Feminismos. Aborto legal, derecho negado: un mapa de América Latina

Por Fernanda Paixão. Brasil de Fato. Resumen Latinoamericano, 31 de agosto de 2020.

El no cumplimiento de las leyes sobre el aborto apunta a un alto índice de prisiones injustas y partos forzados.

Una resolución publicada el último viernes (28) en Brasil, en el Diario Oficial, afirma que el personal médico debe “informar [a las personas embarazadas que recurren al aborto legal] acerca de la posibilidad de visualización del feto o embrión por medio de la ultrasonografía”. La práctica de coerción social en las instituciones de salud es una de las formas de impedir la interrupción voluntaria del embarazo, aun en casos de violencia sexual o riesgo de vida de la mujer gestante, previstos por ley en Brasil.

El reciente caso de la niña de 10 años, en el estado de Espírito Santo (región Sureste de Brasil), ilustra una realidad en toda América: aunque el aborto sea legal en algunos países, su acceso es dificultado social e institucionalmente. En la región, la mayoría de los países comprende en su legislación el aborto en algún nivel. Sin embargo, es común que la atención en los servicios de salud sea escaso, ausente o de mala calidad.

La posibilidad de tener información y recursos para la interrupción voluntaria del embarazo está directamente ligada a mejores índices de salud, mientras el avance de gobiernos conservadores en la región y de la mayor influencia política de movimientos fundamentalistas, como en Brasil y Bolívia, generan mayor vulneración de derechos, mayor tasa de mortalidad por abortos inseguros y de partos forzados.

La desigualdad social también define las profundas diferencias de criminalización y del acceso al aborto seguro y a la información. Superada solamente por África subsahariana, América Latina y el Caribe son las regiones con las más altas tasas de embarazo entre jóvenes de 15 a 19 años.

En países donde la legislación comprende la interrupción voluntaria del embarazo, aunque estrictamente en casos específicos, el acceso al aborto es dificultado por las propias instituciones médicas, en donde pacientes muchas veces son denunciadas – contra la própia ética médica, rompiendo el sigilo de información a la persona atendida –, por uso inadecuado de la objeción de consciencia (cuando el profissional se niega a realizar el procedimiento por motivos morales o religiosos) o reciben informaciones falsas.

Brasil

La fuerza de sectores  fundamentalistas y religiosos en el país amenazan el cumplimiento de la ley, que comprende el aborto en tres causales: riesgo de vida de la persona gestante, violencia sexual y fetos anencéfalos. 

En esos casos, no es necesaria cualquier autorización para realizar el procedimiento, sin embargo, hay desconocimiento entre los propios profesionales de la salud, como puntualiza Carla Vitória Barbosa, abogada e investigadora en derechos sexuales y reproductivos. “Al ser considerado un tabú, muchos profesionales no tienen informaciones correctas, no conocen la ley y terminan exigiendo reporte policial, o incluso intentan convencer a la persona a no realizar el aborto.”

Un mapeo realizado por la ONG Artículo 19 revela que, de los 176 hospitales aptos para el procedimiento, solamente 76 confirmaron, efectivamente, realizar el aborto en los casos previstos por ley.

México

Desde 2007, la interrupción legal del embarazo es posible en la Ciudad de México, y, en 2019, en el estado de Oaxaca, lo que abre posibilidades también para personas gestantes que quieran interrumpir el embarazo que estén geográficamente cercanas. En México, cada estado cuenta con causales  específicas que legalizan el aborto, siendo la causal por violencia sexual la única en consenso entre los 32 estados del país norteamericano.

Según documentos divulgados por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), hay dificultad del acceso al aborto en casos de violación en todo el país. Mujeres y niñas tienen negado su derecho a la interrupción del embarazo “desconocimiento del marco jurídico por parte del personal médico”.

“De esta forma, es común que supongan que el acceso de una niña o mujer víctima de violación a servicios de aborto es un delito y actúan bajo esa creencia, negándolo o entorpeciéndolo”. El grupo también enfatiza que, de esa manera, además de revictimizarlas y violar sus derechos humanos, esa actuación en instituciones de salud contradicen a las leyes del país.

Argentina

En cinco meses de cuarentena, fueron registradas tres muertes por aborto clandestino en el país. La dificultad de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, inclusive en casos contemplados por ley – riesgo de salud y de vida de la persona gestante y violación –, se refleja en el dato alarmante divulgado por el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (Unicef): a cada tres horas, una niña es forzada a parir en Argentina.

La fuerza conservadora en Argentina, con gran influencia política, impulsó el movimiento “Salvemos las dos vidas”, contra la aprobación del proyecto de ley por el aborto legal, en 2018. Los impedimientos se dan no solo en el ámbito de la política institucional, pero sobre todo en la práctica diaria en los servicios médicos, por parte de profesionales que mienten el número de semanas del embarazo para impedir abortos.

El año pasado, una niña de 12 años, que quedó embarazada producto de una violación, fue obligada a parir por cesárea. El bebé se murió cuatro días después. Esto sucedió en Jujuy, una de las once províncias que adhieren al Protocolo de Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción del Embarazo. Sin embargo, casos como esos son aún más comunes en las províncias que no poseen un protocolo que garantice la atención adecuada para el aborto legal.

“Las provincias tienen una gran desigualdad de acceso y dependen mucho del activismo”, afirma Yanina Waldhorn, de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Argentina. “Es muy probable que, en donde haya un médico de la red de profesionales de salud por el derecho a decidir, no existan obstáculos para acceder a la interrupción del embarazo a partir de una perspectiva de la salud integral.”

El pañuelo verde de la campaña nacional argentina se convirtió en símbolo de la lucha por el aborto legal en toda América Latina / Divulgación/Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito

Venezuela

El Código Penal restringe el aborto en casi todos los casos, con excepción de riesgo de vida de la persona gestante. Además, el acceso a métodos anticonceptivos es escaso, llegando al 100% de desabastecimiento en algunas ciudades.

La Constitución contiene artículos contradictorios, que dan margen tanto para invertidas conservadoras como para sostener el derecho a decidir: un artículo considera la vida desde la concepción, mientras otro garantiza el derecho a la decisión de cuántos hijos una familia desea tener.

“El fundamentalismo religioso, principalmente con las iglesias evangélicas, se instaló en el país”, afirma Daniella Inojosa, del colectivo feminista Tinta Violeta. “La Asociación de Médicos obstetras y ginecólogos incluso se declaró a favor del aborto y solicitó un cambio en las leyes, por el peligro a la vida de las mujeres, usando un argumento bastante avanzado. Ahora, muchos médicos y médicas no realizan el aborto aunque la vida de la madre esté en riesgo. Pero, por suerte, no son la mayoría. Son casos aislados.”

El movimiento feminista en Venezuela lucha por la despenalización total del aborto. “Pero entendemos que, en nuestro contexto y en la realidad que tenemos, incluir las causales clásicas ya seria un éxito”, afirma Daniella, referiéndose a las causales por violación y riesgo a la salud.

Colombia

Desde 2006, personas gestantes en Colombia tienen derecho al aborto en tres causales: riesgo a la vida o salud de la persona gestante, violencia sexual o inviabilidad fetal. La dificultad del pleno ejercicio de esos derechos se da, principalmente, por las barreras en el acceso a la información y por entraves institucionales. Por ese motivo, la demora en lograr realizar el aborto legalmente lleva a personas gestantes a interrumpir los embarazos avanzados.

Un caso emblemático en el país fue el de una mujer que, tras acudir a una de las instituciones de referencia en atender casos de aborto, ProFamilia, tuvo su caso divulgado. “Esto generó miedo en muchas mujeres de ir al ProFamilia”, cuenta Laura Vásquez Roa, de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Colombia.

“En ese caso, la mujer tuvo que abortar con siete meses por una serie de barreras institucionales. Hubo una fuerte campaña de los grupos antiderechos, que difundieron su identidad, pusieron nombre al feto como si fuese un niño nacido. Muchas mujeres pasaron a tener miedo de tener también su privacidad en juego.”

En Colombia, el movimiento feminista tiene redes de acompañamiento para personas que desean abortar de forma segura o que buscan información sobre el tema.

Mapa del aborto en América Latina: el aborto es permitido sin restricciones solamente en Cuba, Uruguay, Guiana y Guiana Francesa / Fernando Bertolo/ Brasil de Fato

Ecuador

Según el código penal ecuatoriano, el aborto está permitido solo en dos situaciones, cuando la vida de la mujer está en riesgo o el embarazo es resultado de una violación sexual cometida contra una mujer con discapacidad mental.

En 2012, una reforma del Código Penal podría haber cambiado los casos en los que se permite el aborto, pero el Parlamento no aprobó los cambios y se mantuvo la ley de 1938. Entre 2009 y 2016, esta restricción obligó a 17.448 niñas menores de 14 años a parir, en la mayoría de los casos, embarazadas por violación.

Como describe Alejandra Santillán Ortíz, integrante del Parlamento Plurinacional y Popular de Mujeres y Organizaciones Feministas, los imaginarios machistas promovieron la forma de hacer política en el país, así como la fuerza de representantes del movimiento religioso católico Opus Dei. “Esta situación es consecuencia de la ausencia de políticas públicas con perspectiva de género. Las concepciones de los antiderechos nada tienen que ver con la vida de las mujeres.”

El último 25 de agosto, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó un nuevo Código de Salud, que presenta algunos avances, fruto del activismo feminista. El nuevo código reconoce el embarazo en la infancia y la adolescencia como un problema de salud pública, bien como casos de embarazo que generen riesgos a la vida de la persona gestante, a partir también de datos relacionados a la mortalidad materna y el suicidio.

El Salvador

Una de las legislaciones más duras del mundo con relación al aborto es la de El Salvador. En el país centroamericano, una reforma penalizó completamente el aborto cuando, a fines de los años 90, la Constituciónpasó a considerar “el ser humano desde la concepción”. La restricción lleva a índices preocupantes de abortos inseguros y suicídio.

El caso de Evelyn Hernández ilustra la actuación del sistema judiciário en el país respecto al aborto. En 2016, la joven tuvo complicaciones en el parto y fue condenada a 30 años de prisión por homicidio. Estuvo presa 33 meses hasta ser absuelta, el año pasado.

“La mayoría de los casos relacionados a esta ley son emergencias obstétricas o partos hospitalares”, afirma la periodista y activista feminista Clancy Rosa. “Mujeres que viven en zonas rurales, más apartadas, son condenadas por homicidio si tienen una emergencia obstétrica y no llegan a tiempo en los hospitales.”

El movimiento feminista del país lucha, inicialmente, por una normativa que incluya cuatro causales permitidas por ley: violencia sexual, riesgo de salud y vida de la persona gestante e inviabilidad fetal.

Bolivia

Desde los años 70, el aborto es legal en casos de violación y riesgo de vida de la persona gestante. Sin embargo, el atraso en los procesos jurídicos dilataban los procesos en casos de embarazo por violación hasta después de los nueve meses de gestación.

En 2014, una sentencia constitucional viabilizó la interrupción del embarazo a partir de una denuncia. No obstante, esto no es cumplido fuera de las principales ciudades y capitales. “En las zonas rurales, es difícil llegar a los centros de salud que realicen el procedimiento”, afirma Adriana Guzmán Arroyo, miembro de las Socorristas Comunitarias de Bolivia, una red creada junto con las socorristas de Argentina.

“La mayor dificultad del cumplimiento es en el caso de violación de niñas. En julio de este año, en Chaco, territorio guaraní, hubo toda una movilización para impedir la interrupción legal del embarazo de una niña violada diversas veces por su padrastro. La única forma de viabilizar el aborto fue con la intervención de la Defensoría del Pueblo”, afirma, enfatizando que, después del golpe de Estado de Bolivia, la situación empeoró.

“El movimiento conservador del país dificulta el cumplimiento de la sentencia constitucional, que es lo único que tenemos como garantía para la interrupción del embarazo. Niñas son obligadas por las iglesias a parir, o dar en adopción.”

Chile

En este país sudamericano, un alto número de médicos declaran objeción de conciencia: cerca del 50% de profesionales de la salud de la red pública. El país llega a permitir la objeción de conciencia no solo por parte de profesionales de la salud, sino también de instituciones. Los casos de aborto considerados legales en Chile son por riesgo de vida de la persona gestante, violencia sexual e inviabilidad fetal.

Lieta Vivaldi, abogada de la ABOFEM y de la Mesa Acción por el Aborto en Chile, apunta que la facilidad para declarar la objeción es una manera efetiva encontrada de inviabilizar las interrupciones voluntarias del embarazo mismo en casos previstos en ley. “Basta llenar un formulario. Pueden declarar la objeción por motivos profesionales, o simplemente por volumen de trabajo o complicaciones burocráticas”, afirma Lieta.

“Otros problemas cruciales son la falta de capacitación del personal de salud, no solo para saber como atender a esos casos, pero para informar y desestigmatizar el aborto”, completa.

Edición: Luiza Mançano