Argentina. Observatorio gremial. “Soberanía, trabajo y producción son condiciones esenciales para salir fortalecidos de esta crisis”/ O los grupos concentrados imponen su orden o el resto de la sociedad lo hace en sentido contrario … (Más info)

Resumen Latinoamericano, 3 de agosto 2020.

Marcha atrás con Vicentin: “Ojalá no haya sido la presión mediática y la decisión tenga un sustento serio”

El titular de la Federación de Aceiteros, Daniel Yofra cuestiona la derogación del decreto para expropiar la cerealera y reclama certidumbre para los más de 2.000 trabajadores de Vicentin. “El Gobierno no debería dejarse llevar por sentimentalismos ni verse forzado por un sector y sus intereses”, asegura.

Redacción Canal Abierto | El 31 de julio pasado el presidente Alberto Fernández derogó el decreto DNU 522/2020, firmado en el mes de junio, que ordenaba la intervención de la empresa Vicentin y el envío de un proyecto de ley al Congreso para la declaración de la utilidad pública y la expropiación de la cerealera, que en diciembre de 2019 había entrado en cesación de pagos.

La marcha atrás se enmarca en una serie de reveses políticos y judiciales en torno a la medida, como fue la pretendida -y finalmente trunca- “propuesta superadora” del gobernador Omar Perotti. En el medio, la oposición supo sacar provecho al calor de una furibunda campaña mediática que supo atizar el fantasma sobre una supuesta “chavización” del Gobierno.

«El juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía. Ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019», argumentó el Presidente, al realizar el anuncio a través de su cuenta oficial de Twitter.

En el mismo sentido, el mandatario sostuvo que su intención fue «siempre rescatar a la empresa, preservar los activos y mantener las fuentes de trabajo» y que la «obligación» del Estado es que se «investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído».

“Más allá de la estafa cometida por Vicentin en perjuicio del Estado y productores, necesitamos certidumbre para los miles de trabajadores”, señaló en diálogo con Canal Abierto el titular de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, Daniel Yofra.

En relación a distintas versiones sobre supuestas estrategias alternativas en para avanzar por otras vías con la intervención, el dirigente gremial contó: “quizás tienen un as debajo de la manga, pero lo desconocemos. De hecho, a nosotros tampoco nos consultaron cuando se anunció la intervención y expropiación, el 8 de junio. Como trabajadores del sector, salimos a defender la iniciativa porque creemos importante la intervención del Estado en situaciones como esta, y no por ser partidarios de este Gobierno”.

Hace poco menos de un mes, trabajadores aceiteros y un amplio abanico de organizaciones sindicales y sociales se movilizaron en defensa de las fuentes laborales en riesgo de la empresa Vicentin y en respaldo a la estrategia del Gobierno nacional. “El DNU plantea que los trabajadores no apoyaban la medida, y eso no es verdad. No se qué tenemos que hacer para demostrar que estamos a favor de la intervención, ¿tirarnos al Rio Paraná?”, lanzó Yofra.

Ante la consulta sobre cuáles fueron -a su entender- los factores que llevaron a esta marcha atrás con el proyecto de expropiación, el sindicalista sostuvo: “ojalá no haya sido la presión mediática y la decisión tenga un sustento serio porque”.

“Sería terrible que un Gobierno, a seis meses de haber ganado las elecciones por paliza, se deje llevar por la presión mediática. Me parece que no debería dejarse manejar por sentimentalismos ni verse forzado por un sector con intereses muy claros. Y acá no estamos hablando de la defensa de la propiedad privada, sino del riesgo a la exposición de un montón de desaguisados que lleva adelante todo el sector cerealero -y no sólo Vicentin-, con la triangulación y otras maniobras fraudulentas”.

“Nuestro respaldo a la intervención no es por una convicción idealista, sino porque creemos que es lo mejor y mas seguro para la continuidad laboral”, sentenció.

Guernica: 2 mil familias que se organizan para no ser desalojados por un country

Son unas 2 mil familias que ocupan un predio de 100 hectáreas que tiene por principal propietario a un Club & Country en construcción de 365 hectáreas que tendría 5 barrios privados. El grupo inversor El Bellaco S.A. ostenta la propiedad que atraviesa la localidad de Guernica en plena crisis habitacional. Los medios hegemónicos estigmatizan la toma de tierras mientras las familias se organizan en asambleas y proyectan “barrios dignos”. Por ANRed | imágenes German Romeo Pena (ANRed).

“Trabajo todo el día y que expliquen como puedo comprar mi casa”, cuenta Yamila que dejo una piecita que no podía pagar para venir a ocupar un terreno en las 100 hectáreas tomadas en Guernica, el último cordón del conurbano bonaerense. “Tengo tres hijas y una no la traigo porque es asmática”.

Es una zona descampada y los fríos del invierno pegan fuerte. Sigue la charla y circula un video en whasap en donde la helada ha congelado el zanjón que cruza las tierras. Mientras hablamos, otra chica sale de la choza vecina construida de palos y cubierta con los restos de una pelopincho. Todo esta atado con alambre. “Nos turnamos para cuidar a los niños, acá somos todos solidarios. Nos prestamos cosas para taparnos cuando alguno le falta. Acá nos cagamos de frió todos”.

Son albañiles, costureras, peones, changarines. Muchos y muchas desempeñan tareas temporarias. Pero también hay trabajadoras de la salud, de maestranza, personal que reclutan las empresas de seguridad privada. Muchas obreras y obreros que trabajan en precarios establecimientos en negro. La mayoría han llegado de los barrios lindantes, “Hay muchas familias jóvenes que no tienen lugar y que no pueden alquilar. Es una oportunidad para nosotros”, nos dice un pibe. “Yo tengo tres hijos”, mientras caminamos a la olla popular que están haciendo para repartir comida a quien se acerque. A pesar del decreto que emitió el presidente durante la cuarentena los despidos y desalojos por falta de pago han continuado y con mas fuerza sobre las familias que tienen alquileres informales. (Leer entrevista).

Desde el gobierno informaron que hubo 140 intentos de tomas de tierras en lo que va del año. A pesar de la pandemia la urgencia habitacional no conoce cuarentena. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, informo recientemente que “Por primera vez, estamos deteniendo gente sin antecedentes que sale a robar para sobrevivir”. Es que la situación es critica por eso a pesar de las bajas temperaturas hubo , al menos, 140 tomas de tierras de familias desesperadas que buscan un terreno donde tener una vivienda digna. Según el diario La Nación, los intendentes del conurbano bonaerense están intranquilos por el desborde de una situación. Pero exponen que debido a la cuarentena no se han podido poner en marcha los desalojos y que la justicia se maneja con la resolución 707/19, dictada por la Suprema Corte de Justicia de la provincia, que estableció un protocolo de actuación judicial frente a la toma de tierras.

Quien pide el desalojo

Las tierras en disputa atraviesan de punta a punta Guernica. Los barrios de la clase trabajadora que rodean el predio crecen y las nuevas familias ven imposible la adquisición de tierras para construir su vivienda. Por eso los testimonios son de familias que viven en casas hacinados o caen en el inquilinato informal para rentar una pieza y vivir como se pueda.

Se vendieron estas tierras a una inmobiliaria que proyecto un barrio y club privado en el centro de una población en crecimiento. El único propietario constatado y principal denunciante es el grupo inversor El Bellaco S.A. quien ha pedido el desalojo y recientemente una cautelar de no innovar sobre los inmuebles en cuestión por 30 días a través del fiscalía n°1 a cargo de Juan Cruz Condomi que fue aceptada el 29 de julio por el juez de garantías del juzgado n°8, Rizzo Martín Miguel. Luego de la medida, se ha registrado hostigamiento policial que interviene deteniendo jóvenes e incautando herramientas y cualquier material que llevan las familias para abrigarse de las bajas temperaturas. Los vecinos denunciaron que la policía engaño a unas 533 personas bajo el pretexto de firmar una planilla para realizar un censo con fines sociales y que en realidad fue un registro para imputar penalmente por usurpación. Desde la agrupación de abogados de La Ciega explicaron que la policía actuó de forma engañosa  al no cumplir con la notificar a las imputados y al engañar con información falsa.

Mas allá de la chozas improvisadas en la toma se observa otro inmenso predio con lagos artificiales y alisados preparados para caminos y el loteo. Es la primera etapa de la construcción del Country&Club San Cirano. El emprendimiento de Bellaco S.A. tomo la marca del selecto club deportivo San Cirano conocido recientemente por el escándalo de violencia rugbier cuando se viralizo un video en redes sociales en el que Julián Cirigliano por “diversión” tacleó por la espalda a una persona en situación de calle y luego huyo en auto con otros amigos.

Al igual que el Newman o el Champagnat en Pilar, la millonaria inversión contempla a demás de una pequeña “Nordelta” un parque deportivo recreativo de proporciones espectaculares (6 canchas de fútbol, 30 de tenis, cachas de rugby, piscinas y tres lagunas que abarcan 40 hectáreas para deportes náuticos) . La sospecha es si esas tierras tiene como destino ser parte de la segunda etapa de construcción del Country&Club San Cirano que ya tendría que estar terminada o si el plan es un nuevo barrio privado. El plan inicial describe que consta de 365 hectáreas que contendrán costosos 1600 lotes de 950 mtrs. cuadrados organizados en 5 barrios internos. Según el director del grupo inversor, Diego Aidenbaum, en entrevista con El Cronista cuando se iniciaba el proyecto en el 2015, el Club San Cirano tendría el 10% en la venta de cada lote en uno de los barrios que portaría el nombre del club y tendría 20 hectáreas con 300 lotes.

Pero en otro sector del predio hay supuestos dueños de los cuales todavía no se ha constatado la legitimidad de propiedad. Serían parcelas con el simple titulo de “posesión”. Entre los vecinos al predio que lo ven abandonado desde hace décadas denuncian que los sucesivos intendentes otorgaron permisos de posesión como favores políticos a quienes hoy reclaman las tierras como propias.

La campaña contra las familias y el hostigamiento policial

Desde un inicio los medios empresariales y regionales han estigmatizado la toma de tierras describiendo la zona como un “campo de batalla” y un lugar de continuos delitos entre vecinos. El material que se ha difundido es un video en donde un grupo de cuidadores atacó a personas de la toma dejando heridos a varias mujeres y realizando disparos al aire. La noticia se difundió como una pelea interna entre familias. También circulo capturas de pantalla en alguna red social en la cual se promocionaba la venta de lotes, estas fueron tomadas por la justicia. Aunque las familias ocupantes que ya se están organizando en asambleas han expresado que no hay peleas internas entre las familias, “El clima es pacifico nosotros nos ayudamos. Imagínate que alguno puede hacer algo porque acá hay como 10 mil personas pero el clima es bueno. El video que salio en la televisión fue cuando los cuidadores de un campo vinieron a golpear a gente que estaba en la toma. Lastimaron a una señora con un revenque”.

Contrario al ambiente caótico que vienen difundiendo los medios hegemonicos, un comisión de delegados por familias presentó un proyecto de barrios que contemple plazas, guarderías, escuelas y calles para evitar el hacinamiento. “Nuestra idea es construir un proyecto para el barrio, que abarca desde un centro cultural y jardín (con apoyo escolar, merendero, comedor, actividades culturales) hasta una salita de primeros auxilios. Durante esta semana realizamos un censo con el objetivo de relevar datos acerca de las necesidades de los y las vecinas del predio.”, dice el comunicado.

“Soberanía, trabajo y producción son condiciones esenciales para salir fortalecidos de esta crisis”

Ante la emergencia económica, social y sanitaria que atraviesa el país, los titulares de la CTA Autónoma, Ricardo Peidro y Hugo “Cachorro” Godoy manifestaron su inquietud por la situación de las y los trabajadores y la importancia de que el Gobierno convoque a todas las organizaciones para diseñar una salida que favorezca a todos.

Redacción Canal Abierto | En tiempos de incertidumbre, y de cara a las jornadas de lucha que encarará la CTA Autónoma durante agosto, el secretario General y el Adjunto de la central, Ricardo Peidro y Hugo Cachorro Godoy, dialogaron con Canal Abierto y brindaron los detalles de estas manifestaciones.

Asimismo, evaluaron las últimas reuniones que mantuvieron con el ministro de Trabajo Claudio Moroni, con quien abordaron temas vinculados a la crisis económica, social y sanitaria que transita el país, la preocupación por la situación de los trabajadores y trabajadoras, y la importancia de convocar a todas las organizaciones sindicales a la hora de plantear una salida de la crisis.

En este sentido, Peidro destacó: “En estos tiempos donde vemos al poder tan fuerte que quiere condicionar al Gobierno, a los grupos económicos que quieren que cuando salgamos de la pandemia se consolide esta situación de injusticia, de desigualdad, una probable pretensión de flexibilización laboral para todos los trabajadores y trabajadoras, si el Gobierno verdaderamente quiere contrarrestar esas presiones lo que tiene que hacer es convocar a todos los sectores para que esa balanza que hoy está desequilibrada pueda equilibrarse”.

Por su parte, Godoy resaltó el aporte que desde la CTA-A se hizo durante los años macristas con la construcción de una unidad que se expresó electoralmente “para derrotar en las urnas a las políticas neoliberales que expresó Macri cuando presidente, y que sigue expresando ahora como fugado de la Justicia”. Y destacó que “hoy el Gobierno tiene la obligación de convocar a todos los actores sociales” para discutir la salida de la crisis.

En esa línea agregó: “Por eso es que somos tan fuertemente críticos de esa reunión entre AEA y la dirigencia de la CGT -la expresión del sindicalismo empresarial en Argentina- que ha planteado la agenda de que no cambie nada. Desde la CTA Autónoma planteamos que hay que construir otra agenda”.

Peidró advirtió: “El sector privado está planteando lo que no pudieron a través del Congreso con la reforma laboral. Ahora quieren hacer una reforma laboral de hecho”.

El 7 y el 17 de agosto las distintas organizaciones del Manifiesto por el Trabajo, la Producción y la Soberanía se manifestarán con distintas acciones que incluirán actividades en balcones y en redes sociales.

“Saldremos a decir soberanía, trabajo y producción, tierra, techo y trabajo son condiciones esenciales de una agenda popular para salir de esta crisis más fortalecidos”, finalizó Godoy.

Además, la mirada de la central sobre temas de alto impacto político como Vicentin, la reforma del sistema judicial, la negociación de la deuda externa y los intereses de los laboratorios y farmacéuticas atrás de la vacuna contra el COVID-19

CUESTIÓN DE ORDEN

O los grupos concentrados imponen su orden o el resto de la sociedad lo hace en sentido contrario.

Donald Trump sugirió “retrasar las elecciones hasta que las personas puedan votar de manera adecuada y segura”. Un brusco giro desde el escueto tweet de campaña electoral con la frase: ¡Ley y orden! Esa consigna parece derrumbarse después de que el Covid-19 colapsara la economía e hiciera retroceder a los republicanos en las encuestas.

Las fuerzas federales vestidas de camuflaje atacaron nuevamente con gases y balas de goma a los activistas del movimiento Black Lives Matter. Esos agentes han secuestrado personas sin cargos y han dado lugar a la estrategia de “Wall of Moms – Pared de Madres”: señoras de todas las edades que encabezan las marchas y manifestaciones para defender con su propio cuerpo a sus hijos amenazados.

Negando el golpe, el Presidente insistió en que si el gobierno federal y sus agentes del Departamento de Seguridad Interna “no hubieran entrado a Portland hace una semana, no habría Portland… habría sido incendiada y golpeada por anarquistas y agitadores. Si hay tal caso el gobierno federal entrará y hará la tarea que la seguridad pública local debería hacer”.

Por enésima vez en dos meses, miles de manifestantes se congregaron en Portland, en una nueva protesta contra la violencia policial, y fueron reprimidas con gases lacrimógenos por agentes federales. Durante varias horas los manifestantes cantaron y lanzaron fuegos artificiales. En el pico de la protesta, los asistentes (trabajadores de la salud, docentes, abogados contra el racismo, entre otros) hicieron oír sus voces al grito de “Black Lives Matter” (Las Vidas Negras Importan) y “Feds Go Home” (Federales, Vayan a sus Casas). Los gases lacrimógenos dispersaron a los manifestantes. Con la ayuda de un soplador de hojas, varios se reagruparon en el lugar y dirigieron el gas hacia el otro sector. Los agentes federales tenían sus propios sopladores para contrarrestar. Fue un soplado que se hizo huracán en la lucha diaria contra el racismo.

Hasta ganar o subastar el litio

De acuerdo al periódico Nacional Plus, organizaciones sociales y sindicales exigieron el respeto a la fecha electoral del 6 de septiembre y rechazaron la pésima gestión de la pandemia del gobierno. Contundentes y masivas movilizaciones en diferentes puntos del país exigen al Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitar la democracia y poner fin al prorroguismo de Jeannine Áñez. La Central Obrera Boliviana (COB) declaró una huelga general como medida de presión.

Los manifestantes hicieron alarde de una notable disciplina: acataron las recomendaciones sobre el uso de materiales de bioseguridad para mitigar los riesgos de contagio del Covid-19 y respetaron el distanciamiento entre participantes como si se tratara de un desfile cívico.

Colectivos de transportistas, gremialistas, artesanos, universitarios, profesionales, fabriles, obreros, participaron de la marcha y posterior cabildo convocado por la Central Obrera Boliviana (COB). Filas interminables recorrieron las calles de la ciudad de El Alto. Los participantes, con sus banderas, wiphalas, carteles, pancartas, banners, recibieron muestras de afecto y apoyo de los vecinos durante todo el recorrido; se ha podido advertir que la ciudadanía los aplaudía, apoyaba con estribillos y los transportistas que circulaban en carriles paralelos se sumaban a esta manifestación a través de bocinazos.

La manifestación es el inicio de la lucha por la recuperación de la democracia y el estado de Derecho. Se estima que más de 800.000 participantes de la Gran Marcha y Cabildo por la Democracia participaron en El Alto. Otros miles en Cochabamba y Santa Cruz se sumaron a las convocatorias para exigir el respeto a la fecha. Un millón de personas manifestaron para que los intereses de las mineras de litio (mineral del cual depende gran parte del futuro boliviano) no posterguen todo hasta la firma de sus contratos.

De acuerdo al sitio Alerta Bolivia, “tras reunirse con la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Central Obrera Boliviana (COB) y los cocaleros del Trópico de Cochabamba ratificaron las movilizaciones para el próximo 3 de agosto. Juan Carlos Huarachi, de la COB, indicó que la convocatoria para las protestas está hecha y es decisión de un cabildo que se realizó en la ciudad de El Alto.

Un desafío presidencial

La participación el Presidente Alberto Fernández en el plenario nacional virtual de la CTA que conduce Hugo Yasky fue a todas luces un gesto reparador del destrato recibido en el acto oficial del 9 de Julio. Más allá de lo gestual, fue una caricia hacia este sector del sindicalismo, mucho más habituado a los cachetazos que al reconocimiento. La presencia de los representantes de las distintas provincias marcó una postal diferente a la habitual en el mundo sindical. Muchos de estos dirigentes protagonizaron encarnizadas luchas durante el macrismo en defensa de los puestos de trabajo, de las paritarias y de los salarios. Recordaba, en algún punto, los plenarios regionales de la CGT de Ubaldini que potenciaban los famosos 13 paros generales de la década del ’80. Fueron los tiempos de la unidad que ahora se evocan. Se sabe que, sin un potente movimiento obrero unificado, el destino de la post pandemia será un camino de derrotas. Esto se vivió como desafío ante la apelación presidencial a construir un frente nacional del trabajo y la producción con las pequeñas y medianas empresas con los productores agropecuarios, las cooperativas, las empresas recuperadas y los movimientos sociales.

En respuesta, el plenario aprobó una decena de puntos destinados a confluir en un programa que permita articular estas mayorías del mundo del trabajo y la producción. Entre otros puntos se acordó: “Participar en el Consejo Económico y Social al que el gobierno nacional está convocando. Promover la constitución de una Multisectorial Nacional por la Producción y el Trabajo. Respaldar las propuestas formuladas por las autoridades argentinas a los acreedores en la renegociación de la deuda externa».

• Avanzar con la sanción de un gravamen extraordinario a las grandes fortunas personales, que sea el punto de partida hacia una reforma del sistema tributario para que paguen más los que más tienen.
• Promover las siguientes normas legales:

Ley de trabajadores de servicio de reparto a través de plataformas.

Ley de constitución de Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene.

Ley de reducción de la Jornada Laboral.

Ley para la prevenir, sancionar y erradicar la violencia por razones de género contra las mujeres y personas LGBTI en el ámbito laboral.

Ley para sancionar la violencia contra las mujeres en el contexto laboral.

Ley para garantizar el acceso a Internet como un derecho ciudadano y de creación de un Plan de Conectividad para que el ejercicio de este derecho sea posible en todo el territorio nacional.

Ley de reforma de las entidades financieras con el objeto de regular la actividad y las tasas de interés en función del desarrollo industrial.

• Extensión de la prohibición de despidos hasta fin de año.
• Convertir la IFE en una Renta Nacional ciudadana.
• Apoyar las políticas crediticias y toda aquella medida que tienda a favorecer a las pymes y a la producción nacional.
• Respaldar las políticas de control del sector financiero para terminar con la fuga de capitales y las prácticas recurrentes de manipulación de precios de transferencia de los grupos económicos locales y el capital extranjero.
• Reclamar una acción de las autoridades públicas a lo largo de toda la cadena de valor para impedir el aumento abusivo de los precios de los alimentos y de las tarifas energéticas.
• Aumentar las alícuotas de los impuestos sobre los activos en el exterior, fundamentalmente en las escalas de grandes contribuyentes.
• Avanzar en el proceso de industrialización de la economía argentina a partir de la producción estatal de bienes.

Armas y protocolos

Mundo Gremial informó sobre la denuncia de la muerte de un trabajador de la empresa Lácteos Vidal S.A por coronavirus, quien fuera obligado a desempeñar su tarea a punta de pistola. La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra) difundió imágenes de un operativo policial en el que descubrieron que el dueño de la empresa poseía un arma de fuego y obligaba a trabajar sin cumplir protocolos de prevención y seguridad a trabajadores del sector. El sindicato lechero mostró su dolor ante la pérdida de Oscar García, fallecido el pasado domingo. “Lácteos Vidal S.A. forma parte de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas, un grupo de empresarios que resisten a los protocolos básicos de seguridad e higiene y a los de Covid-19”, detallaron desde la entidad gremial comandada por Héctor Ponce.

Mientras, los trabajadores de la salud siguen batiendo el récord porcentual de contagios y los que se recuperan vuelven a la trinchera. Esta semana se empiezan a conocer nuevos casos de contagios en la industria aceitera. En la planta de la empresa china Cofco de Timbúes se registraron 12 casos y la molienda está paralizada. Estas empresas nunca discontinuaron su producción, aún en la fase 1 de la pandemia.

El diario Perfil dio a conocer el podio de los contagios en lugares de trabajo: “Hay más de mil infectados en supermercados, con riesgo cotidiano y denuncias gremiales. El juez Ariel Lijo investiga una denuncia realizada por los delegados de Coto. Los supermercados apuestan por diluir el tema a golpe de indiferencia. Según los delegados, hay 508 empleados de Coto con coronavirus. La semana pasada murió la esposa de un trabajador de esa empresa. Se habría contagiado de su marido, empleado del local de Coto ubicado en Retiro, a pocos metros de la terminal de ómnibus». “Desde hace tiempo denunciamos abandono, impunidad y desidia. El compañero tenía síntomas, lo obligaban a ir a trabajar y no le querían hacer el hisopado. Se comprobó que era positivo y contagió a su mujer”, denunció Héctor Castro, delegado de la tienda de Retiro.

Si bien el sindicato de Comercio no cuenta con un registro oficial, en el gremio llevan una cuenta informal: a los más de 500 casos de Coto se le suman 237 de Disco, 182 en Carrefour y unos 100 en supermercados mayoristas. “Día no nos informa sus infectados. Walmart, tampoco. Diarco tiene nuevos formatos de market y tiene casos, pero no los informan. La cadena El Puente tiene muchas sucursales y tampoco los cuenta. Y después tenemos la problemática de los súper chinos: hay muchos compañeros que además no están en blanco y trabajan sin ninguna protección”, reveló un integrante de la conducción de Comercio.

Hace tres semanas, el cuerpo de delegados de Coto hizo una denuncia contra la empresa. La investigación está en manos del juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi. Recordemos que Ramón Muerza (el protegido de Coto) tiene línea política con el vicejefe de gobierno porteño Diego Santilli. Los Autoconvocados reniegan tanto del oficialismo de Armando Cavalieri como de la fracción alternativa liderada por Muerza.

Un sindicalismo que no fue

El histórico dirigente gremial Omar Viviani metió violín en bolsa este martes luego de 37 años a la secretaría general de los taxistas. El dirigentealegó “cansancio” y “decepción” ante la realidad de su gremio y “el seguro avance de una ley que legalizará las aplicaciones Uber y Cabify, lo que menguará aún más los puestos de trabajo en el sector”, entre otras razones, según informó Télam. Se la vio venir y huyó. Dinero hizo para el resto de su vida.

Viviani, un histórico del movimiento obrero organizado, integrante de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y cofundador del Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA), presentó manera formal su renuncia, que seráanalizada y aprobada por la conducción de la entidad, a cuyo frente quedará Jorge García.

Mientras tanto la pandemia sigue en ascenso y la esperada curva no pasa. El pico no asoma y los precarios acuerdos de pagos de suspensiones en el sector privado crujen a partir de la actitud miserable de las grandes patronales que no quieren desembolsar recursos propios para sostener el empleo. Techint pretende bajar al 50% los porcentajes de remuneraciones desde agosto hasta fin de año, aprovechando así la pandemia para financiar la brutal recesión que trajo consigo el coronavirus. Rechazó las ATP por los condicionantes que implicaban en términos de remitir dólares al exterior y otros y ahora descarga las pérdidas sobre sus propios trabajadores. Por otro lado, son cada vez más las empresas pequeñas y medianas de la rama metalúrgica que tienen el convenio colectivo con la UOM que sólo están pagando la ayuda que da el gobierno y su parte correspondiente la registran como deuda hacia adelante. Tal el caso de varias autopartistas de Córdoba que al decir de Rubén Urbano, secretario seccional de la UOM, “son empresas la mayoría autopartistas. Las grandes fábricas no están armando ni vendiendo vehículos y no les dan laburo. Son las que terminada la Pandemia seguramente van a cerrar y lamentablemente no se vislumbran en el horizonte cercano políticas ni anuncios que reactiven la industria en general ni la metalúrgica”. “A la UOM Nacional no le debe interesar mucho el tema, al igual que el sector empresarial, ya que, según Caló, son amigos, debe saber fielmente lo que sucede en todo el país o debería. Va siempre atrás de nosotros, ya ven que pide un bono que acá ya se está cobrando”.

Antonio Caló sigue paralizado, mirando el curso de los acontecimientos mientras los trabajadores que representa le temen más a perder el trabajo que al coronavirus. Los metalúrgicos piensan en Caló tras la salida de Viviani. El sindicalismo empresario que inventó el menemismo merece llegar a su fin con la pandemia.

La nueva “anormalidad” ya está en marcha. Todo volverá a su cauce si no media la urgente acción política del gobierno para torcer el rumbo. La AEA lo sabe, también los otros sectores económicos. La gran mayoría de la sociedad con los pequeños y medianos productores del campo y la ciudad, los sindicatos, las cooperativas y los movimientos sociales no alcanzan a conformar un escenario de acuerdos y menos aún un programa de salida. Se espera un paquete de medidas para reactivar la economía, tal vez sea esta semana, y uno será finalmente el camino. O los grupos concentrados y sus voceros imponen su orden o el resto de la sociedad a través de sus dirigentes y sus representantes lo hacen en sentido contrario.

Justo cuando el gobernador Omar Perotti ordena la retirada de su propuesta de fideicomiso en el caso Vicentin, la Policía Federal está allanando las oficinas de la firma y Macri huyó al exterior; se anuncia la reforma judicial para desmantelar Comodoro Py, la política entra en modo acelerado y los desafíos golpean en la cara. El movimiento obrero debe estar en la mesa de negociación de las grandes políticas, pero hay un lugar donde no puede estar ausente y es en cada una de las luchas donde los trabajadores se juegan el empleo, el salario y las condiciones de vida. Solo con la potencia que brinda la unidad se puede hablar de renovación de democracia y de participación.

THE NARODOWSKI PROJECT

Pandemia, virtualidad y mercantilización de la educación

POR GONZALO BASUALDO

“El modelo antiguo consiste en que todo el mundo va a un aula
y se sienta, el docente se pone delante de la clase y enseña, y eso
es lo que hacemos en toda la ciudad, en todo el Estado, en todos
esos edificios, con todas esas clases físicas… ¿Por qué seguir así con
toda la tecnología que tenemos?”

Andrew Cuomo, gobernador del Estado de Nueva York

La aparición del informe de la Internacional de la Educación (IE) denominado La comercialización y la privatización en y de la educación en el contexto de la Covid-19, realizada en base a datos de los países miembros de la OCDE, no puede haber sido más oportuna. Casi al mismo tiempo, el Ministerio de Educación anunciaba la conformación del Consejo Nacional de la Calidad Educativa. Este consejo estaba estipulado en la LEN, sancionada en 2006.

El ex ministro de Educación porteño implicado en las escuchas ilegales del ex alcalde Mauricio Macri, Mariano Narodowski, anunció en las redes sociales que sería de la partida de este consejo como representante de la comunidad académica, al igual que otros 14 especialistas. Hace apenas dos meses, su agrupamiento educativo Pansophia Project hacía conocer sus “Once tesis urgentes para una pedagogía del contra aislamiento”, un documento con el que pretende reflotar ciertos lugares comunes de las estrategias liberales, pero en odre nuevo. Con este documento, el ex ministro de Macri pretende hacer pasar por “progresistas” ciertas tesis que cumplen el rol de ser el mascarón de PROa de los proyectos empresariales sobre la educación.

Como presidente del Consejo fue designado Axel Rivas, quien responde a la Universidad de San Andrés (institución que desde hace años forma a los jóvenes periodistas del diario Clarín), pero también al CIPPEC, que integra de una denominada “Alianza para la Digitalización de la Educación en Latino América” (ADELA). Por tal motivo, no es para nada extraño que ese diario le haya dedicado una entrevista en la que el académico propone la evaluación de la calidad docente: un caballito de batalla de las propuestas liberales, sostenida por distintos organismos económicos como  la OCDE y el Banco Mundial. Pero, al mismo tiempo señala que esta cuestión se tratará más adelante, “cuando se supere esta emergencia”. Lo interesante es que para Rivas la conformación de este consejo tiene como una de sus funciones representar distintos actores, como “la industria”, los sindicatos, pero especialmente “distintos especialistas de la educación con visiones distintas muy plurales”. No deja de percibirse que los representantes liberales no están pensando en el “ahora”, porque esta situación excepcional forma parte, como indica el informe de la IE, del desarrollo futuro de la educación para los sectores mercantilistas que operan sobre esta: aunque todavía no están disponibles los resultados de las acciones de diferentes organismos y empresas con respecto a la emergencia producida por la pandemia de la Covid-19, “está claro que los actores de la investigación académica y de las tecnologías de la educación comerciales consideran la pandemia como un periodo importante para poner en práctica, ensayar y probar las ventajas de los productos, las plataformas y los servicios de la enseñanza a distancia» (14). Lo que se proponen estos sectores es darle lugar a la industria de la educación que está trabajando para el día después de la pandemia. La pregunta que abre la puesta en marcha del Consejo Nacional de la Calidad Educativa es si esta pluralidad (representada por los 35 miembros del consejo) jugará como un paraguas de los sectores mercantilistas o de políticas a favor de una educación de calidad, inclusiva, necesariamente renovadora y emancipadora.

La aparición del informe de la IE en el momento del lanzamiento del Consejo Nacional de la Calidad Educativa nos permite revisar algunas cuestiones ligadas a la relación entre educación, pandemia, virtualidad y negocios, en algunas intervenciones realizadas por parte de los sectores neoliberales.

Algunos datos del informe

El informe, de Ben Williamson y Anna Hogan, identifica dos fenómenos que muchas veces se entrelazan: privatización y comercialización, apuntando sus características esenciales, sus conexiones y sus posibles implicaciones para los procesos y las prácticas de enseñanza a corto y a largo plazo» (7). Sobre la dimensión privatizadora, Williamson y Hogan señalan que “se están formalizando contratos comerciales y colaboraciones público-privadas como parte de una estrategia gubernamental deliberada, que pretende usar el sector privado como ayuda para trasladar la educación al ámbito digital debido a la crisis» (10). Con respecto a la comercialización, el informe analiza las interrelaciones de varios organismos y empresas, cuya política “está empezando a repercutir en las prácticas escolares, con la industria mundial de la educación muy bien situada para capitalizar la rentabilidad futura» (11).

Los sectores que participan en las dos dimensiones antes señaladas, según Williamson y Hogan, escapan a una autoridad centralizada que pueda monitorear, organizar y planificar los contenidos y metodologías en el aula; esto permite que “las tecnologías de la educación [estén] cada vez más presentes en las políticas de la educación formal como resultado del importante esfuerzo realizado por las redes de  defensa de intereses, los laboratorios de ideas, las asesorías, las coaliciones de promoción y los grupos de presión empresariales» (11). Además, el informe de la IE advierte que las ONG y empresas privadas, que muchas veces actúan a través de aquellas, tienen la capacidad, por sus posibilidades financieras y la apoyatura que les dan los gobiernos, de “poner en práctica, ensayar y probar las ventajas de los productos, las plataformas y los servicios de la enseñanza a distancia» (14); al mismo tiempo que su respuesta a la situación generada por la Covid-19 “debe entenderse en el contexto del objetivo a más largo plazo de aumentar la «inversión» en tecnologías de aprendizaje en línea para construir los «sistemas de educación del futuro»»(19).

La coyuntura argentina

Con respecto a la construcción de un sistema de educación del futuro, según el informe, la GPE (siglas en inglés de la Alianza Mundial por la Educación) propende hacia una accionar mancomunado entre empresas proveedoras de telecomunicaciones, fundaciones y gobiernos “para organizar planes de datos y conexiones a Internet o con empresas locales para diseñar recursos y plataformas de aprendizaje en línea» (19). Este dato que aporta el informe es esclarecedor para entender una de las causas por las que una ONG como “Argentinos por la Educación”, formada por conspicuos representantes del neoliberalismo local, fuera la punta de lanza de la campaña “Sin conexión no hay educación”.

Esta relación entre empresas de telecomunicaciones e informáticas, junto a organismos dedicados a la investigación y al diseño de propuestas educativas, permite vislumbrar lo que el informe define como una política del “solucionismo”, para salir de la crisis: “Este énfasis en «optimizar» la oportunidad de la crisis, como un «microcosmos» de «cambios sistémicos» y «actualización» de los sistemas educativos, refleja el solucionismo habitual en el campo de la filantropía tecnológica, que presupone que es posible mejorar y transformar complejas instituciones sociales con la combinación adecuada de innovación, tecnología e imaginación empresarial» (39).

Tampoco es casual que el Proyecto Pansophiano (Pansophia Project, según  su nombre original), organización educativa regenteada por Narodowski, haya puesto en circulación ahora sus “Once tesis urgentes para una pedagogía del contra aislamiento”. Su quinta tesis se enmarca en las posibilidades y necesidades que tendría el sistema educativo argentino ante la crisis pandémica, y señala, en su silenciamiento, al sector que podría proveer las soluciones necesarias: «Los enfoques de educación a distancia/virtual/digital/online implican cambios en los contenidos, en los ritmos y hasta en los actores involucrados, contando por ejemplo con el soporte de tutores u orientadores para asegurar el seguimiento de cada alumno. Se trata además de propuestas diseñadas y planificadas cuidadosamente, en forma sistemática, con tiempo y con cierta previsibilidad”. Esta propuesta del Narodowski Project atiende a los cometidos de los prestadores de los servicios educativos de empresas y ONG, únicos actores que contarían con el know how necesario: “El diseño de estas propuestas lleva un proceso largo de preparación y elaboración de materiales específicos (guías didácticas, cronogramas anticipados, elaboración de recursos, medición de los tiempos que requiere cada tarea, etc.). Incluso la función docente suele distribuirse en diferentes roles”.

Está claro que las tesis pansophianas no ponen en tela de juicio las condiciones políticas, epistemológicas y pedagógicas detrás de la modalidad virtual. Como de manera certera apunta el informe de la IE con respecto a la labor de la Fundación Gates, esta intenta “encontrar soluciones técnicas a desigualdades sistémicas sin resolver sus causas subyacentes»»(37). Lo que no queda en claro es quiénes se encargarían, desde el punto de vista del Narodowski Project, de esta noble tarea de decisión y planificación (creemos que serían las organizaciones y las industrias educativas). Posiblemente, los pansophianos sean los voceros, cual profetas bíblicos, del advenimiento: un mesías hecho de filantropía, pero sobre todo de amor a los negocios. Las “Once tesis…” tienen en su sugestivo título esa reminiscencia al padre del materialismo científico (admirado en sus años juveniles por el ex ministro macrista). Parafraseando la “Tesis 11” del pensador alemán, los pansophianos afirman: «Los pedagogos se han dedicado a pensar la educación, pero de lo que se trata es de transformarla». Lo que silencian es su propio deseo: transformarla en función de los intereses de las industrias educativas.

Un párrafo aparte merecen los señalamientos del informe sobre la Oak National Academy, una ONG que cuenta con el respaldo del gobierno británico. Dentro de la Oak participa Teach First, que es a su vez miembro fundador de Teach for All (en  la Argentina, representada por “Enseñá por Argentina”). Según el informe ,“Teach First describe específicamente la Oak National Academy como un proyecto propio y su principal respuesta a la emergencia planteada por la Covid-19″ (33); y plantea que la formación docente debe dedicarse más al desarrollo empresarial de líderes, que a la formación académica.

Por otro lado, el informe sostiene que la Oak «se beneficia de diversos modos de los cierres de centros de enseñanza”, y que esto “debe entenderse como el fruto de las prácticas reformadoras deseadas durante tanto tiempo y materializadas a través de nuevas formas de colaboración público-privada en la educación pública inglesa. El capital semilla aportado por el Departamento de Educación puede colocarla en una posición ventajosa en la futura planificación para los centros escolares en el marco de la austeridad que seguirá a la pandemia» (33). La importancia que reviste la mención a la Oak tiene que entenderse en virtud de las relaciones que muchos de los miembros del Consejo Nacional de la Calidad Educativa tienen con los sectores que proponen la mercantilización de la educación. En Gran Bretaña, la Oak fue una de las ONG mejor ubicadas para darle al gobierno una propuesta de salida ante la crisis por la pandemia. De hecho, la propia BBC, que impulsó “una amplia variedad de recursos para la formación desde casa” (un proyecto similar fue desarrollado por el Ministerio de Educación de nuestro país), comenzó a valorar el accionar de la Oak (cuya metodología se denomina “escuela abierta”), para desarrollar “un modelo híbrido de escolarización en el aula y formación en línea” (33).

El extenso y profundo informe de la IE pone el énfasis en que en muchos casos los gobiernos dejan en manos de estos sectores pseudofilantrópicos la organización y planificación de la educación pública, cuyos intereses socavan el derecho a una verdadera educación crítica, “los fines sociales de la educación y la obligación ética que las sociedades tienen con la salud y el bienestar de su juventud» (68).

Este debe ser un llamado de atención en nuestro país. El Consejo Nacional de la Calidad Educativa recientemente creado está conformado por un variopinto conjunto de actores  que van desde los sindicatos docentes hasta las organizaciones universitarias privadas y fundaciones que desde hace años pugnan por un espacio para desarrollar sus políticas de mercantilización de la educación. Pero, lamentablemente, son dichas organizaciones las que, como punta de lanza de emprendimientos comerciales, tienen los recursos económicos y el sustento simbólico de organismos financieros, y un trabajo sostenido en el tiempo alrededor de las nuevas tecnologías en la educación y persuadir de que poseen la solución inmediata para continuar con la educación en tiempos de pandemia.

Corresponderá al Estado, en manos administrativas de un gobierno que en su campaña electoral enarboló las banderas de la defensa de la educación pública, la decisión política para llevar a cabo la transformación educativa que estos tiempos necesitan, poniendo en el centro una pedagogía emancipadora. Tiene como aliados a los actores sindicales y pedagógicos que pueden llevar a cabo esa tarea.

*Fuente: Canal Abierto/ Infogremiales/ Cohete a la Luna/