Europa. Gran Bretaña y Reino de España: el negocio de la muerte ajena

Resumen Latinoamericano, 20 de septiembre de 2020.-

Greenpeace lleva varios años denunciando esta práctica por parte de la Unión Europea que consiste en “vender a países más pobres lo que no quieren para ellos mismos” aprovechando “lagunas legales”.

Una investigación de Greenpeace cuestiona la “doble moral” de esta práctica que tiene a Reino Unido a la cabeza y España entre los principales exportadores. La organización denuncia “presiones” del sector en los organismos reguladores de la Unión Europea. Por el contrario, los fabricantes defienden su “compromiso con la salud” y niegan las acusaciones.

En 2018, Europa vendió 81.615 toneladas de pesticidas prohibidos, de los cuales un 6 por ciento son de empresas españolas como Deuxal, Agroquímicos de Levante e Industrial Química Key, según datos de Greenpeace tras analizar más de 400 documentos de firmas europeas. Detrás de estas operaciones hay mucho dinero en juego: el sector genera en España más de 1.000 millones de euros al año. A nivel global, el mercado de los productos químicos para la agricultura está copado por unas pocas empresas gigantes como la de origen suizo Syngenta, comprada por el conglomerado asiático ChemChina en 2017 por 39.000 millones de euros.

“Es la primera vez que sale a la luz un estudio tan completo, donde se demuestra que los intereses económicos de algunas empresas europeas están por encima de la ética”, dice a Infobae el científico británico Doug Parr, miembro del equipo de Unearthed (la unidad de investigación de Greenpeace) que ha destapado la investigación en colaboración con la ONG suiza Public Eye.

Negocios, muertes y lagunas legales

Greenpeace lleva varios años denunciando esta práctica por parte de la Unión Europea que consiste en “vender a países más pobres lo que no quieren para ellos mismos” aprovechando “lagunas legales”.

Entre los receptores de estos pesticidas prohibidos están Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, México, Costa Rica, Honduras y Cuba, además de otras naciones en vías de desarrollo de África y Asia.

“No es cierto que existan ‘lagunas legales’, todas nuestras actividades cumplen con la legislación de la Unión Europea y de cada uno de los países importadores”, responden desde CropLife, la organización internacional que defiende los intereses de los fabricantes de estos productos. Dicen que están adscritos al Convenio de Rótterdam (que desde 2004 vigila la exportación de químicos) y a las últimas directivas de la FAO, el órgano de Naciones Unidas para la agricultura.

El debate no es nuevo: desde que en este nuevo siglo las noticias relacionadas con los efectos nocivos de productos agroquímicos han saltado de las revistas especializadas a los medios generalistas la opinión pública trata de posicionarse entre las denuncias de las ONG medioambientales, por un lado, y los fabricantes y agricultores, por el otro.

La tendencia es clara: en la Unión Europea las sustancias de este tipo que se consideran legales se han reducido en los últimos 25 años un 50%, hasta las 500 permitidas en la actualidad (y de las cuales una cuarta parte son consideradas de bajo riesgo, porque sustituyen los químicos con feromonas de insectos y extractos de plantas). Tanto es así, que la región se vanagloria de tener actualmente “las leyes sobre pesticidas más estrictas del mundo”.

Sin embargo, cada país puede aprobar excepciones para salvaguardar su sector agrario, y estas han aumentado con una proporción mucho mayor en los últimos años: de apenas 59 excepciones a las prohibiciones de utilizar ciertas sustancias en 2007, a casi 400 en 2018. En la práctica, eso permite saltarse las “estrictas” leyes europeas siempre que el país importador lo desee.

“El problema es que la información relativa a estas ventas internacionales de pesticidas prohibidos, que debería ser pública, es muy difícil de conseguir”, lamentan desde Greenpeace. Para obtener los registros de 2018 debieron esperar a que les concedieran varios permisos y después limpiar miles de datos. “Las empresas no están obligados a publicar estas cifras, pero desde luego sería conveniente para los consumidores”, piensa el científico Doug Parr.

Entre los productos nocivos exportados desde Europa en 2018 están la cloropicrina que, según los expertos de Greenpeace es un “pesticida que se usaba como arma química durante la Primera Guerra Mundial”, o el oxadiargilo, una sustancia “extremadamente tóxica para la vida acuática con efectos a largo plazo y que puede crear problemas en los fetos y en el funcionamiento de los órganos humanos”.

Naciones Unidas reconoce en un informe reciente que es “difícil demostrar la existencia de un vínculo definitivo” entre la exposición a estos productos y el desarrollo de enfermedades o desequilibrios en la naturaleza. Desde Greenpeace están convencidos de que “estos pesticidas contienen químicos que pueden aumentar el riesgo de sufrir cáncer o Párkinson, problemas en la reproducción y en el crecimiento, además de ser tóxicos para los mamíferos y alterar a las poblaciones de insectos polinizadores, aves y peces”.

Glifosato, cáncer y excusas baratas

Ejemplos hay varios, algunos tan mediáticos como el de hace cinco años en Monte Maíz, un pueblo agrícola de la provincia argentina de Córdoba. Un estudio descubrió que la población había desarrollado cáncer y otras enfermedades (además de abortos espontáneos) con unas tasas de hasta tres veces mayores que la media en la región y a nivel nacional. La causa, según los médicos investigadores de la Universidad de Córdoba, fue el uso de glifosato para las plantaciones de soja, un cultivo clave para la economía de Argentina, que es el tercer productor mundial.

“Los pesticidas no son automáticamente ‘más dañinos’ o ‘menos necesarios’ porque no estén autorizados en Europa”, se defienden desde CropLife. Según su visión, algunos de estos productos prohibidos en la Unión Europea son “muy útiles” en otras partes del mundo con climas más extremos, golpeadas por plagas y donde la agricultura es el motor de las economías nacionales y principal fuente de empleo. Sin los pesticidas, las cosechas podrían correr peligro.

“Hace años se viene demostrando que estos productos no son imprescindibles, es posible sustituirlos por otras prácticas más saludables sin afectar a la producción”, asegura Doug Parr. En efecto, desde que en 2009 las leyes europeas dictaminan usar plaguicidas “sólo como última opción” se han ido introduciendo técnicas como la rotación de cultivos, la instalación de mallas contra insectos y el uso de recursos naturales que no contengan químicos.

La investigación que acaba de sacar a la luz Greenpeace, y a la que Infobae ha tenido acceso, aspira a retomar la corriente crítica que instauró un informe de Naciones Unidas en 2017 donde ya criticaba “el enorme poder del oligopolio de la industria química” en torno a tres grandes grupos millonarios: Bayer-Monsanto, Syngenta-ChemChina y Dow-Dupont que entonces controlaban más del 65% de las ventas mundiales de plaguicidas.

Además acusaba a las grandes empresas del sector de “organizar campañas de desprestigio” contra los científicos críticos con sus actividades. “No hemos recibido ninguna amenaza directa pero es evidente que hay un lobby muy poderoso detrás que no quiere que estas investigaciones salgan a la luz”, dice Doug Parr desde Greenpeace.

El informe de la ONU de 2017 alertaba de una práctica que, según su información, permitía a estas empresas “infiltrarse en los organismos federales de regulación” a través de “puertas giratorias” y operar así con total libertad sin llamar la atención. La respuesta de CropLife en defensa de los fabricantes fue tajante, tildando esas informaciones de “infundadas” y “sensacionalistas”.

Tras la publicación del nuevo informe de Greenpeace, hace unos días CropLife contestaba a través de un comunicado público. “Damos la bienvenida al debate informado y constructivo sobre nuestro papel en el uso de pesticidas para la producción sostenida de alimentos. Nuestras compañías invierten en investigación y desarrollo de productos mejores y más seguros que garanticen las cosechas de los agricultores. Podemos esforzarnos más y siempre lo haremos”.

Desde organismos internacionales como FAO reconocen que es inviable eliminar a corto plazo el uso de estos productos químicos en regiones como América Latina, África y Asia, pues son “el medio más barato y sencillo para proteger sus cultivos”.

En el reino de la hipocresía y los millones

En España la patronal AEPLA insiste en su compromiso con “la protección de las personas y el medio ambiente” y su apoyo al Pacto Verde de la Unión Europea con una inversión de más de 14.000 millones de euros para desarrollar productos “más sostenibles” con la meta puesta en 2030. El sector se esfuerza por cambiar el relato y frente a las acusaciones de que sus productos son “venenosos” hablan de “fitosanitarios” y consideran que fabrican “medicinas para las plantas”.

Para Greenpeace todas estas medidas son “más publicitarias que otra cosa”, y en cualquier caso “insuficientes”. “El gobierno español podría seguir el ejemplo de su vecina Francia, que ha anunciado que cancelará por completo la exportación de estos productos químicos nocivos entre 2022 y 2025”, dice el científico Doug Parr.

Desde su ONG anuncian que han contactado con la ministra española para la transición ecológica, Teresa Ribera, y esta les ha asegurado que las exportaciones de España en 2018 (el año de su estudio) son “significativamente más bajas” de las que ellos tienen registradas y ha citado “cláusulas de confidencialidad” para no dar más detalles sobre determinadas empresas o productos.

“No hay excusas: estas prácticas tan hipócritas tienen que terminar desde la Unión Europea, aunque sólo sea para proteger a sus propios consumidores”, concluye Doug Parr. Se refiere a que muchos de los alimentos que llegan a Europa han sido producidos en países a los que venden los pesticidas prohibidos y, por lo tanto, podrían estar contaminados. Al fin, solicita que “un fondo de ayuda pagado por las empresas fabricantes y los países que las acogen” sirva para financiar una agricultura más sostenible y paliar el daño que causan en las regiones más pobres.

¿Por qué vendemos a África y América pesticidas prohibidos en Europa?

Una investigación de Greenpeace concluye que más de 81.600 toneladas de productos químicos para la agricultura se enviaron a países en desarrollo en 2018. España es uno de los exportadores, con un 6%

Para empezar, “que un producto esté prohibido en Europa no implica que sea ilegal en África”, insiste Diego Ayala, entomólogo del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD, por sus siglas en inglés), en Marsella (Francia). Su declaración nace en respuesta a una nueva investigación de Greenpeace, basada en el análisis de 400 informes de empresas europeas, que concluye que Europa vendió en 2018 más de 81.600 toneladas de algunos pesticidas prohibidos en sus tierras—entre ellos el dicloropropeno, la cianamida, el paraquat, el herbicida trifluralina, el acetoclor y la atrazina— a 85 países, de los cuales tres de cada cuatro son países en vías de desarrollo. España se sitúa en lo alto de la lista con un 6% de esos agroquímicos a su cargo, según los resultados que se han publicado este jueves.

La Unión Europea decidió prohibir estos pesticidas por tener efectos perjudiciales para el ecosistema como, por ejemplo, contaminación de aguas, la alteración de las poblaciones de insectos polinizadores, de aves y peces. Además, también porque pueden aumentar el riesgo de padecer enfermedades como el Párkinson o el cáncer y afectar los sistemas endocrino y reproductivo del ser humano, algo que Naciones Unidas ya advertía hace tres años, denunciando graves abusos por parte de la industria que produce dichos productos.

Al ver el mapa de Greenpeace que ilustra las exportaciones, Europa figura como un centro intocable del cual parten centenares de flechas rojas más o menos gruesas por todo el mundo. El 82% de las exportaciones del Reino Unido, principalmente de paraquat y de 1,3-dicloropropeno, se mandan al continente americano, con Estados Unidos liderando la recepción y Brasil siguiendo de cerca. México, Colombia y Ecuador también reciben altas dosis de estos pesticidas prohibidos en Europa.

África

En África, Sudáfrica es uno de los mayores destinos de la industria europea, sobre todo de alemanes y franceses, junto a Marruecos y 18 otros países del continente. India, Indonesia y otros países asiáticos tampoco escapan al mercado y reciben químicos por parte de los grandes países europeos, sobre todo de Francia. El objetivo de estas zonas en vías de desarrollo es luchar contra las plagas, las malas hierbas, los insectos y los microorganismos que ponen en riesgo el monocultivo, pese a que algunas sean claramente nocivas para la salud.

Por lo tanto, ese mapa del trabajo llevado a cabo por los periodistas e investigadores de la institución Unearthed y por Public Eye, una organización no gubernamental orientada a la sostenibilidad, da lugar a una pregunta inevitable: ¿Por qué Europa sigue fabricando y mandando estos productos tóxicos fuera de sus fronteras? Doug Parr, director científico de Greeanpeace UK que participó en el proyecto, no tiene una respuesta clara, pero de lo que está seguro es que es posible vivir sin ellos. “Son químicos muy, pero que muy nocivos”, comienza. “Europa ha demostrado que la agricultura puede seguir su curso sin usarlos. Tenemos que ayudar a esos países en vías de desarrollo y darles alternativas en función de sus condiciones”.

Para Parr está claro que hay una “explotación en curso”, y ver que su país, Reino Unido, es el mayor exportador europeo, responsable del 40% de las notificaciones (32.000 toneladas), le resulta chocante. Pese a todo ello, reconoce que en su momento estos pesticidas fueron de gran ayuda y trajeron innovaciones en la agricultura. “Pero ahora hay que dirigirse hacia otro panorama”, precisa. Además, a escala global, las más de 81.600 toneladas de pesticidas vendidas en 2018 son una cantidad a tener muy en cuenta. “Imagínese que todo esto está esparcido por el mundo, provocando todo tipo de efectos en la cadena alimenticia, en la biodiversidad y en la salud del ser humano”.

Pero la cuestión no es simple y el tema supone un debate en el seno de la comunidad científica. Los países africanos tienen otras condiciones climáticas, se enfrentan a otro tipo de plagas que los europeos y muchos dependen de la agricultura para sobrevivir. Los pesticidas les permiten controlar las especies que amenazan su cosecha y asegurar así su economía, según Ayala: “Créame que si tuviésemos las mismas situaciones que tienen allí, no tardaríamos en validar de nuevo esos productos”.

En definitiva, ¿África utiliza estos pesticidas, sencillamente, porque los necesita y porque, todavía, no tienen al alcance otras soluciones? Fabrice Chandre, del departamento de Salud del IRD y asesor para la Organización Mundial de la Salud, explica que los países africanos sufren plagas que no se parecen en absoluto a las de Europa. “Quizás un producto que funcione para nuestros insectos no es eficiente para los suyos. Quizás nosotros tenemos un solo parásito que perjudique nuestra cosecha, y ellos se enfrentan a varios y con mayor densidad. Hay que mirar el balance entre el coste y el beneficio”, añade. “Quizás estos productos serían legales en Europa si los necesitáramos. Si tuviésemos por aquí lo mismo que ellos, nacerían intereses económicos a favor de estos químicos”, remata Ayala en armonía con el discurso de Chandre.

Capitalismo, globalización y eficiencia

Paradójico es, sin embargo, que Europa venda a países en vías de desarrollo productos que acaban en la cadena alimentaria y, debido a la globalización, vuelvan al estómago de sus ciudadanos. ¿Por qué no prohibir completamente su uso para evitarlo? “Bueno, eso, como siempre, es cuestión de capitalismo y de los intereses del mercado. Es cierto que muchos aprovechan ese uso fuera por ser menos costoso, pero también eficiente. Es la ley del mercado”, contesta Chandre. Sin embargo, este especialista asegura que la industria de pesticidas de la Unión Europea sigue un reglamento muy estricto y que nada sale sin verificación ni aprobaciones. “Si eliminamos ese mercado ahora, esos países recurrirían a pesticidas de contrabando que ni siquiera están controlados ni probados clínicamente y sabríamos aún menos acerca del uso que se les da y de las cantidades que se liberan”, advierte.

Otro aspecto importante a considerar es que los países en vías de desarrollo no siempre cuentan con una logística, una reglamentación y un sistema de control suficiente y adecuado para el uso de estos pesticidas, pues carecen, de momento, de los recursos necesarios para adquirirlos. “Además tienen una legislación distinta a la nuestra y no podemos compararnos. Sus decisiones no implican que el uso que hagan vaya a ser nocivo”, opina Chandre. “Nosotros pensamos con una mentalidad europea y no es una solución. No podemos decidir por ellos y hay muchas cosas que no conocemos”, subraya Ayala. Los expertos son conscientes de que puede haber poco control en África del uso que se hace de los pesticidas y por eso tratan de realizar un seguimiento más exhaustivo para ayudar y prevenir posibles impactos.

No todo es blanco o negro, sin embargo. La Unión Europea está invirtiendo en el desarrollo de soluciones alternativas rentables basándose en las ciencias biológicas, incluida la ciencia del microbioma del suelo, y la adopción por parte de los agricultores de soluciones tradicionales e innovadoras basadas en la naturaleza.

Christine Fuell, investigadora de la Secretaría del Convenio de Rotterdam en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) explica que, si el país de destino no prohíbe la importación y venta de un plaguicida en particular en su territorio, es legal que otros países exporten este producto a ese país, siempre que se adhieran a las disposiciones de los acuerdos internacionales en los que podrían ser parte. “Por eso es tan importante que un país sea parte de estos instrumentos jurídicamente vinculantes, como el Convenio de Rotterdam, por ejemplo. Este garantiza que sus Partes estén informadas previamente, reciban toda la información disponible y puedan tomar decisiones informadas sobre futuras importaciones de ciertos productos químicos peligrosos”, cuenta. El Convenio de Rotterdam, que entró en vigor en 2004, también brinda asistencia técnica a las Partes para identificar alternativas menos nocivas.

“La exportación de plaguicidas prohibidos en un país a otros países ha sido un tema polémico en todo el mundo”, comienza Gu Baogen, del departamento de Manejo de Plagas y Pesticidas de la División de Producción y Protección Vegetal de la FAO. Cuenta que la autorización de un plaguicida es una decisión nacional: “Se basa principalmente en las necesidades locales de manejo de plagas, en el resultado de la evaluación de riesgos y otros criterios nacionales”. El Código Internacional de Conducta para el Manejo de Plaguicidas es el que establece la prohibición de la importación, distribución, venta y compra de estos químicos altamente peligrosos (Highly hazardous pesticides, HPPs, en inglés).

La FAO apoya la creación de capacidad para la gestión racional del ciclo de vida de los plaguicidas en los países en desarrollo para minimizar sus riesgos, centrándose en eliminar gradualmente los altamente peligrosos y seleccionar alternativas de bajo riesgo, principalmente bioplaguicidas. Mientras tanto, se promueve desde la institución el manejo integrado de plagas basado en el ecosistema para reducir su uso. “Mejorar la legislación regional y nacional de gestión de plaguicidas y promover la colaboración mundial y regional sobre su comercio ilegal podría ayudar a abordar las preocupaciones. Francia ha decidido dejar de exportar los prohibidos en la UE por motivos de salud humana y medio ambiente, por ejemplo, a partir de 2022 o 2025”, concluye Baogen.

El DDT, un caso aparte

Todos los expertos consultados admiten que el uso del DDT, prohibido en Europa, es un caso particular y famoso. Este producto tarda años en desvanecerse de la naturaleza y por eso se prohibió. Sin embargo, el paludismo presente en Europa mataba antaño anualmente a millones de personas y el DDT se usó en campañas masivas para erradicarlo y eliminar los mosquitos que lo provocan. Hoy, la malaria y otras enfermedades infecciosas acechan África. “¿Qué pasa? ¿Nosotros los hemos usado, pero ahora ellos no deben hacerlo?”, se cuestiona Carlos Chaccour, investigador y médico especialista en malaria en el Instituto de Salud Global de Barcelona y en el Instituto de Salud Tropical de la Universidad de Navarra.

Este experto insiste en que el riesgo beneficio de cada país es muy distinto y cada uno se adapta a sus necesidades. “Los países europeos dicen, por ejemplo, que si encuentran medio gramo de pesticida en sus granjas ya no les compran nada, pero imponen criterios estrictos de control medioambiental que esos lugares no se pueden permitir”, alerta Chaccour. Lo compara a la exigencia de usar energías renovables y se pone en el papel de esos países en vías de desarrollo: “¿Tú has quemado carbón para desarrollarte y ahora yo no puedo?”. “Ellos necesitan producir energía y tener buena salud para producirse y desarrollarse”, reitera.

Una de las soluciones, bajo su punto de vista, no es prohibir exportaciones, sino añadir medidas de control para saber bien cómo se usan los productos. “Tenemos que saber qué se está haciendo. Todo el mundo asocia pesticida a muerte, pero antes de decidir nada, yo miraría atentamente lo que hace y aporta a esas poblaciones necesitadas”, concluye.

Fuentes: Hondudiario // El País