Argentina. Gobierno y Policía: Peleando en la cornisa

Por Juan Guahán, Resumen Latinoamericano, 13 de septiembre de 2020.

El gobierno y la policía están dirimiendo sus problemas en la cornisa de una realidad que amenaza con prenderse fuego. Se trata de un gobierno vacilante y una policía que expresas múltiples y diferentes reclamos que hacen dudar de las intenciones de sus instigadores. Algunas dudas sobre el impuesto a las grandes riquezas. El gobierno acuerda pagar a bonistas y baja “riesgo país”

La evolución de nuestro drama nacional ha permitido observar una nueva vuelta de rosca. Variadas demandas policiales de diferentes provincias, terminaron condensándose en “la bonaerense”, sus reclamos y movilizaciones.

Son muchas las cuestiones que esta situación encierra. Entre ellas podemos destacar: La historia de “la bonaerense” y el rol de la policía en los preludios de Golpes de Estado; las dudas del gobierno y la debilidad de sus respuestas; la diversidad de las peticiones formuladas, según la jerarquía interna de los reclamantes.

Todas estas cuestiones serán brevemente consideradas, para acercar algunos datos sobre la realidad de estos hechos.

HISTORIA DE LA BONAERENSE Y ROL POLICIAL EN DESESTABILIZAR

Gobierno y oposición, frente a este conflicto, procuran transferir culpas a su oponente. La verdad es que, en la nefasta historia de “la bonaerense”, tienen responsabilidades el oficialismo y la oposición. Durante estos últimos 37 años, con vigencia institucional, el peronismo gobernó (en la Provincia) 29 años y la actual oposición (radicalismo y macrismo) 8 años, entre ellos el reciente período 2015/2019. Durante todos esos largos años se gestó, en “la bonaerense”, la idea de un “autogobierno corporativo”. Los diferentes gobiernos lo toleraron, prefiriendo “mirar para el costado”. Esas tendencias hicieron posible que pudieran tener alguna forma de continuidad algunos rezagos de la impunidad desarrollada durante el proceso militar. Los multiplicados casos de “gatillo fácil”, que tuvieron por víctimas a jóvenes de las barriadas humildes, desapariciones como las de Miguel Bru, Jorge Julio López, Luciano Arruga y recientemente Facundo Astudillo Castro, lo demuestran.

Tampoco es ajeno a esta situación un fenómeno que ha tomado dimensiones incontenibles: el narcotráfico. Es harto conocido que buena parte de las conducciones políticas de los municipios, junto a funcionarios judiciales y autoridades policiales compiten, articulan y deciden sobre esta cuestión, fundamentalmente en el Gran Buenos Aires.

Estos temas, con toda la importancia que tienen, es probable que no sean los únicos que detonaron el conflicto policial. En ese sentido no se puede descartar el fenómeno que estamos transitando en varios países de la región. Aprovechando una progresiva derechización del discurso público se despliegan estas fuerzas. Es probable que muchos sectores consideren que haciendo estas “concesiones” domarán al león. La experiencia histórica ha dado largas pruebas que no parece que ése es el mejor camino.

LAS DUDAS DEL GOBIERNO Y LA DEBILIDAD DE SUS RESPUESTAS

El gobierno “no vio venir al conflicto” y los sucesos policiales lo sorprendieron. Es evidente que la jactanciosa soberbia de Sergio Berni, Ministro de Seguridad Bonaerense, no le permitió comprender la profundidad y extensión de lo que se estaba incubando. Lo cierto es que el gobierno vaciló y tardó en dar respuestas, dejando la imagen de una pérdida de poder muy peligrosa para los tiempos que se vienen.

La respuesta económica al reclamo, apelando a la reducción de la coparticipación porteña, es una justa medida sin hablar de otros problemas no menores. El Presidente exhibió ese hecho como una muestra del federalismo que pretende desarrollar. Pero éste exige otras respuestas, no solo ésta, limitada al territorio bonaerense.

Cada día parece con mayor fuerza la necesidad que, aún con esta Constitución, se debe cumplir con el mandato de establecer un nuevo régimen  para la distribución primaria, es decir replantear qué proporción de la masa de recursos se apropia la Nación y qué parte se distribuye entre las provincias. En este sentido las provincias vienen perdiendo fuerzas desde hace varias décadas. Luego quedará por resolver la distribución secundaria, es decir qué porcentaje se le asigna a cada provincia.

Acerca de los números solo se analizan los recursos que se corresponden a transferencias del Estado Nacional, pero no se toma en consideración otras razones estructurales que benefician a la CABA. En esas transferencias nacionales (automáticas  y no automáticas), la Provincia y la Capital recibieron respectivamente – en el primer semestre- cifras parecidas: $ 22.818 (per cápita) la primera y $ 23.175 la segunda; luego le siguen Mendoza con $ 27.637; Córdoba, que recibió $ 31.246 y Santa Fe, a la que transfirieron $ 32.224. En la pirámide de estos beneficiarios están Tierra del Fuego con $ 108.982 (per cápita); le sigue Catamarca, $ 83.357 y La Rioja con $ 78.614. Eso está bien para equilibrar los ingresos entre provincias grandes y chicas. Sin embargo, nuestro centralismo económico -que ningún gobierno logró torcer- ha hecho que muchas empresas, con actividades desparramadas por distintos puntos del territorio nacional, paguen sus impuestos en la ciudad-puerto. Ese mecanismo impositivo, entre otras causas, ha determinado que la Ciudad capital tengo un ingreso per cápita muy superior al resto del país.

En ese marco pretender resolver el problema reduciendo en un punto -o algo más- (unos 37 mil millones de pesos) los ingresos de la Capital, para ser destinados a mejorar la seguridad en la Provincia de Buenos Aires, encierra muchos interrogantes. Además de las cuestiones políticas deja abierto el debate sobre una eventual inconstitucionalidad de la norma dictada.

El otro peligro es que ahora habrá una lluvia de legítimos reclamos de sectores, como salud, educación, empleados públicos, que han quedado retrasados respecto a los otorgados al personal policial. Es difícil saber cómo hará la Provincia de Buenos Aires, para responder a los mismos.

LOS DIFERENTES RECLAMOS POLICIALES Y ALGO MÁS…

Sobre estos reclamos policiales quedaron flotando un par de interrogantes. Uno tiene que ver con la oportunidad, dado el silencio de estos mismos protagonistas cuando eran esquilmados por el gobierno de Macri. Lo segundo es la tentación a pensar que hay algo más detrás de este reclamo.

Respecto a lo primera da la impresión que el reclamo hace centro en el tema salarial del personal subalterno. Ello le dio un mayor sustento, haciendo más simpático este reclamo ante la opinión pública. De esa manera el mismo tendría mayor efecto publicitario. Es sabido que para el caso de los rangos superiores el salario oficial no es el principal componente de sus ingresos, ya que ellos están más vinculados a sus relaciones con el manejo de mafias territoriales que a lo que dice su plantilla salarial. Por otro lado, esa legitimación de dichos reclamos salariales servía al objetivo de deteriorar al gobierno de turno, fortaleciendo al objetivo de crear condiciones para otras maniobras semejantes.

Ese es uno de los modos  que usan los sectores más conservadores para continuar con sus planes de aproximación al poder.

DUDAS SOBRE EL IMPUESTO A LA RIQUEZA

El Impuesto a la Riqueza, cuya denominación es “Aporte Solidario Extraordinario”, que ya tiene estado parlamentario y que elaboraron Máximo Kirchner y Carlos Heller trata de recaudar (por “única vez”) unos 3 mil millones de dólares. Ellos serían aportados por unos 15 mil grandes contribuyentes con fortunas declaradas ante la AFIP al 31/12/2019 por cifras superiores a los 200 millones de pesos.

Esos ingresos serían distribuidos de la siguiente manera: 20% para la política sanitaria; otro 20% para subsidios a las Pymes; una cifra igual para becas del Ministerio de Educación; un 15% para la integración urbana de barrio populares y el restante 25% para la producción de gas natural, a cargo de YPF.

Su aprobación está asegurada en el Senado y será más dificultosa en Diputados. Si logra alcanzar esa mayoría parlamentaria, ya hay advertencias en el sentido que sería planteada su inconstitucionalidad en sede judicial.

Dicho esto veamos algunos vericuetos que, para el caso que fuera aprobado el Proyecto presentado, permitirían escabullirse a varias de las fortunas más importantes.

El Proyecto dice que “El aporte alcanza a las personas físicas por sus activos (bienes personales) declarados en el país y en el extranjero”.  De allí que no se aplicará a las personas que tengan residencia fiscal en el exterior.

Los titulares de muchas de las fortunas más conocidas, e importantes, no tiene su domicilio fiscal en nuestro país, lo que les permitiría sortear esta norma. En ese sentido, Uruguay y su actual Presidente, Luis Lacalle Pou, ya han dejado ver sus “brazos abiertos” y sin tantas exigencias impositivas, para recibir empresarios argentinos.

Pero, tampoco estarían obligadas -a estas “contribuciones solidarias”- aquellas personas físicas que tengan sus activos en sociedades comerciales extranjeras.

Por último, entre los temas a dilucidar, está la cuestión de cómo será el mecanismo para las personas que tengan sus bienes en sociedades anónimas.

Todo lo dicho es lo que se está debatiendo y en el oficialismo, a la par de la búsqueda del número de legisladores necesarios, existe el temor fundado que por alguno de estos oscuros senderos se les escapen muchos recursos.

GOBIERNO DECIDE PAGAR LA DEUDA Y BAJA “RIESGO PAÍS”

El mundo financiero internacional ya tiene en sus manos los nuevos bonos emitidos por el gobierno argentino. Ahora se sienten más tranquilos, Saben que “alguien pagará”. Lo que eran sus “títulos imperfectos” y “deudas odiosas” han sido legalizados por este arreglo con los bonistas y vuelven a respirar. Sacarán sus ventajas hasta la próxima crisis, simplemente tienen que rogar que la situación no estalle y seguir cobrando sus intereses.

A qué viene todo esto? Explica la rotunda baja –en esta semana- del índice de los “riesgos”, para las inversiones y/o préstamos en cada país, que elabora la banca JP Morgan. El de nuestro país andaba por los 2 mil puntos, rondando los 4 mil en el mes de marzo. Ahora  bajó a otra estimación que está en los 1.100 y los especialistas estiman que podría llegar a los 900 puntos, lo que sería su piso actual. Eso fue en simultáneo con el inicio de la circulación de los bonos nuevos emitidos con motivo del reciente “canje” que acordó  nuestro país con los bonistas.

En el “canje” del 2005, con una economía que venía con 3 años de crecimiento, el índice de “Riesgo País” pasó de 6600 a 795.

Esa variación de la baja actual respecto a la del 2005 nos da una idea de cómo las crisis son recurrentes y cada vez peores.

Un “riesgo país” de 1100 puntos implica que si se toman créditos internacionales para empresas y/o Estado las tasas de interés estará alrededor del 10%, una cifra desfasada de lo que pasa en otros países. Hoy Brasil tiene un “riesgo país” de 300 puntos y opera con tasas de interés inferiores del 5% anual.

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