Brasil. Tras semanas de tensión, MST e Incra descartan la posibilidad de acción de la Fuerza Nacional

Por Igor Carvalho. Brasil de Fato. Resumen Latinoamericano, 16 de septiembre de 2020.

El Movimiento autorizará el ingreso de tropas federales solo para acompañar a técnicos de la agencia. A su vez los desalojos fueron descartados.

Luego de 12 días de tensión en el sur de Bahía, el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST) y el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) se acercan a un acuerdo para suspender los desalojos previstos en el asentamiento de Jacy Rocha, en el municipio de Prado. Con eso, se descarta la posibilidad de una ofensiva de la Fuerza Nacional contra el movimiento popular.

El envío de tropas federales ha generado un malestar que involucra a los gobiernos federal y estatal, ya que corresponde a los gobernadores solicitar el uso de la Fuerza Nacional. Rui Costa (PT), diputado bahiano, llegó a afirmar que “tal acto puede constituir una violación del pacto federativo y una flagrante falta de respeto a la ley”, además de pedir explicaciones al ministro de Justicia.

Los cien soldados de las tropas federales fueron enviados para acompañar al INCRA en visitas técnicas a dos asentamientos, Jacy Rocha y Rosa do Prado, ambos en Prado, en el extremo sur de Bahía, y una acción de desalojo de una pareja expulsada por el MST de una de las áreas.

El acuerdo

Durante la semana pasada, MST e Incra se reunieron tres veces. También participaron en las reuniones representantes de la Secretaría de Asuntos Territoriales del Ministerio de Agricultura y el mando de la Policía Federal de Bahía.

El convenio firmado el lunes 14 establece que la Fuerza Nacional, que llegó a la región el 3 de septiembre, acompañará a Incra en visitas técnicas a los lotes de 227 familias que viven en Jacy Rocha y 300 en Rosa Prado. Los servidores georeferirán la tierra. Sin embargo, no habrá desalojo, incluso para los que no cuenten con la documentación completa.

Fuerza Nacional

El 26 de agosto, agentes de la Policía Militar acudieron a Jacy Rocha. A la entrada del asentamiento, manifestaron que escoltaban a un representante de Incra, que estaría en un auto blanco; el presunto mesero no salió del auto y no fue identificado. El objetivo sería reintegrar a la pareja mencionada: Aparecida da Silva Sousa Santos y José Carlos Bispo dos Santos, expulsados ​​de la comunidad por el movimiento en noviembre de 2019.

La expulsión se produjo luego de que no cumplieran con las normas impuestas por el MST en los asentamientos, como estar ausentes más de 30 días del lote sin justificación, no contribuir al trabajo colectivo, además de portar un arma de fuego dentro del área. Los colonos también dijeron al periodista de Brasil de Fato que Bispo dos Santos y Aparecida robaron ganado a otros productores rurales y estaban involucrados en el tráfico de drogas en la región.

Pero, el día 26, sin la identificación del representante del INCRA y sin la presentación del mandato judicial que autorizara la recuperación, el MST no permitió que la Policía Militar ingresara al área con la pareja.

Dos días después, la pareja fue a Jacy Rocha con otras 13 personas y trató de forzar la reanudación del antiguo lote. Sin embargo, fue expulsado de la zona por miembros del MST. El episodio fue aprovechado por Nabhan García, secretario especial de Tierras, quien lo siguió personalmente a la región, para justificar la solicitud de uso de la Fuerza Nacional en la región, fácilmente aceptada por el Ministerio de Agricultura, que solicitó el apoyo de la Fuerza Nacional al Ministerio de Agricultura. Justicia y Seguridad Pública.

Luego, cien agentes de la Fuerza Nacional fueron enviados a Prado y Mucuri, municipio vecino donde el MST también mantiene otros ocho asentamientos, luego de la publicación de la Ordenanza 493, el 2 de septiembre. El destacamento permanece en la región hasta el 2 de octubre, con posibilidad de renovación por otros 30 días.

El envío de la Fuerza Nacional fue criticado por actores del sistema judicial. Los fiscales federales Deborah Duprat y Marlon Alberto Weichert emitieron un comunicado público el 3 de septiembre (3) condenando la operación.

“En conclusión, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública extrapoló su competencia al emitir la Ordenanza MJSP No. 441, de 2019. El gobierno federal no puede autorizar el uso de la FNSP en ‘acciones para preservar el orden público y la seguridad de las personas ( …) en la Esplanada dos Ministérios, en Brasilia / DF ‘, fuera de la solicitud previa del gobernador ”, señalan los fiscales.

Documentación

Cuando el nombre aparece en la Lista de Beneficiarios, la familia recibe el título de propiedad aplicable al área destinada a explorar el terreno. Con el nombre en la lista, la permanencia en el terreno está garantizada.

A continuación, Incra envía el Contrato de Concesión de Uso (CCU), un documento provisional de tenencia de la tierra. El siguiente paso es la entrega de la Concesión de Derecho de Uso (CDRU), el certificado definitivo del lote.

Incra inició visitas técnicas a Rosa do Prado, donde viven 300 familias, y se espera que finalice las obras en la zona el próximo jueves (17), sin desalojos. Aún no hay una encuesta sobre cuántas personas esperan ser incluidas en la lista de beneficiarios de Incra. La operación de Incra en Jacy Rocha comienza este viernes (18).

De las 227 familias de Jacy Rocha, 69 no están en la lista de beneficiarios. De estos, 24 están bloqueados por algún obstáculo burocrático. Este es el caso de Maristela Cunha, directora estatal del MST que fue profesora de matemáticas en la Escola Estadual do Campo Anderson França, que se encuentra dentro del área en 2013.

Los servidores públicos no pueden instalarse en terrenos destinados a la Reforma Agraria. Sin embargo, Maristela afirma que fue maestra solo durante 2013 y como voluntaria en la escuela. El registro del asentamiento, para la inclusión de familias en la Lista de Beneficiarios, se realizó en 2015.

“No soy un servidor público, enseñé durante un año, nunca más. Fui al Departamento de Educación y nada, fui a Incra y nada. Llegué al asentamiento y el sector educativo necesitaba un maestro, ayudé. No puedo ser castigada por eso ”, informa.

Los otros 45 que esperan ser incluidos en la Lista de Beneficiarios para recibir la concesión se quejan del retraso de Incra en atender a las familias. “Llegué aquí hace diez años. En 2015 me incorporé a Incra y hasta hoy no he recibido el documento. Veremos qué hacen con nosotros, pero no pueden sacarnos de aquí si se niegan a darnos el documento que estamos esperando ”, protesta el colono.

Tras ser requeridos por este medio tanto Incra como Policía Federal no se manifestaron hasta el cierre de este artículo.

Fuente: Brasil de Fato

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