Puerto Rico. Defender la educación no es un crimen

Por Giancarlo Vázquez López. Resumen Latinoamericano, 3 de septiembre de 2020.

Los estudiantes acusados de irrumpir en una reunión de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (JG-UPR) en 2017 han denunciado principalmente la doble vara que existe en la justicia de nuestro país. Mientras funcionarios públicos que incurren en corrupción y abusos de poder permanecen impunes, el Estado criminaliza y acusa a quienes luchan por un mejor país y asumen su representación.

En mayo de 2017, el Tribunal de Primera instancia de San Juan halló causa para arresto contra siete de los once estudiantes que enfrentaban posibilidad de cargos criminales. Actualmente, son cinco los estudiantes imputados por delitos de motín, daño agravado, derecho a reunión, restrición de libertad agravada y alterar el orden público.

El proceso ha estado lleno de irregularidades, carpeteo y persecución, según han denunciado los estudiantes acusados. La estudiante y acusada Verónica Figueroa destacó los allanamientos de las cuentas de Facebook de tres medios de comunicación universitarios: el Centro de Comunicación EstudiantilPulso Estudiantil Diálogo.

Tras lo acontecido el 27 de abril de 2017 en la JG-UPR, el Departamento de Justicia (DJ) solicitó material a distintos medios de prensa que estaban en la manifestación, a lo que los medios se negaron. El 5 de mayo, el DJ aprobó una orden de allanamiento solicitada por el agente Luis Lasalle de la Unidad de Crímenes Cibernéticos de dicha agencia. La orden fue enviada a las oficinas centrales de la compañía Facebook. Se requería todo lo que hubiera sido publicado, enviado o transmitido desde esas tres cuentas del 24 al 28 de abril.

“Uno de los problemas más grande es que con la intención de probar nuestro caso, Justicia invadió o violentó el derecho a la intimidad y privacidad de miles y miles de personas, sin notificarlo incluso a estos medios”, señaló Figueroa.

La información incluye el nombre de seguidores de las páginas, localización de internet (IP address), fecha, hora y tipo de interacciones, comentarios a publicaciones, transmisiones en vivo y  mensajes, entre otra información. Los medios se enteraron del allanamiento por una gestión que hizo el representante del Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez, el año pasado.

La manifestación fue el 27 de abril de 2017. En diciembre del año pasado, durante un conversatorio sobre el carpeteo electrónico, Márquez observó que próximo a la celebración del 1 de mayo de 2017, la exsuperintendente de la Policía de Puerto Rico dijo a la prensa que estaría observando las redes sociales. Según Michelle Hernández, de esa forma podrían arrestar a la gente o referirla al FBI. La faena consistía en identificar conductas delictivas que se llevarían a cabo durante la actividad del Día Internacional de los Trabajadores.

También preocupaba la extensión que había tenido el proceso. Desde el principio, en Regla 6 (primera etapa de un proceso criminal) hubo cargos que no prosperaron completamente para algunos de los acusados, por lo que fiscalía se fue en alzada. En la vista preliminar se volvieron a caer unos cargos y el fiscal volvió a someter una alzada. Figueroa cuestionó esta insistencia y lo comparó con otros casos.

La Oficina de Ética Gubernamental cerró el expediente de la investigación del chat porque, alegadamente, no pueden validar el contenido. “Por eso hablamos de la doble vara del Departamento de Justicia, de cómo hay tanto interés en nuestro caso, mientras otros casos más pertinentes para el país no se trabajan con la urgencia que requieren”.

Figueroa reclamó que lo mismo sucede con los casos de violencia de género. Mientras que en este caso recurrieron a Facebook para obtener información como parte del expediente del caso, a las personas sobrevivientes de violencia doméstica no les admiten como prueba mensajes o comentarios de alguien que les esté acosando o amenazando en las redes sociales porque que esa evidencia es manipulable, según la policía.

También destacó que usualmente se enteraban de los cambios a última hora. Les notificaban las alzadas en citaciones que eran para continuar con el proceso. Estas inconsistencias obligaban a la defensa a cambiar de estrategias o a tener reuniones rápidas  porque el fiscal llegaba con mociones sometidas al momento. “Si la si la cita era a las 9:00 a. m., llegaba a las 9:30 a. m. porque estaba radicando algo para el caso ese mismo día”, dio como ejemplo Figueroa. “Ese tipo de dinámicas es mucho más violenta de lo que el proceso en sí mismo suele ser”, sostuvo.

Otras de las cosas que vieron interrumpidas fueron sus planes de estudio y días de trabajo. Fueron muchas las horas perdidas en el tribunal. “Llegamos a estar seis horas en el tribunal sin que se viera el proceso en términos de contenido importante. Se ha retrasado mucho y son días de estudio y de trabajo perdido para nosotras y nosotros que somos jóvenes trabajadores”.

El 24 de abril de 2017, Olga Castellón Miranda, quien era entonces jefa de fiscales, establece un plan de contingencia por manifestaciones que se pudieran tornar violentas e ilegales. Como parte de ese plan de contingencia se establece un turno especial de fiscales que tenga que estar atento a las manifestaciones relacionadas con la huelga estudiantil.

Para la fecha, la Junta de Control Fiscal (JCF) ha sido impuesta y está corriendo el país. Figueroa hizo una observación sobre cómo todos esos cambios de táctica, de estrategia para criminalizar la protesta y controlar las manifestaciones pueden responder a una federalización más amplia de los asuntos de Puerto Rico. La huelga tenía reclamos que abarcan  igualmente a todo el país y mantenía una oposición abierta a la JCF.

“Yo creo que ciertamente lo hacen para amedrentar y disuadir las energías que le hemos puesto a las manifestaciones, pero el país está tan insostenible y la corrupción es tan rampante… Eso fue en el 2017 y en 2019 salimos a protestar y el gobernador tuvo que renunciar”, dijo.

La lucha estudiantil ha estado presente en la Universidad de Puerto Rico desde sus inicios en 1903. Durante los primeros años, esa lucha estuvo marcada por una fuerte represión política. Se perseguía abiertamente a aquellos que se oponían a la presencia militar en la universidad y a la situación colonial de Puerto Rico. A esos dos factores se le añade posteriormente la lucha por una educación accesible, lucha que se extiende hasta nuestros días.

El pasado lunes 31 de agosto los cargos contra los estudiantes fueron desestimados.

*Fuente: Claridad

You must be logged in to post a comment Login