Argentina. Continúa detenida referente luego de desalojo a comunidad guaraní en Salta

Resumen Latinoamericano, 26 de julio de 2020.

Desde el jueves 23, Yamila se encuentra detenida en Orán, a 100 kilómetros de su casa. La policía los desalojó de un terreno baldío que tomaron frente a su comunidad. Unas 120 familias de la comunidad guaraní Cheru fueron reprimidas. La crisis habitacional golpea a todos, pueblos originarios incluídos, aunque sean los dueños de la tierra, por paradójico que resulte. La brutalidad policial se vio una vez más en una Salta en donde los pobres y sobre todo los pobres pueblos originarios son foco del hostigamiento de un estado provincial que de un signo u otro ha llenado sus arcas en torno a los recursos naturales que les ha robado a los pueblos preexistentes, y que por eso mismo se caracteriza por su violencia y racismo hacia ellos. Yamila fue llevada a las rastras por efectivos varones. 

Un bebé de la comunidad recibió un impacto de bala de goma, varios niños más también y hay muchos mayores heridos. La mayoría son mujeres, la policía no respetó ni a niños, ni a ancianas, ni a mujeres embarazadas. Además de con sus armas, tiraron con hondas y piedras. También se sintieron los insultos, como siempre: “indios patas rajadas”, “matacos”, “chiretes”, así llama la policía salteña –compuesta sin embargo generalmente por descendientes indígenas- a los originarios. “Hemos sido humillados”, dice Yuliana, vocera de la Comunidad guaraní Cheru Tumpa de Orán, y continúa, “pisotearon la whipala, nuestra bandera, no se hace eso”, “las mujeres ancianas fueron golpeadas”.

En el territorio tomado son 120 familias, entre 250 y 300 personas. Ese terreno que la policía dice que usurpan es parte del territorio comunitario ancestral. Junto con las familias que se encuentran del otro lado del predio suman 200, en total hay un poco más de 400 personas en la comunidad. Viven allí hace varios años. Y hace unos pocos meses antes de la pandemia decidieron ocupar la parte baldía del territorio. Tienen casitas de madera algunos, otros de nylon. Hay un comedor de la iglesia evangélica, y una iglesia, aunque no todos pertenecen a esa religión. Desde hace tres meses aproximadamente la policía los hostiga para que se vayan. En la mañana del día jueves 23, efectivos policiales se apostaron en el terreno y les hicieron saber que ordenaban que se vayan, por la tarde, alrededor de las 16 llegaron más, infantería también, finalmente eran entre 30 y 50 efectivos, primero convocaron a una reunión, donde estuvieron presentes los “mburuvichí” –autoridades ancestrales de la comunidad-. Cuando estaba terminando la reunión comenzaron a violentar a las personas de la comunidad allí presente. No había posibilidad de que los miembros de la comunidad se defiendan: “Cuando nosotros queríamos defender a uno ya agarraban a otro”.

“A Yamila la llevaron a las rastras entre policías varones”, nos repite Yuliana. Los otros miembros de la comunidad no han podido ir a verla porque la comunidad se encuentra rodeada por móviles policiales que circulan a toda hora. Los niños les tienen miedo. Solamente se han podido comunicar por teléfono con Yamila en el día de ayer, quien les dio ánimos. Yamila tiene una hijita de diez años y a su madre esperándola en la comunidad. No tienen abogado, y recién durante el día de ayer han podido comunicarse brevemente con el INAI, nunca antes habían podido, ni en los meses de ocupación ni en los años que tiene la comunidad, siempre han pedido esa comunicación pero se les da vueltas. La comunidad no tiene por esto mismo, papeles. Parecido trato han recibido por parte del intendente de Colonia, Jorge Mario Guerra.

Los miembros de la Comunidad Cheru Tumpa piden solidaridad concreta de las distintas organizaciones sociales con su situación territorial y con la situación de Yamila Belizán, joven mujer referente de la comunidad.

Fuente: AnRed