; una reforma laboral que explícitamente establece la reforma del Estatuto Docente acorde a la bimodalidad y precariza los salarios por productividad y cercena la estabilidad laboral; una reforma represiva que reglamenta el ciberpatrullaje, la persecución y el señalamiento que atenta contra la libertad de expresión. Una reforma ejemplificadora que hace efectivo los avances ofensivos de disciplinamiento y pauperización de las garantías públicas. La propuesta se presenta con las paritarias cerradas desde comienzos del 2020 y con la educación en contexto de emergencia sostenida con la conectividad e insumos tecnológicos garantizados por docentes y las familias del estudiantado. En menos de 24 horas de presentada la propuesta, el conjunto de trabajadoras y trabajadores de la educación levantaron su voz con un fuerte rechazo de #RechazoAlProyectoDeLeyDeEducaciónProvincial. Por ANRed 


Mendoza dice NO nuevamente. Las jornadas de diciembre en defensa de la ley 7722 dejaron en vigencia la convicción de que las decisiones de las cámaras legislativas no pueden desoír ni legislar a espaldas de Mendoza y que sirve luchar. La propuesta de Ley de educación presentada en la bicameral, que se está caracterizando por sus tratamientos express de medidas inconsultas, corre la suerte de la derogación de la 7722 ¡El agua de Mendoza no se negocia y la educación tampoco!, una de las consignas que comenzó a circular.

El conjunto de trabajadoras y trabajadores de la educación junto a la comunidad educativa rechazan el tratamiento de la propuesta de ley en este contexto de crisis sociosanitaria y de emergencia en el que la educación se encuentra garantizada con los recursos de docentes y la familias del estudiantado en el caso que cuenten con conectividad, mientras que aquellos lugares en los que no se puede acceder, la tarea de acercar cartillas y materiales de estudio ha sido garantizado también por las escuelas y sus docentes. Desde el comienzo del ASPO las paritarias se mantienen cerradas y no se han generado las condiciones para reglamentar las condiciones de trabajo. Desde la DGE no se ha garantiza capacitación para afrontar una educación no presencial, ni los recursos. El ciclo lectivo 2020 ha sido garantizado por la comunidad educativa y el gobierno ha estado ausente, formulando una propuesta de Ley regresiva que ataca a la educación como un derecho.

Fuente: Universidad

En entrevista con ANRed Lorena Gordillo de la Secretaría de Educación del Sindicato Unido de les trabajadres de la Educación (SUTE) comenta: “Desde el sindicato entendemos esta propuesta como una nueva afrenta hacia los derechos de miles de trabajadores y trabajadoras de la educación porque avanza sobre el estatuto docente en tanto en su articulado dice explícitamente que el estatuto debe adecuarse  al espíritu de la ley, que en sus puntos más graves en cuanto a las condiciones laborales atenta la posibilidad del pago o la remuneración por productividad, es decir, el salario quedaría atado al rendimiento académico de los y las estudiantes. Esto hace que el hecho educativo se comprenda como un hecho aislado y no atravesado por múltiples tensiones, sociales, culturales económicas en este contexto de crisis sociosanitaria.

Esta reforma es un avance muy fuerte y por eso es necesario que todos los sectores lo rechacen, no solo los sectores ligados a la educación, sindicatos, asociaciones, conjunto de docentes, sino que también llamamos a organizarnos con familiares, madres, padres , las organizaciones sociales, territoriales porque, esta ley, en caso de aprobarse va a instaurar una nueva forma de desigualdad educativa, una desigualdad más a la que ya veníamos atravesando producto de la gran desigualdad social, se va plantar una desigualdad educativa en cuanto plantea la bimodalidad y la virtualización de la educación. Está claro que, en Mendoza con una canasta familiar de casi 40 mil pesos, son muy pocas las familias que pueden acceder y caen en la línea de pobreza y algunos y algunas bajo la indigencia. Por eso esta ley es un intento de garantizar un circuito educativo por unas pocas, para unos pocos, excluyendo de forma vulneradora a grandes comunidades, vulnerando desde el Estado el derecho de aprender.

Por otro lado, la propuesta no tiene una concepción clara de sujeto, carece de una perspectiva de derechos. Si bien, la ley anterior del 2002 necesita ser adecuada a la actualidad, esa adecuación no puede venir de arriba hacia abajo. Desde el sindicato entendemos que esa adecuación y una nueva ley debe surgir de un gran Congreso pedagógico vinculante, y este congreso no se puede hacer en épocas de pandemia, porque se necesita del debate, la discusión cara a cara para avanzar en propuestas superadoras que implique y garantice una educación para todas y todos.

Desde la DGE han impulsado unos intentos por zoom, por YouTube, pero estos intentos lo único que hacen es garantizar una participación mínima y un gran enojo entre les trabajadores de la educación por la imposibilidad de hacer aportes coherentes a una ley que ha sido construida desde los escritorios de la Casa de Gobierno. El sindicato, como representante de los y las trabajadores de la educación no ha sido convocado, por eso esta propuesta de ley carece de una mirada en cuanto a las instituciones educativas, en cuanto a los territorios y en cuanto a la realidad de las comunidades educativas y de sus trabajadores y trabajadoras. Por eso nuestras próximas acciones, son las de seguir acompañando las expresiones espontáneas que se van gestando en las escuelas. Las jornadas de estos días han significado un espacio para la discusión y han cristalizado en enojo frente a un gobierno que lejos de ocuparse de las condiciones laborales, pretenden profundizar la explotación ahora haciéndonos aportar vía internet que pagamos nosotras y nosotros.

Vamos hacia un plenario provincial el lunes en donde estamos planteando caravanazos y paro provincial. Es necesario que el gobierno entienda que las y los docentes no queremos esta ley de educación. Y que lo que hay que discutir y debatir en este momento son las paritarias, porque venimos con sueldos congelados, con tremendas condiciones laborales en las que estamos dejando nuestra salud psicofísica”.

Entre las reformas que proponen el proyecto presentado por DGE encabezada por José Thomas incluye un nuevo intento sobre el desmantelamiento de las escuelas artísticas vocacionales a partir de la propuesta de municipalizarlas. El primer intento fue obra de Jaime Correas director general de escuelas del gobierno de Alfredo Cornejo, pero no pudieron avanzar por la presión de la comunidad educativa que al grito de “Que no se apague el arte” defendieron la trayectoria de las escuelas artísticas que pertenecen a la DGE desde hace más de 60 años. En su comunicado manifiestan:  Desde  las Escuelas Artísticas Vocacionales de Mendoza decimos NO a la reforma de la Ley Provincial de Educación propuesta por la DGE. Peligra la educación artística y sobre todo las 29 escuelas artísticas vocacionales de los 18 departamentos de la provincia. Actualmente contamos con más 12500 alumnxs de todas las edades, a quienes se le negaría el derecho a la educación artística, pública y de calidad.” #QueNoSeApagueElArte.

Las escuelas de Mendoza están organizando acciones espontáneas de reclamo. Toda la comunidad educativa está en alerta ante otro avasallamiento de los ya mermados derechos de los y las trabajadores de la educación. Desde el SUTE se ha convocado a plenarios de emergencia y proponen paro y movilización por dos días para poder respetar las salidas permitidas por número de DNI.

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