Estado Español. La salud de migrantes en situación administrativa irregular: evidencias contra los mitos

Por Patricia Escartín Lasierra Y Luis Gimeno Feliu, Resumen Latinoamericano, 22 de julio de 2020.

En las últimas semanas la pandemia ha desatado las actitudes xenófobas contra las personas trabajadoras del campo. A la quema de asentamientos de jornaleros u otros ataques directos se suman bulos y comentarios del tipo “los focos son por inmigrantes” o “nos traen las enfermedades” que más allá de su carácter racista no recogen la evidencia.

La migración es un fenómeno universal. En los últimos años hay un creciente interés por la salud de las personas migrantes y su impacto en los sistemas sanitarios. También sobre la mejor manera de proporcionar una atención sanitaria acorde a los derechos humanos.

Una pequeña pero significativa parte de esta población se compone de migrantes que no poseen una residencia legal en el país de destino. Estas personas son denominadas “migrantes indocumentados”, “ilegales” (aunque ninguna persona es “ilegal”), “clandestinos”, “sin papeles” o “inmigrantes en situación administrativa irregular”. En este grupo están incluidas aquellas personas a quienes se les ha caducado el visado, quienes no han podido renovar su permiso de residencia, quienes han visto denegada su solicitud de asilo o quienes entraron al país de forma ilegal. Entre 2002-08 se estimó que había entre 2 y 4 millones de “sin papeles” en la Unión Europea. En los últimos años en diversos países se ha restringido el acceso de estas personas a los sistemas sanitarios públicos para evitar un supuesto “turismo sanitario” (defendiendo el mito de que estas personas migraban enfermas para ser atendidas en los países de acogida).

Hay numerosos estudios sobre población inmigrante regularizada que confirman el efecto del inmigrante sano y cómo, a medida que aumenta el tiempo de estancia en los países de acogida, empeoran rápidamente sus niveles de salud. Sin embargo, existe un importante “vacío” de conocimiento acerca del estado de salud de las personas migrantes “sin papeles”.

Dos variables pueden influir de forma contradictoria en la salud de este colectivo. Por un lado, su salud podría ser peor que la del resto de inmigrantes debido a que sufren con mayor intensidad situaciones de exclusión social. Sin embargo, también es posible que el efecto del inmigrante sano sea más intenso en el caso de “sin papeles” ya que una buena salud es fundamental para tener éxito en su proyecto migratorio, provocando una mayor selección premigratoria.

Recientemente la revista International Journal for Equity in Health ha publicado un artículo de investigación aragonés en el que se analiza el perfil de enfermedades crónicas y multimorbilidad (la presencia simultánea de dos o más enfermedades crónicas) en “sin papeles” y lo compara con el de las personas migrantes con permisos reglados y las auctóctonas durante el año 2001 (momento en que se tenía un acceso universal al sistema sanitario independientemente del estatus legal).

El estudio analiza datos de todas las personas adultas procedentes del Sistema Aragonés de la Salud a partir de la base de datos de aseguramiento del sistema sanitario y de la información contenida en las historias clínicas (tanto de Atención Primaria como hospitalaria) de toda la población. Se han analizado estos datos ajustando los resultados por edad y estratificándolos por sexo, área de nacimiento y tiempo de estancia.

Se concluye que la prevalencia de enfermedades crónicas y multimorbilidad en “sin papeles” fue menor que en migrantes documentadas y en éstas menor que en personas autóctonas, lo que contradice el mito de que “los sin papeles tienen muchas enfermedades” y “vienen a hacer turismo sanitario”.

La actualidad sanitaria en Aragón ha puesto sobre la mesa algunos de los determinantes de la salud que atraviesan las vidas de las personas migrantes “sin papeles” y que nos recuerdan que los principales determinantes de la salud son sociales: al vivir sin permiso de trabajo ni residencia, estas poblaciones se ven obligadas a trabajar en la economía sumergida, sin poder disponer de muchas de las prestaciones del estado de bienestar. Representarían, por tanto, el paradigma del efecto del inmigrante sano: llegan sanas a nuestro país pero “desgastan” su salud viviendo y trabajando en condiciones precarias. Si además de las dificultades sociales que tienen que sobrellevar les impedimos acceder en condiciones de igualdad a nuestro sistema sanitario público estaremos reforzando una situación de injusticia que atenta contra los derechos humanos más básicos.

Es importante recordar que incluso con una teórica igualdad del acceso al sistema sanitario (que en España sólo se ha dado entre el 2000 y el 2012) muchas personas migrantes “sin papeles” incluso estando enfermas puede que no acudan al sistema sanitario por temor a ser delatadas y expulsadas. Además, hay que sumar las barreras informales que pueden minar la accesibilidad: dificultades de comunicación y lenguaje, problemas de transporte, falta de conocimiento sobre el funcionamiento del sistema sanitario, falta de redes sociales, miedo a ser deportado, etc. Esto supondría la ratificación de la Ley de cuidados inversos definida por Tudor Hart en 1971, por la cual “el acceso a una atención sanitaria de calidad es inversamente proporcional a la necesidad de la población”.

En abril del 2012, a través del RD Ley 16/2012, el Gobierno de Mariano Rajoy excluyó a casi un millón de migrantes del sistema sanitario con la falsa excusa del “turismo sanitario”. En 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez, presionado por las organizaciones sociales y por varias recomendaciones de organizaciones internacionales de derechos humanos, recuperó parcialmente este derecho pero sin garantizar realmente la Sanidad Universal. Durante la pandemia Covid-19, el Gobierno de Aragón devolvió temporalmente este derecho de acceso al sistema sanitario para todas las personas pero, lamentablemente, sólo durante el estado de alarma. Ahora queda limitada a la sintomatología por Covid19 y con ciertas restricciones, en estudio por parte de la Plataforma por una Sanidad Universal con el fin de asegurar la mejor atención posible en términos de igualdad de acceso y equidad en el trato. Debemos recordar que sólo un sistema sanitario respetuoso con los derechos humanos de todas las personas, será una verdadera Sanidad Universal.

Como dicen nuestros compañeros Pedro Gullón y Javier Padilla en su libro Epidemiocracia: “Nadie está a salvo si no estamos todos a salvo”. En nuestras manos está evitar los bulos racistas en relación a la salud de las personas y exigir una protección de la salud de todas nosotras.

Fuente: Arainfo, Kaosenlared

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