Perú. 45 perseguidos por denunciar al “Sodalicio de Vida Cristiana” de abusos sexuales y tráfico de tierras

Resumen Latinoamericano, 7 de septiembre de 2020

Desde fines de agosto, el diario Expreso inició una intensa campaña de desinformación contra la periodista Paola Ugaz, coautora ‘Mitad monjes, mitad soldados’, libro que documenta diversos casos de pederastía al interior del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC). Para la periodista, “todo aquel que ose investigar sobre el Sodalicio, es víctima de esta campaña de lodo”.

Según publicaciones del 31 de agosto y 4 de setiembre del diario Expreso, Paola Ugaz sería parte de una supuesta organización criminal, conformada por otras 20 personas, dedicada a “pitufear” dos millones de soles. Como prueba, el diario transcribe supuestas conversaciones no verificadas de Ugaz coordinando la repartición del dinero.

“Contra viento y marea, y con mayor motivación, saldrá el libro sobre el Sodalicio, sus movimientos financieros, donde saldrán nuevas historias de cómo dañaron a sus exmiembros, además de aprovecharse económicamente del concordato firmado entre Perú y el Vaticano”,  concluyó Paola Ugaz sobre lo acontecido.  

No es la única

De acuerdo a una investigación de Wayka, por lo menos 45 personas, entre periodistas, testigos y comuneros, son perseguidos judicialmente tras haber investigado y denunciado al Sodalicio por abusos sexuales al interior de la organización y tráfico de tierras en los distritos de Castilla y Catacaos, en Piura.

Solo en la comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos, empresas y personas vinculadas al Sodalicio enjuiciaron a 39 comuneros que se opusieron al despojo de 9 mil 985.25 hectáreas de sus tierras comunales a través de sospechosos trámites y falsa documentación. Además, según el registro de la Unidad de Protección de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), dos comuneros murieron y otros siete quedaron heridos tras constantes ataques con armas de fuego.

egistro de comuneros de Catacaos denunciados de la Unidad de Protección de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

A la par, otras autoridades y empresas vinculadas al Sodalicio fueron acusadas de financiar a la banda criminal La Gran Cruz, sentenciada hasta a 25 años de cárcel tras agredir y amenazar a campesinos del distrito de Castilla (Piura) con el fin de arrebatarles sus tierras comunales. Posteriormente, sobre esos mismos terrenos en disputa, se desarrolló un proyecto de vivienda de la Inmobiliaria Miraflores, compañía vinculada a los negocios del Sodalicio.

El presunto caso de tráfico de tierras en Castilla fue expuesto en un documental elaborado por el periodista Daniel Yovera y publicado en la cadena internacional Al Jazeera, en donde entrevistó a los testigos Pedro Zapata Monteza (policía), Carmen Campodónico (comunera) y Samuel Alberca (exmiembro de La Gran Cruz).  Hasta la fecha, todos ellos también afrontan procesos judiciales promovidos por personas y empresas relacionadas a la organización religiosa.

FUENTE: Wayka.pe

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